En el momento de la aprobación de la reforma AUC ya criticó la inclusión en la Ley de una disposición transitoria que permitía aplicar “el procedimiento vigente” si antes del 31 de diciembre de 2017 no se aprobaba el nuevo procedimiento para llevar adelante la convocatoria del concurso público, con la participación de un comité de expertos designados por los grupos parlamentarios. Para la Asociación esta disposición transitoria, de una “ambigüedad calculada”, suponía un punto de fuga y una invitación a dejar pasar el plazo establecido y obviar dicho concurso público.
Como también advirtió AUC en su momento, aplicar “el procedimiento vigente” podría suponer proceder a los nombramientos mediante el modelo establecido por el Gobierno del Partido Popular en 2012, según el cual, en ausencia de mayoría cualificada en el Congreso (233 votos), sería suficiente mayoría absoluta (176). Esa interpretación ha sido también la de los letrados de Las Cortes en el informe solicitado por Ciudadanos, y ello a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de la mencionada reforma operada por el PP en 2012. Su dictamen, de todos modos, deja abiertas las diferentes posibilidades de solución, incluidas la propuesta de candidatos por la mitad de los grupos parlamentarios y la celebración de concurso público, aunque sea fuera del plazo inicialmente previsto.
Tras el informe de los letrados, cada grupo parlamentario ha defendido una lectura diferente de la disposición transitoria: el PP, la aplicación del procedimiento establecido a partir de la reforma legal de 2012 ya explicada. El PSOE entiende que, aunque no esté aprobado el reglamento para la elección del presidente por concurso público, la ley de aplicación sería la aprobada en 2017, y requiere como segunda opción una propuesta consensuada de cuatro grupos parlamentarios para el nombramiento de seis de los miembros del Consejo de Administración por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado. Ciudadanos y Podemos, con matices diferentes, han seguido abogando por la convocatoria del concurso público.
Tras reunirse el pasado martes las mesas del Congreso y del Senado el problema sigue sin desbloquearse ya que ambas han solicitado a los grupos parlamentarios un acuerdo para proceder a los nombramientos.
Desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación consideramos irrenunciable la convocatoria de un concurso público para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE (entre ellos el presidente), con el concurso del Comité de Expertos que permita acreditar la solvencia profesional, académica o social de los candidatos.
