EDITORIAL "EL PAÍS"

La reforma de la ley de RTVE, que obliga a los grupos parlamentarios a un consenso a la hora de elegir a su presidente, es una oportunidad para que la radio y la televisión pública no sea nunca más un apéndice del Gobierno ni actúe como correa de transmisión del partido en el poder. El nuevo texto, aprobado este jueves en el Congreso, es un aval para devolver a RTVE la independencia, preservar el pluralismo y recuperar la credibilidad.

Pese a la intentona del PP de establecer cambios destinados a favorecer sus propios intereses en detrimento del resto de los grupos, el Congreso ha sabido enmendar la plana. De nada le ha servido a los populares el ridículo juego de alterar con su aplastante mayoría en el Senado un acuerdo alcanzado tres meses antes por unanimidad en la Cámara baja. La cultura del pacto exige coherencia, no puede ser coyuntural.

A tenor del acuerdo pactado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, el nuevo presidente deberá contar con el respaldo de dos tercios de los votos del Congreso, lo que obligará a consensuar su nombre. Incluso en el caso de que el candidato propuesto no alcance esa mayoría cualificada y haya que recurrir a una segunda votación —para la cual solo será necesaria la mayoría absoluta y el visto bueno de al menos la mitad de los grupos parlamentarios— será necesario el acuerdo.

A partir de ahora, los grupos parlamentarios tienen por delante una tarea considerable: establecer los mecanismos para el que nuevo consejo de administración de RTVE, incluido su presidente, sean nombrados conforme a criterios profesionales. Es necesario acabar con las afinidades políticas a la hora de designar a los gestores de la radiotelevisión pública. Y es urgente desalojar de sus puestos a los actuales directivos de la corporación y renovar a un consejo de administración que cuenta con miembros cuyo mandato ha expirado hace varios años.