Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.

Tres años han pasado ya desde la aprobación, con rara unanimidad parlamentaria, de la Ley 5/2017 (29 de septiembre) que buscaba anular la contrarreforma del Gobierno de Rajoy de 2012 (elección por mayoría simple gubernamental), para volver a exigir mayoría parlamentaria reforzada de dos tercios para la elección de los máximos órganos de gestión de RTVE. Dos años largos han transcurrido también desde que, a propuesta del Gobierno y en tanto se sustanciaba el concurso público que según esta ley debería preseleccionar a los candidatos más idóneos, se designó como administradora única "provisional" a Rosa María Mateo (julio de 2018). Ese mismo mes comenzaron las sesiones de trabajo del Comité de Expertos, nombrado a propuesta de la totalidad de los grupos parlamentarios que, tras publicar sus baremos legales (BOE de 17-8-2018), actuó por general consenso para valorar y distinguir a 20 candidatos del casi centenar de aspirantes presentados (BOE de 18-12-2018).

¿Y después? Luego vinieron las elecciones generales del 30 de abril de 2019, que dieron la investidura fallida, con el expediente del concurso traspasado oficialmente de la XIII y a la XIV legislatura. Y los comicios del 10 de noviembre siguiente, que abocaron al Gobierno de coalición. Y después llegó la pandemia que embrolló todo. Mientras tanto y hasta hoy, el concurso público quedó congelado y la "provisionalidad" se instaló en RTVE. Con una primera y evidente consecuencia: la no aplicación de la ley de 2017, titulada precisamente "para recuperar la independencia" de RTVE "y el pluralismo en la elección de sus órganos" demuestra que el servicio público de radiodifusión sigue careciendo de ambas notas vitales.

Aunque con su singularidad actual, la historia de RTVE repite esta paradoja endémica de avances y regresiones con cada gobierno, de izquierdas o de derechas, en lo que algunos historiadores no han dudado en calificar de "fatalidad" del servicio público: el nacimiento de TVE en pleno franquismo (1956) habría creado un aparato de "régimen" dictatorial, cuyo supremo valor era la manipulación de los súbditos, una mentalidad que habría atravesado la pared de la transición para contaminar a los gobiernos democráticos.

Así, Suárez inició la transición de la dictadura poniendo a RTVE con Rafael Ansón al servicio de UCD y Calvo Sotelo anuló la virtud del primer Estatuto democrático de 1980, "dimitiendo" a Fernando Castedo. Como Alfonso Guerra arruinó las promesas socialistas con José María Calviño y Jordi García Candau y hasta Rodríguez Zapatero permitió que su reforma democrática de 2006 fuera descafeinada por María Teresa Fernández de la Vega con la "reforma" financiera de 2009 (eliminación de la publicidad sin modelo financiero viable alternativo) y con penalizaciones al servicio público en una ley general audiovisual escorada al polo comercial (2010).

Así, mientras la derecha explotaba al máximo la utilización partidista de RTVE al tiempo que deterioraba el servicio público, los gobiernos progresistas han coqueteado con las cadenas comerciales y preterido el servicio público. Hasta la última ilusión de ese pacto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que prometía la elección y renovación (…) del consejo de administración de RTVE, primando "los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", y "mejorando el sistema de concurso público".

En cada ocasión, RTVE ha descendido varios escalones en su capacidad de referencia social. Pero ahora parece estar inmersa en una pendiente de caída libre en todos los planos. Sin presidencia ni consejo de administración elegidos por el parlamento, por vez primera en democracia, no solo incumple la ley de 2006 sino la propia constitución (art. 20.3: "la ley regulará…") perdiendo al mismo tiempo su legitimidad para las funciones que le son propias: nombramiento de directivos, aprobación de contenidos y presupuestos. De forma que las múltiples decisiones de estos dos años, normales en una gestión televisiva, como las remociones de directivos de radio o de centros territoriales, las sustituciones de corresponsalías claves, los cambios sustanciales de programación y sus frecuentes fracasos, suscitan en estas condiciones crisis periódicas internas y el deterioro creciente de su imagen pública.

