La Junta Directiva de la Federación, se ha hecho eco de las denuncias que se están produciendo en España contra el uso de los medios de comunicación de titularidad pública como plataforma propagandística, sin distinción de siglas políticas.

Por ello quiere manifestar:

1º.- Los medios públicos de información gestionados con criterios periodísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expresión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados es la mayor garantía del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitución.

2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión, ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.

3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con responsabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses generales y no en los de partido, con respeto absoluto al Código Deontológico de la profesión y al trabajo de los periodistas.

4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y dar ejemplo diario rechazando prácticas abusivas y contrarias al espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las empresas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de bloques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de propaganda.

La FAPE quiere recordar que es preciso instaurar medidas como la profesionalización de la gestión, la creación de planes estratégicos que fijen los recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dotar de más recursos a los servicios informativos y establecer una rendición de cuentas de los responsables de los medios.