Entre sus principales aspiraciones está cambiar el modelo de financiación impulsado por el Ejecutivo socialista, que a instancias de las cadenas privadas eliminó la publicidad de la televisión pública desde enero de 2010.
“Los grupos se formaron hace tres semanas. En ellos están los cuatro consejeros del PP y otras figuras relevantes de dentro y de fuera de la casa. En el germen de su constitución estuvo la secretaria general. El debate va desde cuestiones técnicas a la financiación de la televisión pública, pasando por su organización. La idea es aflorar alternativas al modelo actual para que sea luego Génova quién decida”, explican estas fuentes. De Cospedal parece hacerse fuerte en el sector audiovisual y se perfila como la De la Vega de Rajoy. Ya en septiembre abrió el debate sobre la privatización de las cadenas autonómicas, tras recordar los 500 millones que han costado en cinco años la televisión y radio públicas en Castilla-La Mancha.
La principal vuelta de tuerca del PP al actual modelo pasa por recuperar parcialmente la publicidad para financiar la Corporación. ¿Objetivo? Desarrollar una fórmula mixta. “Trabajan en la idea del patrocinio. Buscar un anuncio de entrada y otro de salida de ciertos programas -explican fuentes de la casa conocedoras del plan-. No quieren volver al modelo de bloques publicitarios, sino que ofrecerían espacios muy seleccionados y, obviamente, mejor pagados. Así se conseguiría, por un lado, no soliviantar ni a las privadas ni a los espectadores, que se han acostumbrado a una parrilla sin anuncios. Y, por otro, lograr otras fuentes de ingresos para no depender exclusivamente de la tasa impuesta a las telecos y las televisiones”.
El PP quiere evitar que el déficit presupuestario se convierta en un problema crónico para la Corporación. Y no se fía de un procedimiento en que los ingresos dependen sobre todo de las liquidaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). RTVE asumió un saldo negativo de 47,1 millones en 2010, agujero que justificó por una estimación errónea de los pagos de las telecos y las cadenas privadas. También de la facturación por la tasa sobre el espacio radioeléctrico. La ley establece que la pérdida de ingresos por publicidad en RTVE se compensa por una tasa a las cadenas privadas del 3% de sus ingresos brutos, canon que es del 1,5% en las televisiones de pago y del 0,9% en las empresas de telecomunicaciones.
“La aportación de 2010 está en revisión. Puede que la CMT admita el desfase y finalmente ajuste la cantidad entregada. Si no, es verdad que el Estado tiene que hacerse cargo del déficit. El problema es que el procedimiento es lento y establece un alto grado de incertidumbre. Puede provocar una falta de liquidez puntual que hasta complique el pago de las nóminas en el cuarto trimestre del año. Sin contar con que Bruselas puede tumbar el modelo. Lo que ha trasladado el PP es que quiere diversificar las fuentes de ingresos para tener un colchón financiero. Para ello, es imprescindible modificar la Ley de Financiación en cuanto lleguen al poder”, aseguran fuentes internas de la Corporación.
El “difuso estatus” de Oliart
El Partido Popular da por sentada la salida en 2012 del actual presidente, Alberto Oliart. El ex ministro de Defensa accedió a la presidencia a finales de 2009 en sustitución de Luis Fernández, que dimitió de su cargo a mitad de mandato. “Su estatus es difuso, pero en su día se dio a entender a la cúpula de RTVE que Oliart sería un hombre de transición: cumpliría los tres años que le restaban a Fernández y luego abandonaría el cargo”, explican fuentes de la casa. Para evitar indefiniciones de esa índole en el futuro, la intención del PP es también introducir cambios en la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, norma que ya sufrió el voto negativo de los populares en el Congreso.
Con el papel de los sindicatos en el alero. La conocida como Ley de reforma de RTVE también establece que la gestión de RTVE corresponde a un Consejo de Administración integrado por 12 miembros. Diez son elegidos a propuesta de los partidos políticos, mientras que dos consejeros se someten a la votación del Congreso tras ser designados por los sindicatos mayoritarios. Una situación que el PP preferiría retocar. “Se argumenta que los sindicatos no están en el Consejo de casi ninguna televisión pública europea. Pueden ejercer un cierto control desde órganos asesores, pero hay serias dudas sobre su presencia en el máximo órgano de representación de la casa”, subrayan estas fuentes.