Hoy se ha admitido a trámite la Proposición de Ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, presentada por el PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.
Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.
Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.
El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.
La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propusimos el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:
1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.
¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.
Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.
Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:
Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
Realizar la conversión en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.