Efectivamente, el servicio público "no pertenece a los gestores y tampoco a los trabajadores, sino a todos los españoles", pero eso se garantiza solo con el cumplimiento de las leyes y sus buenas prácticas. Porque RTVE tiene además su mandato marco anticuado y vencido desde diciembre de 2016 y carece siempre del contrato programa trienal que exige la ley de 2006, sin los cuales es inverosímil su misión social, y el cumplimiento del protocolo de Amsterdam (32 del tratado de constitución actual de la UE) que exige la proporcionalidad del dinero público con las funciones legales del servicio público, por lo que Bruselas podría expedientar a España en cualquier momento.

Peor aún, con su presupuesto de gastos congelado desde 2010, RTVE es incapaz de competir con el potente duopolio comercial de Mediaset y Atresmedia, y por supuesto de hacer una transición digital y multimedia que exige su propia supervivencia. Pero los déficits comienzan a crecer, con casi 30 ME de pérdidas en 2019 y previsiones pesimistas de unos 50 ME en rojo para 2020. Una caída que augura nuevos problemas políticos, porque la ley de 2006 (art. 13.2) preveía la dimisión en bloque del Consejo de Administración si se superaba en gastos el 10% de la compensación presupuestada por el servicio público; pero es difícil exigir el cese de un Consejo que no existe…

Termómetro insoslayable de la gestión deficiente de la corporación, desde que asumió el mando la dirección "provisional" (Julio de 2018), la 1 ha descendido del 10,5% de share medio al 9,2% de Septiembre de 2020 (con récords a la baja mensuales hasta del 8%), un deterioro de su peso social mucho más preocupante por cuanto que las dos cadenas privadas competidoras han mantenido básicamente en este tiempo sus cuotas, y porque esta pérdida de liderazgo incluye a los telediarios, corazón de su función social; con todos sus canales, el grupo público ha caído del 16,5 al 15,5% en comparación con la preponderancia creciente de Mediaset (28,2) y Atresmedia (27%), unas tasas que amenazan con la irrelevancia de servicio público a corto plazo (aun sumando el 8,15% de las TV.AA).

La impaciencia y la indignación parecen ganar enteros en los ambientes defensores del servicio público español. Así, si el pasado año el Comité de Expertos y algunos de los candidatos seleccionados pidieron al parlamento que culminara el concurso público, en Julio de 2020, el Comité protestó airadamente contra un dictamen de los letrados del Senado que pretendía la anulación práctica del concurso alegando que el Comité se había "excedido" en su autonomía, e incluso parecía reñir al parlamento por haber aceptado constreñir "el ámbito de la decisión política de las cámaras". El resultado habría sido volver a las cuotas militantes partidistas y a la manumisión de RTVE por los gobiernos de turno, porque el concurso se ha convertido en la clave de bóveda de todas las reformas indispensables.

En las últimas semanas, los 19 candidatos considerados idóneos, de todas las tendencias ideológicas, se han dirigido al Parlamento exigiendo concluir el concurso público para dotar a RTVE de una dirección estable y plural, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Informativos de RTVE. Por su parte, la asociación Teledetodos ha promovido un manifiesto con decenas de entidades ciudadanas y periodísticas, en las que da un paso más, amenazando con interponer quejas y demandas ante las autoridades españolas, como el defensor del pueblo o la CNMC, y europeas (el Parlamento europeo, el Consejo de Europa, organismo que ya emitió una "alerta" sobre la empecinada ausencia de presidente y consejo elegidos parlamentariamente para RTVE).

La convicción general es que los cuarenta años en democracia buscando a trompicones un modelo de servicio público democrático como el reconocido en el tratado constitutivo de la UE, no son ya soportables, y que RTVE y detrás las TV.AA. están ante su última oportunidad histórica. Especialmente cuando una larga trayectoria de las radiotelevisiones europeas occidentales muestra el camino de normas y "buenas prácticas" que hacen de sus servicios públicos puntales de la información y el debate democrático, de la creación y la difusión de la cultura, indispensables frente a la avalancha de programaciones comerciales, de contenidos basura, y a la hiperfragmentación de un público que pierde sus referentes simbólicos comunes.

