La obra presenta tres partes bien diferenciadas. La primer, centrada en la evolución y futuro del Servicio Público de la televisión se inicia con un trabajo de Enrique Bustamante donde muestra cómo, frente las buenas prácticas internacionales (atribución legal del servicio público, gestión autonómica - independencia editorial, pluralismo y diversidad, financiación suficiente y transparente, y regulación independiente del servicio público), España se encuentra en un camino completamente contrario que ha llevado al control de los medios de titularidad pública, al cierre de la televisión valenciana y al surgimiento del "modelo Murcia" (privatización del servicio público o "gestión indirecta" a través de empresas privadas) que nada tienen que ver con el servicio público europeo. Tras describir el proceso vivido en los últimos años de concentración de las televisiones generalistas en España y el duopolio de Atresmedia y Mediaset (concentran alrededor del 90% de los ingresos publicitarios), Enrique Bustamante afirma que nos encontramos ante lo que él denomina "uno de los panoramas mediáticos privados más concentrados y antidemocráticos de toda Europa", así como uno de los más centralistas.
En la obra también se recogen reflexiones sobre el concepto de servicio público y su indispensabilidad actual (Emili Prado); un análisis de la situación de las televisiones autonómicas y de los peligros de su privatización (Juan Carlos Miguel y Miguel Ángel Casado), así como un estudio de las estrategias de adaptación de las televisiones al escenario convergente (Jessica Izquierdo).
El segundo bloque del libro aborda el estudio de la crisis de la Radio Televisión Valenciana: desde las razones e implicaciones que tiene el cese de las emisiones de RTVV para el resurgimiento de la televisión autonómica (Ramón Zallo), la relevancia estratégica de RTVV para el desarrollo y la sociedad del territorio (María Soler y Javier Marzal), hasta un análisis crítico del informe encargado por la dirección de RTVV para su reestructuración (Josep Lluís Gómez Mompart y Frances Martínez).
El libro finaliza con cuatro trabajos sobre la gobernanza de las televisiones públicas. Una reflexión para sustentar que una televisión de titularidad pública requiere una gobernanza compartida entre partidos políticos y sociedad civil (Domingo García-Marzá); un análisis del contexto de la crisis de financiación de las radiotelevisiones públicas europeas (Francisco Campos Freire) y otro análisis sobre cómo la ausencia de responsabilidad comunicativa, en las políticas estatales y autonómicas, explica el cierre de RTVV (José María Bernardoy Nel-lo Pelliser).
La última reflexión es una interesante propuesta de los autores Josep Luis Fitó y Javier Marzal en el que tras el cierre de RTVV proponen un nuevo sistema de gestión y dirección de una nueva televisión valenciana alejada de las intromisiones políticas, independiente y donde prime el pluralismo informativo. Para ello plantean la creación de órganos de control externos de la institución así como distintos órganos internos. En lo referente a los primeros proponen:
- Creación de un Consejo Superior Audiovisual Valenciano autónomo e independiente en sus decisiones, con poder en la designación de los cargos de director general y miembros del Consejo de administración. Debería estar formado por profesionales de reconocido prestigio y trayectoria (entre nueve y doce personas), procedentes de diferentes ámbitos que representen a la mayoría de la sociedad civil valenciana, predominando aquellos que procedan del ámbito audiovisual. Este cargo debería ser reenumerado para garantizar su dedicación y compatibilidad y su mandato duraría seis años. El parlamento Valenciano sería la institución que los designaría siendo necesario dos terceras partes de los escaños totales.
- El parlamento valenciano sería la institución responsable de sancionar con sus votos la designación del director general propuesta por el Consell Audiovisual, escoger la lista de candidatos al Consejo de Administración, escuchar, preguntar y debatir el Plan de actuación presentado por el director general , así como hacer un seguimiento de la gestión en la comisión de control parlamentario.
Con respecto a los órganos internos, los autores sugieren:
- Un director general conocedor del sector audiovisual. El Consell Audiovisual sería el responsable de proponer al candidato que debería ser elegido en el Parlamento por al menos dos terceras partes. El proceso de selección sería interno y secreto. Su mandato duraría seis años.
- La creación de un Consejo de Administración, formado por nueve miembros, elegidos por el Parlament Valenciano, a donde incluso deberían comparecer los candidatos para avalar su idoneidad. El director general no formaría parte del Consejo de Administración al ser este organismo el que debe controlar al director general.
Además proponen:
- La creación de un consejo asesor, que recogiera las opiniones de los trabajadores, así como de los diversos sectores de la sociedad valenciana, con menor presencia de los partidos políticos, y mayor cabida de instituciones culturales y cívicas.
- Un defensor de la audiencia, siguiendo la figura ya existente en RTVE, recogería las quejas de usuarios y espectadores para trasladarlas a los profesionales e intentar además solucionar aquellas dudas y problemas que surjan. Podría tener incluso un programa semanal. El Consejo Asesor sería quien haría la propuesta de nombramiento del candidato que debería formar parte de la plantilla de la radiotelevisión pública.
- Un estatuto profesional de la redacción y el comité de redacción que ejercería funciones de mediación entre ésta y la empresa.
- Un comité de empresa que defienda los intereses de los trabajadores.
Para llevar a cabo esta propuesta sería necesario un compromiso por parte de todas (o la mayoría) de las fuerzas políticas con el fin de preservar la independencia de la nueva radiotelevisión pública que, además, debería contar con un presupuesto económico suficiente.
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http://mesav.es/cap-a-un-nou-espai-audiovisual/