El IPC gallego subió más que el estatal a principios de año y a Alberto Ordóñez, 26 años en Radio Galega, le pareció que no procedía relegar el dato al final de la pieza del informativo. A Mayte Cabezas, tres décadas en la Televisión de Galicia y víctima del terrorismo, se le ocurrió señalar en su Facebook personal que Alberto Núñez Feijóo había faltado a su compromiso, cuando era presidente de la Xunta (2009-2022), de elaborar una ley de apoyo a las víctimas.
Ambos fueron castigados sumariamente por sus superiores jerárquicos de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), el ente público gallego, controlado por el PP durante la mayor parte de su historia. Ordóñez fue destinado a la televisión; Cabezas, a la radio, a tareas de enjundia menor. Son dos de los casos que una delegación de trabajadores fue a echarle en cara a Feijóo esta tarde a las puertas del Senado, ahora que el líder del PP denuncia las presuntas manipulaciones ajenas. “No tiene legitimidad”, critica Tiago Alvite, presidente del comité intercentros.
Los trabajadores llevan cinco años en huelga intermitente y campañas como los ‘venres negros’, en la que los reporteros aparecen de oscuro ante la cámara para trasladar a la audiencia el clima tenebroso que se respira en el ente, dirigido desde 2009 por Alfonso Sánchez Izquierdo, impasible siempre ante las críticas en sus periódicas comparecencias en el Parlamento gallego para dar cuenta de su actuación.
Este martes se han plantado ante el Senado los trabajadores que han podido —incluso alguno recién jubilado— para señalar a Feijóo como principal responsable del deterioro de la situación en la CRTVG, donde el férreo control de los contenidos y las represalias contra los díscolos se han recrudecido en los últimos años. “Hay una marginación laboral muy severa de muchos compañeros que vulnera su derecho al progreso profesional y a la ocupación efectiva”, señala Alvite, que censura también el “trato discriminatorio y degradante” que conllevan estas “sanciones arbitrarias” que todos entienden derivadas de manifestar los trabajadores “su posición crítica a la manipulación informativa y al desmantelamiento del medio público gallego”.
Mayte Cabezas hasta tiene un club de fans con su nombre que difunde en redes sociales sus apariciones en Vivir Aquí, el último programa en el que llevaba un lustro trabajando. Hasta el pasado lunes 13 de marzo, cuando, al volver a sus tareas tras el fin de semana —después de la entrevista en la emisora vasca y de una crítica a Alberto Núñez Feijóo publicada por ella el sábado 11M en su Facebook— Recursos Humanos la esperaba con la noticia de su traslado inminente a la Radio Galega. Este enésimo movimiento forzoso de personal dentro de la compañía llegó entre la primera jornada de huelga fijada para el pasado día 6 de marzo y las dos que tendrán lugar este viernes 24 y pasado mañana, sábado 25. La plantilla está convocada a secundar estas protestas “en un contexto de intensificación de la represión y del maltrato a los trabajadores insumisos frente a la manipulación o críticos con la gestión de los medios públicos”.
Cabezas asegura que ni su jefa lo sabía, fue “una sorpresa” para todo el equipo, “sin argumentos ni justificación”. Tanto que la trabajadora que el Comité de Empresa considera objetivo de una represalia política en el ente autonómico ya tenía un próximo programa a medio montar y cerradas otras siete entrevistas para siguientes entregas de Vivir Aquí. Consultada por este diario, la CRTVG achaca el fulminante traslado de la reportera a una “reestructuración” completa del programa matinal y dominical, que afecta a su equipo de nueve personas debido a la mala audiencia cosechada en las últimas ediciones. El porcentaje más bajo, según la compañía, se registró el 12 de marzo, un día antes de que Cabezas recibiese la carta de Recursos Humanos.
“Tanto en la tele como en la radio están cayendo programas desde primera hora de la mañana”, informa un representante del Comité Intercentros de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). La primera jornada de huelga del plan de protestas aprobado en febrero por la plantilla de los medios autonómicos hizo este lunes que se esfumasen de las programaciones de TVG, G2 y Radio Galega espacios como A Revista, ZigZag o Diario Cultural, y hasta los deportes (Ao Contrataque) y el tiempo en el caso de la radio. Los agujeros negros —porque el negro es el color de las protestas en la compañía de logotipo azul— de la parrilla televisiva fueron tapados sobre la marcha con reposiciones de otros programas fuera de su horario habitual. Mientras que los grandes silencios radiofónicos (dentro de programas que sí salieron adelante) se llenaron como se pudo con material ya emitido: como un largo podcast sobre la realeza española y griega, otro sobre el síndrome de Estocolmo o un sempiterno espacio enlatado de canciones para la nostalgia que acostumbra cubrir huecos en vacaciones. Faltaron varios de los presentadores, reporteros y locutores más conocidos para el público, y entre espacios habituales y comodines de relleno se intercalaron avisos: “La programación habitual está siendo afectada por una convocatoria de huelga”.