Habitualmente empaquetada con el poder judicial, como una especie de guinda al pastel de ese consenso imposible con la oposición, la renovación del Consejo de RTVE es legalmente viable aun en el hipotético caso de un boicot de la derecha, porque según la ley de 2007, 15 días al menos después de una fallida votación por 2/3 de ambas cámaras, los nombramientos pueden salir adelante por mayoría simple si aúnan propuestas de la mitad al menos de los grupos parlamentarios existentes (disposición transitoria 1ª), una previsión factible en el Congreso (10 grupos) como en el Senado (ocho).

Las maldiciones, por tanto, no proceden de los dioses ni de hipotecas históricas irredentas, sino de los hombres, especialmente cuando se agrupan en partidos políticos españoles para conformarse como maquinarias miopes de poder a corto plazo, sin visión para preservar las plataformas vitales de la democracia, del diálogo y la construcción del consenso en la esfera pública, en cuya ausencia la polarización ideológica, la desinformación y la manipulación sistémica se convierten en la dinámica hegemónica de la opinión pública. Una conclusión que la COVID-19 no ha descubierto ciertamente pero sí ha venido a corroborar con todas sus amenazas, para la salud, para la democracia y para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

Las situaciones de crisis sirven también para desnudar las reacciones y personalidades de los políticos y gobiernos más demagogos que, a pesar de sus esfuerzos de maquillaje, no se resisten a revelar su auténtica naturaleza populista. Especialmente, sus reacciones ante el servicio público de comunicación, más vital que nunca en situaciones de incertidumbre como la actual que exigen una información fiable y rigurosa, muestran una cara gamberra que debería alertar por sí sola a los ciudadanos.

En el plano internacional pueden ponerse como ejemplo las amenazas poco veladas de Boris Johnson y sus ministros que, nada más ganar las elecciones declararon el boicot a Radio 4´s Today, acusado de informaciones antitory, y elevaron el diapasón de sus presiones a la BBC entera advirtiendo que podrían dejar de exigir legalmente el pago del canon (licence fee) que financia al prestigioso servicio público (blindado legalmente hasta 2027) en lo que se estima restaría inmediatamente unos 200 millones de libras a la producción y la oferta audiovisual de esta entidad.

Más brutal e inmediata ha sido la decisión del Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien anunciaba esta pasada semana el cierre y eliminación de la Empresa de Medios Públicos, con el pretexto de recortar el gasto público. Antiguo vicepresidente con Rafael Correa, tristemente recordado por su impresentable comportamiento ante el caso de Julian Assange, a quien entregó a la justicia británica violando la legislación internacional y tras permitir su espionaje sistemático y el de su defensa legal, la decisión del Presidente Moreno ha sido criticada por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, como un grave atentado al pluralismo.

Gobiernos autonómicos gamberros:

Los casos recientes de comportamientos irresponsables ante el servicio público y su especial relevancia actual, se prodigan también en el Estado autonómico español. En la memoria mediática de las últimas semanas, figuran por ejemplo los ataques directos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a RTV Madrid, en entrevistas y hasta en una carta dirigida a su director, en la que cuestionaba su independencia –y se quejaba contradictoriamente de sus críticas- y consideraba al servicio público regional como “no esencial” para los madrileños. Paradójicamente, la presidenta ha venido lanzando simultáneamente sus insidias contra las medidas frente al coronavirus del Gobierno central, mientras mantenía silencio absoluto respecto a las graves consecuencias sobre la sanidad pública o las residencias de ancianos de Madrid de los recortes y privatizaciones de sus admirados antecesores Esperanza Aguirre y Francisco González.

