Las RTV públicas autonómicas están hoy amenazadas por un modelo de reestructuración que, en caso de aplicarse, llevaría a la inviabilidad o a su simple liquidación o marginación como servicios públicos.
Hay que recordar el gran capital colectivo que suponen y el papel que deben cumplir en:
- la generación y difusión de valores democráticos;
- la información veraz, plural y de calidad;
- la descentralización del sistema comunicativo y de proximidad a la ciudadanía;
- el desarrollo de la cultura, de las identidades o de la normalización lingüística;
- la cohesión social en una época de riesgo extremo de desintegración social;
- la producción propia, y el desarrollo de un sector audiovisual diversificado y amplio, creador de empleo, y la promoción e intercambio de las diversas culturas del Estado español.
Todo ello implica garantizar que existan los canales y los presupuestos suficientes para asumir y cumplir con sus inalienables misiones de protección de la diversidad cultural y la democracia en el actual marco europeo.
En Tarragona, a 20 de enero de 2012
