La representación de los profesionales de la radiotelevisión pública extremeña quiere expresar su más profundo rechazo al anuncio realizado hoy por la dirección del ente de continuar con la privatización de los informativos de la televisión pública. En primer lugar, el comité de empresa manifiesta que ello supone continuar con la línea de la anterior dirección y mercantilizar el derecho constitucional a la información, razón de ser de los medios públicos.
Desmentimos tajantemente que estos servicios se traten de un servicio de apoyo, como manifiesta el canal en nota de prensa, sino que supone una privatización parcial del personal que realiza los informativos, principal área de producción del personal del ente. Datos como que más del doble de los cámaras o del personal de la provincia de Cáceres que trabajan para los informativos esté privatizado así lo indican.
Además, las licitaciones de servicios como este suponen partidas presupuestarias fijas. Un dinero que compromete el presupuesto reduciendo las opciones de lidiar con las posibles adversidades económicas, como la que atraviesa actualmente la CEXMA. Sirva como ejemplo el actual conflicto abierto entre Trovideo y el canal autonómico.
Asimismo, tal y como reconoce la CEXMA, las licitaciones de servicios estructurales generan derechos de subrogaciones del personal adscritos a ellos lo que también puede tener consecuencias para el canal y la dimensión de su plantilla, cuyo crecimiento queda fuera del control de la radiotelevisión pública a consecuencia de la privatización.
La privatización no solo implica posibles problemas para la viabilidad de la empresa, sino que además impide la creación de empleo público estable, el derecho a la promoción interna o la movilidad geográfica y repercute negativamente en las condiciones laborales. Además, este sistema de privatización parcial se ha demostrado altamente ineficaz, con múltiples incidencias y quejas por parte de los responsables de los informativos. Apuntar también, que la privatización no solo afecta a cámaras y periodistas, sino también a numeroso personal técnico.
Recordamos que la plantilla de Canal Extremadura hemos luchado fervientemente contra la privatización, uno de los motivos que nos llevaron a dos huelgas en el año 2014 .
También recordamos que está pendiente una reforma de la Ley de la CEXMA, anunciada en diciembre por el gobierno regional para antes del final de mitad de 2016, de la que no hemos vuelto a tener noticia alguna. Una reforma que PSOE y PREX-CREX intentaron en la anterior legislatura en la que se incluía la prohibición de “ceder a terceros la producción y edición de programas informativos” o la exigencia de producir internamente los contenidos informativos. Por ello esperamos que la Junta de Extremadura haga replantearse al canal su apuesta por la privatización. Es urgente la reforma inmediata de la ley del ente público, como prometió el actual gobierno regional, e instamos a los distintos partidos a que definan su modelo de radiotelevisión pública.
