Jueves, Septiembre 23, 2021
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Nuevo varapalo judicial en la larga batalla que mantienen Telefónica, Orange y Vodafone por la tasa del 0,9% de sus ingresos que les impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de una década para financiar RTVE tras la eliminación de la publicidad de la televisión pública en 2009, lo que vino a eliminar a su vez la competencia del ente público por obtener ingresos. La Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las tres operadoras contra el pago de este tributo, que les ha supuesto un desembolso de en torno a 1.600 millones de euros desde su instauración en 2010.

Aunque las sentencias se refieren a la liquidación del impuesto en los años 2010, 2011 y parcialmente la de 2012, su alcance se hace extensivo al resto de ejercicios hasta 2021 inclusive, en el que los tres operadores abonaron por este concepto una media de 140 millones de euros, lo que eleva la factura total a en torno a 1.600 millones de euros.

Noticia en El País

La pandemia ha impedido que RTVE ingresara 24 millones de euros más de lo finalmente registrado en 2020, según reconoce la corporación en sus cuentas anuales.

De esa cifra que se ha dejado de ingresar, la mayor parte corresponde a las aportaciones de las operadoras, que entregaron 17 millones menos a RTVE por la reducción del negocio de este tipo de compañías obligadas a participar en la financiación de la radio televisión pública.

Por este concepto, RTVE recibió 113 millones de euros de las operadoras de telecomunicaciones, que tienen que aportar el 0,9%% de sus ingresos brutos de explotación (en 2019 fueron 120 millones). Otros 40 millones procedieron de los canales de TV en abierto (47 millones en 2019) y 22,9 millones de las TV de pago (casi la misma cantidad que en el ejercicio anterior). De igual manera, estos dos tipos de operadoras están obligadas a entregar entre un 1,5% y un 3% de sus ingresos de explotación a RTVE.


Otra de las vías de ingresos de RTVE que el COVID lastró el año pasado fueron los acuerdos comerciales. Esta línea de negocio se vio minorada el año pasado en 10 millones de euros, según estima la entidad pública. Repercutió negativamente la menor venta de canales, la suspensión temporal de la emisión de los resultados de la Lotería y la reducción de patrocinios deportivos por la suspensión de competiciones. Eso sí, durante el año pasado RTVE tuvo un ingreso extra de 3 millones para compensar el segundo dividendo digital.


Pese al lastre del COVID, lo cierto es que RTVE aumentó sus ingresos totales hasta los 1.000 millones de euros, ligeramente por encima de los 987 millones de 2019. Este crecimiento fue posible gracias a que la subvención por compensación de servicio público se vio incrementada un 9% hasta los 366 millones de euros (30 millones más que en 2019).

Además, RTVE recibió del Estado otros 380 millones de euros en concepto de tasa sobre la reserva del dominio público radioeléctrico (misma cantidad que 2019) y 11,3 millones de euros adicionales para el sostenimiento de la Orquesta y el Coro de RTVE.

Así pues, de los 1.000 millones de ingresos que tuvo RTVE en 2020, un total de 939 millones de euros son en concepto de subvenciones, tanto públicas como privadas.
En el capítulo de gastos, en RTVE estiman que la pandemia ha posibilitado que los costes de personal se hayan recortado en 6 millones de euros de la cantidad inicialmente prevista. Esto ha sido así por la reducción de la producción de contenidos durante el estado de alarma y por las bajas por enfermedad derivadas del COVID. En cuanto al gasto en programas, en la corporación presuponen que esta partida se habría reducido en otros 10 millones por la pandemia.

Sin embargo, estas estimaciones de ahorro no han evitado que los gastos reales asociados a la plantilla escalaran el año pasado hasta los 437 millones de euros (+2,8%); mientras que la compra de programas también creció hasta los 310 millones (+3,3%).

Con todo esto en cuenta, RTVE aumentó el año pasado sus números rojos hasta los 31,5 millones de euros, por encima de las pérdidas cosechadas en 2019, que fueron de 29,6 millones de euros.

Ver informe: https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/2020_Cuentas_anuales_CRTVE_e_informe_de_gestion.pdf

RTVE y FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) han rubricado esta mañana un acuerdo histórico e inédito entre las dos entidades para compartir conocimiento y maximizar los rendimientos de los diferentes sistemas públicos de comunicación de cara al futuro.

Jose Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE y Mar Iglesias, presidenta de FORTA, han firmado un convenio de colaboración, denominado ‘Convenio Compostela’, ya que la ’Ciudad de la Cultura’ de la capital de Galicia ha sido el espacio elegido para sellar la alianza.

Con este convenio y gracias a su objetivo común, RTVE y FORTA buscan reforzar el posicionamiento de los servicios audiovisuales públicos, en el ámbito nacional, europeo e internacional, en un mercado cada vez más global. Así, se comprometen a la colaboración en el desarrollo de proyectos de producción audiovisual, en cualquier formato, y en la adquisición de contenidos audiovisuales de interés común.

