La lectura del manuscrito titulado Traficantes de información, realizada como consecuencia de la petición para realizar este Prólogo, me trae sentimientos diversos y encontrados. Quizá, como cita el autor en la introducción, porque hace justamente treinta años de la publicación, también gracias al apoyo de Ramón Akal, de mi primer libro Los amos de la información en España (1981), que a su vez sucedía porque nadie comienza caminos radicalmente nuevos sin guías previos, gracias a la intuición pionera de Manuel Vázquez Montalbán con su Informe sobre la información. Mi otra fuente de inspiración, junto con el añorado autor citado, fue la de otro amigo audaz e insigne, Juan Muñoz, también desgraciadamente desaparecido, que años antes se había atrevido a desnudar El poder de la banca en España.

Pero hay más coincidencias: como el libro de Pascual Serrano, aquel texto –a pesar de componer parte de mi tesis doctoral en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense– nacía más de las frustraciones profesionales de diez años como periodista, especialmente de la constatación de los terribles corsés que aherrojaban la libertad de expresión periodística en los últimos años del franquismo y principios de la transición, que del afán de ascender un peldaño académico. Y sin embargo, ambas obras, políticamente incorrectas en sus respectivos momentos, tienen un valor importante para el mundo universitario, que entonces, como ahora, tiende demasiado a menudo a seleccionar como objeto de investigación campos y problemas académicamente «respetables», aceptables y aceptados por autoridades públicas y privadas.

La perspectiva y estructura de este libro último es ciertamente distinta a la aproximación sectorial que yo decidí entonces (prensa, radio, televisión, publicidad, agencias,…), pero el objetivo de este análisis histórico por grupos de comunicación guarda un punto en común: clarificar ante los usuarios el universo de intereses que median y mediatizan su información, su agenda pública, prestando las bases imprescindibles para la participación democrática de los ciudadanos. Una transparencia vital para la democracia que si hace treinta años era un sueño, todavía está lejos de haberse conseguido.

Ciertamente, el escenario de la comunicación social masiva se ha transformado profundamente en estas tres décadas en muchos sentidos. A un estrecho abanico de medios bien caracterizados por su especificidad mediática le ha sucedido una explosión de soportes, redes y terminales de información, cada vez más imbricados en una convergencia digital que desdibuja sus fronteras y sus lenguajes y los articula crecientemente en ofertas y usos sociales. Pero la combinación de medios analógicos y digitales, en versiones de coexistencia no siempre pacífica, no ha garantizado ni mucho menos ni el pluralismo ideológico ni la diversidad cultural. La actual impresión de abundancia, celebrada por múltiples gurús y predicadores integrados, oculta así que se trata muchas veces de voces ventrílocuas, diferentes por el medio de transporte y por el formato, pero idénticos en su base ideológica. Y que la interactividad no es muchas veces más que un simulacro de elección entre esas ofertas homogéneas. Basta recordar la reacción mediática en España ante la actual crisis económica, y sus recetas neoliberales comunes, para comprender los estragos que esta situación trae consigo sobre la libertad de expresión y los destinos de nuestra comunidad.

En primer lugar, como demuestra este libro, el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España: los nueve que analiza el autor, más esos satélites que caracteriza como «otros», concentran la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios; y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos. En segundo lugar, la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales, homogeneiza sus estrategias y sus comportamientos, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que en diversos países hemos caracterizado como procesos de financiarización (endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales), suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones- los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también, y cada vez más, de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva.

Todos esos fenómenos se han caracterizado por su «espontaneidad» de mercado, al margen de una legislación que se ha ido acomodando a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos. Y todos también se han ido desarrollando sin que los usuarios -lectores o espectadores- pudieran controlar ni sus caminos ni su realidad presente. Es decir, se han hecho doblemente en perjuicio de la calidad de la democracia de nuestra sociedad.

El presente libro acierta pues cuando obvia el análisis ideológico para dejar que éste se desprenda de las telarañas complejas de intereses económicos puestos en juego. Lo cual no elimina los matices ideológicos, muchas veces fruto del marketing y de la diferenciación competitiva en una sociedad en la que las ideologías siguen felizmente contando. Pero explica la frecuencia y naturalidad con que se producen en ese mundo oligárquico las alianzas aparentemente contra natura.

