En continuidad y concreción con el artículo publicado en verano en la revista de la Universidad Complutense Cuadernos de Información y Comunicación, 26, 149-160 (2021)[1] se apuntan algunos desarrollos temáticos en forma de esbozos de enmiendas[2] al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual- PLGCA en adelante-[3] (Consejo de Ministros de 30 de noviembre 2021) que, con algunos cambios, ha hecho definitivo la 2ª versión del Anteproyecto de Ley (de junio de 2021) .
El único cambio significativo[4] entre Anteproyecto y Proyecto y que resulta insatisfactorio,[5] es la Disposición Adicional 5ª de Promoción de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Tiene su interés la ampliación de la preexistente Disposición Adicional 3ª relativa a producción audiovisual realizada por mujeres
Siendo las que se comentan propuestas de enmiendas, unas de más calado que otras y sabiendo que no agotan las que deberían formularse,[6] serán tales si las asumen los agentes políticos en tanto ya se entra en el debate parlamentario. Y son mejorables conforme avance el intercambio de ideas entre analistas, grupos sociales y políticos y la propia Administración.
Ciertamente estos esbozos de enmiendas modificarían sustancialmente el texto del Proyecto y son los partidos quienes -en función de convicciones, relaciones de fuerzas e intereses- podrán utilizarlas y modularlas. No es el terreno que nos toca. El nuestro es el del deber ser en un contexto; y palidecerá en la medida que el debate político se polarice en unas pocas cuestiones.
Se han agrupado en tres claves temáticas: generales, autonómicas y lingüísticas.
[1] Zallo, Ramón (2021). El anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual: una guía crítica de lectura. Cuadernos de Información y Comunicación, CIC, 26, 149-160 (2021). https://doi.org/10.5209/ciyc.76070
[2] Para darles forma, corregirlas o matizarlas se requiere el concurso de juristas especializados.
[3]https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/210628-APL-Com-Audiovisual-2.pdf
[4] Asimismo, se modifica un artículo de la Ley General de Publicidad de 1988 mediante una nueva Disposición Final y se repite, en otra Disposición Final, la necesidad de un mandato– marco y un contrato programa para RTVE lo que ya venía en el art 53 a 55 del texto; recuerda, con varias Disposiciones Transitorias, que siguen vigentes algunas leyes mientras la nueva ley no entre en vigor.
[5] Tanto para el proponente del tipo de cambio (ERC) como para las asociaciones de defensa de las lenguas minoritarias de todo el Estado Español.
[6] No se abordan aquí campos significativos: la precisión en definiciones que abarquen servicios actuales y previsibles, la alfabetización mediática, las áreas de autorregulación, corregulación y códigos de conducta, comunicaciones comerciales, calificación por edades…temáticas todas ellas en las que la Asociación de Usuarios de la Comunicación que dirige Alejandro Perales propone muchos cambios pertinentes. Igualmente queda pendiente la revisión del régimen de sanciones. https://www.auc.es
La Televisión Pública estatal cumple hoy 65 años. El 28 de octubre de 1956 TVE inició sus emisiones regulares. Esta fecha debe ser considerada mucho más que una simple efeméride. Hasta la penúltima década del pasado siglo TVE fue la única televisión que emitió su programación en nuestro país. Muchos de los mejores profesionales de la televisión y del cine español han tenido vínculos más o menos directos con la televisión pública estatal. Las televisiones autonómicas y privadas le deben mucho aún a TVE. Profesionales de estilos tan variados como Concha García Campoy, Pepa Bueno, Jesús Hermida, —y colaboradoras de éste último, como María Teresa Campos o Nieves Herrero—, fueron personas formadas en la radiotelevisión pública, antes de pasar a las privadas.
Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.
El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.
Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.
La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.
Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.
Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.
La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.
En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.
Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I
AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña, de aprobarse, a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.
Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.
La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar mañana en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, se basa en cuatro proposiciones de naturaleza regresiva:
Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración
En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).
Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.
Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.
Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.
Reducción de las competencias del Consejo de Administración
El nuevo Consejo de Administración pretendido, más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado, pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del Director General
Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.
Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de turno, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.
POSVERDAD COMO CRISIS. ¿DE QUÉ?
La palabra “posverdad” constituye un discurso en sí misma y, como tal, su significado discurre por unas líneas. Una de ellas fue, desde su origen, que no hay un consenso claro sobre cuál es su referente extralingüístico: “posverdad” no se corresponde a priori con una posición epistemológica identificable o sustantiva que nos permita delimitarla o ubicar su novedad, o si la hay. Este ‘rasgo’ de la posverdad lo es en realidad de la discusión que genera, que contiene precisamente la pregunta sobre si el término describe un fenómeno social nuevo, externo al lenguaje humano; o si más bien pretende, con nombrarla, crear una categoría pseudo-ontológica distinta a “la mentira de toda la vida”, pero sin distinciones identificables a priori.
Así, las primeras definiciones del neologismo en diccionarios describieron ya una circunstancia sin novedad aparente; en principio, la distorsión intencionada de una verdad o la apelación a las emociones son una parte esencial de cualquier dispositivo retórico en cualquier sociedad, actual y del pasado. Esta aporía obliga a preguntarse, en primer lugar, qué caracteriza en la práctica la crisis que enuncia o anuncia esta palabra (¿es una constatación nostálgica o más bien una premonición?) respecto al estado actual de la verdad. Pero más allá de esta duda fundamental y de la discordia inicial sobre su significado, es oportuno entender cómo se materializa el problema y cuál es el alcance de sus efectos como hecho social en nuestras vidas.
En 2016, el vocablo inauguró un debate sobre la vigencia de la verdad como principio normativo, cuando encabezó la lista de palabras del año que elabora el Diccionario Oxford y apareció asociado a dos campañas de naturaleza mediática: el personaje de Donald Trump y el brexit. Desde entonces, nombrar el problema que persiste de desinformación y desafección hacia la verdad ha contribuido a hacer más visible la amenaza que representa, a convertirla en una realidad consciente, una preocupación compartida. No cabe duda de que esta preocupación proviene del carácter disruptivo de la posverdad contra el consenso establecido, una actitud anti-establishment de ruptura, que cuestiona la idiosincrasia política de la verdad como pacto social.
Por este motivo, es importante estudiar las causas que hay detrás de la pérdida de credibilidad social y del aumento de la indiferencia y la desconfianza, siendo estos elementos culturales una parte integral del régimen de principios democrático. Este artículo tratará de comprender qué caracteriza la crisis que conceptualiza esta palabra, su origen mediático y qué significa el debate que implica, aún activo.
1.2. UNA VERDAD RACIONAL
Si continuamos con otra de las afirmaciones que hace el discurso predominante sobre posverdad y la analizamos, vemos que asimismo contrapone verdad emotiva a verdad racional. “Posverdad” reclamaría así la existencia de una verdad racional y sin emoción o interés alguno de por medio. Esta verdad aséptica, neutra, es asimilada a la factual de nuevo, al no posicionamiento. Esto conlleva una afirmación: la existencia de espacios de transparencia discursiva o ‘reductos’ por los que se transmitiría una supuesta verdad pura, que circularía por unos canales libres de toda intencionalidad, lo cual hace implícitamente esta misma presunción sobre un emisor o fuente de procedencia.
De nuevo, estaríamos ante una forma de naturalización o legitimación de cierta lógica de poder de índole mediática, como señalaba Carrera, de manera que aquello que afirman “los hechos” que consumimos no representaría una posición inclinada hacia el terreno de lo subjetivo, la opinión o un interés particular. Se trataría, al contrario, de una verdad no enturbiada, comunicada con la mente fría y sin distracciones o divagaciones de la imaginación; en definitiva, sin apenas aportación o interferencia humana. Siendo esta afirmación falaz (al menos, tal y como defendemos que aparece planteada en el vocablo “posverdad”), queda desmentida a su vez la equivalencia posverdad = mentira emocional, ya que también los denominados “hechos” y las verdades factuales pueden contener una manipulación emocional.
Así, a partir de estas reivindicaciones que hace la posverdad es posible identificar un carácter reaccionario en el concepto en cuanto a su reivindicación maniquea de los medios tradicionales como instituciones garantes de la verdad, sin cuestionar, y esta es la crítica, el cruce de intereses que existe tras toda publicación, especialmente de naturaleza política y con capacidad de difusión.
Un ejemplo interesante, por apoyarse únicamente en un dato rotundo, sobre uso emocional del lenguaje político es la cantidad de dinero que el Reino Unido supuestamente enviaba cada semana a la Unión Europea: los 350 millones de libras. Esta cifra, insertada en un relato ideológico, pretendía promover la idea de que el país británico aportaba más de lo que recibía del continente y, por tanto, el primero salía perjudicado económicamente por el hecho de pertenecer al segundo. Lo que ocurre al extraer una afirmación como esta de un contexto ideológico (como es un discurso político durante la campaña pro-brexit) para introducirla en otro informativo (el periodismo) es que se hace necesario un proceso de reinterpretación del argumento, entendiéndolo como una materia prima y acudiendo a la fuente original para contrastarlo.
El discurso de los 350 millones lo protagonizó Boris Johnson, líder del Partido Conservador y primer ministro británico desde julio de 2019, tras las primarias que sucedieron a la dimisión de Theresa May como consecuencia del tercer rechazo en la Cámara de los Comunes a su acuerdo de salida negociado con la Unión Europea. Johnson, una de las caras más visibles entre los partidarios de un brexit duro durante la campaña Vote Leave (del inglés, “Vota Salir”), realizó entonces una gira por el país con el llamado battle bus (“autobús de la batalla”), en cuya superficie se podía leer la siguiente consigna: “Deberíamos gastar eso [los 350 millones] en el Servicio Nacional de Salud [NHS]”. A sabiendas de que la sostenibilidad del servicio sanitario es una prioridad máxima para muchos votantes británicos, Johnson repitió este lema hasta la saciedad, a pesar de que esos 350 millones son una cifra que podría calificarse de engañosa, puesto que la Unión Europea devuelve una parte importante en forma de subsidios, pagos y devoluciones, como el propio Johnson acabó admitiendo.
Por tanto, este mismo dato podría haber sido objetivo en otro contexto determinado, por ejemplo, uno en el que se explique su procedencia y se desglosen las distintas formas de pago por parte de la Unión Europea, especificando la cuantía final exacta que le correspondería al Reino Unido como miembro contribuyente. Sin embargo, los 350 millones funcionaron como un hecho discursivo y se difundieron como un alternative fact (del inglés, “hecho alternativo”) , tanto en redes sociales como en televisión y prensa escrita, con la correspondiente influencia que esta convicción pudiera tener en el voto individual del inminente referéndum de autodeterminación en aquel momento.
De nuevo, se trata de la capacidad de fijar agenda mediática por parte de determinados agentes sociales o personalidades públicas: si un dato o afirmación, sea falso o no, logra una presencia suficiente como para situarse como una referencia común en sociedad, las distintas partes se verán obligadas a posicionarse sobre ello; en especial, los partidos políticos a menudo presionados por los medios, que tienden a adoptar también su postura en el debate. Esto es a lo que George Orwell llamó en 1941 “control positivo del pensamiento” (p. 64) en referencia al proceso por cual la atención pública se dirige hacia las realidades que aparecen representadas en los medios, de manera que:
aquellos hechos que se perciben como susceptibles de formar parte de la realidad, es decir, los que están en el relato, son los que podrán ser tomados por ciertos y sobre los que se emitirán juicios de valor posteriores. Del mismo modo, las visiones sobre la realidad que no cuentan con la misma difusión se percibirán como aisladas o marginales, de poca relevancia, por no participar de ese retrato de la realidad. Así, se puede interpretar que no son lo suficientemente importantes como para aparecer en los medios, pero funciona también a la inversa: no llegan a ser importantes porque nunca aparecen representadas (Pérez, 2018, p. 54).
Un ejemplo claro del alcance de este proceso fue el desgaste del Partido Laborista encabezado por Jeremy Corbyn como líder de la oposición, acusado de no ubicar con claridad su propuesta frente al eje salida-permanencia del Reino Unido en la Unión, que organizó una dicotomía a nivel nacional que marcó la actualidad durante años. Durante este tiempo, se fue armando lo que podríamos denominar una meta-representación de la realidad discutida, resultando una situación en que las opiniones que se emiten sobre los hechos discursivos acaban reformulando e incluso sustituyendo u olvidando la primera referencia de realidad. Este tipo de procesos, esencialmente mediáticos y de cierta naturaleza paralela a la realidad política, son además cada vez más intensos y habituales en el discurso de actualidad, en el que se insertan posiciones y versiones de las distintas partes interesadas en transformar las polémicas y problemáticas a su favor.
