El último Consejo de Ministros (9 de Junio) incluía en su orden del día los nombramientos de recambio para llenar las vacantes prolongadas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, consensuados con antelación entre los grupos parlamentarios del PP, de Ciudadanos y del PSOE. Se preparaba así el terreno, según todas las informaciones periodísticas, a una remodelación de la CNMC que el Gobierno lleva meses introduciendo a través de una oscura “consulta pública” lanzada en marzo y cerrada en abril, para imponer una arquitectura de AAI (Autoridades Administrativas Independientes) que en realidad ya estaba pactada entre el PP y Ciudadanos en detalle. En resumen, la CNMC se dividirá en cuatro organismos, pero sobre todo en uno encargado de la competencia y otro de la regulación de los sectores. El nombramiento de sus consejeros y cargos máximos se realizará a propuesta del Gobierno, previo informe de idoneidad por una “comisión de expertos” y se aprobará en la Comisión de Economía del Congreso.
Más allá de otras muchas consideraciones generales que se han hecho en estos cuatro años sobre la creación de la CNMC, sobre su elefantiasis e incompetencia al absorber a ocho reguladores anteriores, sobre su escasa independencia gubernamental y la dudosa fuerza de sus controles y sanciones (entre 2014 y 2017 se calculaba que apenas había cobrado un 3 % de las multas impuestas), esta remodelación prevista tiene consecuencias graves y ya endémicas sobre el audiovisual español.
Una reivindicación histórica
La reivindicación de la creación de una autoridad audiovisual independiente en España se remonta al menos a 1995, cuando todos los grupos parlamentarios del Senado, con rara unanimidad, se declararon a su favor. En 2005, el Informe del Consejo para la reforma del servicio público lo reclamaba de nuevo, como pieza vital para lograr un sistema televisivo equilibrado y democrático, adelantando una propuesta para su formación. La Ley de Reforma de RTVE de 2006 le confería un papel esencial en el control del servicio público. La Ley General del Audiovisual de 2010 le ponía fecha, estructura y funciones importantes como CEMA (Consejo Español de Medios Audiovisuales), pero el boicot del PP en el Parlamento impidió su creación.
En 2013, el Gobierno de Rajoy con el pretexto de la crisis económica y del ahorro constituyó un superregulador “Frankestein” (Ley 2/ 2013, BOE de 5-6-2013), que sobre las ruinas apresuradas de los anteriores organismos y pese a las críticas de Bruselas, acumuló una impresionante diversidad de competencias sectoriales (eléctrico, gasista, telecomunicaciones, transportes, correos,...) , absorbiendo entre ellas las del non nato consejo audiovisual. Naturalmente, como en otras actividades, sus competencias en el audiovisual resultaron drásticamente recortadas en beneficio de una re-gubernamentalización del poder en este campo (Presidencia y Ministerio de Industria especialmente).
Desde entonces y a pesar de las numerosas sanciones impuestas a cadenas de televisión (también escasamente cobradas), la CNMC ha demostrado la incapacidad de un organismo nacido para los mercados económicos del business puro para entender o gestionar el pluralismo, la diversidad, el servicio público. En este último terreno, la CNMC ha realizado en tres años un solo informe sobre el servicio público de RTVE en 2014, (julio de 2016), en el que certifica el “cumplimiento general” del servicio público por la CRTVE, basándose en los datos de esta corporación, y despreciando las múltiples denuncias efectuadas de manipulación y mala gestión. Como rezaba el voto particular del único consejero con experiencia en el audiovisual, hacía falta un organismo con independencia y con herramientas suficientes para realizar esa labor.
Un clamor ciudadano
En estos años, el clamor social por una autoridad audiovisual específica no ha cesado de crecer. En el dictamen de Teledetodos, en las propuestas de CCOO y UGT, en los programas electorales de muchos partidos, en los informes sobre la degradación del pluralismo en España (IFPI, Fundación Soros, Parlamento Europeo...) se reafirma reiteradamente que sin ese árbitro auténticamente independiente y especializado resulta imposible orientar el comportamiento del servicio público y hacer cumplir las obligaciones legales, españolas y europeas, de los operadores privados. Los Consejos Audiovisuales autonómicos, como el CAC de Cataluña o el CAA de Andalucía, han mostrado muchas veces su incapacidad para regular emisiones nacionales que se escapan a su control.
Ahora, si el pacto político a tres para la remodelación de la CNMC se confirma, nada cambiará a mejor. La independencia y excelencia que vuelve a proclamar nuestro Gobierno se verá frustrada de nuevo con consejeros partidistas de dudosa experticia generalista y más sospechosa neutralidad, lo que, junto a la mezcla intrincada de sectores vigilados, seguirá permitiendo la “captura del regulador” por el poder gubernamental y por los lobbies privados (más fácil aun en el audiovisual, al cesar el único consejero con experiencia en ese campo); y, como muestra no hay más que ver su “Plan Estratégico” para 2017, donde tras un balance complaciente de su labor, se afirma que se centrará en labores “prioritarias”, como la protección de los menores o la accesibilidad de los discapacitados. Temas esenciales del audiovisual en España como la reforma democrática de la radiotelevisión pública o la vigilancia de las prácticas publicitarias de cartel del duopolio comercial, ni siquiera aparecen citados.
En fin, con el nuevo asesinato preventivo del Consejo Audiovisual de España se frustra una vez más una reivindicación democrática histórica, y una parte fundamental de nuestra necesaria regeneración democrática. Pero, más aun que el PP, habitual en estas posiciones de desprecio a la calidad del espacio público, Ciudadanos y el PSOE tendrían que cargar con el peso de esta frustración colectiva, justamente a pocos meses de que la nueva y reformada directiva audiovisual europea destaque seguramente más aun su importancia en la doctrina europea.