Al contrario que la mayoría de los textos periodísticos al uso en los últimos años, cocinados generalmente a la contra de algún grupo o directivo periodístico y al servicio de otros, hay que resaltar la «neutralidad» y distancia equitativa del autor a la hora de describir la historia y el presente de cada uno de los grupos contemplados; también su sobriedad al relatar los conflictos periodísticos de cada grupo en los últimos años, que adquieren un valor de metáfora elocuente: los profesionales de la información, ya notablemente sometidos desde el final de la transición democrática, han visto en los últimos años cómo la precariedad laboral les iba despojando progresivamente de todas sus armas de autonomía e independencia, en tanto defensores del pluralismo de la sociedad española, para conformarles como obreros de «cuello blanco» al servicio exclusivo de la verdad particular de sus grupos empresariales.

Aunque explícitamente este libro no se ocupa de los medios públicos, habría que señalar que también ahí se encuentran «traficantes de información», aunque sean minoritarios y en retirada: Los poderes públicos como reguladores de los «mercados informativos», que sistemáticamente, bajo todos los gobiernos, han favorecido la concentración a cambio de dádivas políticas, especialmente en la concesión clientelar de licencias de radio y televisión (de TDT en los tiempos más recientes); también lo han sido con los medios públicos que durante años han sido manipulados por los sucesivos partidos en el poder, tergiversando su papel diferenciador de servicio público y su papel genuino de contrapeso de las peores desviaciones del gran mercado. Aunque la reforma de RTVE ha conseguido desde 2006 un salto cualitativo de la independencia y pluralismo de sus programas informativos y su programación, no puede dejar de señalarse que las reformas legales de 2009 y 2010 buscan claramente su debilitamiento, en beneficio del polo privado. Y aún quedan muchos gobiernos regionales que siguen manipulando sistemáticamente a sus radiotelevisiones autonómicas, con los picos extremos y brutales de Valencia, Madrid o Murcia, mientras despilfarran importantes cantidades del erario público en «ayudas» discrecionales o en publicidad institucional incontrolable.

A cambio de tal ausencia, Pascual Serrano evidencia claramente los resultados de este proceso de pérdida de peso específico de los medios públicos en la otra cara de la moneda: cómo, aprovechando la decadencia pública que ellos mismos tienden a acelerar, los grandes grupos privados han ido arropándose de una ideología de «campeones nacionales» de nuestro pluralismo y de nuestra cultura, asumiendo ostentosamente un liderazgo de su función comunicativa sobre la sociedad española entera que tan mal casa con sus propias aventuras empresariales y profesionales. De ahí a la pretensión de que el Estado, o sea todos nosotros, les reconozcan y mimen, subvencionen, y desregulen en su función sublime, no hay más que un pequeño paso que muchas asociaciones empresariales no han dudado en sobrepasar so pretexto de la crisis económica.

Una vez más se constata, en un campo vital, que la llamada Era de la Información se traduce en la práctica social en una inmensa desinformación masiva. Esperemos que, como expresa el autor en sus conclusiones, este libro sirva para colmarla en parte, que contribuya a generar unos ciudadanos más activos y exigentes.

Cuando se aproximaba el día mundial de la Libertad de expresión a celebrar el 3 de mayo (ONU, 1993) y con apenas un mes de diferencia se han publicado dos informes críticos sobre la libertad de expresión en España, de orígenes muy diversos pero concomitancias notables. Aunque la legitimidad de sus observaciones sea muy diferente, ambos demuestran las notables dificultades de evaluar el grado de ejercicio de ese derecho en nuestra sociedad y la complejidad de su crítica, así como las confusiones que lleva consigo su ordenación y ranking internacional. La coyuntura electoral ha agitado y dramatizado el impacto de estas valoraciones, al ser glosados interesadamente por muchos medios.

