En el año 2009, el diario El País nos sorprendió el 23 de abril con la noticia de que se iba a eliminar toda la publicidad en RTVE, al parecer tras varias reuniones de los representantes de UTECA con la vicepresidenta Fernández de la Vega y sin consultar a RTVE. En efecto: a mitad del ejercicio del año  se cambian las reglas del “juego” y así se anuncia tras el Consejo de Ministros del 8 de mayo y entra el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el día 29 siguiente. Se habilita trámite de urgencia en  verano y en dos meses está aprobada la nueva ley 8/2009, de 28 de agosto, en pleno verano. Todo un record de tramitación parlamentaria por Congreso y Senado obviando las serias dudas expuestas por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Competencia, que tuvieron que elaborar sus informes en menos de una semana para cumplir el trámite legal. La explicación llega en titulares en 2011: “Una TVE sin anuncios ha salvado al sector de la quiebra” (Alejandro Echevarría, presidente de UTECA, en La Vanguardia 4-3-2011), “La publicidad impulsa los resultados de Telecinco y Antena 3 en 2010. La retirada de TVE del mercado publicitario beneficia a ambas cadenas” (El País 25-2-2011). Parece claro que las grandes cadenas de televisión privada plantearon al Gobierno que o retiraba la publicidad de TVE ya o el sector se hundía y el órdago lo ganaron dichas empresas.

Y sin embargo todo estaba bien previsto y analizado en el Informe elaborado por el denominado Comité de Sabios muy pocos años antes, con propuestas muy interesantes y medidas que ahora recordamos:

• La búsqueda de la máxima captación publicitaria posible ha contribuido a distorsionar las misiones de servicio público en la programación y la producción de RTVE, difuminando sus señas de identidad y debilitando, en consecuencia, su legitimidad social.
• La financiación mixta o diversa es perfectamente legítima y acorde con los tratados de la Unión Europea.
• Las televisiones europeas han tendido a bajar los límites permitidos de emisión de publicidad para acentuar la autonomía financiera de la radiotelevisión pública.
• Se debe excluir tajantemente toda práctica de publicidad indirecta ilegal o que atente contra los derechos de los consumidores. Además, RTVE debe ejemplarizar el respeto absoluto a un código de buena conducta publicitaria.
• TVE1 debe limitar su emisión de publicidad a tiempos inferiores a los permitidos legalmente: 9 minutos en cada hora natural de reloj. Todo ello efectuado a un ritmo gradual, en cuatro años y en porcentajes iguales.
• La 2 irá abandonando la emisión de publicidad progresivamente a lo largo de ese mismo período transitorio de cuatro años.
• En cualquier caso, esta exigencia ha de introducirse de forma gradual y acordada con todos los agentes del sector, pues su aplicación drástica desestabilizaría el mercado publicitario televisivo.
• Los ingresos publicitarios no deberían superar el techo del 40 por 100 del total anual presupuestado.

En resumen, entre la saturación publicitaria anterior y el vacío actual hay muchas opciones intermedias que deberían haberse considerado de acuerdo con la propia dirección de RTVE y los anunciantes. Particularmente me parecen interesantes dos de ellas: el patrocinio y la inserción de publicidad solo entre programas cuando estos tengan menos de 1 hora o un corte por cada hora de emisión, salvando los informativos. También hay que considerar las distintas cadenas que ahora se ofertan y sus peculiaridades, sin excluir que alguna de ellas pueda en efecto emitirse sin publicidad, como en el caso de La 2 y Clan. En mi opinión también debería eliminarse la autopromoción dentro de programas, una práctica aberrante copiada de las televisiones privadas que demuestra muy poco respeto por el espectador. Esta admisión de publicidad debería conllevar también el control de patrocinios ocultos que pueden estar empleándose en forma de pagos en especie en algunos programas de TVE y RNE.

La otra fuente de ingresos que debería fomentarse es la venta de material audiovisual a otras televisiones y a particulares mediante la creación de un servicio web que permita la explotación comercial del gran archivo del que disponemos.

En cualquier caso es triste ver que cómo se siguen elaborando leyes con poca reflexión, llamadas a durar muy pocos años, por no tener en cuenta la normativa europea y la realidad social y sobre todo por no tener una voluntad política fuerte para defender un modelo de televisión pública en el que supuestamente se cree.