A regulatory authority is an important element of broadcasting and has a role to play in protecting media freedom. But that protection requires a commitment to impartiality, independence, and transparency.
By Desilon Daniels
While broadcast regulators can look differently across the world, they should primarily aim to act in the interest of the public. This public service can look like the protection of children’s interests, such as in New Zealand where its regulator, the Broadcasting Standards Authority, has set out standards that ensure “children can be protected from broadcasts which might adversely affect them.” Broadcast regulators can also protect the media market from unfair competition and the threats of monopolisation, encourage cultural identity, and act as mediators between broadcasters and the publics they serve.
But strong governance mechanisms are necessary if broadcast regulators are to adequately meet public service goals. The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) is an example of an effective broadcast regulator, with mechanisms in place to better insulate its independence from political and private interests. Its independent Commission “operates at arm’s length from the federal government” and oversees the regulation and supervision of broadcasting and telecommunications in the public interest. The Commission reports to Parliament through the Minister of Canadian Heritage. “As an independent organization, the CRTC works to serve the needs and interests of citizens, industries, interest groups and the government,” the regulator says.
[Infolibre]
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) critica en su último informe el cambio legislativo que hizo en 2012 el Gobierno de Rajoy para elegir por mayoría simple al presidente de RTVE. "La intencionalidad política tras la modificación estaba clara", explica Stephen Whittle, miembro de esta organización y ex director de Política Editorial en la BBC.
Según Whittle, "Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, explicó que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era 'claramente en contra del Gobierno'". Para el IPI, el nuevo sistema de elección "sienta un precedente peligroso", entre otras cosas porque "los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública".
Las principales observaciones de Whittle son:
— La preocupación por la politización de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de España, crece a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones a nivel nacional, autonómico y local.
— Que el Gobierno de España haya modificado el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE crea un peligroso precedente que debería eliminarse.
— La visita de la misión internacional expuso fallos políticos evidentes que el Partido Popular, que gobierna actualmente, justificó diciendo que el cambio en el procedimiento era necesario en vista de la «información antigubernamental» de la corporación pública.
— El Gobierno debería implementar un organismo regulador independiente y específico para el sector audiovisual, de acuerdo al propósito original de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.
— Es inusual que el Gobierno conceda licencias de televisión y su reciente decisión de concederlas en fechas tan cercanas a las elecciones nacionales puede ser problemática.
Más información: http://www.freemedia.at/newssview/article/la-independencia-de-la-radiotelevision-publica-de-espana-en-duda-mientras-el-pais-se-dirige-a-la.html
Por su interés, reproducimos el comunicado que nos envían desde ULEPICC-España, asociación de docentes e investigadores de la comunicación cuyo objetivo es contribuir a la reflexión crítica.
El Consejo de Administración de RTVE se reunió de urgencia el viernes 23 se septiembre para revocar su decisión anterior de acceso de los consejeros al sistema de edición de noticias que utilizan los informativos de TVE. Una decisión que nunca debería haber tomado y que, como no podía ser de otra manera, ha suscitado un amplio rechazo. No es un dato menor que la medida fuera rápidamente resistida por trabajadores y trabajadoras de RTVE y criticada por profesionales, políticos y la opinión pública en general.
La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia supervivencia de la radiotelevisión pública.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con 196 a favor, 129 en contra y 7 abstenciones, una moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que insta al Gobierno a garantizar la independencia en RTVE.
La iniciativa solicita al Ejecutivo la aportación de los medios y recursos precisos para que los grupos parlamentarios constituyan inmediatamente una mesa de trabajo para establecer las bases del concurso público por el que se elegirá al futuro presidente de la Corporación y para decidir la composición del comité de expertos que evaluará las candidaturas presentadas.
La medida contempla que este concurso tendrá en cuenta el currículum acreditado por los aspirantes, así como el proyecto a medio-largo plazo que aporten y las propuestas económicas y de gestión pertinentes para cumplir con el mandato de servicio público encomendado a RTVE.
Además, pide que se promueva un proceso que defina un nuevo modelo de radiotelevisión pública que garantice el pluralismo, la transparencia en la gestión y la independencia política y económica.
Asimismo, la moción exige que se incluyan mecanismos de participación ciudadana vinculante y de representantes de la sociedad civil para garantizar la protección de los derechos humanos y sociales de la población y sus minorías, además de nuevos procesos necesarios para garantizar la independencia de los directores de informativos.
La iniciativa también exige que se estudien vías de financiación estables y suficientes para garantizar la solvencia económica de RTVE, para evitar cualquier tipo de tendencia a la externalización y privatización de los servicios.
[La Opinión]
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, advirtió ayer de las "injerencias políticas en la línea editorial de las radiotelevisiones públicas" europeas, que amenazan su independencia. En un artículo sobre esta cuestión publicado en su página web, Muiznieks constató "una tendencia caracterizada por las amenazas a la independencia de las radiotelevisiones públicas y a sus órganos de regulación".
Es la misma conclusión a la que había llegado la plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo, creada en 2015 para alertar de posibles problemas concretos. El comisario hizo mención, entre otros casos, a "las designaciones políticas en la presidencia de las cadenas de televisión públicas en España", así como otras acciones que "influyen en la independencia y el pluralismo" en Polonia y Ucrania.
