Esto es lo que sucedió ayer en el Senado con la moción presentada por el Grupo Popular, por medio de la cual querían instar al Gobierno a que adoptara una serie de medidas en materia de racionalización del funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, que fue rechazada por 136 votos en contra y 120 a favor, los del PP. Los socialistas intentaron amortiguar el golpe que suponía votar en contra de esta iniciativa, y presentaron una enmienda de sustitución, al igual que CiU, que los populares rechazaron, por los que terminaron quedándose solos.

La moción de diez puntos, que defendió la senadora popular Beatriz Escudero, instaba al Gobierno a eliminar «las disfunciones y duplicidades de las Administraciones Públicas, que pueden suponer una merma de su eficiencia y un aumento del gasto innecesario»; la «reducción del 50 por ciento del personal eventual dependiente de la Administración General del Estado; la privatización de las televisiones públicas que sean de titularidad local y autonómica» y la celebración con carácter anual de un debate sobre el Estado de las Autonomías, obligación que el Gobierno ha incumplido desde hace ya cinco años.

Los socialistas presentaron una enmienda de sustitución de cinco puntos en la que recogían algunas de las peticiones del PP, como la necesidad de eliminar duplicidades, pero excluyó otras como la reducción del 50 por ciento del personal eventual de la Administración General y la privatización de las televisiones locales y autonómicas.

Por su parte, CiU propuso una nueva medida como que el Gobierno entregue en el plazo máximo de un mes el informe encargado para detectar las duplicidades existentes en la Administración.

La senadora popular defendió su iniciativa afirmando que lo más urgente es «parar el gasto desmesurado» y que la situación del país está pidiendo la aplicación de este tipo de medidas. Escudero demandó el apoyo por «dignidad política. Ahorrémonos la humillación de que nos la impongan otros, adelantémonos».

Por su parte, el senador socialista Manuel Arjona justificó su negativa a apoyar la moción en que «no se puede tolerar» que se difunda una «imagen caótica de las administraciones públicas», acusando al PP de «hablar de reformar el Estado autonómico pero no decir cómo. Tirar la piedra y esconder la mano».