Para terminar con este ejemplo del brexit, es muy ilustrativo lo que escribió en una ocasión Dominic Cummings, arquitecto de la campaña Vote Leave, en su artículo How the Brexit referendum was won para la revista británica The Spectator:
Alguna vez dijimos ‘enviamos a la Unión Europea 350 millones de libras’ para incitar a la discusión entre la gente. Funcionó mucho mejor de lo que creía. […] ¿Habríamos ganado sin [el argumento de] la inmigración? No. ¿Habríamos ganado sin los 350 millones y el NHS? Toda nuestra investigación y los resultados tan cercanos sugieren enérgicamente que no. ¿Habríamos ganado invirtiendo nuestro tiempo en hablar de comercio y mercado único? Jamás (Cummings, 2017, epígrafe ‘Vote Leave exploited these forces’, p.2).
2. EL OMNI-ESPECTADOR DE ‘HECHOS’
Hasta ahora, hemos hablado de verdad como hecho discursivo y de la consciencia de no ser espectadores de hechos, asimilados a realidad y a verdad, sino de ser consumidores de relatos, lectores. En este punto, nos preguntamos cómo se desarrolla el proceso por el cual el fenómeno de la posverdad produce o reproduce en el individuo un cambio de actitud por el que acepta un relato falso.
Al igual que reconocer la narratividad presente en la verdad factual hegemónica nos ha permitido entender que estamos ante hechos discursivos y tomar distancia crítica, manteniendo esta perspectiva, también podemos inducir lo siguiente: el núcleo de la posverdad y su novedad, como hecho social que defendemos que es, tendría menos que ver con la falsificación de hechos acontecidos [en el plano del relato] (que siempre hubo), y más efectivamente con un cambio de actitud: en concreto, con la producción (masiva) de relatos falsos o falseados y su aprobación a sabiendas e independientemente de que sean fácticamente posibles. De nuevo, hablamos en todo momento de producción y aprobación de relatos, es decir, de la existencia de un emisor/fuente y un receptor, al que correspondería posteriormente juzgar un mensaje.
Este enfoque narrativo no pretende abordar la verdad exclusivamente como contenido verdadero. Decir que la verdad, tal y como la conocemos hoy, consiste en mera narración reduciría la cuestión de la verdad siempre a una expresión referencial, su dimensión más explícita, frecuente o comprensible quizá (y su estudio, a un análisis de discurso, centrado en la relación que se establece entre un mensaje y los referentes externos del mismo). Lo que se pretende, más bien, es adoptar una perspectiva analítica del problema que permita entender que los medios son canales de comunicación de acontecimientos, y que es el resultado de esa mediación, esa interferencia, esa manipulación textual, aquello con lo que interactuamos para conocer los asuntos y problemas de relevancia en nuestro entorno y a los que no podemos acceder por experiencia directa; a partir de aquí, centrar el análisis en el tratamiento de los hechos que hacen los medios por los que conocemos esta verdad predominantemente factual que ha ido ganando terreno en nuestra experiencia para entender si esta visión mediada de lo que puede ser considerado cierto estaría condicionando o no nuestra relación con la verdad como valor, nuestra percepción de su utilidad y, por lo tanto, nuestra actitud hacia ella.
Así, de la hegemonía de la verdad factual en las democracias hipermediatizadas se desprende una visión que se traduce también al plano de la mirada individual: la mirada del individuo inmerso en las interacciones propias de la comunidad a la que pertenece, esto es, que se comunica con su entorno a través de los canales disponibles en su contexto histórico. Profundizando en el rol del individuo en el problema estudiado, es el hecho de hablar de verdad mediada o mediática, de nuevo, lo que conlleva hablar de lo que denominaremos un “omni-espectador”: un individuo de alguna manera convertido, expuesto a la notificación constante, en cuya vida el consumo de contenidos e información representa una parte exponencialmente creciente y a ritmo muy acelerado de su experiencia cotidiana, en términos de atención y tiempo dedicado en los últimos años. Podría decirse que, a lo largo de este periodo aún tan breve de la historia reciente, la dimensión ciudadana del individuo, insistiendo en el punto de vista político-mediático, se ha visto menguada por una creciente dimensión esencialmente consumista en relación con el consumo de información.
Este proceso de mercantilización de la experiencia sucede no solo específicamente en este ecosistema comunicativo en el que la verdad es tratada y consumida narrativamente como relato-producto, sino que se trata de un giro cultural que encuentra sus raíces en un nuevo modelo económico y sus correspondientes formas de vida. A nivel genérico, el individuo es hoy, en su interacción social, más consumidor a efectos prácticos, también de medios, o al menos este es el punto de vista desde el que es tratado cada vez más habitualmente en sociedad.
A modo de comentario final, es quizá por nuestro comportamiento como consumidores, acostumbrados a poder elegir casi todo con frecuencia, incluidas las narraciones sobre hechos (¿incluido lo que es cierto?), que se ha ido configurando de fondo una visión comercial o personalizada de la verdad.
2.1. POSVERDAD EN EL PLANO INDIVIDUAL: LA CLAUDICACIÓN DEL LECTOR
Aceptando, pues, que existe una visión factual de la verdad y que esta implica una relación mediática del individuo con la verdad, el cambio en la mirada hacia la verdad que habría experimentado el individuo tendría, a su vez, un efecto masaje, en el sentido que lo usó McLuhan (1967), que moldearía su actitud. No hablamos, claro, de una reacción ni efecto uniformes. Sin embargo, a continuación trataremos de describir qué sucede en los casos en que la posverdad funciona en el plano individual.
En psicología social, el término “reactancia” —acuñado por Jack Brehm en 1966— se refiere a la reacción que experimentamos los humanos cuando vemos amenazada nuestra libertad de elección: nos rebelamos. El objetivo de esta respuesta emocional es restaurar una libertad que se considera en peligro cuando una persona siente que se le presiona excesivamente para que adopte un punto de vista o realice algún acto. El resultado es que incrementa nuestra resistencia a la persuasión. La reactancia, aplicada al ámbito que nos ocupa, aparecería en el momento en que los mensajes, tanto informativos como opinativos, se mezclan y equiparan al mismo nivel en el espacio mediático al competir por convencernos de qué es cierto. Políticos, tertulianos, periodistas o influencers, en televisión, prensa, videos virales, noticias digitales o cualquier post en redes sociales, llenan este espacio transmedia que aglutina todos los focos de relato a los que estamos expuestos como público. Como es evidente, la lectura, distinción e interpretación de los diversos tipos de mensaje o discurso dependerá inevitablemente de factores que conforman la circunstancia de cada individuo, como, por ejemplo, su nivel de estudios, su formación, su cultura u otras habilidades.
Así, en un estado de “paralización frenética” (Pöppel, 1993) ante todos esos focos desestructurados de relato, la reactancia aparecería combinada con un proceso de disonancia cognitiva cuando nos enfrentásemos a dos o muchos pensamientos o ideas imposibles de sostener a la vez, incompatibles y que entran en conflicto entre sí (esto es: si uno de ellos es verdad, no podemos afirmar el otro), o a un comportamiento que entra en conflicto con nuestras creencias. Dada esta situación, ¿cómo actuaríamos para resolver el conflicto?
La explicación que aquí se propone es que la imposibilidad de contrastarlo todo ante un exceso de información desbordaría la cognición individual y acercaría la actitud del omni-espectador al “no es posible conocer la verdad” de Gorgias, conducta con la que entraría en juego el filtro de la subjetividad que responde a creencias previas: “Ya que conocer y contrastar de forma autónoma qué es verdad y qué no tiene un coste alto, de esfuerzo y tiempo, dado el flujo de información al que estamos constantemente sometidos, se recurre al terreno controlado y conocido de la subjetividad donde, al menos, es posible decidir qué creo y qué no”. Este proceso cognitivo, dramatizado para explicitar la lógica subyacente, no es un razonamiento consciente, sino que se produciría como una forma de protección instintiva de la identidad inscrita en el acto de elegir qué creemos y qué no ante una incertidumbre exorbitada.
Por su parte, la neurología ha demostrado la función de la dopamina en la cognición y el procesamiento de información en los lóbulos frontales del cerebro, donde se ubica el Área de Broca, responsable de la producción lingüística. Este neurotransmisor participa en la motivación o el deseo de experiencias de placer y de los estímulos neutrales que se puedan asociar a ellas. De esta forma, ante una recompensa inesperada, como puede ser una notificación en el móvil o la gratificación de ver reafirmado un sesgo ideológico por una fake news, esta sustancia se liberaría actuando como una señal instructiva a las zonas del cerebro responsables de adquirir el nuevo comportamiento beneficioso y satisfactorio (reaccionar a la notificación, comprobar su contenido). Según este sistema de recompensa, el nivel de deseo del estímulo influye en procesos emocionales, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Este aprendizaje interioriza hábitos inconscientes mediante el refuerzo positivo asociado a la expectativa de placer, esto es, mediante la repetición de una acción determinada que conduce a maximizar la posibilidad de recompensa.
Un ejemplo ilustrativo de cómo se relaciona la psicología humana con el consumo de contenidos en internet es el growth hacking: equipos de expertos en marketing viral, desarrollo web e ingeniería informática programan la experiencia de usuario en base a técnicas de crecimiento acelerado cuyo objetivo es adquirir el mayor número de usuarios o clientes al coste más bajo y en el plazo más corto posible. Para ello, se diseña una estrategia digital con funciones pensadas para apelar a la más parte emocional, irracional, impulsiva, irreflexiva y compulsiva del individuo consumidor, en este caso, de redes y aplicaciones móviles (a través de las cuales, cabe añadir, el usuario conocerá prácticamente cualquier otro producto, de ahí el valor que genera para las empresas que buscan posicionarse en internet). El marketing, como ciencia del consumo, de la comercialización de todo bien susceptible de convertirse en producto, explota ese rasgo psicológico de nuestra naturaleza humana más vulnerable, común a todos nosotros, asegurándose así una eficacia en términos cuantitativos.
En este nuevo mercado, el auto-funcionamiento desestructurado de las plataformas digitales, frecuentemente descrito como un ecosistema, organiza toda una nueva lógica de creación y difusión de mensajes por vías antes inexistentes. Los formatos gráficos de cada red social preconfiguran el contenido en circulación en base a unas normas internas principalmente dirigidas a la visualización en el tiempo y el espacio: extensión de texto, tamaño de imagen o imágenes, duración de video o la posibilidad de filtros, emoticonos, GIF o stikers prediseñados son elementos multimedia pensados desde la disposición estética del post y el atractivo de su lectura. Mediante pruebas tipo A/B y multivariable, los sitios web y aplicaciones móviles estudian cómo optimizar la experiencia de usuario para aplicar los resultados al diseño de la arquitectura de la información, de manera que sea clara, práctica e intuitiva. Esto sirve también para potenciar aspectos como la usabilidad y la accesibilidad. Como consecuencia, por ejemplo, cada mensaje que se publica en Twitter, canal de difusión de declaraciones políticas a nivel mundial por excelencia, aparece en sí optimizado para su consumo fácil y rápido.
En esta misma línea, ponemos el ejemplo del bulo. El bulo no necesariamente es un mensaje que contenga un discurso con una estructura retórica intencional tal y como la conocíamos hasta ahora, sino que su lenguaje aparece, como venimos explicando, adaptado a los recursos que ofrecen los nuevos formatos digitales. La siguiente imagen muestra un bulo que utiliza el periodismo como formato visual de credibilidad, reproduciendo los mismos elementos que convencionalmente se identifican con la noticia (titular, subtítulo, imagen, fecha de publicación, secciones, etc.).
Si bien las limitaciones formales de la información en el tiempo y el espacio no son en modo alguno exclusivas de la comunicación en internet, parece claro que la narrativa transmedia tiende a restringir progresivamente la complejidad de los temas y a acelerar su ritmo de producción. Así, los nuevos formatos se expresan en un lenguaje adaptado a las reglas de un entorno hipertextual cambiante, saturado de referencias efímeras y lectura instantánea. En este contexto de interpretación, la facilidad de consumo se convierte en un factor competitivo clave para la creación de contenidos. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con el funcionamiento de la posverdad?
El significado-efecto coyuntural del bulo le confiere una dimensión ideológico-política en el sistema de comunicación en que se inscribe, dado que activa en él una lógica automática de difusión muy ligada a su funcionamiento orgánico: la noticia falseada que es introducida intencionadamente en el entorno digital, siguiendo una estrategia dirigida a un target, es automáticamente dotada de discursividad, ya que, desde ese momento, los efectos de su significado, siempre impredecible (dependiente del individuo receptor), quedan delegados en el propio sistema de comunicación. Así, el mecanismo mediático del bulo seguiría una especie de “retórica transmedia” al penetrar en el ecosistema hipertextual de medios, pudiendo saltar de un canal a otro y significándose o no como cierto a lo largo de su recorrido en función de su contexto de recepción y su lectura individualizada. Esta dinámica de significación aleatoria, presente en el ADN de las fake news, responde a una lógica pragmalingüística, al depender de un contexto comunicativo para desarrollar su efectividad: convencer al usuario de su veracidad.
