Las situaciones de crisis sirven también para desnudar las reacciones y personalidades de los políticos y gobiernos más demagogos que, a pesar de sus esfuerzos de maquillaje, no se resisten a revelar su auténtica naturaleza populista. Especialmente, sus reacciones ante el servicio público de comunicación, más vital que nunca en situaciones de incertidumbre como la actual que exigen una información fiable y rigurosa, muestran una cara gamberra que debería alertar por sí sola a los ciudadanos.

En el plano internacional pueden ponerse como ejemplo las amenazas poco veladas de Boris Johnson y sus ministros que, nada más ganar las elecciones declararon el boicot a Radio 4´s Today, acusado de informaciones antitory, y elevaron el diapasón de sus presiones a la BBC entera advirtiendo que podrían dejar de exigir legalmente el pago del canon (licence fee) que financia al prestigioso servicio público (blindado legalmente hasta 2027) en lo que se estima restaría inmediatamente unos 200 millones de libras a la producción y la oferta audiovisual de esta entidad.

Más brutal e inmediata ha sido la decisión del Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien anunciaba esta pasada semana el cierre y eliminación de la Empresa de Medios Públicos, con el pretexto de recortar el gasto público. Antiguo vicepresidente con Rafael Correa, tristemente recordado por su impresentable comportamiento ante el caso de Julian Assange, a quien entregó a la justicia británica violando la legislación internacional y tras permitir su espionaje sistemático y el de su defensa legal, la decisión del Presidente Moreno ha sido criticada por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, como un grave atentado al pluralismo.

Gobiernos autonómicos gamberros:

Los casos recientes de comportamientos irresponsables ante el servicio público y su especial relevancia actual, se prodigan también en el Estado autonómico español. En la memoria mediática de las últimas semanas, figuran por ejemplo los ataques directos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a RTV Madrid, en entrevistas y hasta en una carta dirigida a su director, en la que cuestionaba su independencia –y se quejaba contradictoriamente de sus críticas- y consideraba al servicio público regional como “no esencial” para los madrileños. Paradójicamente, la presidenta ha venido lanzando simultáneamente sus insidias contra las medidas frente al coronavirus del Gobierno central, mientras mantenía silencio absoluto respecto a las graves consecuencias sobre la sanidad pública o las residencias de ancianos de Madrid de los recortes y privatizaciones de sus admirados antecesores Esperanza Aguirre y Francisco González.

Otro caso espectacular ha sido el de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, que también ha prodigado los ataques “nacionalistas” a la política sanitaria del Gobierno Sánchez, a pesar de que Andalucía no se contaba entre las comunidades más afectadas y de que sus reclamaciones podrían leerse en clave insolidaria. Pero, además, en plenos inicios de la crisis sanitaria (BOJA de 12-3-2020) se permitía lanzar un decreto ley escoba cuya supuesta finalidad era “agilizar” la economía y “fomentar la actividad productiva”. Entre esas medidas figuraban modificaciones sustanciales de la Ley Audiovisual de Andalucía (aprobada por unanimidad en 2018) para “favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector audiovisual” , como permitir  que entidades privadas gestionen los servicios públicos de comunicación local, permitir sin informes previos del Consejo Audiovisual de Andalucía los negocios jurídicos de emisoras (compraventas, arrendamientos) y eximirles de tener estudios de producción en el territorio; la gamberrada de la Junta llega hasta el punto de permitir expresamente la difusión o contratos de comunicaciones comerciales (se supone que publicidad, incluso institucional) con servicios que no dispongan de título habilitante, es decir con emisoras ilegales y piratas.

Con razón, la asociación EMA-RTV, que agrupa a un centenar de emisoras locales andaluzas permitiendo el esfuerzo mancomunado y la sinergia entre sus asociadas, ha calificado al decreto ley como una perversión del “mapa de la radio y la televisión local en Andalucía” y de la propia Ley de Comunicación Audiovisual.

Se puede establecer la hipótesis de que Gobiernos y políticos populistas que ostentan sus posiciones contrarias al servicio público, son precisamente los más opuestos a una política informativa transparente que pueda poner de relieve sus propias vergüenzas, y los que más recurren a las insidias informativas como cortinas de humo de sus mismas carencias.

Enrique Bustamante Ramírez

Enrique Bustamante

El tratamiento del servicio público estatal de RTVE en los programas electorales de las principales formaciones políticas españolas para el 28 de Abril es decepcionante: por su escasa presencia; por su ubicación en apartados caprichosos; por lo que dicen, sugieren y omiten; por sus incoherencias y ambigüedades. Los partidos demuestran así, una vez más, su empecinado retraso en una toma de conciencia sobre la trascendencia de esta problemática, que la sociedad civil española ha asumido con fuerza en los últimos años.

[EL PAÍS 09 de julio de 2018]

La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.

Con la entrega el pasado diciembre al Congreso de los Diputados del listado de los 20 candidatos mejor valorados (curriculum y proyecto de gestión), el Comité de Expertos ha creado un precedente trascendental para el futuro de RTVE, pero también para todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autonómicas, municipales...); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general.

La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.

[El País 3/10/18]

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Golpe a las expectativas democráticas del audiovisual

La reivindicación histórica de una auténtica autoridad independiente para el sistema audiovisual español, única excepción lamentable de la Unión Europea, reclamada desde hace décadas por numerosas instancias políticas y sociales en tanto gozne capital para la regulación y el control de los medios públicos y privados, parece que va a ser de nuevo sepultada por el acuerdo político para remodelar la CNMC. Una vez más, se mata preventivamente al Consejo Audiovisual de España en beneficio de una concepción mercantilista y autoritaria de la radiotelevisión, ciega ante el pluralismo y la diversidad. Y lo que parece aun más llamativo, con la colaboración cómplice de Ciudadanos y del PSOE.

Han pasado casi ocho meses de las últimas elecciones, casi cuatro desde la constitución del nuevo gobierno PP en minoría, y RTVE sigue igual, como si nada hubiera pasado, como si Rajoy siguiera teniendo mayoría absoluta. Encharcado entre la manipulación, la ruina económica y el desplome de audiencias, el servicio público estatal de radiotelevisión , -y algunos de los autonómicos-, se está convirtiendo en el máximo escaparate público de la incompetencia o impotencia de la oposición, de la que votó sí, de la que se abstuvo e incluso de la que votó no. Toda una muestra de la incapacidad de nuestra clase política, derechas e izquierdas incluidas, de entender lo que significa el espacio público democrático.

En pleno verano y en coincidencia con el compás de espera político impuesto por los resultados del 26-J, se han difundido en la prensa dos informes “oficiales”, de la SEPI y de la CNMC, sobre las finanzas de la CRTVE. Curiosamente, ambos son alarmistas en los aspectos financieros, pero olvidadizos y conformistas respecto a la regresión democrática del servicio público estatal. Especialmente, el dictamen de la SEPI parece anticipar nuevos recortes en RTVE y una nueva jibarización del servicio público en el caso de que el PP consiguiera conformar gobierno.