[Editorial El PAÍS]

El acuerdo alcanzado esta semana por PSOE, Podemos y Ciudadanos para desbloquear la designación de una nueva cúpula gestora en RTVE es un primer paso para situar a la radio y la televisión pública en la senda de la independencia. Liberadas de la pelea por la audiencia para atraer publicidad, las emisoras públicas estatales tienen la obligación de poner en antena programas que sean referentes de calidad, y muy especialmente en el ámbito de los formatos informativos. Dejarse arrastrar por la dinámica de los operadores privados, que en su despiadada lucha por ganar telespectadores no dudan en frivolizar incluso en la cobertura de las noticias más dramáticas, implica abdicar de sus principios básicos.

Siguiendo el ejemplo de corporaciones modélicas como la británica BBC, es una gran novedad que la renovación del consejo de administración de RTVE y de su presidente se realice mediante un concurso público en el que se midan los méritos profesionales de los candidatos y no la afinidad política. Este proceso debe estar claramente reglamentado y ser abordado con la máxima transparencia para que RTVE pueda recuperar la credibilidad y deje de estar, como actualmente, al servicio del Gobierno.

Para sentar unas bases sólidas en el ineludible camino hacia la independencia, el pluralismo y el respeto a distintas corrientes de opinión, RTVE necesita emprender esta etapa con el mayor consenso posible. Si se quiere evitar que el cambio naufrague, es imprescindible que el PP se sume al pacto. De nada servirá el acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Congreso —órgano encargado de nombrar a seis de los 10 miembros del consejo de administración— si el PP bloquea en el Senado, con su aplastante mayoría, la elección de los cuatro consejeros que corresponden a la Cámara alta.