2.2. POSVERDAD EN EL PLANO COLECTIVO: UN CAMBIO DE MODELO COGNITIVO
Ya que los hechos no contienen verdad dentro, “lo verdadero o no” seguiría siendo una propiedad exclusiva del juicio humano, solo que ahora lo sería en un contexto histórico en el que lo que se habría producido es principalmente una evolución muy acelerada de los formatos de consumo. Esta novedad consiste en un cambio radical en el cómo percibimos la información referida a lo que es cierto, cuestión que conecta íntimamente esta “revolución comunicacional”, como la denomina I. Ramonet, con el tema que nos ocupa. Las exigencias del nuevo ‘modelo cognitivo’ que trae consigo internet avanzan a una velocidad mucho mayor que la adaptación humana en términos de capacidad para asimilar la información generada. Sabemos que las regiones del cerebro que se ocupan de la cognición y el lenguaje se han agrandado enormemente durante la evolución, relativamente rápida y constante, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, el órgano apenas ha experimentado ningún cambio fisionómico en millones de años.
En relación con esta circunstancia, el docudrama de Netflix El dilema de las redes describe una transformación histórica que deja atrás un panorama tecnológico “basado en la herramienta”, cuya característica principal consiste en que espera a ser usada, y da paso a un nuevo “entorno de tecnología basada en la adicción, la manipulación” y la constante demanda de interacción, según advierte Tristan Harris, quien ofrece su testimonio en la película como ex trabajador de Google para el diseño ético de la empresa. En su opinión, se trata de un “modelo de negocio basado en la extracción de atención y tiempo” dedicados al consumo de contenidos por parte de los usuarios, a cambio de billones de datos personales que posteriormente se venden a los clientes que financien las plataformas gratuitas que utilizan dichos usuarios.
Así, las compañías anunciantes adquieren distintos servicios y productos, como los algoritmos diseñados en base a una definición de éxito para la empresa (ampliar usuarios, ganar visibilidad, efectividad del anuncio, conversión del impacto en el usuario que decide comprar, etc.), de modo que “el cambio gradual, sutil e imperceptible del comportamiento [del usuario] es el único producto posible”, en palabras del informático y escritor Jaron Lanier para este mismo documental.
Por último, ambos especialistas apuntan a la desinformación como la gasolina de este modelo que describen, criticando que su mayor atractivo para el usuario conlleva que sus posibilidades de ser compartida y generar tráfico se multipliquen frente a las de la información veraz.
Esta revolución en los sistemas de medios y modalidades de acceso a la información es un hito histórico que tiene su efecto, como no puede ser de otro modo, en la cultura política. Los autores Lipset y Rokkan (1967) describieron una serie de puntos de inflexión a los que todos los sistemas políticos occidentales se han enfrentado algún momento de su historia y, en función de cómo cada país los ha resuelto, se ha configurado su cultura política. Por ejemplo, los partidos políticos modernos surgen a partir de cuatro coyunturas críticas que los autores denominan “clivajes” (del inglés, cleavage: escisión, división) que vinieron marcadas por las dos grandes revoluciones política y económica de la historia: los conflictos centro-periferia y estado-Iglesia, que aparecieron a raíz de la Revolución Francesa y el nacimiento del Estado Nación; y los conflictos urbano-rural y capital-trabajo, como consecuencia de la Revolución Industrial. Estas cuatro crisis se corresponderían con los conflictos básicos de la civilización occidental que habrían determinado, siguiendo con el ejemplo, el surgimiento de los partidos europeos y su contenido político. Esto es así porque estos acontecimientos se constituyen como los ejes sobre los que estos partidos articularon su posición y programa, como propuesta de solución dentro del espectro ideológico, con el consecuente impacto institucional y cultural.
Lo que aquí se propone, en conclusión, es que la “revolución comunicacional”, tal y como la concibió Ramonet, representaría hoy un nuevo “clivaje” desde el punto de vista histórico, que estaría trastocando el comportamiento, no solo individual sino también institucional, al configurar una nueva visión de la verdad (entre otras consecuencias sociales y económicas) que se integraría en la cultura política del mundo actual a todos los niveles y en diversos ámbitos:
El fenómeno posverdad es complejo porque tiene multitud de aspectos, presencia en muchos tipos de saber, y con todo ello llega a constituir un modo de estar en el mundo y de entender las relaciones sociales tanto en su aspecto personal como en su aspecto público. Posverdad representa un mundo en que mentir está permitido si con ello se consigue algún objetivo. Esta diversidad es muy difícil de capturar en un esquema único (Nicolás, 2019, p.310).
De este modo, derivada de la emergente relación de las personas con el modelo contemporáneo de acceso a la información sobre lo que sucede en el mundo, se habría producido una modificación en nuestra experiencia y mirada individual y colectiva hacia la verdad como norma universal. Aparece así, en última instancia, la actitud posverdadera como una de las consecuencias de una crisis que afecta al sistema de medios y canales de comunicación tradicionales y a la autoridad-credibilidad de la verdad factual.
3. CONCLUSIONES
Tal y como Joseph Goebbels, al mando del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda del III Reich, manifestó en su discurso pronunciado en el Congreso de Núremberg de 1927, “cuanto más se extiende una idea y alcanza todas las áreas de la vida, más se convierte en una visión del mundo”. Siguiendo esta máxima, el ministro nazi fue el primero en incorporar el mismo mensaje político a todos los medios de comunicación, controlados directamente desde dicha institución. La verdad sin fisuras del nazismo, impuesta desde una sola fuente de procedencia de toda información en circulación, contrasta con la pluralidad de medios y opiniones característica hoy de las democracias occidentales.
La ausencia misma de una verdad unánime o consensuada, que no absoluta, es una consecuencia natural de la fragmentación formal de la información en estado online y 24/365, que genera ese “caldo de cultivo” que promueve la proliferación de puntos de vista desde los que se comparten también falsedades de distinto grado, conjeturas, reconstrucciones mediante relaciones causales injustificadas con distintos propósitos y, en el extremo más enajenado, teorías de la conspiración.
Cuando unos sucesos se desencadenan a una velocidad vertiginosa y las emociones se inflaman, se produce una repentina anulación de cualquier perspectiva fidedigna de la realidad. En la era digital, el vacío de un conocimiento firme al instante se colma de rumores, fantasías y conjeturas, algunos de los cuales se retuercen y exageran con celeridad para adaptarse al relato que cada cual prefiera (Davies, 2019, p.13).
Ante una proliferación de versiones competidoras sobre acontecimientos idénticos, el rol del marketing en la vida pública juega un papel fundamental en el proceso intersubjetivo de configuración del valor comunitario de la verdad. Así, el peso de la verdad relativa en la vivencia remota individual y colectiva de las sociedades hipermediatizadas es un elemento clave para entender de fondo la naturaleza del problema de desconfianza y desinformación que plantea la posverdad.
Entendiendo estos procesos interconectados de desafección desde la cultura política, la relación tecnológicamente establecida entre la ciudadanía y los sistemas de acceso a la información sobre lo que está sucediendo se ha visto sustancialmente alterada en la última década por una presencia sin precedentes de los medios de comunicación en la esfera pública y privada. Sin duda, la revolución comunicacional de internet y la posibilidad de conectividad total han transformado los espacios de diálogo y convergencia cognitiva a nivel social, así como sus tiempos, reestructurando a su vez las modalidades de consumo de hechos [en realidad, “hechos discursivos” (Carrera, 2018)]. Como parte del cambio de perspectiva que esto supone, que afecta a la experiencia humana radical y al juicio subjetivo, los canales y formatos de consumo por los que circula hoy el entendimiento colectivo son más individualizados que nunca.
Parece evidente que, del mismo modo que es vital distinguir entre consenso y visión totalitaria, conviene no confundir la relativización de la verdad que resulta de este entorno con la diversidad de puntos de vista. Por tanto, ante la pregunta sobre si es la pluralidad desregulada del sistema de medios el germen de la visión relativa sobre la verdad a la que asistimos hoy, es evidente que la oferta masificada de fuentes de información guarda una relación directa con el hecho de una opinión pública menos uniforme. La fragmentación de una verdad, antes homogénea en su representación social, es la norma en el sistema de medios actual. Esta modificación en la forma de experimentar la verdad y relacionarnos con ella promueve la aparición de una emergente visión comercial de la misma, que la entiende como un producto personalizado a elegir como consumidores de relatos vinculados a creencias.
“Posverdad” enuncia un supuesto ‘fin de la verdad’ para dar paso a su estado ausente en la moralidad vigente o a un código posterior basado en una entidad sucedánea de la verdad o alguna otra instancia con valor normativo. Sin embargo, no parece posible afirmar que esto haya sucedido, y la verdad continúa siendo un principio con categoría de norma moral en nuestro mundo. La posverdad no consistiría, pues, en un tercer estado que conviva como una categoría pseudo-ontológica más entre la verdad y la mentira, pero quizá sí como un tercer posicionamiento del ánimo, de modo que sería “fundamentalmente una actitud respecto al valor y alcance de la verdad en nuestra vida cotidiana e intelectual” (Nicolás, 2020). Al final, la consecuencia última de la posverdad en nosotros se materializa en una crisis moral de carácter histórico. Y precisamente por ello, la solución recae también en el plano de la decisión individual, no escogiendo la indiferencia o la desafección hacia la verdad, sino su defensa basada en una actitud contraria de búsqueda y ejercicio crítico.
La verdad, su existencia, tiene mucho que ver con el consenso, y su credibilidad es, de algún modo, su única posibilidad. El desprestigio de la verdad es inherente a su tratamiento en los espacios que permiten la comunicación en las sociedades hipermediatizadas, donde la importancia trascendental del marketing, como medio organizador de una parte exponencial de la experiencia colectiva, guarda una relación estrecha con el creciente peso de la verdad relativa en la vida pública. En todo momento, el núcleo del asunto radica en entender cómo influye una visión sobre la verdad, convertida en mirada, en nuestro comportamiento y buena praxis. Por eso, el componente psicológico-conductual del individuo es ineludible para comprender en profundidad el problema de la posverdad, que es también, a su vez, el problema de la verdad como valor universal.
Frente a una visión individualista, que actúa centrada en un interés parcial, la posibilidad de creer en la verdad y cultivarla solo se da en comunidad. La verdad requiere comunicación, comunidad, interconexión, intersubjetividad. ¿De qué se trataría si no? ¿De establecer en su lugar un ‘entendimiento’ que no dependiera de un lugar común al que acudir, de manera que se lograra así, por algún otro medio, cumplir con la función (no encomendada, apolítica) de aglutinar el consenso y la confianza que nos genera lo que sabemos que es así? ¿No implicaría esto afirmar que es posible vivir sin verdad en sociedad o vivir en una sociedad donde la verdad no es comunitaria? Sabemos, los ciudadanos y ciudadanas. ¿O son innecesarias acaso la ciudadanía y la comunidad en la ecuación de cómo existe y se manifiesta para nosotros la verdad? Y llegado este punto: ¿qué utilidad tendría entonces?
Hablamos siempre, pues, del valor del sentido compartido sin imposiciones, donde coincide nuestra voluntad de pacto como seres sociales por naturaleza, que es lo que hace de la verdad una necesidad humana. Por todo ello, no cabe duda de que la verdad no puede depender de un formato u otro, ni su supervivencia como valor estar necesariamente vinculada al poder institucional u otros cuerpos sociales por un principio dogmático de estatus. Al contrario, debe el comportamiento de estas instituciones regirse precisamente por el principio moral que representa la verdad: una verdad no estática, que cambia con la evolución del conocimiento a nuestro alcance en el marco del proyecto histórico que es la Ciencia, siempre guiada por la humildad y la honestidad que requiere el pensamiento crítico.
Lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del presidente de nuestra asociación, Enrique Bustamante Ramírez, este domingo 20 de junio, en Málaga.
No existen ahora mismo palabras para suficientes para expresar nuestros sentimientos después de tantos años de trabjo en común. Se ha ido un amigo; se ha ido un maestro.
Artículo publicado en: Estudos em Comunicação - Communication Studies n. 32 (2021)
Autores: Rafael Díaz-Arias, Joaquín Sotelo-González, Carlos Rodríguez-Pérez, Daniel Aparicio-González, Claudia López-Frías
Resumen:
La televisión ha vuelto a ser la principal fuente de información para los españoles durante la crisis del Covid-19. El objeto de nuestra investigación es determinar mediante el estudio de un conjunto de variables los cambios formales, de contenido y de tratamiento informativo de dicha crisis en televisión. En este trabajo, el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV) compara los datos obtenidos en anteriores oleadas de análisis de informativos (4.511 piezas de 100 informativos) con los obtenidos en la oleada de análisis coincidente con la explosión de la crisis del Covid-19 en España (812 piezas de 17 informativos) para tratar de identificar los cambios experimentados por estos. La orientación de la producción informativa en la primera etapa de la crisis del Covid-19 ha girado en torno a tres ejes: la información en directo, la información de desarrollo y las declaraciones obtenidas a través de videollamadas. Los informativos de la Covid-19 han sido prácticamente monotemáticos, más largos, menos estructurados, más espontáneos en su realización, con una narración más directa y dialógica y con una visión preferentemente nacional. Han cobrado mayor protagonismo las fuentes expertas y los ciudadanos, en detrimento de los políticos.
http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/ec/article/view/853
PDF: http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/ec/article/view/853/pdf
Cuando se aproximaba el día mundial de la Libertad de expresión a celebrar el 3 de mayo (ONU, 1993) y con apenas un mes de diferencia se han publicado dos informes críticos sobre la libertad de expresión en España, de orígenes muy diversos pero concomitancias notables. Aunque la legitimidad de sus observaciones sea muy diferente, ambos demuestran las notables dificultades de evaluar el grado de ejercicio de ese derecho en nuestra sociedad y la complejidad de su crítica, así como las confusiones que lleva consigo su ordenación y ranking internacional. La coyuntura electoral ha agitado y dramatizado el impacto de estas valoraciones, al ser glosados interesadamente por muchos medios.