Primero, a finales del pasado mes de marzo se difundió en los medios un dossier del Departamento de Estado de los EE.UU sobre la libertad de expresión en España, en el marco de su habitual balance sobre la situación internacional en esta materia. Un juicio que resumía el respeto "general" en nuestro país a este derecho, aunque criticando las observaciones de miembros del Gobierno como Pablo Iglesias e incluso Pedro Sánchez a determinados periodistas y medios, la práctica temporal de las ruedas de prensa gubernamentales sin preguntas o la marginación de algunos medios por parte de Vox. Discutida su factura como resto tardío y sorprendente de la violación sistemática de la libertad de expresión en la era Trump (que ignoró la estrategia del plasma del Gobierno Rajoy con la prensa), o como precoz demostración de la de Biden (no tan disímil en aspectos como la persecución contra Julien Assange) mostraba siempre una concepción individualista y parcial ceñida al gobierno y olvidadiza de las presiones económicas o de la oposición.
Salvando las debidas distancias, Reporteros Sin Fronteras ha difundido en días pasados una denuncia similar que, además de criticar la "escandalosa" ausencia de transparencia en la información gubernamental sobre la pandemia (se supone que incluye a los gobiernos autonómicos que son la fuente sistemática de datos), abunda en los mismos casos para situar sin embargo a España en el puesto número 29 del ranking internacional de la libertad de expresión. Aunque RSF lleva a cabo una meritoria labor permanente de denuncia y rechazo de la persecución internacional de periodistas, la habitual restricción de sus críticas a las acciones estatales, su hipersensibilidad corporativista hacia los profesionales de la información y su olvido sistemático de las consecuencias más negativas del mercado sesgan notablemente sus análisis y les imprimen un aire parcial y conservador.

De entrada, y aunque esta parece una vía políticamente poco fructífera, no resulta razonable vetar toda crítica pública a profesionales y medios de comunicación que exigen transparencia a toda la sociedad aunque, en ocasiones concretas, violen todos los códigos éticos. Una actitud que parece parangonable a ese poder judicial que cobija con la libertad de expresión las declaraciones de sus miembros mientras protesta airadamente por cada crítica recibida a sus actuaciones.

Además, de la situación de muchos profesionales, sometidos en estos tiempos a inciertas y duras condiciones laborales- que redundan asimismo en penalizaciones a su libertad de expresión y de rebote a la del público, están las condiciones estructurales de la comunicación social que determinan profundamente el grado del pluralismo y los límites al derecho activo a la comunicación social. Sin ellas, es imposible calibrar con seriedad el nivel de libertad de expresión efectivo de un país.

En primer lugar, está el grado de concentración en cada sector mediático y las configuraciones multimedia que han ido creciendo en las últimas cuatro décadas, entrelazándose cada vez más estrechamente con las conexiones bancarias y empresariales, como muestra la sucesión de estudios históricos que comenzando con "El informe sobre la Información" (M.Vázquez Montalbán, 1963) y siguiendo con "Los amos de la información en España" (E. Bustamante, 1981), encuentra epígonos más recientes en obras como las de Pascual Serrano ("Traficantes de información", 2010) o J. V. García Santamaría ("Los grupos multimedia españoles", 2016) entre otros. Ahí puede seguirse el ascenso del IBEX, o de los grupos internacionales de capital riesgo que hoy ejercen influencias dominantes en muchos medios y grupos de comunicación, tiñéndolos de múltiples sospechas de intereses en sus líneas informativas y en sus posiciones políticas.

Los remedios habitualmente recetados frente a estos males, suelen ser de escaso valor práctico. En términos informativos porque los grandes grupos ocultan generalmente sus conexiones empresariales y los intereses que llevan consigo. En cuanto a los lazos múltiples de propiedad e intereses, la moraleja jurídica habitual es que las medidas legales antitrust se van acomodando a los saltos en la concentración financiera para santiguarlos en lugar de embridarlos. Como sucedió en España con las medidas que prohibían inicialmente el pluralismo en la televisión, que fueron degradándose a nivel del pluralismo interno (25% máximo de las acciones, al 49% al 51% , y al 100% en una concesión) o del pluralismo externo (acciones en sólo una concesión, en una cadena, en un múltiplex, en dos …). De esta forma, según la CNMC, las tres cadenas principales de televisión han llegado a acumular un 55,1% de la audiencia pero un 85 % del mercado de anuncios, y en la radio, tres cadenas suman un 99,45% del total de la facturación publicitaria. Una centralización del negocio publicitario que se extiende ahora a Google en la vertiente de publicidad digital.

