Emelina Fernández Soriano / Juan Torres López
¿Nos parecería bien que, en aras de la libertad de empresa, un productor de chucherías infantiles vendiese en la puerta de los colegios caramelos que creasen adicción al alcohol, al café o a cualquier otra sustancia de consumo nocivo, sin advertir de su peligro? Y, sobre todo, ¿admitiríamos que siguiera haciéndolo si eso estuviera prohibido por la ley?
¿Por qué, entonces, consentimos en España que otra industria, la audiovisual, pueda emitir cualquier tipo de contenido, conociendo el impacto tan grande que sus medios tienen sobre nuestras mentes y si, además, hay leyes que lo prohíben?
La influencia decisiva de los medios de comunicación en la conformación de la conciencia social, la opinión pública y las preferencias ciudadanas es bien conocida. En nuestra época, el 65% de las personas somos aprendices visuales y un 30% verbales, lo que da idea del enorme poder de control sobre nuestras mentes que tiene la industria audiovisual en un país, como el nuestro, en el que hemos llegado a estar viendo televisión más de cinco horas diarias de media en marzo de 2020, y cuatro horas y seis minutos durante todo el año.
Si el editor de la página de opinión del Wall Street Journal, Robert L. Bartley, podía afirmar hace años que se necesitan 75 editoriales para aprobar una ley, hoy día sabemos, y es un lugar común, que los medios audiovisuales condicionan nuestros gustos, las pautas de consumo e incluso las preferencias políticas de la población. Y, por esa razón, en las democracias más asentadas del planeta hay algún tipo de autoridad independiente que controla a esos poderosos controladores de mentes (en Estados Unidos desde 1934, en Alemania desde 1987 y en Francia desde 1989), para evitar que los medios se salten las leyes o que difundan producción audiovisual que atente contra los valores que sostienen la democracia y nos permiten vivir con respeto y en libertad.
España, sin embargo, es el único país de la Unión Europea donde no existe esa autoridad independiente, salvo en Andalucía y Cataluña donde hay Consejo Audiovisual. Y lo más lamentable de nuestra situación no solo es que carezcamos de autoridad del audiovisual sino que incumplimos nuestras propias normas y compromisos así como la directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Unión Europea.