Primero, a finales del pasado mes de marzo se difundió en los medios un dossier del Departamento de Estado de los EE.UU sobre la libertad de expresión en España, en el marco de su habitual balance sobre la situación internacional en esta materia. Un juicio que resumía el respeto "general" en nuestro país a este derecho, aunque criticando las observaciones de miembros del Gobierno como Pablo Iglesias e incluso Pedro Sánchez a determinados periodistas y medios, la práctica temporal de las ruedas de prensa gubernamentales sin preguntas o la marginación de algunos medios por parte de Vox. Discutida su factura como resto tardío y sorprendente de la violación sistemática de la libertad de expresión en la era Trump (que ignoró la estrategia del plasma del Gobierno Rajoy con la prensa), o como precoz demostración de la de Biden (no tan disímil en aspectos como la persecución contra Julien Assange) mostraba siempre una concepción individualista y parcial ceñida al gobierno y olvidadiza de las presiones económicas o de la oposición.
Salvando las debidas distancias, Reporteros Sin Fronteras ha difundido en días pasados una denuncia similar que, además de criticar la "escandalosa" ausencia de transparencia en la información gubernamental sobre la pandemia (se supone que incluye a los gobiernos autonómicos que son la fuente sistemática de datos), abunda en los mismos casos para situar sin embargo a España en el puesto número 29 del ranking internacional de la libertad de expresión. Aunque RSF lleva a cabo una meritoria labor permanente de denuncia y rechazo de la persecución internacional de periodistas, la habitual restricción de sus críticas a las acciones estatales, su hipersensibilidad corporativista hacia los profesionales de la información y su olvido sistemático de las consecuencias más negativas del mercado sesgan notablemente sus análisis y les imprimen un aire parcial y conservador.
De entrada, y aunque esta parece una vía políticamente poco fructífera, no resulta razonable vetar toda crítica pública a profesionales y medios de comunicación que exigen transparencia a toda la sociedad aunque, en ocasiones concretas, violen todos los códigos éticos. Una actitud que parece parangonable a ese poder judicial que cobija con la libertad de expresión las declaraciones de sus miembros mientras protesta airadamente por cada crítica recibida a sus actuaciones.
Además, de la situación de muchos profesionales, sometidos en estos tiempos a inciertas y duras condiciones laborales- que redundan asimismo en penalizaciones a su libertad de expresión y de rebote a la del público, están las condiciones estructurales de la comunicación social que determinan profundamente el grado del pluralismo y los límites al derecho activo a la comunicación social. Sin ellas, es imposible calibrar con seriedad el nivel de libertad de expresión efectivo de un país.
En primer lugar, está el grado de concentración en cada sector mediático y las configuraciones multimedia que han ido creciendo en las últimas cuatro décadas, entrelazándose cada vez más estrechamente con las conexiones bancarias y empresariales, como muestra la sucesión de estudios históricos que comenzando con "El informe sobre la Información" (M.Vázquez Montalbán, 1963) y siguiendo con "Los amos de la información en España" (E. Bustamante, 1981), encuentra epígonos más recientes en obras como las de Pascual Serrano ("Traficantes de información", 2010) o J. V. García Santamaría ("Los grupos multimedia españoles", 2016) entre otros. Ahí puede seguirse el ascenso del IBEX, o de los grupos internacionales de capital riesgo que hoy ejercen influencias dominantes en muchos medios y grupos de comunicación, tiñéndolos de múltiples sospechas de intereses en sus líneas informativas y en sus posiciones políticas.
Los remedios habitualmente recetados frente a estos males, suelen ser de escaso valor práctico. En términos informativos porque los grandes grupos ocultan generalmente sus conexiones empresariales y los intereses que llevan consigo. En cuanto a los lazos múltiples de propiedad e intereses, la moraleja jurídica habitual es que las medidas legales antitrust se van acomodando a los saltos en la concentración financiera para santiguarlos en lugar de embridarlos. Como sucedió en España con las medidas que prohibían inicialmente el pluralismo en la televisión, que fueron degradándose a nivel del pluralismo interno (25% máximo de las acciones, al 49% al 51% , y al 100% en una concesión) o del pluralismo externo (acciones en sólo una concesión, en una cadena, en un múltiplex, en dos …). De esta forma, según la CNMC, las tres cadenas principales de televisión han llegado a acumular un 55,1% de la audiencia pero un 85 % del mercado de anuncios, y en la radio, tres cadenas suman un 99,45% del total de la facturación publicitaria. Una centralización del negocio publicitario que se extiende ahora a Google en la vertiente de publicidad digital.
Quedaría, como antídoto principal, el tejido de radiotelevisiones públicas, si no fuera por su subordinación a los gobiernos autonómicos de turno con su falta de mandatos-marco y de contratos programa y, en el caso de RTVE, por la "lottizacione" partidista instaurada recientemente entre sus cargos, que azuza las confrontaciones y la pugna de influencias. Queda asimismo, como último refugio del pluralismo, la prensa escrita cuya descomposición de los grupos nacionales y regionales en papel – acelerada por la pandemia- está ocasionando una reconfiguración digital relativamente democratizadora o al menos más plural que en el orden tradicional, gracias al surgimiento y afianzamiento de un nuevo modelo de medios cooperativos independientes como elDiario.es. Sin que todos estos medios lleguen a concordar con una estructura estatal descentralizada como la que se presumiría del Estado de las autonomías, al menos enriquecen la diversidad de visiones del mundo y del país.
En todo caso, en la prensa como en la radio y la televisión especialmente (en los anales de la radiotelevisión comercial no se conocen canales de izquierda), la tónica dominante sigue siendo una ideología editorial de derechas con matices diversos que no se compadecen con los pesos específicos de las ideologías y del voto en la sociedad española, y ni siquiera en algunos medios con el sello mayoritario de su clientela, para desbordar con frecuencia sus límites también digitales hacia la extrema derecha. Una desviación trascendental, ya que muchos grandes medios, comenzando por la radio y siguiendo por la prensa e incluso la televisión e Internet, han abandonado la estrategia neutral y "atrapalotodo" de otro tiempo para convertirse en bandera ideológica e incluso militante de los partidos de la derecha, destinada a liderar en ocasiones a esas formaciones políticas. Una desviación que pasa tanto más desapercibida por cuanto muchos de los grandes medios juegan a un fair play mutuo de discreción ejemplar, para evitar que los competidores repliquen en sentido contrario.
La polarización consiguiente de muchos de estos medios, al priorizar la verdad ideológica por encima de la realidad comprobable, estimula las noticias falsas, las tergiversaciones, las fake news…incluso en algunos medios considerados "serios" y "respetables", haciendo por ejemplo que un suplemento de economía aglutine a los epígonos más radicales de la economía neocon y de la extrema derecha, o que las tribunas de opinión o los tertulianos de algún medio se homologuen en las posiciones más extremas del insulto y la insidia. Se conforman así supuestos "periodistas" que ejercen prioritariamente de propagandistas políticos militantes, nombres que el corporativismo periodístico suele proteger, confundiéndolos a menudo con la profesión informativa y su legítima defensa.
En medio de tales confusiones del periodismo y de su evaluación de la libertad de expresión en España, sería bueno que se aliara con la investigación en comunicación para realizar un análisis complejo, autónomo y periódico sobre los factores y evoluciones de la libertad de expresión, del derecho al ejercicio activo a la comunicación social, de las consecuencias de ambos elementos sobre la democracia. Comenzando por la eliminación de una legislación confusa y contraria a la jurisprudencia europea de derechos humanos (la "ley mordaza" de entrada), y por la anulación de las condenas insostenibles como las de Hasel y Valtònyc. A escala europea e incluso nacional, hay mimbres ya para sostener esa investigación, de los que nos ocuparemos en otro momento. Porque, siendo la libertad de expresión la clave de bóveda de la democracia, su estado y evolución en cada país determina en buena medida sus conquistas y sus déficits democráticos; Contrapesos y desequilibrios inestables que España muestra todavía en gran medida.
El 10 de mayo, de 19 a 20 h, celebramos un debate público sobre Medidas urgentes en la nueva etapa de RTVE.
Se trataron los siguientes temas:
Moderado por Pedro Soler, fundador de Teledetodos, intervienen Agustín García Matilla, Alejandro Perales y Ángel García Castillejo.
RTVE inicia una nueva etapa. No será fácil. La regeneración de esta empresa pública de comunicación estatal, implica hacer frente a numerosos retos, desafíos y medidas urgentes. Teledetodos resume en estos documentos el compendio de los grandes retos que aguardan a RTVE.
En aquellos años 80, peleábamos porque se hacia información de “carril”. Se entendía por carril, la que procedía por una tendencia general indeterminada ajena a tu propio medio.
Cada mañana, en el consejo de redacción que era la reunión de jefes de área con el director de informativos y el director de la edición del diario hablado, se presentaba el conjunto de previsiones del día. Cada área defendía sus temas, con la aspiración de que entrara en la edición. Se marchaban los jefes de área y quedaban solo los directores.
Era decisión de editores y del director de informativos que contenidos se incluían en esa edición.
[rtve,es]
El Pleno del Congreso de los Diputados ha elegido este jueves, con 247 votos a favor, al periodista y catedrático José Manuel Pérez Tornero para ocupar el cargo de nuevo presidente de la Corporación RTVE. El candidato, previamente pactado por PSOE, PP, Podemos y PNV, necesitaba un respaldo mínimo de 233 votos en la primera votación.
Pérez Tornero toma así el relevo de Rosa María Mateo, elegida administradora provisional por la Cámara Baja en julio de 2018 con idea de estar unos meses en el cargo mientras se realizaba un concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración. El proceso se fue dilatando y ahora llega a su fin....
Los trabajadores más veteranos de RTVE, curtidos en mil batallas, y habituados a resumir grandes relatos en leads breves, no dudaron en calificar al pasado jueves 25 de Febrero como "Jueves negro". Ese día, el Congreso había votado por mayoría de dos tercios a los seis nuevos consejeros de la Corporación y, adelantándose a la votación correspondiente, había difundido también los nombres de los otros cuatro vocales elegibles por el Senado e incluso la personalidad del nuevo Presidente, que debía ser elegido posteriormente de entre los diez consejeros. El relevo de Rosa María Mateo, designada administradora única "provisional" y cuyo mandato se había prolongado durante prácticamente tres años (de julio de 2018 a marzo de 2021) absorbió toda la atención mediática....
El pasado 3 de Diciembre concluyó el plazo de "consulta pública" del anteproyecto de ley que va a incorporar al derecho español la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (UE)2018/1808, abarcando por vez primera a los servicios a "petición" y a las plataformas de intercambio de vídeo, al sustituir a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Decenas de alegaciones han sido presentadas por múltiples entidades, que se añaden a las más de 60 propuestas recibidas en la fase inicial de audiencia pública y acompañadas de los informes de 10 ministerios. Pero parece dudoso que pueda revertirse la decidida orientación neoliberal impresa en la mayor parte del borrador por el Ministerio de Economía y Transformación digital, sorprendentemente emanado de un Gobierno progresista.
Los siete títulos y 164 artículos del anteproyecto dan una idea de la complejidad actual de este sector y de la trascendencia de los retos afrontados que, según la memoria, tendrá impacto sobre la el pluralismo y la competencia, la igualdad de género, las PYMES, los menores, la discapacidad y accesibilidad, los consumidores… Unos efectos que el preámbulo, –como suele ocurrir en las leyes y se dice de los anuncios al ostentar las carencias del producto–, considera positivos en todos los casos.
Sin embargo, los artículos más vinculados a las novedades de la directiva europea, se reclaman de los mínimos de protección establecidos, como la liberalización de los tiempos publicitarios, que pasan de estar limitados al 20% "por hora de reloj" (anuncios y televenta), a cuantificarse en un máximo del 20% (144 minutos) entre las 6 y las 18,00 horas y de entre las 18,00 y las 24,00 horas (72 minutos), sin incluir patrocinios, ni autopromoción, ni emplazamiento de producto, ni promociones…Una presumible saturación publicitaria extrema que se acumulará en el prime time y en el day time de mayor audiencia, probablemente con efectos de cansancio en el espectador y de mayor fuga hacia la televisión a demanda. De la misma forma, los proveedores de estos últimos servicios audiovisuales deberán ofrecer al menos un 30% de programas europeos en sus catálogos – el mínimo previsto por la directiva (51% en la televisión lineal), pero sus plataformas (Nextflix, HBO, Amazon Prime…) solo estarán obligados a invertir en producción europea o española si superan los 50 ME de ingresos el año anterior (10 ME en la televisión lineal), y se libran de colaborar a la financiación de RTVE como hace el resto de los canales abiertos o de pago.
