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[EuropaPress 9/9/2020]

Más País-Equo pide desbloquear de una vez el concurso público para renovar RTVE

 Más País-Equo ha presentado este miércoles a la Mesa del Congreso un escrito pidiendo que en la próxima Comisión mixta de control parlamentario de RTVE se incorpore al orden del día la continuidad del concurso público para el nombramiento del Consejo de Administración y presidencia de RTVE.    En el texto registrado en la Cámara baja, firmado por la diputada ecologista Inés Sabanés, la formación recuerda que en enero de este año ya pidió que se tomaran medidas urgentes para retomar e ...

Leer más: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-mas-pais-equo-pide-desbloquear-vez-concurso-publico-renovar-rtve-20200909185835.html

(c) 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

 pdfEscrito RTVE Mas Pais.Equo A la mesa de diputados del congreso.pdf

13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.

María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.

En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité "se ha excedido" en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido".

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En un contundente comunicado, 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos han expresado su queja y firme protesta ante el informe jurídico titulado “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, divulgado por la prensa como dictamen sin autoría de letrados oficiales del Senado, y no desmentido en sus contenidos por esta institución”.

Los expertos rebaten de plano la nota de estos letrados del senado, a quienes atribuyen la intención de anular, en la práctica, la totalidad del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente.

Los firmantes a las presidencias del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta, y al conjunto de los grupos parlamentarios, -como ya hicieron en noviembre de 2019-, que culminen urgentemente el proceso de concurso público que iniciamos, eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE.

[FeSP 2/3/20]
La mayoría de los candidatos seleccionados piden a Meritxell Batet, por segunda vez, que las Cortes elijan el Consejo de Administración y la Presidencia, tras más de un año de retraso.

Al menos 12 de los 19 candidatos que fueron seleccionados hace 18 meses para elegir entre ellos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE han pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por segunda vez en los últimos meses, que inste a la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de la corporación pública a resolver el concurso público que está en marcha para nombrar a quienes deben integrar esos órganos.

El pasado 3 de febrero, hace ya cuatro meses, 15 candidatos enviaron sendos escritos a la presidenta del Congreso con la misma petición, dado que el concurso público lleva más de un año paralizado en las Cortes. Meritxell Batet trasladó con urgencia esa petición a la Comisión de Control para que abordara ese asunto, pero la Comisión se constituyó hace casi cuatro meses, ha celebrado ya varias reuniones y no ha incluido en el orden del día la situación del concurso público.

 

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Teledetodos suscribe el texto, que les reproducimos a continuación, y que se suma a la carta abierta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y a los diferentes comunicados oficiales emitidos por los colectivos afectados por el Decreto 2/20:

Sevilla, 8 de abril de 2020

Sr. Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía

La aprobación del Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOPA de 6 de abril, ha venido a causar un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.

La Ley 10/2018 de 9 de octubre Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 10/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, aprobado unilateralmente por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de cualquier tipo de debate o del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. El Decreto fue, además, ratificado por la Diputación Permanente del Parlamento habilitada para medidas de urgencia con motivo de la crisis sobrevenida del COVID-19, con el voto contrario de PSOE y Adelante Andalucía; es decir, no gozó de la unanimidad con la que fue aprobada la LAA hace sólo un año y medio con los votos de todos los grupos parlamentarios presentes en la anterior legislatura: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La aprobación de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza, como ahora lo es por otro motivo la modificación improvisada y poco garantista de la misma.

Estas actuaciones se han llevado a cabo a través de un procedimiento inhabitual y sorpresivo sobre el que los letrados de la Cámara todavía no han llegado a pronunciarse acerca de su validez.

La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía supone un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y representativa de la sociedad civil se ha manifestado en contra, aportando argumentos de peso que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta, ni respondidos.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020 y en ningún momento el órgano creado para la vigilancia y regulación del audiovisual ha emitido un informe que dé a conocer su opinión acerca de la grave situación generada.

Ante esta situación de indefensión e inseguridad jurídica y aunque se pueda llegar a argumentar por el CAA falta de competencia, ésta no debe eximir de la emisión de recomendaciones e informes no necesariamente vinculantes. Es lo mínimo que debe exigir el sector audiovisual y la sociedad a una instancia pagada con los impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento legal en materia audiovisual.

