Comunidad Valenciana
El caso valenciano es el paradigma de la destrucción del servicio público y de las dificultades para su recuperación. Saqueo de los recursos públicos, plataforma para la corrupción, propaganda sistemática que, junto con una programación de ínfima calidad, redunda en la desafección social. Y finalmente el cierre traumático.
Fueron los académicos de Periodismo y Comunicación Audiovisual los que aglutinaron a distintos sectores, incluido el industrial, en la Mesa del Sector Audiovisual (MESAV) para concienciar a la sociedad y a los políticos del carácter imprescindible para cohesión social de los medios audiovisuales públicos. Su propuesta “Hacia un nuevo espacio audiovisual” sirvió de base para la Ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana, una vez que el nuevo gobierno PSOE-Compromís asumió la recuperación del servicio público.
El servicio público se encomienda a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que lo ejerce a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación. Nótese que los medios ya no se califican de audiovisuales, lo que indica una orientación multimedia. De hecho, el medio resultante es A Punt Media, en una denominación de la que desaparecen las referencias a la radio y la televisión.
Experiencias positivas. Una nueva gobernanza, con una mayor representación social en los órganos de gobierno, exigencias de capacitación y consenso parlamentario. Transparencia en la gestión y las cuentas. Y, sobre todo, concurso público para elegir al Director General, máximo ejecutivo de la Sociedad y el medio, A Punt Media, en función de su curriculum y el proyecto presentado. Las Cortes Valencianas ya han elegido al Consejo Rector, al Presidente y por concurso a la Directora General. Hay una convocatoria para constituir el Consejo Ciudadano y está en trámite legislativo la Ley del Consejo Audiovisual.
Con todo, solo han empezado las emisiones de radio con horario limitado con programas externalizados. En la recuperación las dificultades han residido en la herencia de la RTVV y en la polarización política.
La Generalitat ha tenido que asumir la deuda de 1.400 millones; el coste de liquidación de la RTVV y del organismo fantasma creado por Fabra en el último momento asciende a 200 millones; la amortización del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a proveedores suponen 800.000 € anuales... En resumen, el presupuesto se queda en 55 millones, con unos raquíticos 10 € anuales por habitante.
Mayor problema supone la polarización política. La derecha mediática ha declarado la guerra a A Punt Media y las condiciones ventajosas para los antiguos trabajadores de RTVV a los concursos de selección de personal han dividido a los profesionales.
Comunidad de Madrid
Telemadrid o Radio Televisión Madrid, siguió el mismo camino que la RTVV (corrupción, manipulación, irrelevancia) y un ERE casi total la dejó al borde del precipicio. El caos que siguió al cierre de la radiotelevisión valenciana posiblemente evitó su cierre. Las nuevas condiciones políticas después de las elecciones de 2014 propiciaron un aparente consenso político para eliminar la manipulación y regenerar Telemadrid. Fruto de ese relativo consenso es la Ley 8/2015 de Madrid, que ha permitido la creación de una nueva sociedad anónima de capital público.
En el Consejo de Administración se sientan ahora consejeros propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales, profesionales y del ámbito de la comunicación madrileñas, elegidos por consenso parlamentario. Entre esos consejeros propuestos por organizaciones (en su caso la Asociación de Usuarios de la Comunicación) se encuentra Alejandro Perales, uno de los ponentes en nuestro seminario.
El Director General también ha sido elegido por concurso público, convocado y resuelto por el Consejo de Administración y ratificado por la Asamblea, pero con la abstención de Podemos. La premura con que se resolvió el concurso, en poco más de tres horas, suscitó todo tipo de sospechas y dio lugar a un recurso contencioso-administrativo de uno de los candidatos excluidos.
El Consejo de Administración ha elaborado su Carta Básica, refrendada por la Asamblea de Madrid, a modo de Acuerdo Marco por 9 años. La prioridad de la nueva Telemadrid ha sido, en primer lugar, recuperar la neutralidad de los informativos, y volver a la información local y a ser referente para los eventos acaecidos en Madrid. Comienza a recuperarse la producción propia y se ha contratado a una parte de la plantilla despedida. Por el momento -dijo Perales- no se puede renovar a fondo la programación, aunque el entendimiento de la nueva dirección es también dar el giro multimedia. Los datos de audiencia indican una ligera mejoría y una buena respuesta a las cobertura en directo.