Dado que la Ley General Audiovisual de 2010, inspirada por la entonces Vicepresidenta María Teresa de la Vega, ha sido ya considerada generalmente como un texto ampliamente escorado hacia la televisión privada, con encendidos elogios de su patronal UTECA, el anteproyecto promete acentuar la protección de los menores, pero al contrario de lo que proclama, debilita claramente su tutela al eliminar los horarios de "protección reforzada" que venían incumpliéndose año tras año por todas las cadenas de cobertura nacional, con la curiosa argumentación de que también hay niños en otros horarios en el servicio público (con alegaciones contrarias de la AUC).
Pero donde el anteproyecto alcanza niveles ideológicos de derecha neocon pura, es en la protección y refuerzo del servicio público autonómico y local, donde se abraza sorprendentemente la contrarreforma orquestada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya "ley de modificación" de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 6/2012 de 1 de Agosto) permitió que los Gobiernos autonómicos "flexibilizaran" (privatizaran) el servicio público de la radiotelevisión autonómica cambiándolo a la "gestión indirecta" completa o mixta por parte de empresas privadas. Así Esperanza Aguirre jibarizó a RTVMadrid aunque no consiguió la total privatización planeada, y lo mismo intentó la Generalitat valenciana con Canal 9, hasta provocar su insólito cierre en 2013 con un coste inútil de más de 300 ME. Y en culminación de esta tergiversación total del servicio público, se acuñó el apellidado como "modelo Murcia": concesión a una empresa privada de la práctica totalidad de la gestión, la programación y la publicidad de los canales regionales, mediando jugosas subvenciones al agraciado, compatible con el control o la manipulación externa de los informativos.
No es extraño que múltiples alegaciones (Teledetodos, COO.OO, Plataforma en defensa de la comunicación y el periodismo andaluz) rechacen este calco que contradice la consideración del pluralismo como equilibrio entre modelos, pese a la minoría de licencias hertzianas reservadas a la gestión pública, que parece una condición sine qua non para la definición del servicio público como "de interés general", con misiones informativas y culturales acrecentadas. E igual ocurre con el servicio público local, que se confía a los municipios salvo que estos decidan su entrega a empresas privadas, con desviación de todos sus objetivos de comunicación democrática de proximidad. En el mismo sentido, los medios comunitarios locales, ya marginados en el reparto de licencias, siguen privados de toda vía de financiación al prohibírseles la difusión de publicidad de cualquier tipo, incluso la institucional.
La otra gran "captura" del gobierno progresista por los antecedentes del PP es todavía más grave, porque afecta al control, la regulación y la sanción del sistema audiovisual entero, confiados por la ley de RTVE de 2006 y la general del audiovisual de 2010 al CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) con anuencia general. Su boicot posterior por el PP en la oposición y su suplantación por el Gobierno de Rajoy, con la sempiterna excusa del ahorro, por una elefantiásica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con autoridad sobre múltiples sectores, fue objeto de expedientes en Bruselas; y resultó duramente contestado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó al nuevo organismo de falta de independencia y total subordinación gubernamental (episodio de la sobrina de Guindos) y se negó a pactar vocales propuestos por el PSOE.
Si esta atribución constituía ya un mensaje subliminal que designaba prioritariamente al audiovisual como competencia de mercado y no como pluralismo comunicativo o diversidad cultural, la CNMC ha sido especialmente criticada por haber realizado en siete años apenas tres informes sobre la misión de servicio público de RTVE, confesando en varios de ellos su incapacidad para realizar esa labor y su aceptación acrítica de los informes de la Corporación por la falta de medios técnicos y humanos para estudiar el asunto de forma autónoma y, lo que es más grave, como reflejo de la degradación del marco jurídico audiovisual español, por la carencia de contratos programa sobre los que poder realizar esa evaluación.
Ahora, tras años de mayoría y control absoluto del PP (seis consejeros y Presidente, más uno de CIU y otro del PNV) el Gobierno de Sánchez ha vuelto las tornas y controla una mayoría del consejo (siete consejeros y tres de ERC, PNV y Podemos), para pasar a considerar a la CNMC perfectamente independiente, mientras, el PP acusa al Gobierno de coalición de injerencia. En ese ambiente viciado, el anteproyecto del audiovisual confía a la CNMC nuevas funciones, como el control del pluralismo, de los contenidos audiovisuales, de las faltas graves o muy graves (entre ellas contenidos que inciten a la violencia o al odio, al terrorismo o la pornografía infantil, al racismo, la xenofobia o la discriminación) incluyendo sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación. Aunque visto el escaso porcentaje ejecutado –un 3% cobrado del total de las sanciones impuestas– ese riesgo queda atenuado, no deja de ser llamativo para un organismo netamente económico.
En su consideración conjunta, ese anteproyecto, que muy probablemente derivará en ley con modificaciones menores tras su paso por el Parlamento, resulta absolutamente incongruente con un Gobierno progresista y suscita moralejas históricas curiosas. Si un Calviño (José María) asestó en los años 80 un duro golpe a las ilusiones progresistas de la transición e incluso a los planes directos del PSOE sobre RTVE (mediando el poder de Alfonso Guerra), otra Calviño (Nadia) puede ahora contribuir a agravar la crisis que sufre el servicio público audiovisual en todos sus ámbitos. Así, una vez más, el PSOE seguiría colaborando a la prolongación irreversible y en cascada de los castigos que la derecha infringe históricamente a las cadenas públicas: ajustes y manipulaciones sistemáticos cuando está en el gobierno, acusaciones y redención cuando vuelve a la oposición. Pasos adelante siempre del desmoronamiento del servicio público y de la preeminencia del polo privado.
La lectura del manuscrito titulado Traficantes de información, realizada como consecuencia de la petición para realizar este Prólogo, me trae sentimientos diversos y encontrados. Quizá, como cita el autor en la introducción, porque hace justamente treinta años de la publicación, también gracias al apoyo de Ramón Akal, de mi primer libro Los amos de la información en España (1981), que a su vez sucedía porque nadie comienza caminos radicalmente nuevos sin guías previos, gracias a la intuición pionera de Manuel Vázquez Montalbán con su Informe sobre la información. Mi otra fuente de inspiración, junto con el añorado autor citado, fue la de otro amigo audaz e insigne, Juan Muñoz, también desgraciadamente desaparecido, que años antes se había atrevido a desnudar El poder de la banca en España.
Pero hay más coincidencias: como el libro de Pascual Serrano, aquel texto –a pesar de componer parte de mi tesis doctoral en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense– nacía más de las frustraciones profesionales de diez años como periodista, especialmente de la constatación de los terribles corsés que aherrojaban la libertad de expresión periodística en los últimos años del franquismo y principios de la transición, que del afán de ascender un peldaño académico. Y sin embargo, ambas obras, políticamente incorrectas en sus respectivos momentos, tienen un valor importante para el mundo universitario, que entonces, como ahora, tiende demasiado a menudo a seleccionar como objeto de investigación campos y problemas académicamente «respetables», aceptables y aceptados por autoridades públicas y privadas.
La perspectiva y estructura de este libro último es ciertamente distinta a la aproximación sectorial que yo decidí entonces (prensa, radio, televisión, publicidad, agencias,…), pero el objetivo de este análisis histórico por grupos de comunicación guarda un punto en común: clarificar ante los usuarios el universo de intereses que median y mediatizan su información, su agenda pública, prestando las bases imprescindibles para la participación democrática de los ciudadanos. Una transparencia vital para la democracia que si hace treinta años era un sueño, todavía está lejos de haberse conseguido.
Ciertamente, el escenario de la comunicación social masiva se ha transformado profundamente en estas tres décadas en muchos sentidos. A un estrecho abanico de medios bien caracterizados por su especificidad mediática le ha sucedido una explosión de soportes, redes y terminales de información, cada vez más imbricados en una convergencia digital que desdibuja sus fronteras y sus lenguajes y los articula crecientemente en ofertas y usos sociales. Pero la combinación de medios analógicos y digitales, en versiones de coexistencia no siempre pacífica, no ha garantizado ni mucho menos ni el pluralismo ideológico ni la diversidad cultural. La actual impresión de abundancia, celebrada por múltiples gurús y predicadores integrados, oculta así que se trata muchas veces de voces ventrílocuas, diferentes por el medio de transporte y por el formato, pero idénticos en su base ideológica. Y que la interactividad no es muchas veces más que un simulacro de elección entre esas ofertas homogéneas. Basta recordar la reacción mediática en España ante la actual crisis económica, y sus recetas neoliberales comunes, para comprender los estragos que esta situación trae consigo sobre la libertad de expresión y los destinos de nuestra comunidad.
En primer lugar, como demuestra este libro, el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España: los nueve que analiza el autor, más esos satélites que caracteriza como «otros», concentran la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios; y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos. En segundo lugar, la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales, homogeneiza sus estrategias y sus comportamientos, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que en diversos países hemos caracterizado como procesos de financiarización (endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales), suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones- los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también, y cada vez más, de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva.
Todos esos fenómenos se han caracterizado por su «espontaneidad» de mercado, al margen de una legislación que se ha ido acomodando a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos. Y todos también se han ido desarrollando sin que los usuarios -lectores o espectadores- pudieran controlar ni sus caminos ni su realidad presente. Es decir, se han hecho doblemente en perjuicio de la calidad de la democracia de nuestra sociedad.
El presente libro acierta pues cuando obvia el análisis ideológico para dejar que éste se desprenda de las telarañas complejas de intereses económicos puestos en juego. Lo cual no elimina los matices ideológicos, muchas veces fruto del marketing y de la diferenciación competitiva en una sociedad en la que las ideologías siguen felizmente contando. Pero explica la frecuencia y naturalidad con que se producen en ese mundo oligárquico las alianzas aparentemente contra natura.
Al contrario que la mayoría de los textos periodísticos al uso en los últimos años, cocinados generalmente a la contra de algún grupo o directivo periodístico y al servicio de otros, hay que resaltar la «neutralidad» y distancia equitativa del autor a la hora de describir la historia y el presente de cada uno de los grupos contemplados; también su sobriedad al relatar los conflictos periodísticos de cada grupo en los últimos años, que adquieren un valor de metáfora elocuente: los profesionales de la información, ya notablemente sometidos desde el final de la transición democrática, han visto en los últimos años cómo la precariedad laboral les iba despojando progresivamente de todas sus armas de autonomía e independencia, en tanto defensores del pluralismo de la sociedad española, para conformarles como obreros de «cuello blanco» al servicio exclusivo de la verdad particular de sus grupos empresariales.
Aunque explícitamente este libro no se ocupa de los medios públicos, habría que señalar que también ahí se encuentran «traficantes de información», aunque sean minoritarios y en retirada: Los poderes públicos como reguladores de los «mercados informativos», que sistemáticamente, bajo todos los gobiernos, han favorecido la concentración a cambio de dádivas políticas, especialmente en la concesión clientelar de licencias de radio y televisión (de TDT en los tiempos más recientes); también lo han sido con los medios públicos que durante años han sido manipulados por los sucesivos partidos en el poder, tergiversando su papel diferenciador de servicio público y su papel genuino de contrapeso de las peores desviaciones del gran mercado. Aunque la reforma de RTVE ha conseguido desde 2006 un salto cualitativo de la independencia y pluralismo de sus programas informativos y su programación, no puede dejar de señalarse que las reformas legales de 2009 y 2010 buscan claramente su debilitamiento, en beneficio del polo privado. Y aún quedan muchos gobiernos regionales que siguen manipulando sistemáticamente a sus radiotelevisiones autonómicas, con los picos extremos y brutales de Valencia, Madrid o Murcia, mientras despilfarran importantes cantidades del erario público en «ayudas» discrecionales o en publicidad institucional incontrolable.
A cambio de tal ausencia, Pascual Serrano evidencia claramente los resultados de este proceso de pérdida de peso específico de los medios públicos en la otra cara de la moneda: cómo, aprovechando la decadencia pública que ellos mismos tienden a acelerar, los grandes grupos privados han ido arropándose de una ideología de «campeones nacionales» de nuestro pluralismo y de nuestra cultura, asumiendo ostentosamente un liderazgo de su función comunicativa sobre la sociedad española entera que tan mal casa con sus propias aventuras empresariales y profesionales. De ahí a la pretensión de que el Estado, o sea todos nosotros, les reconozcan y mimen, subvencionen, y desregulen en su función sublime, no hay más que un pequeño paso que muchas asociaciones empresariales no han dudado en sobrepasar so pretexto de la crisis económica.
Una vez más se constata, en un campo vital, que la llamada Era de la Información se traduce en la práctica social en una inmensa desinformación masiva. Esperemos que, como expresa el autor en sus conclusiones, este libro sirva para colmarla en parte, que contribuya a generar unos ciudadanos más activos y exigentes.
