Mañana 6 de abril se apagan en España nueve canales en la televisión digital terrestre. ¿Supone un atentado al pluralismo como defienden las empresas titulares de las licencias?

Chapuzas jurídicas

El cierre impuesto por el Ministerio de Fomento cumple una sentencia del Tribunal Supremo que anula las licencias por haber sido concedidas sin concurso público, como establece el art. 27 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

El asunto es una sucesión de despropósitos jurídicos.

[Vozpopuliu]

Muy probablemente a estas horas no habrá un solo español que no haya sido sorprendido por uno de esos anuncios sobreimpresos en pantalla ("El Gobierno nos obliga a cerrar antes del 6 de mayo este canal...") con los que los dueños de las dos grandes cadenas de televisión privada de nuestro país han pretendido atizar al Ejecutivo a cuenta precisamente de eso: de la obligación de cerrar antes del martes varios canales de TDT, asunto que les causa un quebranto económico no cuantificado pero que ha justificado, en su opinión, la pataleta protagonizada en las últimas semanas por los propietarios, en su mayoría italianos para más señas, de esas dos grandes cadenas cuya concesión deben al Gobierno de España y que, a cambio de la basura con la que a menudo atiborran las meninges de los telespectadores, les permite ganar dinero en régimen de duopolio sobre la base de impedir a la televisión pública, RTVE, competir en el mercado de la publicidad, porque los españoles somos tan magnánimos que hemos decidido colgar TVE de los Presupuestos, es decir, de los impuestos de los españoles, para que el señor Berlusconi y otros de idéntico pelaje puedan hacer negocio a nuestra costa.

[El Mundo]

Extracto entrevista al ministro José Manuel Soria:

¿Se va a producir el 6 de mayo el cese de las emisiones de nueve canales de TDT o puede haber marcha atrás?

No hay marcha atrás. Se va a producir el cese de las emisiones en los términos que nos han indicado diferentes sentencias del Tribunal Supremo. En 2010, el Gobierno de entonces otorgó un derecho a todos los licenciatarios, es decir, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, Veo TV y Net, para que tuvieran un múltiple completo de televisión cada uno de ellos. Eso supone cuatro canales, por lo que se otorgaron nueve canales de TDT entre todas. En aquel momento, la ley general de comunicación audiovisual exigía que para otorgar canales se convocara previamente un concurso y se ganara. Pero aquel procedimiento no se siguió y, por lo tanto, como ha dicho ahora el Supremo, esos canales se otorgaron al margen de la ley, lo que algunos llaman «error administrativo». Eso fue objeto de un recurso y en diciembre de 2012 recibimos una sentencia del TS anulando la concesión, y en febrero de 2013 otra sentencia confirmando la anterior. A partir de ahí se inicia un proceso de ejecución de esa sentencia de obligado cumplimiento.

¿Me está diciendo que el Gobierno no tiene ningún margen para interpretar esta sentencia?

Las sentencias no se interpretan, se acatan y se cumplen.

¿Y las soluciones que ellos han dado, que han sido varias, se van o no a tener en cuenta?

Plantean una ley de caso único, es decir, una solución a la carta que no es posible.

[El Mundo]

En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional alemán ha determinado que "el Gobierno tienen demasiada influencia en la radio y la televisión públicas", a través una sentencia que obligará a modificar de forma drástica la composición del consejo de la televisión y de la junta de directores de la ZDF, y por extensión del resto de medios de titularidad pública.

[Europa Press] 

El Tribunal Supremo ha acordado declarar improcedente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telemadrid que costó hace ya más de un año el puesto a un total de 861 trabajadores de la cadena autonómico.

Fuente: RTVE.es

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado este martes improcedentes "por no ajustarse a derecho" los 861 despidos del ERE de Telemadrid. La sentencia no implica la obligación de readmitir a los trabajadores, salvo a los miembros del Comité de Empresa, a los que sí tendrán que volver a contratar.