La búsqueda constante de la innovación por parte de los medios públicos es otra de las partes más relevantes de este acuerdo y se prevé también el desarrollo de estrategias en materia de tanto de innovación como de formación.

 

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El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño.

No obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez administrador provisional.
Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.

Noticia

El periodista Pau Fons aterriza como director de Informativos de TVE tras dejar la Delegación Territorial de RTVE en Baleares y después de que el nuevo director de Contenidos Informativos de RTVE, Esteve Crespo, lo nombrase para el cargo.
El valenciano Fons lleva vinculado a RTVE desde febrero de 2008: entre 2008 y 2011 fue redactor de los Servicios Informativos de RNE en Mallorca; durante los años 2011 y 2012 fue redactor de los programas Comando Actualidad y +Gente; entre 2012 y 2014 fue editor del Informatiu Balear y desde 2015 venía ejerciendo como director del Centro Territorial de RTVE en Baleares desde 2015. Previamente a su incursión en la Corporación, estuvo como redactor de Informativos de RTVV Canal 9 entre 2005 y 2008.

Su puesto en Baleares será ocupado por periodista Mateu Ramonell, vinculado a RTVE desde 1986, donde ha ocupado los cargos de editor y jefe de Informativos tanto en RNE como en TVE.

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.

 

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La Asamblea de Madrid cambiará la forma de elección del director general de Telemadrid, la televisión autonómica de Madrid. El nuevo método para designar este puesto será a través de un grupo de personas designadas de partidos políticos, no de organizaciones profesionales como hasta ahora.

La reforma legal, presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que será aprobada presumiblemente este jueves 8 de julio (con los votos del Partido Popular en la Asamblea y la abstención del grupo parlamentario Vox), permitirá reformar la ley actual: se cambiará la composición de los miembros del Consejo de Administración de la televisión Pública de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, este Consejo de Administración de Telemadrid está presidido por Celia Ferrero, un cargo que fue propuesto por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). María Eugenia Lozano y Alfonso Cavallé son subdirectores (en rotación), ambos periodistas con una larga trayectoria profesional.

Estos cargos, como el del director general de Telemadrid, tienen una duración de seis años.

Desde el momento en el que sea aprobada esta reforma, el mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
En la actualidad, los cargos de dirección y del Consejo de administración duran seis años. Pasarán a durar cuatro
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.

En este caso, ya hay un precedente similar: es el caso de RTVE, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró administradora única provisional de RTVE (en 2018), mediante un decreto ley. Sin embargo, este decreto ley ha sido declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

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El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organismo clave para la gestión de la radio y la televisión autonómicas, inicia su andadura tras años de bloqueo. Las Corts Valencianes han elegido este miércoles 7 a los vocales que, por cuota y con el pacto previo de todos los partidos con la excepción de Vox, designa la cámara autonómica y que se suman a la exdirectora general de la radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, designados directamente por el Ejecutivo valenciano.

El Consell de l'Audiovisual es un organismo que tiene encargado, según el artículo 11.2 de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el proceso para la elección de la presidencia del Consejo Rector, que desempeña actualmente en funciones Mar Iglesias, tras la salida del letrado Enrique Soriano.
El Parlamento valenciano ha elegido a Manuel Alberola Romero, periodista de larga trayectoria en Onda Cero y en la cadena Cope (designado por el PP); María del Carmen Carretón Ballester, profesora de la Universidad de Alicante (a propuesta de Ciudadanos); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de género (a propuesta de Unides Podem); Dolors López Alarcón, consejera en el extinto consejo de administración de RTVV (a propuesta del PSPV-PSOE) y Àlvar Peris Blanes, profesor de la Universitat de València (a propuesta de Compromís).

Noticia

Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.

La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".

Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.

 

Leer en Público

El Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la Constitución el decreto ley por el que el Gobierno nombró a Rosa María Mateo presidenta provisional de RTVE, al vulnerar el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

El voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha propiciado la aprobación de esta sentencia, dado que se había producido un empate a cinco entre los magistrados del alto tribunal.

Contra la resolución han presentado votos particulares cinco magistrados que no comparten que se haya vulnerado ningún derecho.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2018 por vulnerar el art. 86.1 CE. Ahora bien, los efectos de este pronunciamiento son meramente declarativos.

En la sentencia se afirma que se cuestiona la defensa del interés público atribuido a las Cortes Generales en general y, en particular al Senado, en el ejercicio de la función de control a la que se refiere el art. 20.3 CE, lo que
debe llevar a apreciar la infracción del límite material del art. 86.1 CE que había sido alegada por los recurrentes.
En consecuencia, el apartado tercero del art. único del Real Decreto-ley 4/2018 es inconstitucional y nulo. Los efectos de este pronunciamiento también son meramente declarativos.

Noticia

sentencia_tc_nombramiento_rmm.pdf

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