El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente.
Los rasgos que caracterizan a este Real Decreto Ley son los de urgencia y temporalidad:
Urgencia porque se trata de atender a una situación de vacío que se ha producido en la corporación de RTVE. Todos los consejeros tienen su mandato vencido y el presidente ha terminado su mandato, sin que pueda seguir ejerciendo sus funciones como presidente.
Temporalidad porque este Real Decreto Ley sólo será aplicable hasta el nombramiento de los Consejeros elegidos de acuerdo con el procedimiento establecido en las Disposiciones Transitorias de la Ley 5/2017.
El Real Decreto Ley tiene un artículo único en el que se prevé un procedimiento urgente para que las cámaras elijan a los 10 consejeros de Corporación RTVE. En quince días, el Congreso tiene que elegir seis consejeros y el Senado cuatro. En ese plazo, el Congreso deberá elegir también al presidente.
La mayoría requerida en ambos casos será de dos tercios en la primera votación y mayoría absoluta 48 horas después, siempre que la propuesta de candidatura proceda de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
El mandato de estos consejeros finalizará cuando sean nombrados los nuevos consejeros por el procedimiento previsto en las Disposiciones Transitorias de la Ley 5/2017.
Además, la Disposición Final primera modifica la Disposición Transitoria segunda de la Ley 5/2017 a fin de concretar el procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE y su presidente por concurso público con la participación de un comité de expertos.
La portavoz del Ejecutivo ha destacado que este decreto refuerza y mantiene los mandatos de la Ley 5/2017, también llamada "de recuperación de la independencia del ente y del pluralismo en la elección parlamentaria de sus consejeros". Esa norma establece que hay que contar con un comité de expertos para poner en marcha un concurso de selección de los consejeros y, posteriormente, elegir al presidente.
Ese proceso, ha señalado Celaá, implica un periodo largo para su desarrollo y "España, su RTVE, sus medios de comunicación públicos tienen un problema de urgencia", ya que tanto los consejeros como el presidente han concluido sus mandatos. Además, ha apuntado, existen "muchas denuncias y mucho malestar por parte de sus trabajadores y trabajadores, de sus profesionales".
El decreto actúa "ante un vacío de poder" al mismo tiempo que es "enteramente respetuoso con la Ley en todos sus términos". De hecho, ha subrayado la portavoz, el resultado del decreto cesará en el momento en que el proceso del comité de expertos y el concurso de selección, que siguen su marcha, dé frutos.
"España merece tener unos medios públicos de comunicación que sean de confianza para la ciudadanía, que no estén al servicio de ninguna ideología, por legítima que sea, y que estén al servicio del interés general", ha defendido María Isabel Celaá. En definitiva, ha manifestado, se trata de que RTVE "cumpla fielmente con los principios fundamentales del ente: la independencia, el pluralismo, la neutralidad, la imparcialidad y la verdad".
Celaá ha asegurado que el Ejecutivo cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para la convalidación del decreto ley.
[ABC]
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley de vigencia inmediata sobre la regulación transitoria de RTVE. Pedro Sánchez utiliza así su primer real decreto para forzar la renovación del ente público. En 15 días RTVE podría tener ya un nuevo consejo de administración con 10 integrantes entre los que estará el nuevo presidente.
El Gobierno justifica la medida por el «vacío de poder» que vive la corporación después de que ayer expirase el mandato de su presidente, José Antonio Sánchez. «Todos los consejeros tienen su mandato vencido y el presidente ha terminado su mandato, sin que pueda seguir ejerciendo sus funciones como presidente», justifican desde el Ejecutivo.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que se trata de una medida motivada por una situación «anómala, excepcional y de emergencia». Celaá defendió que este recurso es «un sistema transitorio y de urgencia» y que la nueva dirección cesará en sus funciones cuando se produzca el nombramiento de los consejeros por el procedimiento establecido en la Ley 5/2017 y que en estos momentos seguía sin poner en marcha el nuevo mecanismo de concurso público que establecía dicha norma.
Con fecha 1 de octubre de 2017, al día siguiente de su publicación en el BOE, ha entrado en vigor la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, a cuyo proyecto y tramitación parlamentaria en el Congreso ya dedicamos una nota en esta web.
El pasado 19 de julio, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó la ley por la que se regula la nueva radiotelevisión valenciana[1].
En su preámbulo, la nueva ley recuerda el proceso y las vicisitudes normativas que ha experimentado el desarrollo audiovisual en esa Comunidad Autónoma hasta el momento presente:
· El Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat, en el marco de las normas básicas del Estado, la responsabilidad de “regular, crear y mantener televisión, radio y otros medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de sus finalidades”.
[El País]
La mayoría del pleno de las Cortes Valencianas ha recibido hoy con un cerrado aplauso la aprobación de la proposición de ley de creación de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (radio y televisión). La norma ha salido adelante sin ningún voto en contra, dos años y ocho meses después de que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) cerrase la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor mientras que el PP se ha abstenido. En total, la proposición de ley que regula la nueva televisión autonómica valenciana se ha aprobado por 64 votos a favor y 29 abstenciones.
La ley introduce nuevos mecanismos de control y supervisión sobre la corporación de medios de comunicación. Prevé que el presidente se elija por convocatoria pública y se crean un consejo rector, otro de la Ciudadanía y otro de Informativos que elegirán las Cortes y otros organismos, no la Generalitat.