Quedaría, como antídoto principal, el tejido de radiotelevisiones públicas, si no fuera por su subordinación a los gobiernos autonómicos de turno con su falta de mandatos-marco y de contratos programa y, en el caso de RTVE, por la "lottizacione" partidista instaurada recientemente entre sus cargos, que azuza las confrontaciones y la pugna de influencias. Queda asimismo, como último refugio del pluralismo, la prensa escrita cuya descomposición de los grupos nacionales y regionales en papel – acelerada por la pandemia- está ocasionando una reconfiguración digital relativamente democratizadora o al menos más plural que en el orden tradicional, gracias al surgimiento y afianzamiento de un nuevo modelo de medios cooperativos independientes como elDiario.es. Sin que todos estos medios lleguen a concordar con una estructura estatal descentralizada como la que se presumiría del Estado de las autonomías, al menos enriquecen la diversidad de visiones del mundo y del país.

En todo caso, en la prensa como en la radio y la televisión especialmente (en los anales de la radiotelevisión comercial no se conocen canales de izquierda), la tónica dominante sigue siendo una ideología editorial de derechas con matices diversos que no se compadecen con los pesos específicos de las ideologías y del voto en la sociedad española, y ni siquiera en algunos medios con el sello mayoritario de su clientela, para desbordar con frecuencia sus límites también digitales hacia la extrema derecha. Una desviación trascendental, ya que muchos grandes medios, comenzando por la radio y siguiendo por la prensa e incluso la televisión e Internet, han abandonado la estrategia neutral y "atrapalotodo" de otro tiempo para convertirse en bandera ideológica e incluso militante de los partidos de la derecha, destinada a liderar en ocasiones a esas formaciones políticas. Una desviación que pasa tanto más desapercibida por cuanto muchos de los grandes medios juegan a un fair play mutuo de discreción ejemplar, para evitar que los competidores repliquen en sentido contrario.

La polarización consiguiente de muchos de estos medios, al priorizar la verdad ideológica por encima de la realidad comprobable, estimula las noticias falsas, las tergiversaciones, las fake news…incluso en algunos medios considerados "serios" y "respetables", haciendo por ejemplo que un suplemento de economía aglutine a los epígonos más radicales de la economía neocon y de la extrema derecha, o que las tribunas de opinión o los tertulianos de algún medio se homologuen en las posiciones más extremas del insulto y la insidia. Se conforman así supuestos "periodistas" que ejercen prioritariamente de propagandistas políticos militantes, nombres que el corporativismo periodístico suele proteger, confundiéndolos a menudo con la profesión informativa y su legítima defensa.

En medio de tales confusiones del periodismo y de su evaluación de la libertad de expresión en España, sería bueno que se aliara con la investigación en comunicación para realizar un análisis complejo, autónomo y periódico sobre los factores y evoluciones de la libertad de expresión, del derecho al ejercicio activo a la comunicación social, de las consecuencias de ambos elementos sobre la democracia. Comenzando por la eliminación de una legislación confusa y contraria a la jurisprudencia europea de derechos humanos (la "ley mordaza" de entrada), y por la anulación de las condenas insostenibles como las de Hasel y Valtònyc. A escala europea e incluso nacional, hay mimbres ya para sostener esa investigación, de los que nos ocuparemos en otro momento. Porque, siendo la libertad de expresión la clave de bóveda de la democracia, su estado y evolución en cada país determina en buena medida sus conquistas y sus déficits democráticos; Contrapesos y desequilibrios inestables que España muestra todavía en gran medida.

Artículo en El Diario.es

El pasado 3 de Diciembre concluyó el plazo de "consulta pública" del anteproyecto de ley que va a incorporar al derecho español la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (UE)2018/1808, abarcando por vez primera a los servicios a "petición" y a las plataformas de intercambio de vídeo, al sustituir a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Decenas de alegaciones han sido presentadas por múltiples entidades, que se añaden a las más de 60 propuestas recibidas en la fase inicial de audiencia pública y acompañadas de los informes de 10 ministerios. Pero parece dudoso que pueda revertirse la decidida orientación neoliberal impresa en la mayor parte del borrador por el Ministerio de Economía y Transformación digital, sorprendentemente emanado de un Gobierno progresista.

