[EL PAÍS 09 de julio de 2018]

La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.

Con la entrega el pasado diciembre al Congreso de los Diputados del listado de los 20 candidatos mejor valorados (curriculum y proyecto de gestión), el Comité de Expertos ha creado un precedente trascendental para el futuro de RTVE, pero también para todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autonómicas, municipales...); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general.

La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.

[El País 3/10/18]

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Golpe a las expectativas democráticas del audiovisual

La reivindicación histórica de una auténtica autoridad independiente para el sistema audiovisual español, única excepción lamentable de la Unión Europea, reclamada desde hace décadas por numerosas instancias políticas y sociales en tanto gozne capital para la regulación y el control de los medios públicos y privados, parece que va a ser de nuevo sepultada por el acuerdo político para remodelar la CNMC. Una vez más, se mata preventivamente al Consejo Audiovisual de España en beneficio de una concepción mercantilista y autoritaria de la radiotelevisión, ciega ante el pluralismo y la diversidad. Y lo que parece aun más llamativo, con la colaboración cómplice de Ciudadanos y del PSOE.

Han pasado casi ocho meses de las últimas elecciones, casi cuatro desde la constitución del nuevo gobierno PP en minoría, y RTVE sigue igual, como si nada hubiera pasado, como si Rajoy siguiera teniendo mayoría absoluta. Encharcado entre la manipulación, la ruina económica y el desplome de audiencias, el servicio público estatal de radiotelevisión , -y algunos de los autonómicos-, se está convirtiendo en el máximo escaparate público de la incompetencia o impotencia de la oposición, de la que votó sí, de la que se abstuvo e incluso de la que votó no. Toda una muestra de la incapacidad de nuestra clase política, derechas e izquierdas incluidas, de entender lo que significa el espacio público democrático.

En pleno verano y en coincidencia con el compás de espera político impuesto por los resultados del 26-J, se han difundido en la prensa dos informes “oficiales”, de la SEPI y de la CNMC, sobre las finanzas de la CRTVE. Curiosamente, ambos son alarmistas en los aspectos financieros, pero olvidadizos y conformistas respecto a la regresión democrática del servicio público estatal. Especialmente, el dictamen de la SEPI parece anticipar nuevos recortes en RTVE y una nueva jibarización del servicio público en el caso de que el PP consiguiera conformar gobierno.

Buenas tardes.

Para mí es un honor participar en esta comisión, que creo que tiene un papel relevante, un papel muy importante en la Comunidad Valenciana pero, también, seguramente, emblemático en el conjunto español.

Como creo que ustedes no me han invitado como profesor ni para dar ninguna lección magistral, que no suelo dar tampoco en mis clases, pues voy a atender, especialmente, a mi faceta de investigador defensor de los medios públicos desde hace muchos años, y de, especialmente, investigador en la faceta de modelos del sistema audiovisual y del servicio público en particular, ¿no?

Después de más de doce años de manipulación implacable, de ruina financiera y caída a plomo de las audiencias, la nueva ley de RTV Madrid se presenta como "un nuevo modelo" de servicio público, transparente, plural y ético. Pero más allá de la ortodoxia de sus fórmulas de gobernanza y contenidos, sus "originalidades" caen en el corporativismo y relegan la participación ciudadana. Con un Gobierno del PP en minoría y apoyado por Ciudadanos, hay un grave riesgo de que la reforma sea plenamente gatopardiana: Cambiar todo para que todo siga igual.