El PP perdió las elecciones de 2011 por la mentirosa gestión de los atentados del 11M, precisamente manipulados desde RTVE.
Zapatero llegó a La Moncloa impulsado por el cabreo nacional frente a un gobierno completamente desacreditado y, tras el toreo de salón de la llamada "comisión de sabios" y su informe, cambió la ley e introdujo la elección del Director General (luego, Presidente) de RTVE por 2/3 del Congreso y el derecho a los Consejos de Informativos.
No fue una experiencia negativa, supuso un pequeño avance. El típico dos pasos adelante y uno atrás, nada más; pero un paso adelante al fin y al cabo.
Luego vino el PP, cambió la ley para imponer la mayoría simple en la elección del Presidente de RTVE, con lo que volvimos a retroceder pasos y pasos, hasta el punto inaceptable en el que nos encontramos.
Está claro, y más tras los resultados electorales del 20D, que no es posible continuar con la actual RTVE manipulada, anquilosada, descapitalizada y, a consecuencia de ello, abandonada por la audiencia.
Pero tampoco basta con una vuelta al momento Zapatero, como pretende el PSOE con la propuesta que ha presentado ante el Parlamento. El sistema de los 2/3 es mejor que el actual ―cualquier sistema razonablemente democrático lo sería― pero insuficiente.
Si la RTVE de Zapatero nació al calor de las luchas del No a la guerra, el Nunca Mais, el "Televisión, manipulación" y "Queremos la verdad", la radiotelevisión pública veraz, crítica, plural, inclusiva y al servicios de los derechos ciudadanos que hoy exigimos, tiene que responder a los clamores de democracia auténtica que han expresado y siguen expresando los ciudadanos desde las luchas contra los desahucios o las distintas mareas, desde el 15M.
Democracia real, ya. Lo llaman Democracia y no lo es. No nos representan. Son eslóganes que definen una realidad que hemos de cambiar. Comenzamos a cambiarlas en las últimas elecciones europeas, municipales, autonómicas y generales. Pero ahora hay que hacer leyes que respondan a este momento.
La ley de la RTV estatal tiene que incluir la participación social. No podemos dejar en manos exclusivamente del Parlamento la elección de sus directivos, aunque sea por los 2/3.
Es una mayoría que se logra con el mercadeo que hemos visto ya en la composición de la mesa del Congreso. Eso no es garantía. Debe haber un Consejo Social, con representación de la sociedad civil, y un Consejo del Audiovisual integrados por auténticos expertos.
Los Consejos de Informativos deben recibir el poder suficiente para que sus dictámenes no se conviertan, como ahora, en letra muerta.
Los ciudadanos deben poder ejercer el Derecho de Acceso a los medios públicos, que ahora apenas se reconoce y que nunca se aplica. Las distintas naciones y regiones del Estado deben sentir como propia esa nueva RTVE y no como una parte del poder aplastante y uniformizador de 'Madrid'.
En definitiva, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir a los actuales legisladores que no nos vuelvan a engañar con un apaño vestido de titulares prometedores y relleno de inmediatas frustraciones.
Ya nos lo han hecho en la Comunidad de Madrid, donde el cogobierno de facto PP-Ciudadanos nos ha colado una ley para Telemadrid que sigue sin garantizar esos derechos y permite su privatización o su cierre cuando así lo consideren.
El derecho a la información de los ciudadanos es sagrado. Y los medios públicos, también los privados, tienen la obligación de hacerlo efectivo.
