Esto es lo que exige la ley aprobada en septiembre del año pasado y que se ha retrasado por la falta de empuje del Partido Socialista, que pretende volver a la fórmula de elección por consenso de la etapa Zapatero. Mientras tanto, el Partido Popular calla, pero no otorga. La demora en el cumplimiento de los plazos previstos y el embrollo jurídico al que ha conducido una redacción precipitada de la ley le permiten continuar con un mandato fuertemente cuestionado en su modelo de gestión y en el tratamiento de los contenidos informativos. Sin un acuerdo por parte de la oposición, el PP puede campar a sus anchas en RTVE durante un período de tiempo que, en este momento, se antoja imprevisible por las diferentes interpretaciones que puede tener la ley.
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