Y es que los populares temen que la urgencia del Ejecutivo en poner en marcha en el CEMA esconda su intención de dejar atado el control de los medios de comunicación antes de hacer las maletas tras las próximas elecciones. Hay precedentes. Es una práctica que los socialistas ya han empleado con la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
De hecho, el PP ha hecho cuentas. "Se trata de nombrar a los consejeros, aunque sea por mayoría simple, antes del fin de la legislatura. Así ocuparían un organismo regulador más antes de abandonar el poder", lamentan fuentes internas del partido. Según establece la ley, el CEMA estará formado por un presidente y seis consejeros, que serán nombrados por el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados. Los aspirantes deben recibir en una primera votación el visto bueno de tres quintos de la Cámara Baja. Si no lo logran, el Ejecutivo puede presentar los mismos candidatos dos meses después. Entonces sería suficiente con mayoría simple. Esa parece ser la apuesta.
"Estamos convencidos de que el planteamiento del Ejecutivo es realizar los contactos con los grupos parlamentarios en las próximas semanas y plantear una primera votación antes de que acabe el periodo de sesiones, a finales de junio -explican estas fuentes-. Si no salen adelante los nombres que proponga, siempre pueden plantear una segunda votación a principios de septiembre, en la que bastaría una mayoría simple. A partir de ahí, sesión constitutiva del CEMA y reglamento de régimen interior antes de final de año. Y organismo 'blindado' antes de los comicios".
La Ley General Audiovisual, que entró en vigor en mayo de 2010, recoge la figura del CEMA como autoridad independiente con competencias reguladoras sobre la actividad audiovisual de cobertura estatal. Un organismo visto con recelo por muchos medios, en tanto temen que pueda traer un cierto intervencionismo al sector. El Gobierno acordaba el pasado 3 de junio impulsar su constitución y aseguraba que su puesta en marcha supone "una garantía de independencia y neutralidad", recordando que una de sus funciones en actuar en defensa de los espectadores y, muy especialmente, de los menores. Las asociaciones de periodistas y las televisiones advertían de la necesidad de que los consejeros sean elegidos "con rigor".
Reguladores sin consenso y sin credibilidad
El Gobierno no encontrará el consenso del PP para nombrar a los miembros del CEMA, con lo que en un año podría darse al traste con todo lo que haga el Ejecutivo en estos meses hasta la celebración de los comicios. El responsable económico de los populares, Cristóbal Montoro, se ha quejado repetidamente de que el Gobierno está intentando "dar salida" a algunos de los suyos en los coletazos de la legislatura y ha lamentado el nivel de injerencia política en sectores estratégicos de la economía. Razones por las que ha dejado claro que el PP no respetará los nombramientos que el PSOE acometa; la idea de los populares es cesar a todos los consejeros que se elijan ahora si accede al poder.
"Nosotros no hemos pactado nada sobre los organismos reguladores y no lo vamos a hacer. Apostamos por un modelo en el que prime la independencia y el Gobierno ha recurrido a cargos públicos vinculados al PSOE para cubrir las vacantes en los supervisores de las telecos y la energía. Son órganos sin ninguna credibilidad", insistía a este diario un alto cargo del PP tras el nombramiento la semana pasada de Alberto Lafuente, presidente de Correos, como máxima autoridad de la CNE. El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernaldo Lorenzo, encabeza ahora la CMT. Un tránsito poco estético. De hecho, desde el PP se ha apostado desde el principio por integrar el CEMA en el regulador de las telecomunicaciones, con el fin de ahorrar costes.
No en vano el nuevo Consejo debe cumplir por ley el Plan de Austeridad 2011-2013 aprobado por el Consejo de Ministros y que implica que no puede suponer un incremento del gasto. Una limitación que hace que su alumbramiento se produzca por definición en precario. Requerirá de los servicios técnicos del Ministerio de Industria y tendrá que reunirse en el de Presidencia. A la vista de los Consejos Audiovisuales que operan en algunas comunidades autónomas, es difícil pensar que el coste sea cero. Por ejemplo, en Cataluña, se lleva 9,5 millones de euros; en Andalucia, 7,8. Sin contar consejeros a 120.000 euros anuales más coche y dietas.
