Viernes, Noviembre 22, 2024
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[El Mundo]

El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.

Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.

Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.

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El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.

Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.

Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.

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Lunes, 19 Octubre 2015 00:00

Debate sobre la reforma de la BBC

El pasado mes de julio, el ministro de Cultura británico presentó en el Parlamento un documento del Gobierno sobre el futuro de la radiotelevisión pública del país, la BBC. Este texto debe ser la base para reformar el estatuto (Carta Real) de la entidad ya que el vigente termina en diciembre de 2006. Ante esta iniciativa, desde el punto de vista formal no cabe más que descubrirse: en España toca dentro de poco renovar el mandato-marco de RTVE y no hay ningún debate (ni se le espera) similar.

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“Aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia” es -nada menos- la intención con que se presenta el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audioivisual, después de constatar que la aprobación de una norma que regule la comunicación audiosvisual no ha sido posible por falta de consenso.

¿Existe ahora ese consenso? Parece que sí… consenso entre el Gobierno y los operadores privados de televisión representados por UTECA.

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