Un libro de épica sindical escrito por un soriano de Nepas: «El corte en RTVE. Así arrancó la huelga general 14-D-1988», que ese es su título, está escrito por Jaime Martínez. En cierto modo, es también un manual detallado para uso directo y proactivo de posibles huelguistas en no importa qué sector.
Su propia historia merece un libro porque antes que periodista y sindicalista, Jaime Martínez fue niño-campesino y agricultor. Después, radiotécnico y otros oficios: el de Nepas es un producto típico de la emigración interior. Quizá el fenómeno principal –raramente reconocido como tal- de transformación de España en el siglo XX. Se habla más de sus consecuencias que de sus causas, que fueron referidas sobre todo en la literatura española del siglo XX mucho más que en la historia sociológica del país.
En todo caso, el soriano de Nepas no ha hecho un texto de ficción -excepto algunas líneas divertidas- sino un detalladísimo –y muy trabajado- relato. Al menos, para quienes participamos en aquella gran lucha-fiesta que fue la huelga general de 1988. Porque las huelgas pueden resultar muy amargas, pero también lo contrario si tienen éxito en su desarrollo y en sus objetivos. La de 1988, fue de estas últimas. Por eso, hay que recordarlo porque cuando se afronta un período de reivindicaciones sociales –siempre incierto- hay que recordar las que tuvieron éxito para contrarrestar los desencantos de las perdidas o fallidas.
En la oficina del Presidente del Gobierno, tras requerir distintas informaciones de control, informes urgentes de la situación, etcétera, habían llegado a la conclusión de que en RTVE habría huelga, quizá, parcial, más o menos seguimiento del paro, pero nunca lo que hubo: todas las pantallas del país se fueron a negro, como se dice en el argot de la tele.
Jaime Martínez levanta de nuevo el ánimo de una manera que resulta apasionante. Y lo hace de modo sindicalmente ortodoxo, a ratos, y, otros, de manera que parece una novela de suspense. Por ejemplo, en la descripción de los huelguistas aislados entre las cumbres de Navacerrada. Descerrajaron a quemarropa, y mantuvieron después contra viento y marea, una monocorde carta de ajuste desde 2258 metros de altitud, en el pico llamado Bola del Mundo. Al lado, permanentemente, había un pequeño destacamento de la Guardia Civil, responsables de la vigilancia de las instalaciones y de aquellos lugares. Un guardia vigilaba el interior de la instalación. Estaba junto a los trabajadores en huelga. Ellos recuerdan sus secas respuestas ante varias llamadas que recibió aquella larga noche:
-No, mi comandante, ningún problema; los técnicos no hacen nada, solo que están en huelga. …/…
Y un rato después:
-Negativo, mi coronel -decía el cabo-, muy tranquilo. …/…
-Negativo, nada de refuerzos, sin novedad, mi coronel.
La descripción del cambio de turnos allí –uno más bien pro-UGT, los otros más bien afiliados de CCOO- es la siguiente :
El relevo se hacía entre las diez y diez y media de la mañana. Un auto los recogía en Madrid y los subía hasta el puerto. Desde allí parte una calzada de hormigón que llega hasta arriba. Para los tiempos de nieve disponían de una máquina-oruga, ‘la tanqueta’, en la que cabía una quincena de personas. Algunos días de invierno con nieve y niebla, que no se veía un palmo, desaparecía esa calzada. Entonces entraba en acción Mario Morales, que además de hacer un poco de todo en la instalación, era natural de Cercedilla, montañero, alpinista, un sherpa, que atado a la máquina con una cuerda atada con plásticos colgantes para saber que estaba tensa, iba señalando el camino…
El personal cree que es agarrar el mando a distancia y nada más. Pues no, ahí queda esa muestra del sherpa Mario Morales.
Aunque el momento clave de aquel día legendario es la invasión del vestíbulo de Torrespaña por parte de un piquete de cuatrocientos trabajadores y el corte de la señal mientras se emitía el telediario.
Susana Iglesias, la secretaria, que controlaba el autocue con los textos previstos, le tuvo que decir a la presentadora, Olga Barrio : « No sigas leyendo que han cortado ». Un corte de mangas sonoro a una de esas malditas reformas laborales y de las pensiones, que resurgen periódicamente como mosquitos venenosos.
Aquella noche, los del piquete habían ido gritando desde el fondo de la entrada en Torrespaña una cuenta atrás para animar a quienes tenían que asumir (muy personalmente) la responsabilidad del corte. Con riesgo de ser despedidos.
El autor estructura su libro por capítulos con los números de aquella cuenta atrás. El comité de huelga había dado instrucciones para que todos se levantaran al ser la medianoche y dejaran el equipamiento técnico sin más. Para que no se pudiera culpar a nadie de sabotaje.
Pero una serie de circunstancias llevaron a un par de huelguistas –anónimos, entonces, bien precisos en el texto de Martínez- a asumir la culminación de aquella cuenta atrás.
¿Y por qué aquella huelga general ? Ah, me olvidaba casi. Porque el gobierno de Felipe González impulsaba una reforma laboral que –digamos- empezaba la senda de la precariedad mucha más dura que llegaría después. Abaratamiento del despido y temporalidad mayor para los contratos más jóvenes, sobre todo.
El punto que más impulsó la huelga promovida por CCOO y UGT fue un plan de empleo juvenil que había previsto un Consejo de Ministros a finales del mes de octubre. Estaba «destinado a jóvenes de entre dieciséis y veinticinco años, por el salario mínimo interprofesional, una duración de entre seis y dieciocho meses y exenciones en las cuotas de la seguridad social para los empresarios». Vamos, un clásico de la nueva (entonces) época neoliberal.
Todo eso está en el libro del de Nepas. También que el ministro José Luis Corcuera, de Interior, hizo kilómetros con su escolta para tomarse un bocadillo el día de la huelga y no pudo encontrar un bar abierto. Unos ocho millones de huelguistas siguieron convencidos la indicación principal de los sindicatos: el corte de la señal de TVE en Torrespaña. En aquel entonces, ya había algunas cadenas autonómicas, pero aún no televisiones privadas de modo que la tele pública todavía era “la tele” sin más. A lo grande.
En "El corte en RTVE" discurren al detalle, las demandas de algunos miembros del Gobierno de entonces, la lejanía de Felipe González, los controles técnicos y los políticos, la honestidad y las contradicciones personales de Pilar Miró, quien era directora de RTVE, ya dimisionaria y acosada por el doble frente de la oposición y de los guerristas del PSOE.
A quien firma esto, y como testigo de varias ocasiones similares en Torrespaña, le resulta divertida la descripción de los jefes y encargados (enviados por los políticos) que se acercaron antes para hacer preguntas del tipo, ¿esto cómo funciona? ¿Quién se ocupa de qué? Ingenuos e ignorantes. No les sirvió de nada.
Jaime recuerda minuciosamente a los directivos (algunos fallecidos) y a la clase política de entonces. Y ha recuperado el rastro de muchos trabajadores de hoy, o de entonces, que llevaban -o aún llevan- a cabo tareas imprescindibles para que los demás, los telespectadores, botoneen en sus casas para subir el volumen o para cambiar de canal. Muchos son sherpas como el compañero que se ataba la cuerda para que no se perdiera nadie en la senda nevada de la Bola del Mundo.
En lo que me concierne, y conste que mi papel de huelguista fue fiel, aunque un poco punk y de antihéroe total, he disfrutado otra vez con aquel corte de señal que fue un corte de mangas al poder. En Radio Nacional de España, es decir, en Prado del Rey, fue más de lo mismo:
– Al aproximarse las doce de la noche, Corral cogió un rollo de cinta que tenía solo música y lo puso a punto. En el Estudio, al otro lado del cristal, estaba Javier Arenas, editor y presentador del informativo Última Edición, que terminaba a las 00,30 que estaba avisado por los propios técnicos que se unirían a la huelga. Arenas metió poco antes de las doce una crónica desde Ginebra que daba cuenta de la intervención de Yasser Arafat en la sede de la ONU, y retomó el micrófono cuando faltaban ocho segundos para las doce con estas palabras.: ‘Por lo demás, las medidas de seguridad que ya anunciábamos ayer en la Última Edición continúan siendo realmente intensas en torno a…’ En la sílaba ‘ten’ de ‘intensas’ sonó la primera señal horaria y Martínez [otro Martínez] bajó a cero el potenciómetro (regleta en la jerga técnica) dejando casi inaudible el resto de la frase, y tras las sexta señal subió al aire el rollo de música que habían preparado…
En el libro de Martínez están las lágrimas de Pilar Miró, el perfil de la clase política de aquella época, la cara de tontos de otros y hasta la descripción del pub El Hondingaño de Carabanchel, donde varios bebedores noctámbulos habituales, totalmente ajenos a RTVE, y uno que era un viajero hacia el gran piquete, fueron testigos juntos de un histórico corte de la señal de casi toda la televisión del país.
El autor ha hecho casi un centenar de entrevistas y ha recuperado al detalle documentos, vídeos y volantes sindicales de entonces, en muchos de los cuales estaba y está su propia mano como secretario de CCOO en RTVE y como presidente de su Comité de Empresa, que fue.
Invito a la plebe a recordar aquello con el de Nepas porque fue fruto de un esfuerzo colectivo que tuvo éxito: hubo parón de la reforma laboral de entonces y los sindicatos UGT y CCOO aumentaron su colaboración hasta la (casi) unidad sindical de las décadas que siguieron.
Al final, me han convencido unas líneas de manera precisa y con ellas me identifico:
–Conseguimos la destitución de Pilar Miró (la teníamos entre nuestras reivindicaciones), pero salimos perdiendo porque el PSOE metió como directores generales a Luis Solana y a Jordi García Candáu…
Pilar Miró, con todos sus defectos y contradicciones, fue una mujer extraordinaria y una gran defensora del servicio público de radiotelevisión como mecanismo esencial de las democracias de verdad.
Y fue víctima de un acoso múltiple e indigno.
A quien esto firma, le honra que el 15 de agosto de 1988, algunos meses antes de la huelga, le echara una vez una bronca por el aspecto de corresponsal desaliñado y machadiano. Maldita sea, qué tiempos.
No sé si ahora podríamos pensar en un corte de mangas similar. Contra lo que creen muchos en la calle y en otros medios de comunicación, en Torrespaña y en Prado del Rey ha habido múltiples episodios de rebelión colectiva. Durante más de tres décadas, contra directivos impuestos y sus “cómo funciona esto”, que resulta ser casi siempre un paso previo de los aterrizados y manipuladores voluntarios. Una redacción rebelde, sí (ah, la guerra del Golfo).
Hoy día, tampoco estaría de más ahora, en RTVE, darle una patada en el culo a la clase política y parlamentaria. Mantienen paralizado el concurso público para elegir a la nueva dirección y para terminar con la provisionalidad de la radiotelevisión pública española. Y como aquella reforma laboral, eso es otra amenaza a la ciudadanía. Se entienda o no así. De modo que necesitamos más madera, más literatura como ésta, épica y divertida. Y desde luego otro corte de mangas por la radiotelevisión pública de todos.
Crecen las quejas y demandas que reclaman la culminación del concurso público de 2018 para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, como motor de las reformas indispensables para su recuperación. Mientras el servicio público sufre la peor crisis de su historia, diversas entidades sociales amenazan ahora con dirigirse ante las instancias españolas y europeas, denunciando el prolongado inmovilismo del Parlamento y el Gobierno.
No recuerdo quién fue el mensajero. El recuerdo es brumoso. Quizá de principios de los años 60 del siglo XX. Llegó allí cerca de las escuelas -donde estábamos jugando- y nos anunció que ya había un televisor en el pueblo. Fue impactante.
Preguntamos a quien nos había traído la enorme noticia si había podido ver algo.
-Sí, dijo emocionado, ha salido un muñeco y se ha comido una barra de chocolate.
Era un anuncio de chocolates Suchard. Supimos que la gente se agolpaba en la puerta de lo que entonces era el Bar Las Villuercas intentando entrar para atisbar cómo era la tele.
-Como un cine chiquinino-nino, dijo alguien en perfecto extremeño.
Dentro, estaba llenísimo. Los niños sólo podíamos pasar con un hombre adulto. Así que todos empezamos a buscar frenéticamente a nuestro padre respectivo.
En mi memoria quedó la fascinación por dos series estadounidenses de la televisión de aquellos tiempos: Bonanza (que después siguió en color) y Las Aventuras de Rin Tin Tin. Éste era un perro pastor que luchaba contra los malos junto al joven cabo Rusty, un niño. Yo también quería ser el cabo Rusty para tener a Rin Tin Tin cerca. Hace poco he leído un artículo retrospectivo insultando a Rusty («un niñato con chucho»), así que desconozco si debo arrepentirme de mis pecados. En todo caso, confieso que un día -hace más de treinta años- entré clandestinamente con mi colega y amiga Kathryn Hone en el cementerio de animales de Asnières, en las afueras de París, para inclinarme ante la tumba del Rin Tin Tin originario, que combatió junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial y que era un perro francés.