Muiznieks señaló a Grecia como el "caso más extremo", por la decisión gubernamental de cerrar la entidad de radiotelevisión pública ERT entre 2013 y 2015, dentro de un plan de reducción de costes. "Al eliminar un medio de comunicación público, aunque sea temporalmente, las autoridades griegas han perjudicado gravemente el pluralismo de los medios en el país", afirmó.
Recomendó que los órganos de dirección y supervisión "sean nombrados siguiendo un proceso transparente, que tenga en cuenta las cualificaciones y competencias profesionales".
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) examinó hoy, 24 de febrero, la situación en RTVE después de la entrega en el Congreso de un documento con 2.225 firmas de trabajadores del ente exigiendo “medidas urgentes” que garanticen una radiotelevisión pública plural, imparcial y defensora de los valores constitucionales.
La Junta Directiva constató que en estos momentos de ataques al derecho a recibir información veraz y contrastada, como son las mentiras prefabricadas y las noticias sesgadas que sirven a intereses opacos en este mundo globalizado, una radiotelevisión pública plural e imparcial es más necesaria que nunca para contrarrestar tales amenazas.
Por lo tanto, la APM insta a los grupos políticos con representación parlamentaria a garantizar cuanto antes la independencia y profesionalización de RTVE y les recuerda que adquirieron firmes compromisos electorales de trabajar en defensa de una radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
Creemos imprescindible la despolitización de la radiotelevisión pública, de modo que se asegure su neutralidad y se ponga fin de este modo al continuado cruce de acusaciones de partidismo que jalonan su historia.
La APM siempre ha defendido que la gestión tanto de RTVE como del resto de medios públicos debe encomendarse a profesionales independientes, ajenos por completo a los partidos políticos, nombrados por sus méritos profesionales y su conocimiento del sector.
Para cumplir sus fines de servicio público, estos medios deben contar con una financiación suficiente, proporcional y estable que permita ofrecer una programación de alta calidad, al margen de consideraciones comerciales o influencias políticas, y responder a las demandas de la era digital.
Este nuevo marco debe incluir también que los responsables de estos medios rindan cuentas de su gestión periódicamente, en aras de la máxima transparencia que exige saber el uso y destino de los recursos públicos.
Ignacio Gómez Acebo
Me preguntan desde los medios cuál ha sido la razón por la cual he demandado a la cúpula de la Corporación Radiotelevisión Española.
No ha sido una decisión fácil, he tardado un año en tomarla. Quiero para mi país, España, unos medios públicos independientes, alejados de la manipulación por los partidos políticos en el gobierno, quiero una RTVE al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Por ello he demandado a la cúpula de RTVE. Mi caso no es excepcional, cientos de excelentes profesionales de RTVE han sido apartados de sus responsabilidades tras la llegada del PP al gobierno, en 2013. Este proceso de sustitución de profesionales independientes por afines, se ha agudizado tras el nombramiento de José Antonio Sánchez como presidente de RTVE, con los únicos votos del PP en el Congreso.
[Infolibre]
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI por sus siglas en inglés) critica en su último informe el cambio legislativo que hizo en 2012 el Gobierno de Rajoy para elegir por mayoría simple al presidente de RTVE. "La intencionalidad política tras la modificación estaba clara", explica Stephen Whittle, miembro de esta organización y ex director de Política Editorial en la BBC.
Según Whittle, "Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, explicó que ese cambio se tuvo que llevar a cabo dado que la información que RTVE estaba proporcionando era 'claramente en contra del Gobierno'". Para el IPI, el nuevo sistema de elección "sienta un precedente peligroso", entre otras cosas porque "los decretos ley que invalidan leyes ya existentes deberían ser usados solo en casos de urgencia, no para alterar un principio fundamental del buen gobierno de la corporación pública".
Las principales observaciones de Whittle son:
— La preocupación por la politización de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de España, crece a medida que el país se adentra en un año crítico por las elecciones a nivel nacional, autonómico y local.
— Que el Gobierno de España haya modificado el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE crea un peligroso precedente que debería eliminarse.
— La visita de la misión internacional expuso fallos políticos evidentes que el Partido Popular, que gobierna actualmente, justificó diciendo que el cambio en el procedimiento era necesario en vista de la «información antigubernamental» de la corporación pública.
— El Gobierno debería implementar un organismo regulador independiente y específico para el sector audiovisual, de acuerdo al propósito original de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010.
— Es inusual que el Gobierno conceda licencias de televisión y su reciente decisión de concederlas en fechas tan cercanas a las elecciones nacionales puede ser problemática.
Más información: http://www.freemedia.at/newssview/article/la-independencia-de-la-radiotelevision-publica-de-espana-en-duda-mientras-el-pais-se-dirige-a-la.html
¿Cómo es posible que la sociedad no haya sido capaz de detectar que la familia de Jordi Pujol, símbolo de honradez política, amasase una fortuna de1.800 millones de euros según el Ministerio del Interior? ¿Cómo puede ser que hasta ahora no hayamos conocido que el Partido Popular llevaba décadas financiándose ilegalmente?¿O que hasta ahora no supiésemos que hacia 2007 el gobierno del PSOE perdonó una deuda de 3.400 millones de euros a la compañías eléctricas? Estas preguntas nos llevan a otras y entre ellas, dos singulares que enmarcan la presente reflexión 1)¿Sin ese tipo de información los ciudadanos pueden tomar las decisiones que les corresponden en una democracia? y 2)¿Qué ha permitido a la sociedad conocer y acometer AHORA estas cuestiones?.
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