Sorprende sin embargo que en tan sólo una ocasión el CAA se haya pronunciado contra una emisora pública externalizada: Resolución 10/2012 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre emisiones de Intereconomía en la Radio Municipal de Tomares, para la que se declaraba competente amparándose “en el apartado 1 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, según el cual el Consejo Audiovisual es la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.” El informe del CAA motivó el cese de la actividad ilícita.

Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes solicitamos respuesta urgente a las muchas inquietudes y perjuicios que se derivan de la modificación de la LAA:

  • ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?

  • - ¿Cómo piensa el CAA que afecta la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante?

  • - ¿Cómo cree el CAA que afecta la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios? Y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo ¿cómo afecta al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?

  • - ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento y en la participación social?

  • - ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?

  • - La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?

  • - ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no estén obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? En este mismo sentido, ¿cree que esta medida puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No es contrasentido promover su privatización?

  • - ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?

  • - ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?

En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía
Asociación de la Prensa de Huelva
Asociación de la Prensa de Sevilla
Asociación de la Prensa de Cádiz
Asociación de la Prensa de Almería
Asociación de la Prensa de Córdoba
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
Asociación de la Prensa de Jerez
Asociación de la Prensa de Jaén
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía
Red de Estatal de Medios Comunitarios
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Federación de Sindicatos de Periodistas de España
Unión General de Trabajadores de Andalucía
Comisiones Obreras de Andalucía
Coordinadora Andaluza de ONGD
Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS
Plataforma Andalucía Viva
Colectivos de AMPAS Escuelas de Calor
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

por el Decreto ley 2/20, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

 

Consejo de Administración de EMA-RTV 23/03/20

La aprobación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito en la historia de las políticas públicas de comunicación de Andalucía (PPC). Por primera vez un texto reunía toda la normativa dispersa en decretos en un solo texto siguiendo el marco legal establecido por la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010).

La LAA viene a reforzar las garantías jurídicas de funcionamiento de los medios públicos y comunitarios de la Comunidad Autónoma. Una norma aprobada por unanimidad y consensuada entre todos los grupos parlamentarios, un caso inédito en la historia del Parlamento Andaluz.
Refuerza, así mismo, la consideración de servicio público de gestión directa de las emisoras municipales, siguiendo el criterio establecido en el primer texto legal aprobado en las Cortes en 1992, la Ley de Ordenación y Control de la Emisoras Municipales (LOCEM) y mantenido hasta la fecha en toda la normativa promulgada por el Estado y las autonomías.

A fin de evitar la posible colisión de intereses entre el sector radiofónico comercial y las emisoras municipales de radio se aprobó, a petición de las primeras, un estricto protocolo técnico que quedó recogido previamente en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT, 31/87) posteriormente en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1989. Las emisoras no podían emitir con más 500W en aquellos municipios con población superior a los 50.000 habitantes, con hasta un máximo de 150W en los menores de 50.000 y de un máximo de 50W por debajo de los 10.000, quedando reservada la banda desde los 107,00 a los 107,9 MHz para este servicio público. Estas exigentes condiciones limitativas fueron establecidas para evitar cualquier competencia comercial en cobertura y audiencia con la radio privada y en atención a lo solicitado en su día por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).

En esta coyuntura es imposible que la radio pueda ser rentable económicamente no solo por impedimentos técnicos, sino además porque su obligación de prestar un servicio público marca diferencias claras con la comercial, a quien la LGCA exime de un principio básico como es la prestación del servicio público, ello le da ventaja para competir en el mercado de la publicidad y por supuesto también en el de las audiencias gracias a su mayor cobertura técnica al disponer de potencias de emisión entre cinco y diez veces más elevadas. Los mismos argumentos de servicio público son aplicables a la televisión municipal y los medios comunitarios.

Bajo estas premisas más de un centenar de emisoras municipales y comunitarias de radio y más de una veintena de televisiones, han venido emitiendo regularmente en una geografía donde los medios comerciales no pueden ofrecer contenidos de proximidad por la escasa rentabilidad económica que generan. Su lógica está sujeta a las emisiones en cadena con momentáneas desconexiones locales. La misma LAA, establece que estas desconexiones locales deberán ser al menos de (sólo) 15 horas de información a la semana, un mínimo insuficiente que además no suele ocupar las franjas estimadas de máxima audiencia en las programaciones.