Extremadura
La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales nació en el 2000 y actualmente está regulada por la Ley 3/2008 de Extremadura. Forma parte de la última generación de organismos autonómicos low cost -Urbano Garía dixit– caracterizados por sus bajos presupuestos y su apuesta por la externalización. La Ley encomienda el servicio público a dos sociedades públicas, de radio y televisión, ahora fusionada en una única.
La Ley, anterior a las demandas de participación social, basa su gobernanza en el consenso parlamentario (2/3 consejeros, 3/5 Director General) e incluye en su art. 7.2 una disposición tan llamativa como la que los grupos parlamentarios puedan sustituir durante su mandato a los consejeros que hayan propuesto, una norma que en la práctica viene a consagrar un mandato imperativo, a mi juicio incompatible con la gestión independiente que necesita una rtv pública.
Lo notable de Canal Extremadura, la marca con la que opera la Corporación Exteremeña, es la decidida apuesta de su equipo directivo por un modelo multimedia, local –hiperlocales para ser globales, en palabras de Urbano García- y de participación social. Desde el punto de vista organizativo se rompen las fronteras entre radio, televisión y medios interactivos en una estrategia multiplataforma, en la que los contenidos generados por los usuarios tengan un importante papel.
Lecciones, de lo estatal a lo autonómico y viceversa
Las autonómicas como test. La RTVE de 1980 fue el modelo para las grandes autonómicas, con sus virtudes y defectos, los más notables la falta de independencia y la insostenibilidad en un régimen de concurrencia comercial. Luego la reforma de 2006 supuso un modelo para mejorar el pluralismo en algunas autonómicas y después la involución de 2012 también tuvo su reflejo. En este sentido, el caso catalán es paradigmático. Las nuevas autonómicas surgidas de las cenizas de la corrupción y la manipulación (Valencia, Madrid) son campo de pruebas de un nueva gobernanza, con mayor consenso y participación social. Un caso como el de Canal Extremadura es una magnífica ocasión para ensayar la transformación del servicio audiovisual en servicio multimedia.
Las dificultades de conciliar consenso político, participación social y competencia profesional. Todas las reformas pasan por reforzar el consenso parlamentario para nombrar a los órganos de gobierno. La participación social en la gobernanza puede hacerse delimitando las organizaciones sociales proponentes de los consejeros, pero desvinculando absolutamente su ejercicio de las organizaciones. Para los órganos asesores, como el Consejo de la Ciudadanía de Valencia, hay que abrir cauces para que sean los propios ciudadanos los que puedan proponer sus propias candidaturas.
No confundir control con gestión. Lo que no tiene ningún sentido es seleccionar a los gestores por concurso de méritos y proyecto y luego proceder a un nombramiento parlamentario, que puede ratificar o no al seleccionado en el concurso. Insisto una vez más que los consejeros de administración no son gestores, son orientadores y controladores, es al director general, máximo gestor ejecutivo el que tiene que ser elegido por concurso por el consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
Alianzas sociales. El cambio tiene que ser impulsado por la Academia, movimientos y organizaciones sociales y profesionales. Es difícil, pero el caso de Valencia ha sido ejemplar.
Transparencia. Los tres participantes en el seminario insistieron en la importancia de una gestión transparente, que supere incluso las exigencias de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los portales de transparencia son todavía bastante limitados.
Comunidad y servicio. Conocer mejor a la audiencia para servirla mejor; centrarse en el propio ámbito autonómico y cubrir los huecos locales sin cobertura mediática; contar con el público como creadores de contenidos; reforzar el derecho de acceso. Olvidémonos del share.
Multimedia e innovación. Dar a cada uno los contenidos que mejoren su vida, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Buscar productos innovadores. Pero no olvidar que la ventaja diferencial es contar con los “viejos” medios masivos, que siguen delimitando el espacio público. ¿Qué consecuencias tendría para la población rural envejecida eliminar la radio de las ondas para llevarla a un canal por streaming
Recuperar a los jóvenes. Pero, ojo, no perder a los mayores.
Inmediatez en la información, pero también contenidos intemporales.
Tejido audiovisual. Los organismos autonómicos tienen que volver a ser los dinamizadores del sector audiovisual. Pero nunca más bombear dinero público a los amiguetes. Las externalizaciones tienen ser transparentes y los concursos (como hace Canal Extremadura) incluir una claúsula social. Externalizar los informativos es perder la independencia informativa.
Sinergias estatales-autonómicas. Los convenios de cooperación entre estos organismo y RTVE son un factor esencial de sostenibilidad. Nunca más competidores, sino colaboradores. Cabe citar como experiencia positiva que el Centro Territorial de RTVE se ubicará en la sede de la nueva CVMC en Burjasot.