Otro caso espectacular ha sido el de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, que también ha prodigado los ataques “nacionalistas” a la política sanitaria del Gobierno Sánchez, a pesar de que Andalucía no se contaba entre las comunidades más afectadas y de que sus reclamaciones podrían leerse en clave insolidaria. Pero, además, en plenos inicios de la crisis sanitaria (BOJA de 12-3-2020) se permitía lanzar un decreto ley escoba cuya supuesta finalidad era “agilizar” la economía y “fomentar la actividad productiva”. Entre esas medidas figuraban modificaciones sustanciales de la Ley Audiovisual de Andalucía (aprobada por unanimidad en 2018) para “favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector audiovisual” , como permitir  que entidades privadas gestionen los servicios públicos de comunicación local, permitir sin informes previos del Consejo Audiovisual de Andalucía los negocios jurídicos de emisoras (compraventas, arrendamientos) y eximirles de tener estudios de producción en el territorio; la gamberrada de la Junta llega hasta el punto de permitir expresamente la difusión o contratos de comunicaciones comerciales (se supone que publicidad, incluso institucional) con servicios que no dispongan de título habilitante, es decir con emisoras ilegales y piratas.

Con razón, la asociación EMA-RTV, que agrupa a un centenar de emisoras locales andaluzas permitiendo el esfuerzo mancomunado y la sinergia entre sus asociadas, ha calificado al decreto ley como una perversión del “mapa de la radio y la televisión local en Andalucía” y de la propia Ley de Comunicación Audiovisual.

Se puede establecer la hipótesis de que Gobiernos y políticos populistas que ostentan sus posiciones contrarias al servicio público, son precisamente los más opuestos a una política informativa transparente que pueda poner de relieve sus propias vergüenzas, y los que más recurren a las insidias informativas como cortinas de humo de sus mismas carencias.

Enrique Bustamante Ramírez

Enrique Bustamante

El tratamiento del servicio público estatal de RTVE en los programas electorales de las principales formaciones políticas españolas para el 28 de Abril es decepcionante: por su escasa presencia; por su ubicación en apartados caprichosos; por lo que dicen, sugieren y omiten; por sus incoherencias y ambigüedades. Los partidos demuestran así, una vez más, su empecinado retraso en una toma de conciencia sobre la trascendencia de esta problemática, que la sociedad civil española ha asumido con fuerza en los últimos años.

[EL PAÍS 09 de julio de 2018]

La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.

Con la entrega el pasado diciembre al Congreso de los Diputados del listado de los 20 candidatos mejor valorados (curriculum y proyecto de gestión), el Comité de Expertos ha creado un precedente trascendental para el futuro de RTVE, pero también para todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autonómicas, municipales...); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general.

La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.

[El País 3/10/18]

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Golpe a las expectativas democráticas del audiovisual

La reivindicación histórica de una auténtica autoridad independiente para el sistema audiovisual español, única excepción lamentable de la Unión Europea, reclamada desde hace décadas por numerosas instancias políticas y sociales en tanto gozne capital para la regulación y el control de los medios públicos y privados, parece que va a ser de nuevo sepultada por el acuerdo político para remodelar la CNMC. Una vez más, se mata preventivamente al Consejo Audiovisual de España en beneficio de una concepción mercantilista y autoritaria de la radiotelevisión, ciega ante el pluralismo y la diversidad. Y lo que parece aun más llamativo, con la colaboración cómplice de Ciudadanos y del PSOE.

Han pasado casi ocho meses de las últimas elecciones, casi cuatro desde la constitución del nuevo gobierno PP en minoría, y RTVE sigue igual, como si nada hubiera pasado, como si Rajoy siguiera teniendo mayoría absoluta. Encharcado entre la manipulación, la ruina económica y el desplome de audiencias, el servicio público estatal de radiotelevisión , -y algunos de los autonómicos-, se está convirtiendo en el máximo escaparate público de la incompetencia o impotencia de la oposición, de la que votó sí, de la que se abstuvo e incluso de la que votó no. Toda una muestra de la incapacidad de nuestra clase política, derechas e izquierdas incluidas, de entender lo que significa el espacio público democrático.