“Estamos muy satisfechos con la participación”, celebra Raquel Lema, portavoz del comité. El pasado 22 de febrero, las asambleas de personal del medio público gallego aprobaron secundar una huelga por “el tiempo necesario” para “recuperar derechos y libertades”. Al día siguiente, a través de una nota, el comité anunciaba que el primer paro de 24 horas sería el 6 de marzo. Además, el comunicado avanzaba una “intensificación de las movilizaciones” que ya tienen lugar desde hace años, y que estas acciones serían “contundentes” y “sostenidas” en el tiempo “hasta conseguir acuerdos que reviertan un clima laboral irrespirable e insoportable”. La última manifestación multitudinaria de trabajadores de la CRTVG recorrió las calles de Santiago de Compostela el pasado 6 de noviembre, y dentro de la sede principal de la compañía se suceden desde hace años los “venres negros”, las concentraciones de protesta de los viernes convocadas por la plataforma Defende a Galega, que ya suman 250. Todo esto, según describe el comité, tiene como objetivo “reclamar el cese de los abusos y restablecer un clima laboral respetuoso con los derechos” de la plantilla.
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El PP y Vox unieron ayer sus votos en la Asamblea de Madrid para ratificar como administrador provisional de Telemadrid al polémico José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que figura en los papeles de Bárcenas. El acuerdo consolidó tanto la mayoría parlamentaria con la que Isabel Díaz Ayuso espera sacar adelante los Presupuestos de 2021 (están vigentes los prorrogados de 2019) como su dependencia de la extrema derecha. A cambio de su apoyo a Sánchez, que garantiza que el PP y Vox controlen la televisión y la radio públicas, el partido de extrema derecha logró que la financiación de la compañía se reduzca en un 10% a partir de 2022.
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El PP ha aprovechado el verano para tomar las riendas de Telemadrid y controlar todos sus resortes. El mes y medio que ha transcurrido desde que Isabel Díaz Ayuso nombró al polémico José Antonio Sánchez como administrador provisional del ente ha servido para eliminar cualquier vestigio de la dirección anterior, que recuperó la audiencia y el prestigio de la cadena tras ser elegida por la asamblea. El cambio es drástico. Un viaje al pasado. Fruto del entendimiento del PP con Vox, en la Telemadrid de Díaz Ayuso vuelven a mandar quienes construyeron la TVE de Mariano Rajoy entre denuncias de manipulación, y los cargos de responsabilidad periodística están siendo ocupados por profesionales de perfil conservador.
Artículo completo: https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-01/de-tele-espe-a-tele-ayuso.html |
El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organismo clave para la gestión de la radio y la televisión autonómicas, inicia su andadura tras años de bloqueo. Las Corts Valencianes han elegido este miércoles 7 a los vocales que, por cuota y con el pacto previo de todos los partidos con la excepción de Vox, designa la cámara autonómica y que se suman a la exdirectora general de la radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, designados directamente por el Ejecutivo valenciano.
El Consell de l'Audiovisual es un organismo que tiene encargado, según el artículo 11.2 de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el proceso para la elección de la presidencia del Consejo Rector, que desempeña actualmente en funciones Mar Iglesias, tras la salida del letrado Enrique Soriano.
El Parlamento valenciano ha elegido a Manuel Alberola Romero, periodista de larga trayectoria en Onda Cero y en la cadena Cope (designado por el PP); María del Carmen Carretón Ballester, profesora de la Universidad de Alicante (a propuesta de Ciudadanos); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de género (a propuesta de Unides Podem); Dolors López Alarcón, consejera en el extinto consejo de administración de RTVV (a propuesta del PSPV-PSOE) y Àlvar Peris Blanes, profesor de la Universitat de València (a propuesta de Compromís).
Los partidos que componen el Botànic, PP y Ciudadanos (Cs) han acordado el nombre de sus candidatos para completar la configuración del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tres años después de la aprobación de la ley que gestó este órgano en mayo de 2018 y una vez la Generalitat desbloqueó hace dos semanas su constitución con el nombramiento de sus dos representantes: la exdirectora de À punt, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José Mª Vidal.
Los aspirantes de los grupos deberán pasar primero por la comisión de radiotelevisión pública de las Corts el próximo lunes para su validación posterior en el pleno de la semana que viene, el último que se celebra en el actual periodo de sesiones, antes del periodo vacacional.
Los nombramientos requieren de una mayoría de tres quintas partes de la cámara, aunque no se prevén obstáculos para su designación.
Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.
El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.
Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.
La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.
Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.
Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.
La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.
En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.
Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I
El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño.
No obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez administrador provisional.
Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.
El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.
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