En aquella televisión difusa -la de aquella época audiovisual una, grande y libre, primitiva y estricta- no había nada más que unas determinadas horas de emisión. Cuando iban a empezar los programas, había que enchufar el aparato y únicamente podía verse la carta de ajuste. Era como un anticipo de los secretos ignotos actuales de los logaritmos de Google. Un misterio profundo.
De ajuste, ¿de qué?, me preguntaba. No había mando a distancia, ni botoneo (el llamado zapping), ni posibilidad de programar nada. Algunos tenían un palo largo para tocar los botones desde su sillón.
Tiempo después -no estoy seguro tampoco- quizá vimos allí las primeras imágenes de la guerra de Vietnam. Quizá. ¿O las vimos en el No-Do? La memoria es siempre engañosa…Y en blanco y negro, más: se confunde con la noche y con los sueños. El asesinato de John F. Kennedy, por ejemplo, lo hemos visto ya tantas veces que es imposible saber cuando fue la primera vez, ¿donde?
Madrid y Barcelona eran otra cosa, pero en el pueblo durante mucho tiempo pocas familias tuvieron un aparato de televisión que era -además de carísimo- un gran armatoste. Muchos de nuestros paisanos emigrantes traían un televisor de Francia o Alemania cuando venían de vacaciones con su automóvil de segunda mano.
Donde nací, entre los primeros particulares que tuvieron un televisor estaba don Filomeno, el cura. Quienes vivíamos al lado de su casa, podíamos instalarnos allí en ocasiones especiales, en su saloncillo. Allí pude ver una de las cogidas más graves que sufrió El Cordobés. Gran conmoción del personal. Yo tendría entonces nueve o diez años.
En aquellos días y según nos decían, el progreso estaba en marcha. Ya podíamos ver la tele en tres o cuatro bares y en una especie de sesión especial del cine de la entrañable familia Maldonado. Ponían la pequeña pantalla al fondo, pegada a la pantalla del cine. Lo veíamos chico, eso sí, desde las butacas dispuestas para la gran pantalla; pero podíamos verlo. Fantástico.
Ahora, cuando paso junto al viejo cine de mi pueblo -cerrado hace tantos años- no puedo evitar una punzada en la memoria íntima, como un acecho de la nostalgia. Una sombra de paso.
Aunque también me da la risa por el recuerdo de aquel muñeco que comía chocolate como un poseso en una pequeña pantalla en blanco y negro. ¿Cuanto duraba aquel anuncio? Lo ignoro.
Dicen hoy algunos sociólogos, expertos mediáticos y psicólogos que la mayor parte de los humanos hemos perdido la capacidad de retener todo mensaje audiovisual que sobrepase los nueve segundos. Ni siquiera diez. Todo se desliza a velocidad estelar. Mueves el dedo, zas, y ya estás en otro «debate».
De modo que puede que hayamos retenido el recuerdo minimalista de aquel breve dibujo animado que servía para vender chocolate sólo porque era breve.
Acordarnos de la mueca del rostro de Lee Harvey Oswald mientras le tirotea Jack Ruby es más difícil. Fue el 24 de noviembre de 1963. Desde entonces, han pasado demasiadas noticias y demasiados anuncios por delante de nuestra vista. Demasiada televisión, quizá.
Durante las décadas transcurridas desde aquel día, muchos intelectuales han hecho de la televisión su principal bestia negra. Y atacar lo televisivo resulta chic en muchos círculos, también entre no pocos adictos televisuales de barrios pobres. Es una tentación enfermiza e interclasista. Y en ocasiones es la base del discurso y del negocio de otros (fond de commerce), como se dice en francés. A muchos de esos intelectuales les ha ido muy bien así.
Hasta que llegaron las redes sociales, la multiplicación galáctica de los rumores y la espiral de las noticias falsas. Una contrariedad notable. La vieja confusión ha aumentado de tal modo que si uno se refugia en los informativos actuales de televisión comprobamos que el descontrol sigue siendo importante. Pero menor comparado con Facebook o WhatsApp. «Ver un asesinato en televisión puede ayudar a rebajar el nivel de nuestras contrariedades. Y si no las tiene usted, los anuncios le ayudarán a tenerlas». Lo dijo el maestro Alfred Hitchcock.
¿Qué recordaremos de Donald Trump cuando hayan pasado años de su final como presidente de Estados Unidos? Quizá sólo que no se parecía para nada a John Fitzgerald Kennedy y que lo vimos en un mural –o un anuncio, no recuerdo bien- en el que Trump besaba a Vladimir Putin en la boca. Nuestra futura nostalgia será tan onírica y engañosa como nuestra memoria, irreal.
ÁNGEL GARCÍA CASTILLEJO/RAFAEL DÍAZ ARIAS
O como dice el dicho popular “que cada palo aguante su vela”. En este periodo convulso y de desasosiego social, cualquier ciudadano que se sienta demócrata y que sea mínimamente exigente y crítico en el respeto a sus derechos, habrá podido conocer e incluso leer con sorpresa un documento elaborado por Letrados de las Cortes Generales destinados en el Senado titulado “nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE” la radio y la televisión de todas y todos, y que se encuentra sumida en una profunda crisis, por entre otros muchos motivos, por el abandono y desatención a la que las Cortes la están sometiendo.
Dos años de provisionalidad en la dirección y gestión de la Corporación, reducción presupuestaria con presupuestos prorrogados desde el período Montoro. Carencias financieras para acceder a contenidos de servicio público atractivos para los telespectadores y la pérdida de audiencias que no se ven reconocidas en el prestador del servicio público radiotelevisivo a diferencia de aquellos años de 2005 a 2011 en que llegó a ser líder de audiencias televisivas y en credibilidad informativa, a pesar del golpe de la crisis financiera global y del paso de las emisiones en analógico a la TDT.
El informe de los letrados de las Cortes Generales causa desconcierto y hace temer que el asesoramiento que ofrecen los servicios jurídicos de las Cámaras a los diputados y senadores, a la representación de la soberanía popular, sea coherente con sus propios consejos y advertencias con las cuales ha venido orientando los procesos de toma de decisiones de los parlamentarios o, como es el caso, de los miembros del Comité de expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.
Nos encontramos obligados, a preguntarnos, y haciendo un muy breve relato sobre, cómo es posible que se haya llegado a redactar una nota en la que los Letrados afirman que el baremo aprobado por el Comité de expertos para la evaluación de los candidatos al Consejo de Administración de RTVE “…, fija una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la anterior regulación y que excede el mandato recibido…”. Cómo es posible que no se advirtiera esta eventualidad en su momento por los Letrados. Antes no se vio esta presunta anomalía y ahora si. Esperemos que estas diferentes apreciaciones no supongan descrédito y demérito de instituciones tan altas como las propias Cortes Generales. En todo caso no se lo merecen las Cortes y en lo que afecta a la CRTVE y el servicio público de radio y televisión, tampoco.
Saturación informativa, infodemia, enfoques informativos, peticiones de ayuda por ejercer una función publica…. Vivimos días críticos en los que la cantidad y calidad de la información que consumimos resulta decisiva para nuestra respuesta personal y colectiva a la pandemia.
Después de la comunicación institucional de crisis en estos apuntes abordo ahora la función de los medios (tradicionales y cibermedios) en la construcción de la imagen del mundo golpeado por la pandemia y cómo esta crisis está afectando a su propia supervivencia. Como siempre es una entrada exageradamente larga, así que os podéis mover por los títulos a los asuntos que más os interesen.
El público, las audiencias, los usuarios (como queramos llamarlos según la perspectiva de cada uno) se ha volcado en los medios profesionales. El hambre de información ante esta emergencia y el confinamiento, con sus secuelas de tiempo libre y necesidad de entretenimiento han disparado todas las mediciones (ahora lo llaman métricas), tanto las directas (audímetros de televisión, páginas vistas) como las indirectas por encuesta. Y ha ocurrido, con sus particularidades, en todos partes.
Aquí es imposible realizar un resumen de estos datos. Pero sí marcar las tendencias principales, en nuestro país, pero bastante similares en todas partes (fuente principal estudio de Havas Media Group España):
Los datos para la televisión son más concluyentes, en cuanto que la metodología de los audímetros (muchas veces cuestionada en cuanto que lo que trata de ofrecer es una medición para poner precio a la publicidad) está bien asentada. Según el informe de marzo realizado por Barlovento a partir de los datos de Kantar Media (ver más abajo en Lecturas):
Llegan las primeras encuestas más cualitativas, como esta del DigiLab (véase en Lecturas). Sus datos son interesantes porque se refieren al periodo 3-10 de abril, mientras que los anteriormente recogidos corresponden a marzo:
Por último, el informe del Reuters Institute (ver referencia en Lecturas), con encuestas realizadas en marzo y principios de abril, que se centra más en la confianza de los medios y que aporta la visión comparativa en 6 países (Argentina, España, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Estas son las tendencias:
En cuanto a la confianza en las fuentes, en todas partes se cree más a las fuentes expertas (médicos, sistema sanitario nacional u organizaciones internacionales de salud). Después se confía en los medios informativos y los gobierno y luego, ya mucho menos en la gente y los políticos. Un dato preocupante, España tiene los porcentajes más bajos de plena confianza en los medios (un poco más del 50%) y el Gobierno (en torno al 46%, Estados Unido un poco menos, 44%).
Recapitulando más allá de todos estos informes. Que nadie eche las campanas al vuelo por este hambre de información. La confianza en los medios informativos no es ni mucho menos plena y es menor cuanto más baja sea el nivel de educación y la polarización política del país. Las audiencias están angustiadas y cautivas. Estos consumos no se mantendrán en una vuelta a la normalidad. Y durante el confinamiento corremos el peligro de caer en una saturación informativa.
En Italia ya se ha producido un importante reflujo. En la última semana de marzo -Italia va por delante de España una o dos semanas en el desarrollo de la enfermedad, no necesariamente en los comportamientos sociales- el telediario nocturno de la RAI cayó en 352.000 espectadores, pero, sobre todo, el especial que le sigue perdió nada menos que 3,8 millones. Este último dato parece indicar la necesidad de salir del círculo angustioso (un relato sin esperanza) de una información quizá repetitiva y buscar entretenimiento y evasión.
¿Mantendrán los jóvenes alguno de los vínculos informativos generados durante el confinamiento? Puede que no, pero por lo menos habrán visto que hay otro mundo y otra forma de contar más allá de sus redes sociales.
Me considero incapaz de hacer un juicio medianamente fundamentado sobre el comportamiento de los medios profesionales. Hará falta mucha investigación, que a buen seguro ya se está desarrollando.
Internacionalmente, el fenómeno más interesante y, además, decisivo en el tratamiento de la pandemia es la simbiosis entre Trump y Fox News. Durante todo su mandato, el presidente se ha nutrido de la información altamente polarizada de la cadena y esta ha sido su gran altavoz. Trump ha tenido que ceder, en parte, y adoptar a regañadientes las medidas que le recomiendan sus expertos, con los que mantiene una relación conflictiva. Fox abrazó la narrativa trumpista de minimimizar la importancia de la enfermedad y ahora presiona al presidente para una vuelta precipitada a la normalidad. Trump lanzó desde el principio una guerra contra los medios, las broncas en la sala de prensa de la Casa Blanca han sido una constante, per en esta guerra los medios están respondiendo con la contundencia que requiere la emergencia.
En España observo, claro, el sesgo editorial, como advierten los encuestados del DigiLab y como no podía ser menos. Los medios de derechas (la mayoría) apoyan editorialmente y con su sesgo editorial la narrativa del PP (incluida el encuadre que culpa al 8-M como principal causa del brote). Los de centroizquierda y relativa izquierda (los menos) apoyan críticamente el relato del Gobierno. Hasta ahí, todo legitimo.
En general, todos los medios están haciendo un enorme esfuerzo de contextualización, divulgación y reportajes (también con sus sesgos). No creo que ninguna información sobre la Covid-19, ningún dato haya sido ocultado, ninguna imagen por dura que fuera censurada, ninguna crítica anulada. Poco a poco se va escuchado -siempre dependiendo de la línea editorial- la voz de los últimos de nuestra sociedad, los más pobres, los inmigrantes que viven 10 personas en 40 metros cuadrados, las familias monparentales sin recursos, los que vivían en la calle, los que dependían de la venta callejera.
Percibo el sensacionalismo sobre todo en los magazines de televisión (la audiencia de los de la franja de la mañana ha crecido un 65%). Por supuesto, el principal problema es nuestro sesgo perceptivo, seguimos viviendo en cómodas burbujas en las que nuestras filias y fobias se ven confortablemente confirmadas.
Lo peor es lo que la pandemia oculta o deja en un muy segundo plano informativo otras realidades de nuestro mundo:
Hay una constelación de medios aparentemente profesionales que son esenciales en la distribución de la desinformación, en la infodemia que padecemos. PR noticias, moncloa.com, periodistadigital… entre otros.
