Desde agosto, hemos intentado trabajar discretamente, sin remuneración alguna, sin apenas apoyo administrativo salvando el trabajo de una eficiente letrada del Congreso, para desarrollar la labor de regeneración, responsabilidad y rigor del servicio público de RTVE encomendada. Y nuestros debates han sido educados, llegando sin muchas dificultades a acuerdos unánimes o generales sobre el baremo a aplicar para ayudar a seleccionar de entre el casi centenar de candidatos.
Para entender la novedad de nuestra labor, es preciso recordar que desde el Estatuto de 1980 hasta la ley de 2006, los partidos se repartieron el consejo de administración por cuotas políticas y los Gobiernos, de UCD, el PSOE o el PP, nombraron a dedo a los directores generales, primando a los militantes fieles, aunque no tuvieran formación ni experiencia en el audiovisual. El resultado no fue solo la manipulación y la censura sistemáticas sino también etapas nefastas de gestión que deterioraron el servicio público, en su imagen pública y en su eficacia de gestión y su situación financiera. Con el corto paréntesis del Gobierno de Rodríguez Zapatero (2006-2011) en que la exigencia de dos tercios de los votos obligó al consenso entre Gobierno y oposición, aunque las cuotas partidistas continuaran, la contrarreforma del Gobierno de Rajoy al permitir otra vez los nombramientos por mayoría gubernamental propició un nuevo período de manipulación y deterioro de la autonomía y prestigio de RTVE.
El comité de expertos para RTVE constituye un notable precedente para solucionar esa enfermedad endémica. Aunque propuestos por los grupos parlamentarios, muchos de nosotros no militamos en ningún partido, y entendemos que nuestra función no es primar a los candidatos preferidos por ninguno de ellos sino elegir a los mejores, a los más capacitados —de todo el abanico ideológico—, para la gestión del servicio público y su control.
Sin embargo, nuestra labor está siendo dificultada por acontecimientos que no podemos ni debemos silenciar. Contra toda doctrina del concurso público, se han dado nuevos plazos de subsanación de los currículos de los candidatos e incluso de los proyectos de gestión que debían presentar cuando ya se había publicado el baremo. Y, sobre todo, la Mesa del Congreso y del Senado ha aceptado contradictoriamente la reclamación de tres candidatos que no cumplían la condición esencial del concurso, estar en posesión de un título universitario, lo que, además de retrasar nuestro trabajo, puede propiciar una avalancha de recursos e impugnaciones. Pero el Parlamento que nos nombró tampoco nos ha brindado apoyo jurídico y moral ante los ataques a la “plena autonomía” que nuestro mandato legal promete.
Nuestra tarea se está viendo entorpecida por una campaña de cierta prensa, digital y analógica, que deja traslucir múltiples intereses para impedir esta reforma democrática de RTVE. Se agitan supuestas fracturas en el comité, se levantan increíbles acusaciones de incompatibilidad de algunos de sus miembros, se propugnan teorías conspiratorias que pretenden paralizar nuestra labor. En particular, se ha desarrollado un aluvión de falsas noticias contra Carmen Caffarel por aceptar un “cargo político” e incluso por evaluar a sus compañeros del consejo de administración de RTVE-Madrid. La inmediata reacción en esta entidad, por desorientación o mala fe, parece peregrina desde una radiotelevisión pública autonómica que debería intentar superar una larga historia de gubernamentalización, de partidismo y manipulación.
Más allá de los antecedentes internacionales del servicio público, nuestro precedente fundamental es el código de buenas prácticas de los museos y centros de arte, que exige patronatos de expertos y miembros de la sociedad civil y directores elegidos por expertos en concurso público, condiciones que, aun con resistencias, se están aplicando ya generalizadamente al mundo del arte. Pero el servicio público de comunicación es tan delicado y socialmente trascendental como la cultura. El éxito de nuestro comité abriría un camino inédito de independencia y regeneración para todas las actividades del servicio público.
Es justamente este valor el que parece molestar a algunos intereses inconfesables, políticos y económicos, que prefieren con mucho el antiguo régimen de designaciones gubernamentales y partidistas. Quizás para poder seguir acusando al servicio público de falta de independencia, mientras esperan su vuelta al poder.
