Floriano dijo en rueda de prensa que TVE «se nutre de una manera importante de los Presupuestos Generales del Estado para cubrir un servicio público» pero este «dinero de todos se está poniendo al servicio del interés particular» del Gobierno y del Partido Socialista. «Esto no deja de ser una manera de malversar fondos públicos», añadió.
Dijo que «el PP ha tratado de objetivar» estas acusaciones minutando el contenido de las informaciones y haciendo un seguimiento del número de días en los que se tratan determinados temas.
RTVE «defiende el trabajo de todos sus profesionales» en un comunicado en el que recuerda que sus Telediarios llevan «42 meses seguidos siendo los preferidos por la mayoría de los españoles, que valoran su rigor e independencia
». El Ente Público insiste en el comunicado en los criterios profesionales y el principio de pluralidad en el que se basan las informaciones y añade que la acusación del PP «es infundada».
Tras definir lo que significa malversación y explicar , entre otras cosas, que requiere sustracción o «consentir que otro sustraiga caudales públicos», añade: «El rigor es exigible a todos».
Comunicado de la dirección de RTVE
La dirección de RTVE defiende el trabajo de todos sus profesionales y de forma especial de quienes trabajan en informativos, que han conseguido que los Telediarios lleven 42 meses seguidos siendo los preferidos por la mayoría de españoles que valoran su rigor e independencia.
Determinadas acusaciones no se sostienen al comprobar cómo se tratan todos los asuntos de actualidad: siguiendo el principio de pluralidad y con criterios enteramente profesionales.
Son esos principios los que, simplemente, llevan a recordar que invocar un tipo penal como el de malversación de fondos para hacer un uso político de la información está totalmente fuera de lugar. Además de ser una afirmación infundada, este delito exige como requisito fundamental, entre otros más, la sustracción de los caudales públicos, o consentir que otro los sustraiga. Sustracción equivale a apropiación sin ánimo de reintegro. Además, la conducta ha de adjudicarse a una persona concreta que sea la que se haya apropiado o haya permitido a otro apropiarse del dinero público. El rigor es exigible a todos.
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