La realidad es que las emisoras municipales de radio y televisión están cubriendo un vacío informativo y de conocimiento fundamental del territorio. Cumplen junto a las radios comunitarias un papel esencial en Andalucía mediante la producción de contenidos de proximidad útiles para la ciudadanía y garantizando el derecho de comunicación y de acceso. Más de 2.000 personas voluntarias colaboran cada día en estas emisoras y no menos de 600 organizaciones sociales encuentran un espacio único a través del cual pueden hacerse oír e incidir con contenidos de sensibilización. Este sector público ocupa a cerca de 600 personas en toda Andalucía que garantizan cada día la dinamización social y la información de proximidad. Estos valores no pueden ser desconsiderados en un territorio de ocho provincias con carencias y déficit de información endémicos e históricos que lastran la formación de la opinión pública y generan desconocimiento de la realidad.

A todo ello se le añade el esfuerzo de un trabajo en red que permite el intercambio de información y de contenidos entre un centenar de emisoras públicas y comunitarias que son parte de EMA-RTV. No hay ningún interés de lucro sino de contribución a la rentabilidad social de la comunicación y la información para satisfacer una demanda del territorio. El modelo de red EMA-RTV y sus estrategias de comunicación han sido replicados por la cooperación española en países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Argentina y Perú, para contribuir al fortalecimiento democrático mediante la construcción de ciudadanía y la generación de liderazgos. La red también trabaja con socios europeos y fondos de la Unión en producciones audiovisuales que tienen el objetivo de sensibilizar sobre iniciativas y políticas transversales.

Nuestro sistema de medios es eminentemente privado y bajo el paraguas de grupos ajenos a la Comunidad, no siempre con domicilio social en Andalucía y en muchas ocasiones con instalaciones que no van más allá de un poste repetidor para replicar la señal transferida desde un centro emisor en Madrid. Sería recomendable analizar el uso de las frecuencias de radio comercial para entender que Andalucía no necesita ampliar el número de frecuencias en manos de los tres grupos privados dominantes, tampoco de nuevos actores, al menos a través de las frecuencias municipales. Hasta la fecha de las 216 frecuencias comerciales de FM que son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, 89 emiten programación generalista en cadena (41%) dedicando escaso tiempo a contenidos locales y autonómicos (solo una cadena se ciñe a las 15 horas reseñadas, las otras dos marcas de referencia están muy por debajo de este rango). Un total de 122 antenas emiten exclusivamente programación musical en cadena y solo en contados casos hacen desconexiones para ofrecer información. Sólo cuatro concesiones permanecen al margen de los intereses de los grupos dominantes y son independientes. Todo intento por favorecer un mapa más plural y potenciar actores nuevos en el territorio ha fracasado por la flexibilización de las normativas que impedían la concentración, facilitar la privatización de los medios públicos reincide en los mismos errores ante la permisividad del negocio jurídico con las licencias.

Teniendo en cuenta que todas las frecuencias concedidas por el gobierno autónomo en concurso público lo fueron con el compromiso de emitir una programación eminentemente local, queda de manifiesto que el sector privado ha sido incapaz de hacer rentable sus antenas para los territorios en los que emiten. Una emisora local se define por cobertura de emisión, pero fundamentalmente por sus contenidos de proximidad. El recurso de emitir en cadena muestra el fracaso de las políticas públicas emprendidas, que han derivado en la continua flexibilización de las normas en favor de los grupos y evidencian el poco interés por poner en valor una información local imprescindible para la ciudadanía.

En esta realidad de intereses de la radio privada se mueven una treintena de ayuntamientos denunciados por haber privatizado el servicio de radio. Medios municipales que han abandonado la premisa de satisfacer un servicio público para tratar de hacerse rentables económicamente o reducir “gastos”, sin tener en cuenta que la actividad social y cultural que promueven es esencial y no puede ser considerada gasto sino inversión. En este conjunto de emisoras hay que diferenciar tres casuísticas, quienes han cedido la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, quienes lo han hecho a personas físicas o jurídicas que buscan el lucro, o aquellas que se dedican a repetir la señal de una cadena privada. Curiosamente en los dos primeros casos se siguen destinando fondos municipales justificados como pago al “servicio prestado”, argumento que contradice el criterio de que la privatización es parte de una política de ahorro e incluso de dinamización económica.