Los siete títulos y 164 artículos del anteproyecto dan una idea de la complejidad actual de este sector y de la trascendencia de los retos afrontados que, según la memoria, tendrá impacto sobre la el pluralismo y la competencia, la igualdad de género, las PYMES, los menores, la discapacidad y accesibilidad, los consumidores… Unos efectos que el preámbulo, –como suele ocurrir en las leyes y se dice de los anuncios al ostentar las carencias del producto–, considera positivos en todos los casos.
Sin embargo, los artículos más vinculados a las novedades de la directiva europea, se reclaman de los mínimos de protección establecidos, como la liberalización de los tiempos publicitarios, que pasan de estar limitados al 20% "por hora de reloj" (anuncios y televenta), a cuantificarse en un máximo del 20% (144 minutos) entre las 6 y las 18,00 horas y de entre las 18,00 y las 24,00 horas (72 minutos), sin incluir patrocinios, ni autopromoción, ni emplazamiento de producto, ni promociones…Una presumible saturación publicitaria extrema que se acumulará en el prime time y en el day time de mayor audiencia, probablemente con efectos de cansancio en el espectador y de mayor fuga hacia la televisión a demanda. De la misma forma, los proveedores de estos últimos servicios audiovisuales deberán ofrecer al menos un 30% de programas europeos en sus catálogos – el mínimo previsto por la directiva (51% en la televisión lineal), pero sus plataformas (Nextflix, HBO, Amazon Prime…) solo estarán obligados a invertir en producción europea o española si superan los 50 ME de ingresos el año anterior (10 ME en la televisión lineal), y se libran de colaborar a la financiación de RTVE como hace el resto de los canales abiertos o de pago.

Dado que la Ley General Audiovisual de 2010, inspirada por la entonces Vicepresidenta María Teresa de la Vega, ha sido ya considerada generalmente como un texto ampliamente escorado hacia la televisión privada, con encendidos elogios de su patronal UTECA, el anteproyecto promete acentuar la protección de los menores, pero al contrario de lo que proclama, debilita claramente su tutela al eliminar los horarios de "protección reforzada" que venían incumpliéndose año tras año por todas las cadenas de cobertura nacional, con la curiosa argumentación de que también hay niños en otros horarios en el servicio público (con alegaciones contrarias de la AUC).

Pero donde el anteproyecto alcanza niveles ideológicos de derecha neocon pura, es en la protección y refuerzo del servicio público autonómico y local, donde se abraza sorprendentemente la contrarreforma orquestada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya "ley de modificación" de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 6/2012 de 1 de Agosto) permitió que los Gobiernos autonómicos "flexibilizaran" (privatizaran) el servicio público de la radiotelevisión autonómica cambiándolo a la "gestión indirecta" completa o mixta por parte de empresas privadas. Así Esperanza Aguirre jibarizó a RTVMadrid aunque no consiguió la total privatización planeada, y lo mismo intentó la Generalitat valenciana con Canal 9, hasta provocar su insólito cierre en 2013 con un coste inútil de más de 300 ME. Y en culminación de esta tergiversación total del servicio público, se acuñó el apellidado como "modelo Murcia": concesión a una empresa privada de la práctica totalidad de la gestión, la programación y la publicidad de los canales regionales, mediando jugosas subvenciones al agraciado, compatible con el control o la manipulación externa de los informativos.

No es extraño que múltiples alegaciones (Teledetodos, COO.OO, Plataforma en defensa de la comunicación y el periodismo andaluz) rechacen este calco que contradice la consideración del pluralismo como equilibrio entre modelos, pese a la minoría de licencias hertzianas reservadas a la gestión pública, que parece una condición sine qua non para la definición del servicio público como "de interés general", con misiones informativas y culturales acrecentadas. E igual ocurre con el servicio público local, que se confía a los municipios salvo que estos decidan su entrega a empresas privadas, con desviación de todos sus objetivos de comunicación democrática de proximidad. En el mismo sentido, los medios comunitarios locales, ya marginados en el reparto de licencias, siguen privados de toda vía de financiación al prohibírseles la difusión de publicidad de cualquier tipo, incluso la institucional.

La otra gran "captura" del gobierno progresista por los antecedentes del PP es todavía más grave, porque afecta al control, la regulación y la sanción del sistema audiovisual entero, confiados por la ley de RTVE de 2006 y la general del audiovisual de 2010 al CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) con anuencia general. Su boicot posterior por el PP en la oposición y su suplantación por el Gobierno de Rajoy, con la sempiterna excusa del ahorro, por una elefantiásica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con autoridad sobre múltiples sectores, fue objeto de expedientes en Bruselas; y resultó duramente contestado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó al nuevo organismo de falta de independencia y total subordinación gubernamental (episodio de la sobrina de Guindos) y se negó a pactar vocales propuestos por el PSOE.