El PP ha justificado su abstención con la tesis de que esta ley es coincidente al 90 % con la anterior promulgada en 2012, pero "no consensuada, imprudente, no meditada, incorrecta e interesada".
La Ley 4/2016, de 19 de Mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, Organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, se plantea como fin de “reforzar la profesionalidad, independencia, igualdad, transparencia y representatividad de las personas que forman parte de los órganos principales de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.”
[ABC]
El PSOE aragonés ha aprobado este jueves, de forma pactada con Podemos -y en algunos puntos con el respaldo del PP y de otros grupos-, la nueva ley que regula la radiotelevisión autonómica. El nuevo texto desplaza a la oposición del control del ente, al quedar marginado del órgano que decide qué asuntos se tratan o no en el consejo de administración de esta empresa pública, según ha denunciado el PP.
La aprobación de la nueva ley, consumada este jueves en las Cortes de Aragón, ha generado polémica en el arco parlamentario. Crea, tal y como pedía Podemos, la creación de un nuevo órgano, el «consejo asesor» integrado por representantes de múltiples colectivos sociales, uno de cuyos miembros, además, pasa a tener voz y voto en el consejo de administración del ente.
El PSOE y Podemos -con diferencias de matiz y de entusiasmo en sus respectivas versiones- han coincidido en presentar esta nueva ley como una avance hacia la «despolitización» y la «independencia» de la radiotelevisión autonómica. Ni PP, ni Ciudadanos ni el PAR lo ven así. De hecho, los tres grupos han acusado en bloque al PSOE de no avanzar en la pretendida «despolitización», y los tres han coincidido en reprochar a los socialistas el mínimo número de enmiendas que han sido aceptadas de entre todas las presentadas por la oposición.
[Periodismo en las Américas]
Uno de los decretos firmados por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el pasado diciembre y que revirtió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) promulgada por la anterior presidenta, sigue siendo tema de debate por sus posibles implicaciones en la concentración de medios en el país.
El más reciente de estos debates tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 157 Periodo de Sesiones durante la audiencia pública ‘Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina’ el pasado 8 de abril de 2016.
En la presentación inicial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, enfatizó el impacto que ha tenido eliminar una ley que, aseguró, se venía pidiendo desde el fin de la dictadura militar de Argentina.
“Como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas”, dijo Verbitsky.
“Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esta ley – que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades – y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaba”, agregó Verbitsky.
Por su parte Damián Loreti, vicepresidente mundial de Amarc y secretario de CELS, hizo referencias a los tres estándares “violentados” con este decreto. El primero tiene que ver con el haber quitado la “autorquía legal a las autoridades” establecidas, el segundo sobre la eliminación de la obligación de transmitir o ‘must-carry’ y finalmente el de violar el principio de legalidad “porque un Decreto de Necesidad y Urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva de la Corte Interamericana ni aún refréndandose por el Parlamento”.
Los comisionados y el Relator Especial coincidieron en lo prejudicial que es la concentración de medios para las democracias y recordaron al Estado la necesidad de que esta nueva ley garantice el pluralismo. También recordaron la necesidad de que los consejos de control sean independientes del poder ejecutivo. Y finalmente invitaron tanto a peticionarios como al Estado a mantener el debate abierto para que las críticas de la sociedad civil sean tenidas en cuenta en la elaboración de esta nueva ley.
]Infobae]
La llamada "ley de medios" de Uruguay tiene 202 artículos, de los cuales 131 han sido impugnados por diferentes empresas -como la filial uruguaya de la compañía española Telefónica-, medios de comunicación y hasta por el opositor Partido Independiente.
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que advierte que, a pesar de algunas informaciones periodísticas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que es la que tiene jurisprudencia para declarar inconstitucionales o no los artículos de la norma, pero todavía no ha acordado "sentencia en ninguno de los procesos" referidos a la misma.
La Fiscalía, además de considerar inconstitucionales ocho artículos de la ley, también cree que hay otros 15 que son "parcialmente" inconstitucionales.
La Cámara Baja de Uruguay sancionó definitivamente en diciembre de 2014 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue concebido para evitar los monopolios y oligopolios en el sector.
[Infobae]
El Congreso, con el voto de la coalición oficialista Cambiemos, del masissta Frente Renovador y un sector del peronismo, puso hoy punto final a la Ley de Medios del kirchnerismo. Lo hizo con la aprobación en la Cámara de Diputados del decreto de necesidad y urgencia que firmó al principio de su mandato el presidente Mauricio Macri, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dejó sin efecto puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según la normativa vigente, con la aprobación de una de las dos cámaras del Legislativo, los DNU quedan aprobados de manera definitiva y tienen carácter de ley. En la sesión de Diputados –que en principio contó con la presencia de Máximo Kirchner, aunque luego dejó el recinto-, se convalidó la decisión de Macri de crear el ENACOM, un organismo que concentra las funciones que antes tenían la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
La aprobación del decreto de creación del Enacom supone la confirmación de la entrada en vigencia de este organismo, para el cual Macri designó como responsable a Miguel de Godoy, en el marco de la modificación por decreto de los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital, ambas impulsadas durante el gobierno anterior.
De acuerdo con el decreto aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom –que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones– será un ente "autárquico y descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones", a cargo actualmente de Oscar Aguad.
La resolución, además, establece la creación de una "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación" de la Ley de Medios y de Argentina Digital.
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