Las radios y televisiones municipales, como las radios comunitarias, no son rentables económicamente no por incompetencia, sino por falta de voluntades políticas para poner en valor el importante servicio que vienen prestando a la sociedad. El trabajo de información, las campañas de sensibilización e información emitidas y realizadas por las emisoras no son valorizadas económicamente pese a su utilidad y necesidad. Las agencias de publicidad basan sus planes de medios en el estudio de audiencias de EGM o Kantar, que están diseñados exclusivamente para medios con cobertura estatal, realizando ampliaciones de muestra para algunas comunidades autónomas siempre insuficientes en su muestra por motivos de costes y a demanda. Estos estudios son incapaces de recoger las audiencias locales, ni la suma de estas cuando emiten en red, lo que impide una financiación extra. Incluso penalizan a los medios autonómicos, insuficientemente representados en la muestra. Aun así, las emisoras comerciales acusan a los medios públicos locales de competencia desleal sugiriendo una doble financiación. Las campañas que emiten las radios y televisiones municipales son eminentemente locales y suelen estar fuera de las tarifas e interés de las cadenas, vienen a ser más un servicio público que una búsqueda de beneficio. Los aportes económicos de publicidad no son relevantes, pero tampoco debe ser el fin de las emisoras municipales la captación de publicidad para su financiación, sino cumplir con la exigencia legal de dar un servicio público a la ciudadanía al que radio comercial por criterios de rentabilidad económica defendidos en la LGCA no está obligada, quedando al arbitrio de decisiones empresariales.

La profesionalidad de quienes cada día hacen posible la radio pública local está llena de dificultades y sin embargo cumplen el objetivo de servir a su territorio. Siempre hay margen para la mejora como se advierte de la aplicación del indicador IRSCOM diseñado por la Universidad de Málaga, pero como también se recoge en este estudio son necesarias políticas de apoyo a la importante labor y el vacío que cubren. Medir los intangibles es un cometido de interés público como reconoce la LAA cuando se compromete a trabajar con indicadores de rentabilidad social. ¿Cómo medir la importancia de la labor informativa y de sensibilización realizada en esta crisis causada por el Covid-19? En estos días están emitiendo campañas de sensibilización propias, dando ánimo a sus vecinos, compartiendo información en red, asegurando que la voz de los actores locales, autoridades y sociedad civil, desde el contexto local, llegue a todas las personas. Esta labor es diaria durante todo el año. Andalucía ha sabido desde el municipalismo construir un modelo único y ejemplar de red, a través de EMA-RTV y su servicio de distribución contenidos Onda Local Andalucía. Permitir la privatización de las emisoras públicas locales contribuye a destruir un tejido único, un ecosistema complementario a la actividad privada y pública del medio autonómico. Esta medida no enriquecerá las agendas informativas, ni redundará en la información de cercanía y la participación ciudadana.

La modificación de la LAA, pervierte el mapa de la radio y la televisión local en Andalucía al incentivar a los ayuntamientos a desprenderse de la prestación de un servicio público básico. La lógica, en las recomendaciones de las directivas de la UE, van en sentido opuesto, vienen a argumentar contra la concentración mediática y defienden la importancia de las ayudas públicas en ámbitos desfavorecidos por la inexistencia de agendas propias que atiendan el territorio, es una responsabilidad del gobierno no del mercado.

Las modificaciones contempladas en el decreto ley entran en colisión con los principios inspiradores establecidos en el artículo 2, apartado 1, de la actual LAA que proclama la defensa y potenciación del servicio público de comunicación audiovisual, la libre elección, como derecho de la ciudadanía a escoger los servicios de comunicación audiovisual sin que los intereses privados, ni las Administraciones públicas puedan condicionar sus decisiones y a la obtención, en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, del equilibrio entre los prestadores del sector público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial. También contradice el apartado 2 de la LAA, que potencia el fomento y la defensa de la cultura andaluza, de los intereses locales y la promoción de la convivencia, impulsando la participación de los grupos sociales del ámbito territorial de cobertura.

El decreto tampoco considera el Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía en cumplimiento de la LAA a elaborar cada cuatro años. El artículo 18 de la LAA que compromete esta planificación, define como objetivos fundamentales la defensa y potenciación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los servicios audiovisuales de proximidad. No obstante, el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia, Administración Publica e Interior 20/22, define como objetivo estratégico, la ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, el apoyo al servicio público de radiodifusión de ámbito local para que los municipios puedan mantener la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local en las mejores condiciones, cumpliendo la previsión estatutaria (artículo 211), para que los medios de comunicación de gestión directa puedan “orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad". Parece contradictorio con la propuesta contemplada en el decreto de permitir la privatización de los medios públicos locales.

