El Coordinador de economía del PP, Cristobal Montoro, participó ayer en el programa radiofonico "En días como hoy", presentado por Juan Ramon Lucas.

Cristobal Montoro, durante su participación, matiza la posición de su partido sobre la titularidad pública de los medios de comunicación y, en concreto sobre una posible privatización de RTVE. Al tiempo denuncia el despilfarro de algunas radio televisiones públicas en relación a los presupuestos autonómicos y justifica la desaparición de algunas de ellas por el uso partidista que, según Montoro, se hace en ocasiones de estos medios.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ante el Senado un moción sobre la política general del gobierno en  materia de racionalización del funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, en la que se insta al Gobierno a tomar una serie de medidas de  austeridad y recorte del gasto público, justificando dicha iniciativa  por la situación actual de crisis. Una de las iniciativas propuestas otorga a las comunidades autónomas la libertad de elegir el modelo de gestión de sus canales públicos, abriendo así la puerta a la privatización.

El Gobierno está dispuesto a introducir ajustes en la ley de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE) para evitar una denuncia de la Comisión Europea, pero no cambiará sustancialmente la tasa a los operadores de telecomunicaciones, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

"No podemos cuestionar la exacción fiscal. Una exacción fiscal es imprescindible a los operadores de telecomunicaciones porque son beneficiarios de la nueva distribución económica establecida en la ley para financiar a RTVE", dijo Jáuregui, tras reunirse con la vicepresidenta de la CE y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, en Bruselas.

[Diagonal]

En una rueda de prensa convocada por primera vez de forma conjunta entre el Comité Intercentros de Radio Televisión Española (RTVE), máximo órgano profesional de representación de los trabajadores, con el apoyo de los principales sindicatos de la corporación, CGT, UGT y CC OO han denunciado la manipulación y la censura dentro del ente. El Comité Intercentros en coordinación con los consejos informativos de TVE, RNE y RTVE, toma la iniciativa de la convocatoria para mostrar su rechazo y denuncia.

Muestran especial preocupación ante la falta de platós que, tras diversas acciones por parte de la dirección, han mermado su actividad y han dificultado la producción interna propia. Además, denuncian la "dramática situación de RTVE" producida por los recortes sistemáticos de más de un 50% de la producción, y la nula independencia de la corporación, para la que proponen que sólo se puede conseguir mediante la elección del presidente y su consejo de administración por dos tercios del parlamento, con el fin de evitar depender del Gobierno.

Hasta ahora habían sido los Consejos de Informativos de TVE, RNE y RTVE quienes habían denunciado la censura, manipulación y malas prácticas de los responsables editoriales. La última sucedió la semana pasada cuando se decidió retirar de la parrilla de programación dos capítulos previstos del programa “El escarabajo verde”, en los que se daba voz a organizaciones no gubernamentales en defensa del medio ambiente.

Durante la rueda de prensa Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de TVE, ha criticado que se utilice la televisión como un instrumento de propaganda. “Los ciudadanos ante esta manipulación acuden a otros medios y este acaba cerrando o convirtiéndose en algo testimonial”, se ha lamentado. Para el presidente de este órgano de los trabajadores, han pasado cinco meses de las elecciones de diciembre del 2015 y “seguimos con una dirección en RTVE que no representa a lo que votó la ciudadanía”.

Según Caballero “la legitimidad del Gobierno está en duda, por sus prácticas a lo largo de los últimos años”, por ello explica, que pedirán a la junta Electoral Central mediante una misiva la neutralidad de los informativos de la corporación”. Además, cree que es fundamental "cortar el cordón umbilical que une al gobierno con la presidencia de la corporación". Es imprescindible, comenta, un sistema de elección que "garantice un consenso entre los partidos políticos, para evitar que el gobierno ponga en la dirección a un presidente a su medida sin tener en cuenta sus logros y trayectoria”.

La situación de manipulación y censura también ha sido puesta de manifiesto por instituciones como el Instituto Internacional de Prensa o los consejos Audiovisuales de Andalucía y Cataluña, que han denunciado la precariedad de los informativos de RTVE, dirigidos siempre a favor de un determinado partido y con la voluntad de silenciar las protestas sociales y ciudadanos.

[La Voz de Galicia]

¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.

«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.

Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.

Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.

Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.

Por su interes, reproducimos esta publicación de La Razón. 17 Enero 11 - Madrid - J. L. S. 

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El ministro de la Presidencia,Ramón Jáuregui, criticó ayer de hecho la telebasura, al referirse a la «banalización» del espacio público y la presentación de «personajes de escaso mérito como modelos sociales» en algunos medios,para anunciar la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en este mismo periodo de sesiones.

[La Vanguardia]

El Ejecutivo regional ha dado el visto bueno al nombramiento de Juan Miguel Aguado como director general de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Aguado sustituye en el cargo a Diego Pedro García, cuyo cese, a petición propia, ha autorizado este miércoles el Gobierno regional, agradeciéndole los servicios prestados.

Natural de Madrid, es licenciado en Periodismo (Premio Nacional Fin de Carrera) y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Posgrado en Investigación Social por la Academia de Ciencias de Polonia (Varsovia), está especializado en análisis del impacto de las nuevas tecnologías en los públicos y en los medios de comunicación.

Ha sido profesor en la Universidad de Breslau (Polonia) entre 1995 y 1996 y profesor agregado en la Universidad Católica San Antonio (1999-2002), donde puso en marcha el primer Programa de Doctorado en Comunicación Aplicada en la Eegión (2000-2002).