Si esta atribución constituía ya un mensaje subliminal que designaba prioritariamente al audiovisual como competencia de mercado y no como pluralismo comunicativo o diversidad cultural, la CNMC ha sido especialmente criticada por haber realizado en siete años apenas tres informes sobre la misión de servicio público de RTVE, confesando en varios de ellos su incapacidad para realizar esa labor y su aceptación acrítica de los informes de la Corporación por la falta de medios técnicos y humanos para estudiar el asunto de forma autónoma y, lo que es más grave, como reflejo de la degradación del marco jurídico audiovisual español, por la carencia de contratos programa sobre los que poder realizar esa evaluación.

Ahora, tras años de mayoría y control absoluto del PP (seis consejeros y Presidente, más uno de CIU y otro del PNV) el Gobierno de Sánchez ha vuelto las tornas y controla una mayoría del consejo (siete consejeros y tres de ERC, PNV y Podemos), para pasar a considerar a la CNMC perfectamente independiente, mientras, el PP acusa al Gobierno de coalición de injerencia. En ese ambiente viciado, el anteproyecto del audiovisual confía a la CNMC nuevas funciones, como el control del pluralismo, de los contenidos audiovisuales, de las faltas graves o muy graves (entre ellas contenidos que inciten a la violencia o al odio, al terrorismo o la pornografía infantil, al racismo, la xenofobia o la discriminación) incluyendo sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación. Aunque visto el escaso porcentaje ejecutado –un 3% cobrado del total de las sanciones impuestas– ese riesgo queda atenuado, no deja de ser llamativo para un organismo netamente económico.

En su consideración conjunta, ese anteproyecto, que muy probablemente derivará en ley con modificaciones menores tras su paso por el Parlamento, resulta absolutamente incongruente con un Gobierno progresista y suscita moralejas históricas curiosas. Si un Calviño (José María) asestó en los años 80 un duro golpe a las ilusiones progresistas de la transición e incluso a los planes directos del PSOE sobre RTVE (mediando el poder de Alfonso Guerra), otra Calviño (Nadia) puede ahora contribuir a agravar la crisis que sufre el servicio público audiovisual en todos sus ámbitos. Así, una vez más, el PSOE seguiría colaborando a la prolongación irreversible y en cascada de los castigos que la derecha infringe históricamente a las cadenas públicas: ajustes y manipulaciones sistemáticos cuando está en el gobierno, acusaciones y redención cuando vuelve a la oposición. Pasos adelante siempre del desmoronamiento del servicio público y de la preeminencia del polo privado.

Publicado en El Diario.es

Con raras excepciones, los elegidos obedecen a un patrón político bien conocido: militantes ostentosos de partido, algunos resucitados de la jubilación o la excedencia, cuya idoneidad para atender a las perentorias necesidades de reconversión multimedia y multiplataforma resulta harto dudosa

Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.

Las situaciones de crisis sirven también para desnudar las reacciones y personalidades de los políticos y gobiernos más demagogos que, a pesar de sus esfuerzos de maquillaje, no se resisten a revelar su auténtica naturaleza populista. Especialmente, sus reacciones ante el servicio público de comunicación, más vital que nunca en situaciones de incertidumbre como la actual que exigen una información fiable y rigurosa, muestran una cara gamberra que debería alertar por sí sola a los ciudadanos.

Enrique Bustamante

El tratamiento del servicio público estatal de RTVE en los programas electorales de las principales formaciones políticas españolas para el 28 de Abril es decepcionante: por su escasa presencia; por su ubicación en apartados caprichosos; por lo que dicen, sugieren y omiten; por sus incoherencias y ambigüedades. Los partidos demuestran así, una vez más, su empecinado retraso en una toma de conciencia sobre la trascendencia de esta problemática, que la sociedad civil española ha asumido con fuerza en los últimos años.

[EL PAÍS 09 de julio de 2018]

La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.

Con la entrega el pasado diciembre al Congreso de los Diputados del listado de los 20 candidatos mejor valorados (curriculum y proyecto de gestión), el Comité de Expertos ha creado un precedente trascendental para el futuro de RTVE, pero también para todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autonómicas, municipales...); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general.

La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.