[La Voz de Galicia]

¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.

«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.

Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.

Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.

Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.

[CBC]

For the first time in over a decade, the international screening festival is coming to North America.

Delegates from around the world will converge in Calgary to screen some of the most exciting, renowned and controversial programming from public broadcasters in 30 different countries.

Mostly taking place at the Telus Convention Centre and Glenbow Museum in Calgary, INPUT is topped off with critical discussions, social events, and networking opportunities to build national and international connections.

This is the first time the festival has come to Calgary in its 38 year run. Passes are still available. For program information or to register, visit the INPUT Calgary website

[Variety]

The Israel Broadcasting Authority, the nation’s sole public broadcaster, earned an eleventh-hour reprieve last month after nearly succumbing to the death knell, which has been tolling for the beleaguered station for years. The clemency, however, is temporary — the IBA, which encompasses several radio and television stations and serves as employer to some of Israel’s oldest and most distinguished journalists, is but one of a long list of troubled cultural institutions in Israel relying on public funds and finding its survival increasingly uncertain.

The station was first put on life support in early 2014, when then Communications Minister Gilad Erdan announced that he had reached a limit of frustration with the IBA’s sloppy finances and that he was shuttering the organization entirely. A brand new structure for public broadcasting, Erdan said, would be built in its place.

The announcement came after decades of bickering over the IBA’s political loyalties and its handling of public tax dollars. No fewer than 14 committees have been established in the Israeli government over the years to dissect the organization and offer solutions for its improvement, but not a single one of them led to real change. With Erdan’s announcement, however, it seemed that the IBA may actually be doomed for good.

Clear plans for the new broadcasting authority were hard to come by, but Israeli producer Ram Landes, who helped establish the nation’s two commercial television channels (Channel 2 and Channel 10, the latter of which has been doing its own death dance with the government for years), laid out the bare bones for the media: The new broadcasting authority would include all eight stations of Israeli Radio, Israel’s public Channel 1 TV station, a children’s station, sports and news programs, and a station featuring exclusively Arabic programming.

El grupo France Télévisions, empresa mayor del servicio público audiovisual de Francia, ha firmado un acuerdo con las asociaciones y sindicatos de productores para aumentar la producción propia; pero también para mejorar la explotación de sus programas en línea.

En Bélgica, dos polémicas recientes y entrecruzadas -ambas surgidas en las radiotelevisiones públicas- han atizado el debate social sobre el racismo y sus orígenes. Primero, Cécile Djunga, joven presentadora de la información meteorológica en la RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française, la radiotelevisión pública francófona), denunció el racismo habitual, dañino, repetitivo, del que es víctima. Lo hizo en un vídeo sencillo y bastante emotivo que hizo público en Facebook.

En Australia, también tienen que defender su radiotelevisión pública (ABC, Australian Broadcasting Corporation). Fundada en 1923, con cierta participación privada y destinada a asumir el servicio radiofónico, la ABC desarrolló años después (1956) un sistema que sumó la televisión pública a la radio. Su modelo inicial, como no podía ser de otro modo por razones culturales y políticas, fue la BBC.

En todos los lugares de Europa, los medios públicos han comenzado su transformación para adaptarse a los nuevos usos digitales, para tratar de seguir siendo relevantes y afirmar sus diferencias.

Algunos van mucho más rápido que otros, como el caso de los países nórdicos y otros están en la cola, como España.

[Observacom]

El Senado aprobó la capitalización de US$ 47 millones para la TV pública de Chile, Televisión Nacional de Chile (TVN), así como la nueva señal para la emisora, denominada “señal 2” o “señal cultural”, que requerirá US$ 18 millones más para su puesta en marcha según informó La Tercera. Se prevé que la iniciativa sea tratada en la Cámara de Diputados luego de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre y antes de fin de año.

Otra de las cuestiones de la Ley N° 19.132 que modificó el Senado, es que se devolvió a la Contraloría el rol de fiscalización de los recursos que se asignen a la emisora pública. Además, el canal debe reportar al Ministerio de Hacienda sus gastos y rendir cuentas ante el Congreso una vez por año, de acuerdo con Diario Financiero.

“Hay dos afirmaciones que quedaron claras. La primera: todo el mundo está a favor de que exista en Chile televisión pública y, segunda, nadie quiere que estos recursos vayan a un saco roto”, aseguró Ricardo Solari, Presidente del directorio de TVN en entrevista con La Tercera.

Ley TV nacional Chile

Ana María López Cepeda expone en su libro “Nuevos y viejos paradigmas de la Televisión Pública” la necesidad de una nueva regulación de cara a un nuevo marco legal que permita su adaptación y regeneración frente a los desafíos de la era digital.
En el primer capítulo se acerca al inicio, características y al ordenamiento jurídico de la televisión en España y Europa, así como a las principales políticas de comunicación en Europa. Después dedica un capítulo al gobierno y a la fiscalización de las televisiones en España, describiendo su gestión, el funcionamiento de los consejos audiovisuales independientes y la fiscalización parlamentaria de las televisiones. A nivel más específico, la autora describe los modelos de Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Alemania y España. En los tres últimos capítulos la autora se centra en el panorama y la situación de las distintas televisiones en España; su historia, características y normativa.

[La Opinión]

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, advirtió ayer de las "injerencias políticas en la línea editorial de las radiotelevisiones públicas" europeas, que amenazan su independencia. En un artículo sobre esta cuestión publicado en su página web, Muiznieks constató "una tendencia caracterizada por las amenazas a la independencia de las radiotelevisiones públicas y a sus órganos de regulación".

Es la misma conclusión a la que había llegado la plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo, creada en 2015 para alertar de posibles problemas concretos. El comisario hizo mención, entre otros casos, a "las designaciones políticas en la presidencia de las cadenas de televisión públicas en España", así como otras acciones que "influyen en la independencia y el pluralismo" en Polonia y Ucrania.

Muiznieks señaló a Grecia como el "caso más extremo", por la decisión gubernamental de cerrar la entidad de radiotelevisión pública ERT entre 2013 y 2015, dentro de un plan de reducción de costes. "Al eliminar un medio de comunicación público, aunque sea temporalmente, las autoridades griegas han perjudicado gravemente el pluralismo de los medios en el país", afirmó.

Recomendó que los órganos de dirección y supervisión "sean nombrados siguiendo un proceso transparente, que tenga en cuenta las cualificaciones y competencias profesionales".