En RTVE sigue al mando, impertérrito, como en los mejores momentos de Aznar, el Presidente José Antonio Sánchez, en su segundo mandato inédito en la historia del medio, más insólito aun por tratarse del único Director General condenado por sentencia judicial por manipulación ostentosa (“c-c-o-o). En sus telediarios, continúa la tergiversación al servicio del partido gubernamental, el silenciamiento de las noticias que le fastidian, el ninguneo de la oposición, discriminada o premiada según los momentos y las coyunturas políticas, con elogios pasajeros o adornos negativos de sus informaciones. Aunque con mayor escándalo puntual, los informativos del pasado domingo 12 de febrero (fecha coincidental, que rememora aquel “espíritu” de “contraste de opiniones” de Arias Navarro) sólo fueron un pequeño botón de muestra: no tanto ni tan solo por la patética comparación entre el mal tiempo y la bonanza del Congreso del PP, como por la aparición de este en la portada del TD, en el comienzo amplio y, emparedados después los eventos del PSOE y Podemos como ejemplo de discordia, el nuevo largo enlace en directo con el PP y con la felicidad.
Seguramente, esta culminación de una larga estela de tergiversaciones impulsó el apoyo a la carta firmada por 2.225 profesionales de RTVE (la mayor relativa sobre su plantilla de la historia), presentada en el Congreso de Diputados días después, para reivindicar que el servicio público “no sea utilizado como instrumento de propaganda partidista o gubernamental”, para reclamar ante Gobierno y oposición que se recupere “una radiotelevisión pública plural, imparcial, defensora de los derechos constitucionales”.
Un clamor ciudadano
Pero no fue esa la primera llamada de atención de lo que se ha convertido ya, desde las dos últimas campañas electorales, en un clamor ciudadano. Nadie en primer lugar, ningún medio de comunicación por ejemplo de los que alegaron en su día que estaba justificado el cierre de Canal Nou por una supuesta omisión de denuncia de sus trabajadores, podrá utilizar el mismo argumento torticero. Porque, tras muchas protestas similares, hace pocos meses fueron 1.500 firmas de profesionales de RTVE, y en enero los Consejos de Informativos denunciaban, además de la manipulación, las contrataciones ideológicas irregulares, las redacciones paralelas, las represalias arbitrarias en las carreras profesionales internas. Tampoco han faltado en los últimos meses las llamadas de alarma, por ejemplo, de CC.OO. en su escrito “para una CRTVE para todos los ciudadanos”. O de Teledetodos que, después de un fundamentado balance aterrador del servicio público, acompañado de una propuesta completa de nuevo modelo de regeneración democrática, sintió que eran necesarias medidas de extrema urgencia, proponiendo en esa línea un plan posibilista a corto plazo hace ya meses.
Porque no se trata solo de la manipulación informativa, expandida generalmente a los temas y desarrollos de los informativos no diarios, contaminada a los “desayunos” y tertulias cuyas voces se alinean desde la derecha a la extrema derecha. Sino del desvarío completo en las misiones del servicio público, de la errática estrategia de programación que acumula los fracasos, del debilitamiento profundo del papel social de RTVE, evidenciado en la pérdida de liderazgo de los informativos y de su confianza en los ciudadanos (del 39,4 al 19, 2 % según el CIS), en la caída en picado de las audiencias de La 1 (menos del 10 por % muchos meses) y del grupo entero que en cinco años se ha hundido al 15, 9 % del share (Febrero de 2017, frente al 28,8 de Mediaset y el 27,5 % de Atresmedia).
Es también la ruina económica de una sociedad, dotada de un modelo financiero inviable, que el Gobierno contempla pasivamente mientras aplaude periódicamente las “mejoras” minúsculas en la bajada crónica de gastos. Se trata en definitiva, de la destrucción planificada del servicio público y de su referencia vital en nuestra democracia.
Incompetencia de la oposición
Los partidos de la oposición parecían tenerlo claro en sus programas electorales recientes cuando, con matices, reclamaban una reforma que fuera mucho más allá de la restauración de la mayoría reforzada de dos tercios en la elección parlamentaria del Presidente y el Consejo de Administración (hoy degradado a la inoperancia absoluta), que revisara y afianzara el modelo financiero, que conquistara el contrato programa con compromisos fehacientes de servicio público, que garantizara una carrera profesional interna objetivada, libre de injerencias partidistas, que asegurara un derecho de acceso constitucional convertido ahora en una caricatura...
Nada de eso han exigido firmemente en la nueva coyuntura política. Se han limitado de tarde en tarde a ostentar lacitos de colores, interpelaciones parlamentarias light, proposiciones no de ley inútiles... Mientras el Presidente, ¡ni siquiera comparece ante la comisión de control parlamentario desde Noviembre de 2015!
Duele recordar por contraste la feroz campaña que el PP desencadenó en la antesala de las elecciones de 2011, en el momento de mayor independencia histórica de RTVE, contra la autonomía del servicio público y la de sus profesionales. Porque aquella vergonzosa orquesta de dirigentes en tropel tuvo al menos la virtud de mostrar la decisión y coherencia –en medio de la incongruencia con la realidad- de un partido político frente a la lenidad de la oposición política actual, de sus líderes y partidos.
Sin comprender siquiera que RTVE se ha convertido en el laboratorio y escaparate máximo de su, presunto, poder de oposición, de su – limitada- voluntad de regeneración democrática, además de en una herramienta negativa para toda reforma futura, para toda retrocesión de las contrarreformas más salvajes del gobierno anterior (desde la ley mordaza a la contrarreforma laboral o educativa, desde la privatización de la Universidad hasta el abandono de la dependencia). Por extensión, en la mayoría de las comunidades autónomas regidas por la oposición o sustentadas por ella, los canales de radiotelevisión regionales han carecido hasta ahora de una auténtica regeneración, y han sido objeto de componendas varias entre militantes. El caso de los enjuagues en RTV Madrid es en ese sentido preocupante.
Sin pretenderlo seguramente, las formaciones partidistas están acentuando así la desconfianza, la desafección ciudadana ante la dudosa capacidad y decisión de los partidos parlamentarios por re-construir una auténtica esfera democrática en nuestra sociedad. Por eso precisamente, Teledetodos reclamaba hace año y medio, amparándose en la sentencia emblemática del Tribunal Constitucional alemán, que los partidos dejaran de repartirse y usurpar la mayoría de los órganos de control y gestión del servicio público, para dejar su lugar a la sociedad civil. Los acontecimientos de esos últimos meses nos refuerzan todavía más en esa idea: sin eso no habrá nunca un auténtico servicio público en el Estado Español.