Las medidas contempladas también entran en confrontación con principios vertebradores culturales y sociales contemplados en el Estatuto de Autonomía. Reconocer la legitimidad del gobierno para tomar las medidas que considere oportunas no implica que éstas sean las únicas amparadas en el buen criterio, el trabajo de consenso y unanimidad con el que se aprobó la LAA debe ser tenido en cuenta.

En consecuencia, por las razones expuestas quienes llevamos más de 35 años en la comunicación local y ciudadana en Andalucía sabemos de la importancia del quehacer de las emisoras públicas locales y comunitarias en la construcción de consensos y el importante papel de dinamización social que cumplen y expresamos nuestro sentir contrario a la reforma. En este sentido y tras un largo y enriquecedor debate proponemos:

      • -Apertura de una mesa de diálogo para debatir los problemas del sector y el desarrollo de la LAA.
      • -Mantener el criterio de la gestión directa del servicio municipal de radio y televisión, única garantía para la prestación del servicio público establecido en la LGCA desde nuestros municipios y del cumplimiento de los derechos de acceso de la ciudadanía.
      • -Mantener la prohibición de las emisoras municipales de conectarse a cadenas privadas comerciales, cuyos fines están claramente diferenciados en la LGCA con los medios públicos. Las concesiones de frecuencia a municipios no pueden ser postes repetidores sin vinculación con el territorio y solo para beneficio a efectos de ingresos publicitarios de terceros.
      • -Mantener la obligación de los operadores comerciales, públicos y comunitarios de tener entre sus instalaciones estudios de continuidad y producción operativos en el territorio de cobertura, cumpliendo con las inversiones técnicas y de contratación comprometidas en las concesiones y facilitando en los casos previstos en la LAA el derecho de acceso a la ciudadanía.
      • -Que las ayudas destinadas a las emisoras públicas locales por la Consejería de Presidencia, Administración Publica e Interior se incrementen e incluyan a las prestadoras de servicios comunitarios bajo la garantía de estar obligadas a mejorar el servicio esencial que se presta atendiendo para ello a indicadores de rentabilidad social.
      • -Que se apoye el proceso de reversión de las emisoras municipales privatizadas y se busquen soluciones consensuadas urgentes que satisfagan los intereses municipales y de la ciudadanía. En este sentido debe habilitarse un plan de incentivos.
      • -Que la externalización solo puede afectar a la gestión publicitaria y a determinados programas patrocinados y nunca a espacios informativos o que pongan en riesgo el derecho de acceso.
      • -Declarar formalmente caducadas las licencias que no se hayan puesto en marcha en los plazos establecidos legalmente y que los ayuntamientos solicitantes de la reactivación de la misma estén obligados a renovar en la solicitud sus compromisos de inversión y proyecto técnico.
      • -Que se constituya el Consejo Participación Audiovisual de Andalucía previsto en la LAA: “órgano colegiado de naturaleza participativa, de carácter consultivo y asesor de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía, con la finalidad de garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de comunicación audiovisual prestados en el ámbito de aplicación de la presente ley” (Art.12).

 

pdfPosición de EMA-RTV frente a la modificación de la LAA630.04 KB

Enlaces con información fiable:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

Enlaces de verificadores:

https://factuel.afp.com/

https://blogs.publico.es/bulocracia/

https://www.factcheck.org/

https://euvsdisinfo.eu/

https://faky.be/fr

https://www.verificat.cat/

https://www.snopes.com/

https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/50001435

https://www.efe.com/objetos_app/efe_verifica/efeverifica.html

http://lab.rtve.es/las-claves/categoria/verificacion/

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/experta-verificacion-miryam-redondo-desenmascara-bulos-sobre-coronavirus/5501643/

https://maldita.es/

https://maldita.es/coronavirus/

https://www.newtral.es/

https://www.newtral.es/zona-verificacion/fakes/

https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/detalle/7104174/eitb-activa-servicio-participacion-ciudadana-desmentir-bulos-coronavirus/

https://firstdraftnews.org/

https://firstdraftnews.org/latest/how-to-investigate-health-misinformation-and-anything-else-using-twitters-api/

https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/lineas-accion/

https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/buenas-practicas/herramientas-detectar-fake-news_202001245e2a8b020cf20ef4411cffec.html

https://www.poynter.org/ifcn/

https://www.poynter.org/shop/fact-checking/curso-practico-de-verificacion/

https://www.lemonde.fr/verification/

https://toolbox.google.com/factcheck/explorer?pli=1

https://saludsinbulos.com/wp-content/uploads/2019/11/es-II-estudio-bulos-salud.pdf

https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/fake-news-bulos-y-contenidos-en-salud-una-tendencia-con-muchos-riesgos