Es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Murcia desde 2002, donde ha sido vicedecano responsable de las titulaciones de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Documentación entre 2002 y 2012 y donde ha puesto en marcha el Master Interuniversitario en Comunicación Móvil y Contenido Digital conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cartagena.

Ha sido director de la Escuela de Prácticas de Periodismo, Publicidad y Documentación de la Universidad de Murcia entre 2009 y 2016 y es autor de una docena de libros y más de 30 artículos en revistas científicas relevantes en el campo de la comunicación, así como de 40 capítulos en monografías científicas nacionales e internacionales.

Igualmente, ha participado en diversos proyectos I+D+I a nivel autonómico, nacional y europeo, dirigiendo varios de ellos y siendo pionero en España en el análisis de los nuevos canales móviles de distribución de contenido. Ha desarrollado estancias de trabajo en Polonia (1994-1997) y Reino Unido (Newcastle Business School-2015).

[RTVC]

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, lanzó hoy un mensaje de auxilio al Parlamento para que apruebe un presupuesto adicional de seis millones de euros que permita garantizar la supervivencia de la televisión pública hasta fin de año frente a un deterioro "progresivo y sangrante".

Negrín, que compareció a petición propia ante la comisión de control de RTVC del Parlamento de Canarias, señaló que los 3,5 millones de euros de recorte presupuestario en 2016 y la disminución de ingresos publicitarios en un millón adicional han obligado a cancelar programas, y hasta 400 personas que trabajan en pequeñas productoras han perdido sus ingresos.

Ninguno de los representantes de los grupos políticos apoyó abiertamente ese incremento presupuestario, si bien se mostraron comprensivos con las demandas y comprometidos con la supervivencia de la televisión autonómica.

Anunciaron que estudiarán la propuesta del presidente del Consejo Rector, aunque algunos de ellos demandaron más concreción en los planes, más transparencia en las cuentas y más pluralidad en los programas informativos.

Santiago Negrín explicó que el presupuesto de Televisión Canaria ha pasado de 61 millones de euros en 2008 a 27,9 millones en 2016, y en ese periodo la audiencia media ha caído del 10,2 por ciento al 5,3.

"Con la reducción presupuestaria se ha reducido la presencia en la parrilla de producciones propias y ha habido una caída generalizada de los ingresos publicitarios", dijo.

La pluralidad informativa fue también una exigencia de Podemos, cuyo diputado Francisco Déniz preguntó por qué está todo el día en la televisión el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y apenas aparecen representantes de Podemos pese a sus superiores resultados electorales el 20 de diciembre.

Juan José Márquez, también de Podemos, dijo que su partido es crítico con la gestión de RTVC y con la precarización de sus trabajadores, cuyas condiciones en algunos casos "no son aceptables", pero a la vez defendió su permanencia como elemento de cohesión, difusión cultural y promotor del tejido empresarial audiovisual, por lo que pidió un estudio económico concreto de las propuestas.

Radiotelevisión Española ha presentado este jueves la actividad desarrollada en 2015 para impulsar la innovación en informativos, uno de los ámbitos en los que la Corporación trabaja en primera línea de la tecnología audiovisual. Una jornada organizada por RTVE, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad CEU San Pablo donde se han expuesto las conclusiones del Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital (OI2), una cita que reunió a finales del año pasado a profesionales de RTVE, otras televisiones públicas europeas, y el mundo de la empresa y la universidad en el Centro de Producción de RTVE en Sant Cugat.

Además, en el encuentro se ha hablado de uno de los campos en los que se trabajará el próximo año: el mobile journalist. Se trata de un nuevo avance en movilidad para los informativos, bien con una cámara profesional o bien con la cámara de un teléfono, pero usando la tecnología 4G para el envío de las imágenes.

[Finanzas]

El Consejo de Ciudadanía de la futura Radiotelevisión Valenciana -el órgano asesor en materia de programación y contenidos- estará formado por trece miembros y no por veintiuno, como se había planteado inicialmente, que además serán seleccionados en un proceso público y abierto.

Esta es una de las novedades introducidas por la ponencia encargada de la elaboración de la futura ley de servicio público de RTVV en el borrador inicial, en un informe que se debatirá y votará el próximo lunes en la comisión de Les Corts de RTV y del Espacio Audiovisual, y al que ha tenido acceso EFE.

La ponencia ha atribuido además a ese Consejo la función de ejercer la defensa de la audiencia, por lo que recibirá e instruirá las quejas de la ciudadanía, y contribuirá a capacitar a la audiencia "para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo democrático y de calidad".

La selección de sus miembros la hará el Consejo Rector, previa convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la que se podrán inscribir quienes acrediten un "entendimiento claro de lo que representa el servicio público" de radiotelevisión y experiencia en trabajo colaborativo en los diferentes campos de la actuación social.

La composición del Consejo habrá de garantizar la paridad de género, sus informes no serán vinculantes, se reunirán al menos una vez cada tres meses -y no cada cuatro, como se había planteado-, y se ha incluido que sus miembros podrán percibir dietas o indemnizaciones si se establece así en su reglamento.

También se han marcado ya la incompatibilidades para formar parte del Consejo, como ser representante político o sindical, desempeñar funciones orgánicas en partidos políticos, empleados de la propia Corporación y trabajadores de otros medios de comunicación y quienes ostenten o hubiesen ostentado cargos en organizaciones profesionales de profesionales de la comunicación.