La “viabilidad” oficial del gobierno madrileño se refería a mantener un canal que en 2013, año del ERE, había caído en audiencias un 28,7 %, (del 5,3 al 3,8 % del share, frente al 8,7 % de media de share de las cadenas autonómicas de la FORTA); A una radiotelevisión que tras veinticinco años de vida y diez de despilfarro notorio y mala gestión intensa (desde los mandatos de Esperanza Aguirre especialmente) había conseguido no sólo desplomar sus audiencias sino también acumular una deuda de 280 millones de euros, a pesar de recurrir cada año a subvenciones extraordinarias.
Silencios cómplices:
En esta ocasión, y ante la jibarización y posible cierre de Telemadrid, raros han sido los medios de comunicación que han criticado la situación y los planes del Gobierno pepero, y abundantes los privados que se han regocijado sin disimulos. Pero al menos no se han atrevido a alegar, como hicieron muchos sorprendentemente con Canal Nou, que la culpa básica era de los trabajadores por no haber denunciado la manipulación; Quizás porque constan decenas de informes de sindicatos y periodistas en este sentido desde hace años, pero también porque la cercanía pondría más relieve que nunca el silencio cuando no la colaboración cómplice de muchos medios y periodistas externos con esa situación crónica.
También se calla que, en su paralelismo gemelo con Canal Nou, Telemadrid se había convertido en un ejemplo señero de la gestión por el Partido Popular del servicio público radiotelevisivo: directivas partidistas sin capacidad alguna de gestión pero fieles al dedo que les había designado, fichaje continuo de familiares, tertulianos y militantes del PP, con notables estipendios; contenidos sectarios e informativos manipulados hasta la nausea; contratos opacos con productoras girasol de amigos empresariales…El ruinoso contrato suscrito a través de la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, en asociación con Caja Madrid, para subvencionar (306 millones de euros previstos entre 2009 y 2013) al Atlético de Madrid de Enrique Cerezo y al Getafe, es todo un canto a la alegre especulación de amiguetes de la época Aguirre-González, como las relaciones de TVV con la trama Gurtel, especialmente con ocasión de la visita del Papa, simbolizaron la corte de los milagros de Zaplana y Camps.
Tras las trazas del plan de la consultora Deloitte (habitual auditora de la UTECA a quien felicita en cada cumpleaños), la “viabilidad” consiste ahora en pasar de los 200,6 millones de euros del Presupuesto de 2013 a los 80,3 previstos para 2014 (sin contar los más de 80 que costará el ERE). Un “ahorro” notable que ya se está visionando en sus pantallas, con nula producción propia y multitud de programas enlatados, mientras se mantienen unos telediarios misérrimos pero de esplendoroso sectarismo político.
Avance del “modelo Murcia”:
A partir de ahora está previsto ahondar en esta senda hacia la externalización de prácticamente todas las funciones de la presunta radiotelevisión pública, mediante contratos diversos con empresas productoras y de servicios, cuyas directivas se nutren cada vez más de exdirigentes políticos del PP, como aval de su capacidad y calidad comunicativas futuras. Los propios servicios informativos serán probablemente externalizados a corto plazo, ante la incapacidad de la plantilla actual de hacerse cargo de ellos.
Telemadrid viene a unirse así al nuevo “modelo” de servicio público acuñado por la región de Murcia hace varios años, pese a que este canal está ya rozando el cierre. Un modelo insólito en la historia europea, al que ya se han asimilado en los últimos tiempos los terceros canales de Baleares, de Canarias, Castilla la Mancha y, en parte, Aragón, y que consiste en externalizar por concursos opacos todas las funciones comunicativas y comerciales a empresas privadas ajenas al audiovisual (de la construcción en Murcia) o al menos externas a la región, a cambio de jugosas cantidades de dinero público por largos plazos, que exceden incluso en muchos casos a los mandatos gubernamentales; la externalización de la información, corazón tradicional del servicio público, es la última meta de ese proceso siempre que los “editores” internos a las televisiones autonómicas aseguren y gradúen la censura y la manipulación, que quedan amparadas así por la parlamentariamente incontrolable iniciativa privada.
Más allá de la lamentable lectura realizada por el Tribunal Supremo, el drama de Telemadrid no consiste básicamente en un ERE masivo que deja en la calle a casi 900 trabajadores, resignados como estamos a estos crímenes habituales de la crisis. Sino en el robo de un auténtico servicio público. Y en que los madrileños tengamos que ver – y pagar- cómo se cauciona y permite la mayor aberración del servicio público y el mayor despilfarro de la historia de este medio: una radiotelevisión desprovista de cualquier legitimidad, de toda misión pública, de todo servicio a los ciudadanos, y dirigida por los mismos políticos y directivos que la llevaron a su quiebra financiera y de credibilidad.
