Siendo la comunicación un eje transversal de las construcciones democráticas, tanto nacionales como globales, son imprescindibles la democratización y diversidad de las comunicaciones y de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la comunicación y la información.

2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo

Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red.
En el caso español, los procesos de concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta, la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya más canales servidos por los mismos operadores.
Las indeseadas derivas de la concentración global debieran ser objeto de tratamiento en instancias globales (ONU, Unesco, ICANN...) o supranacionales (UE…), sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. Asimismo, para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones locales y nacionales al intercambio global como la capacidad de denuncia en los tribunales de los abusos de poder. Igualmente, en el plano micro se trata de animar a la emergencia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad…

3. Desafíos para el Periodismo

En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos.
En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la dignificación, aplicación y actualización de los valores de la profesión.

Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reconocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente a poderes políticos y económicos y se regulaba un mínimo la actividad de las empresas de comunicación.

4. Amenazas en Internet

Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalización, privatización y mercantilización con la expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público. Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante tarifas globales.

Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular.
Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicación en Internet se han de reconocer los derechos de los internautas a la conexión, la privacidad, la obtención de nombres de dominio -especialmente relevante en las comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las transacciones o la homogeneidad de los protocolos.

Igualmente importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas; regulación de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda la ciudadanía en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades aceptables; derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura; ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas judiciales...

Estos derechos no son ajenos a los de los comunicadores profesionales, lo que facilita una eventual alianza para la libertad y calidad de la información, la comunicación y el conocimiento.

5. Deslegitimación del Servicio Público

La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social.

Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo. Para evitarlo, habrá que buscar esa cuantía en otra fuente de financiación que puede ser la publicidad (con condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a modificar la Ley de Financiación que le expulsó en 2010 del mercado publicitario.

6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa

La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias.
Las radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo.

Las radiotelevisiones locales también se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena.

Igualmente las emisoras comunitarias y del tercer sector están siendo legalmente maltratadas, y técnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias específicas. Se busca su acantonamiento en la red como una web más en la idea de que se diluya su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en Internet, su reconocimiento en el artículo 3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual exige una regulación acorde que no las convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su existencia que hoy no están garantizadas.

7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual

Los Consejos del Audiovisual son una de esas instituciones que pretenden ampliar el espacio público más allá del espacio de la Administración y generar valores colectivos que emanan de un discurso colectivo de construcción democrática y social, con atención especial al pluralismo y la calidad.

Comparativamente con otros países europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado.

Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos también en las Comunidades Autónomas.

En suma, propugnamos:

1. la democratización de las comunicaciones
2. la efectiva concreción de los derechos sociales a la información y a la comunicación y la definición de unos derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura
3. la puesta en pie de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la concentración, tanto en la red como en las industrias culturales
4. la aprobación de un estatuto de la profesión periodística y del derecho de información
5. la defensa y viabilidad de los servicios públicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas
6. el apoyo explícito a la comunicación de proximidad de las radiotelevisiones locales y la comunicación social de las emisoras comunitarias
7. la puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.

En Tarragona a 20 de enero de 2012

A propuesta de más de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la comunicación y la cultura:

Miquel de Moragas (UAB)
Enrique Bustamante Ramírez (UCM)
Armand Mattelart (Paris VIII. Francia)
Emili Prado (UAB)
Ramón Zallo (UPV/EHU)
Enric Marín (UAB)
Ana Azurmendi (UNAV)
Mònica Terribas (UPF)
Francisco Sierra (US)
Josep Gifreu (UPF)
José Manuel de Pablos (ULL)
José V. Idoyaga (UPV/EHU)
Rosa Franquet (UAB)
Luis A. Albornoz (UC3M)
Margarita Ledo Andión (USC)
Ramón Reig (US)
Concepción Mateos (URJC)
José Luis Piñuel Reigada (UCM)
Mª Luisa Humanes (URJC)
Jesús Timoteo Álvarez (UCM)
Mª Trinidad García Leiva (UC3M)
Juan Carlos Miguel (UPV/EHU)
Juan José Igartua (USAL)
Juan A. García Galindo (UMA)
Bernat López (URV)
Guillermo Mastrini (UNQ) (Argentina)
Amparo Huertas Bailén (UAB)
Andreu Casero Ripollés (UJI)
Ángel Badillo Matos (USAL)
Félix Ortega Mohedano (USAL)
Josefina Sánchez (UCAM)
Aurora Labio Bernal (US)
Carmen Peñafiel (UPV/EHU)
Cristina Cullell March (UJI)
Elena Oroz (URV)
Fernando Peinado Miguel (UCM)
Jordi Farré (URV)
Jorge Mirabal (UCM)
José A. García Avilés (UMH)
Jose Alonso Seco (URJC)
José María García de Madariaga (URJC)
Josetxo Cerdán (URV)
Juan Carlos Águila (UCM)
Juan Ignacio Gallego Pérez /UC3M)
Mª Begoña Zalbidea Bengoa (UPV/EHU)
Mª de la Peña Mónica Pérez Alejos (USAL)
Manuel Fernández Sande (UCM)
Mar Binimelis Adell (URV)
Marcial Murciano (UAB)
Marta F. Fuertes Martínez (USAL)
Miguel Fernández Labayen (UC3M)
Miguel Vicente Mariño (UVa)
Nekane E. Zubiaur (UPV)
Núria Araüna (URV)
Pablo López Rabadán (UJI)
Patricia Corredor (URJC)
Roberto de Miguel (URJC)
Alazne Ayestaran Yarza (UPV/EHU)
Alberto Ardébol Abreu (ULL)
Alejandro Álvarez Nobell (USJ)
Alejandro Barranquero (UC3M)
Ana Fernández Viso (UAB)
Sagrario Beceiro (UC3M)
Victor M. Silva Echeto (UVa)
Ana I. Segovia (UCM)
Antonio Castillo Esparcia (UMA)
Antonio García Jimenez (URJC)
Arroyo Álvarez (URJC)
Carmen Echazarreta (UdG)
Carmen López Sánchez (UA)
Carmina Crusafon Baqués (UAB)
F. J. Paniagua Rojano (UMA)
Fermín Galindo (USC)
Isabel Fernández Alonso (UAB)
Isabel Ruiz Mora (UMA)
J. Miguel Túñez López (USC)
Javier Heredia (UC3M)
Javier Marzal Felici (UJI)
José Ramón Rodríguez Polo (URJC)
Juan Ramos Martín (USAL)
Julio Montero (UCM)
Laura Fernández Ibargüen (UC3M)
Miguel A. Casado (UPV/EHU)
Miguel Álvarez-Peralta (UCM)
Milena Zoppeddu (UAB)
Nerea Vadillo Bengoa (USJ)
Pepe Martínez Sáez (UCH-CEU)
Raúl Magallón (UC3M)
Rebeca Amieva de la Vega (URJC)
Victoria Tur Viñes (UA)
Arantza Gutiérrez Paz (UPV/EHU)
Cristina Peñamarín Beristain (UCM)
Felicidad Loscertales (US)
Fernando Bustamante (UNSa)
Araceli Rodríguez Mateos (URJC)
Héctor Fouce Rodríguez (UCM)
Hughe O’Donnell Glasgow Caledonia
Isabel M. Barrios Vicente (USAL)
Isabel Sarabia (UCAM)
Jessica Izquierdo Castillo (UJI)
Jessica Retis (CSUN)
José Luis Terrón Blanco (UAB)
José M. Sanmartí (UC3M)
Josep Angel Guimerá (UAB)
Juan Francisco Gutiérrez Lozano (UMA)
Manuel Martínez Nicolás (URJC)
Marina Mantini (UCM)
Mónica Jiménez March (UPF)
Núria Reguero Jiménez (UAB)
Patricia Marenghi (USAL)
Rodrigo Gómez García (Univ autónoma metropolitana. Mexico)
Marina Hernández Prieto (USAL)
Silvia Olmeda Salar (UMA)
Vicente Rodríguez (UC3M

Descargar MANIFIESTO POR EL CAMBIO CULTURAL Y COMUNICATIVO (294.41 kB)