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6633778

 

 

 

 

La pandemia del coronavirus ha traído de la mano una epidemia que, desgraciadamente, ya venimos observado en grandes acontecimientos (procesos electorales, catástrofes naturales…): la de la desinformación. Instituciones y medios de comunicación rigurosos se valen de periodistas, documentalistas y científicos para dar información fiable y hacer frente a la avalancha de rumores e informaciones falsas que no cesan y cuyo origen y motivación es muy diverso. La expansión de bulos sobre este nuevo virus alarma, estresa y en ocasiones pueden llevar a tomar decisiones peligrosas a personas vulnerables y a los que no distinguen bien la información fiable y consistente de aquella que simplemente parece verosímil. Una vez más, vemos que la conocida como trompeta de la desinformación se pone en marcha: los bulos y mentiras empiezan en canales o foros reducidos, pasan luego a redes sociales primarias, como grupos de WhatsApp o Telegram, para después tener vida propia en Twitter, Youtube o Facebook. Algunos acabarán en medios de comunicación.

Intervienen:

Manuel Aguilar, Unidad de verificación de noticias RTVE
Ángel Castillejo, Abogado y experto en comunicación
Rafael Díaz Arias, Analista en comunicación
Roberto Mendès, Analista en comunicación
José Ignacio Pastor. Presidente de ACICOM
Alejandro Perales, Presidente de AUC

Modera: Pedro Soler, Perodista de RTVE

 

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Enlaces con información fiable:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

Enlaces de verificadores:

https://factuel.afp.com/

https://blogs.publico.es/bulocracia/

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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6633778

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/experta-verificacion-miryam-redondo-desenmascara-bulos-sobre-coronavirus/5501643/


 

 

RETRASADO INDEFINIDAMENTE HASTA LA REAPERTURA DEL CONGRESO. El miércoles, 25 de marzo de 2020 a las 17:00h, en la Sala Ernest Lluch del Congreso, se celebrará el acto de presentación del documento Consenso y Concurso público. Están invitadas las organizaciones solciales firmantes del documento y asistirán representantes de los grupos políticos.

[El Confiencial 24/02/2020]

La renovación de Radiotelevisión Española vía concurso público sigue empantanada. Y eso que hace más de un año que el comité de expertos emitió su dictamen sobre los 95 candidatos admitidos y preseleccionó a 20, de entre los cuales Congreso y Senado tenían que escoger a diez. Pero sobrevinieron una catarata de recursos de los aspirantes y dos disoluciones consecutivas de las Cortes Generales. Ahora ya hay un nuevo Gobierno y una legislatura que quizá se prolongue, pero desatascar el relevo en la corporación no será sencillo. Porque las impugnaciones siguen pendientes de resolución, porque ahora hay 19 elegidos —la mejor puntuada, la exdirectora de 'Informe semanal', falleció el pasado 18 de enero—, y porque de ellos solo hay tres mujeres, por lo que es materialmente imposible que se respete la Ley de Igualdad, como exige la norma. El Ejecutivo de coalición busca por ello una solución "pronta" para promover los cambios en la cúpula de RTVE, salida que en paralelo también están trabajando los servicios jurídicos del Parlamento. La intención del Gobierno es no tocar la ley que reformó el procedimiento de elección del consejo de administración de la empresa pública, de 2017, aunque asume que quizá la fórmula pase por modificar la resolución de las Cámaras que dio vía libre al concurso.

Entretanto, la periodista Rosa María Mateo continuará, contra su voluntad, como administradora única de la corporación, cargo al que accedió en julio de 2018 después de un tortuoso proceso de elección. Una vez el Gobierno de Pedro Sánchez logró relevar a José Antonio Sánchez, cuyo mandato había vencido, se activó el concurso público, la herramienta pactada por PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos y reclamada por los consejos de informativos de la casa para darle una solución estable e independiente del poder político y del Ejecutivo de turno. Los grupos pactaron un comité de expertos de 17 miembros, presidido por Diego Carcedo, y pactó una baremación de méritos una vez ya se habían presentado las solicitudes. De los 95 candidatos admitidos, 20 pasaron el corte y fueron calificados como idóneos. Pero la puntuación emitida por los expertos irritó a algunos de los aspirantes por los duros comentarios vertidos sobre algunos de los proyectos de gestión presentados.

 

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