Es cierto que las radiotelevisiones públicas han sido muy cuestionadas en España durante toda la etapa democrática, fundamentalmente por dos motivos: su evidente “partidización”, cuando no gubernamentalización (véase al respecto el web Salvemos Telemadrid), y su descontrolado endeudamiento (a veces debido a un mal plan de financiación). Todo esto es verdad, pero también es cierto que la evolución de RTVE en los últimos años, tras la acertada reforma de 2006, prueba que podemos contar con medios públicos independientes y de calidad. Y, si no se hubiera emprendido la contrarreforma económica de 2009, también saneados.
El Real Decreto-ley 15/2012, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (¡15 decretos-ley en menos de cuatro meses!) supone la estocada final, tras meses de acusaciones infundadas, a los logros de estos años (elevados índices de audiencia, encuestas muy favorables y premios nacionales e internacionales) y un retroceso sin precedentes en la evolución de las políticas de comunicación en España. La decisión más grave es, sin duda, la posibilidad de que el Parlamento elija por mayoría absoluta al presidente de RTVE, lo que, en el contexto actual, se traduce en una vuelta a la designación gubernamental (la fórmula utilizada entre 1980 y 2006). Pero el asunto es aún más preocupante porque sucede lo mismo con los miembros del Consejo de Administración, que hasta el momento siempre han sido elegidos por mayoría de 2/3 de Congreso y Senado. Y, además, al reducir el número de miembros de este Consejo de 12 a 9 (que, salvo el presidente, ya solo cobrarán dietas) se decide prescindir de los designados a propuesta sindical, con lo que se elimina cualquier representación de colectivos profesionales y sociales en el órgano colegiado de gestión de RTVE.
El Gobierno ha justificado estas medidas tan extraordinariamente involucionistas por el bloqueo existente en la toma de decisiones esenciales para RTVE (entre ellas, la ejecución del espectacular recorte de más de 200 millones de euros de subvención pública previsto en los Presupuestos Generales del Estado). Resulta inadmisible que nuestros gobernantes no sean capaces de alcanzar un consenso para garantizar un funcionamiento digno de nuestras instituciones en general y de nuestros medios públicos, en particular. La pérdida de credibilidad de la clase política es una consecuencia de estas actuaciones y un indicador muy preocupante para el futuro de nuestra democracia.
Nos encontramos, pues, ante un ejemplo más (lo estamos viviendo paralelamente en Cataluña con la contrarreforma audiovisual en curso) de injerencia política/gubernamental en el sistema mediático, un fenómeno típico de los países mediterráneos, que tiene que ver con factores histórico-culturales como la larga pervivencia del feudalismo, el éxito de la contrarreforma católica o la tremenda duración de regímenes dictatoriales en pleno siglo XX. Lo alarmante es que estos comportamientos tan autoritarios, en vez de retroceder, se refuerzan.
Ante esto, el Observatorio de Políticas de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona solo puede reclamar al Parlamento español:
1.- La no convalidación de este real-decreto ley, por cuanto constituye una evidente amenaza a la independencia informativa de RTVE y, en última instancia, al pluralismo del sistema mediático español.
2.- La apertura de un debate serio sobre el futuro de los medios de servicio público, que contemple la recuperación de la financiación publicitaria y la incorporación de consejeros (y presidente) conocedores de la industria audiovisual, con sensibilidad hacia las misiones de servicio público y propuestos por colectivos sociales y profesionales, como sucede en democracias considerablemente más avanzadas y respetadas que la nuestra.
Isabel Fernández Alonso
Directora del OPC InCom-UAB
Enlace a la publicacion original en el Observatorio de Políticas de Comunicación