No producen bulos puros y duros, pero pueden hacerse eco de ellos, dándoles una apariencia de veracidad. Y, sobre todo, cultivan la información manipulada, que a partir de datos reales, de medias verdades, ocultan el contexto y sacan conclusiones falsas. Esas “informaciones” son convertidas en virales en las redes de la derecha y la ultraderecha, ya sea por cuentas verdaderas o, directamente, por cuentas automatizadas.
Por último, para darles una difusión masiva más allá de las redes, basta citar a estos “medios” en los magazines de Ana Rosa Quinta y Susana Griso, ambos con un largo historial de manipulación. Por citar, solo una de estas últimas, la manipulación en Espejo Público de las declaraciones de un científico británico, para culpar al 8-M de brote, respondida por el propio científico.
Estos días he observado personalmente un caso típico de desinformación, a partir de la decisión de WhatsApp de limitar la posibilidad de compartir a todos los grupos y contactos los mensajes reenviados más de cinco veces.
El estudio de esta medida merece su propio análisis, pero ha sido el pretexto para lanzar una campaña de desinformación de libro. El día 7 leo la noticia en The Guardian. El mismo día la publica El Mundo de manera más concisa, pero irreprochable. Dos días después y con un enlace a la información veraz de El Mundo me llega por el propio WhatsApp el bulo (ver imagen). En este caso no entran en juego esa constelación de medios, sino que se utiliza una noticia correcta, publicada por un medio profesional de línea editorial de derechas, que ofrece credibilidad para los sectores de esta ideología. No puedo investigar quién originó el bulo, pero en esta ocasión se ha demostrado como bulos y desinformación que podría atribuirse a la ultraderecha son compartidos por figuras tan destacadas del PP como Rafael Hernando (véase tuit).
Si WhatsApp sigue manteniendo su estupida idea, siguiendo instrucciones del Gobierno Sanchezstein, de limitar la difusión de mensajes críticos al Gobierno, no solo colaborará con una censura bananera, sino q la gente se irá a la rusa Telegram y otras
— Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) April 11, 2020
Y Coletas tan contento
Efectivamente, la “gente”, alguna gente, se ha ido a Telegram. De repente Telegram me avisa que una decena de viejos contactos (un fontanero, un perito, un viejo conocido, un abogado que me llevó un caso…) se han dado de alta en la aplicación.
La campaña ha tenido éxito. No porque la “gente” se haya dado de alta en Telegrama. El primer objetivo era atacar al periodismo de verificación, que les hace mucho daño, y, en cierto modo, amenazar a esta instancias profesionales, como denuncia la FESP. Pero, el objetivo último y más estratégico es crear una desconfianza general, favorecer un estado de ira dirigido contra el Gobierno: la tormenta de mierda.
(Para una ulterior entrada sobre derechos y libertades dejo la polémica sobre la disparatada pregunta del CIS sobre si es necesario para luchar contra contra la desinformación abolir la libertad de expresión y pohibir todas las fuentes que no sean oficiales).
Dejemos la desinformación. Hace mucho que sabemos que tan importante como qué se dice es cómo se dice. Una de las líneas de investigación en comunicación es la teoría del enmarque, encuadre o enfoque, el framing, uno de cuyos padres más destacados es el lingüista George Lakoff.
Los temas informativos se encuadran en marcos mentales que les dan sentido. Unas veces estos marcos responden a un consenso social general (“la ciencia es buena”, “hay que comer sano”), o a un sentido compartido en una determinada comunidad (por ejemplo, el consenso de “tenemos derecho a decidir” entre los independentistas). Suelen ser los marcos más implícitos. Otras veces, en situaciones de polarización, los marcos pueden ser visiones opuestas que dividen a una sociedad. Estos marcos contradictorios son más explícitos.
El Observatorio de la Información de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV), un grupo de investigación de la UCM que coordiné hasta mi jubilación, realiza desde hace 6 años un trabajo de análisis de contenido de los telediarios de las cadenas nacionales (metodología), en el que se investiga el ámbito, los agentes informativos, los temas y el tratamiento de las noticias de los noticieros (por ejemplo, este estudio sobre los agentes informativos).
No analizamos los encuadres, porque salvo los marcos muy generales, el framing, es particular de cada tema informativo, y los informatrivos son multitemáticos. No en estos dos últimos meses, donde el tema dominante, sino exclusivo es la Covid-19. Así que adaptamos nuestra oleada de análisis, que iba del 9 de marzo al 20 de marzo y añadimos como elementos de análisis una serie de etiquetas por duplas dicotómicas (por ejemplo, “El Estado nos protege / El Estado no nos protege”).
Hoy estamos en condiciones de adelantar unos resultado preliminares. La muestra se realiza sobre un número prácticamente idéntico de informativos de TVE, A3, T5 y La Sexta (Cuatro se nos cayó cuando dejó de hacer telediarios). Nuestra unidad de análisis es la pieza informativa y hasta ahora solo se han analizado 499 piezas, la mitad de las previstas. En una misma pieza se pueden detectar varios marcos, incluso alguno de estos pares dicotómicos al mismo tiempo. Estos son los resultados preliminares, sin desglosar por cadenas, quizá los más significativos, teniendo en cuenta que en estos días la práctica es ver informativos de distintas canales.
Como se ve, los marcos positivos dominan, sobre todo el del Estado nos protege. Pero los marcos negativos también son significativos: la enfermedad afecta a todos (no es solo cuestión de viejos), el virus mata y tenemos miedo.
Especialmente significativa es la comparación de las duplas más presentes, donde se ve como el enfoque positivo domina sobre el negativo de el mismo marco. Insisto, son resultados preliminares y se refieren al conjunto de los informativos nacionales de las cuatro cadenas de ámbito estatal.
Con cifras nunca vista de audiencias y consumo informativo, los medios (privados) corren, paradójicamente, el riesgo de desaparecer. Los medios siguen dependiendo en gran medida de la financiación publicitaria y los anunciantes han suprimido prácticamente todas las campañas. La caída de los ingresos ha sido drástica, tanto para la prensa como para las televisiones en abierto.
La prensa abrazó Internet con entusiasmo. Antes de la explosión de la burbuja digital, primero volcó sus contenidos analógicos y luego desarrolló sus páginas web gratuitas. La publicidad digital complementaría los ingresos del papel (venta, suscripción, publicidad). Un gran negocio. Pero resultó que el público dejó de pagar por el diario en papel, un producto que se ofrecía gratis en la web, y que la publicidad digital dejaba un ingreso irrisorio por cada contacto. Algunos (por ejemplo El País o El Mundo) decidieron hace su web de pago, pero su tráfico se hundió y con él su influencia social, asi que abrieron de nuevo las webs.
Y en esto llego la recesión de 2008 y las corporaciones multimedia apalancadas con deudas impagables quebraron o estuvieron a punto de hacerlo. Muchos optaron por reducir periodistas y, por tanto, calidad, e intentaron seguir a los llamados medios nativos digitales, basados en el clickbait, en lograr millones de clics (y millones de céntimos) con titulares sensacionalistas. Tampoco funcionó. Quienes monetizaban esos clics eran Google y Facebook, así que se buscaron la sindicación de contenidos con las plataformas tecnológicas y pasaron a depender de las redes sociales, hasta tal punto que un cambio de algoritmo de Facebook pudo hundir el tráfico de los diarios que optaron por esta estrategia suicida.
Siguiendo la estela de The New York Times, los medios de calidad terminaron por apostar por los llamados muros de pago inteligentes, es decir permitir el acceso gratuito a un determinado número de informaciones, proponer la suscripción y sugerir áreas de interés para el usuario. Otros medios nativos digitales se basaron desde su nacimiento en una suscripción activa, más de adhesión asociativa que de puro abono informativo, dejando libres sus contenidos. Otros, con un modelo no lucrativo, confían en las aportaciones de fundaciones o incluso del crowfunding. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la información de calidad tiene un precio.
El coronavirus ha llegado justamente cuando algunos diarios (por ejemplo El País) estaban a punto de realizar la transición a un modelo de muro de pago inteligente. El problema ha sido no tanto la caída de los ingresos por publicidad digital, como la pérdida de la publicidad en el papel, que, salvo en casos contados como The New York Times, seguía siendo el principal soporte financiero. En la emergencia unos han levantado los muros, los otros los han abierto parcialmente y otros han retrasado su implantación. Justamente los que mejor tenían implantado el sistema, como The New York Times, y en situaciones de polarización política, han registrado espectaculares crecimientos en las suscripciones. Pero no ha sido, desde luego, la regla general.
La información de calidad cada vez está más detrás de muros de pago. Los muros de pago liberan del clic y la publicidad. Renuevan el compromiso con el suscriptor. Pero limitan el pluralismo. Pocos tendrán varias suscripciones, más allá de los profesionales. Más calidad sí, pero una dieta informativa menos diversa, menor pluralismo, en definitiva. Aparece una nueva grieta divisiva, solo los más ricos y más educados, los que más confían en los medios, son suscriptores, los demás tienen que contentarse con la información viralizada por el clicbait o, peor, quedan directamente a merced de la desinformación.
Estamos en los primeros compases de una recesión, sino depresión, como no hemos conocido antes. Los medios privados ya anuncian reestructuraciones. El primero ha sido The Guardian, con un modelo no lucrativo y dependiente de una fundación, que despedirá a 100 trabajadores no relacionados con tareas editoriales. En España, todos los grandes grupos anuncian reducciones salariales o la aplicación de ERTEs (de momento a la parte de la plantilla no redaccional). En estos días, todos los periodistas teletrabajan. ¿Desaparecerán las grandes y costosas redacciones?.
Nunca como en estos días aparece tan incuestionable la función pública del periodismo y de los medios que lo vehiculan. Una información contrastatada, completa, contextualizada es imprescindible para nuestra supervivencia personal y la superación colectiva de la crisis.
Las organizaciones empresariales solicitan ayudas económicas del Gobierno. UTECA, el lobby de las televisiones privadas, va más allá, pues no solo pide ayudas directas sino que exige dejar de realizar aportaciones a RTVE, que, por lógica, disminuirán, pues son una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos de explotación. El Gobieno les ha escuchado y les ha dado una propinilla de 15 milones para mantener en la TDT “durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” (art. 46 RD-L. 11/2020). Que yo sepa, ningún otro sector, salvo el turístico (y por la vía de ampliar el fondo para compensar la quiebra de Thomas Cook), ha recibido una ayuda específica.
“En pocas ocasiones como en esta los medios de comunicación han ejercido su papel de servicio público para la comunidad” -dice un editorial de El País del 22 de marzo, y añade “reivindicar la información como tarea esencial en estos momentos no significa reclamar un privilegio”. Afirmaciones como esta exigen distinguir entre función pública y servicio público.
Ejercer el periodismo es una función pública, pues de esta actividad depende la conformación de una esfera pública sin la que una sociedad democrática no puede existir. Ejercer una función pública conlleva responsabilidades especiales y puede exigir una regulación pública rigurosa. Pero la actividad se realiza en nuestros sociedades en el marco del mercado. Sería lo que en el derecho comunitario se denomina servicios económicos de interés general.
En cambio, la función del servicio público supone desempeñar una actividad esencial que no puede quedar supeditada o condicionada a las exigencias del mercado. Una actividad de servicio público puede ser encomendada directamente una empresa o ente público (gestión directa) o una empresa privada (gestión indirecta). La actividad de servicio público implica el cumplimiento de unas prestaciones exigentes y bien definidas, que van más allá de la responsabilidad y limitaciones que pueda imponer la legislación sobre los servicios económicos de interés general.
En España, el art. 20 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la libertad de expresión e información. Ordena la regulación legal de específicos derechos profesionales, como el de la claúsula de conciencia (desarrollada por la L.O 2/97) y el secreto profesional (sin desarrolo y con un reconocimiento jurisprudencial no siempre pacífico). Y establece el control parlamentario y el derecho de acceso a los “medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”.
En la práctica, con la liquidación en los 80 del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, los medios públicos quedaron reducidos a las radiotelevisiones, la estatal RTVE y las autonómica. La Ley de la televisión privada (L. 10/88) declaraba en su preámbulo que la radio y la televisión son en España, de conformidad con el art. 128 de la Constitución, como un servicio público esencial de titularidad estatal, para en su articulado regular la posibilidad de delegar este servicio en régimen de concesión administrativa a sociedades anónimas. Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (L. 7/2010) en su art. 22 declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, mientras que en el art. 40 establece los fines y misiones del servicio público audiovisual que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales podrán establer.
No creo que las empresas periodísticas que hoy claman ser servicio público esencial quieran pasar a ser de titularidad pública. Y me temo que ni siquiera estarían dispuestos a someterse a una regulación rigurosa, como la que, con todas sus lagunas y escapatorias, están obligadas a cumplir las radios y televisiones privadas. Pero por lo menos no debieran olvidar comportamiento previos poco acordes con la función pública (EREs salvajes y discriminatorios, campañas de desinformación como la de la atribución de los atentados del 11-M a ETA). Sobre todo debieran dar muestras de estar dispuestas a asumir responsabilidades específicas que implica la función pública de informar como un autocontrol rigurosa y fiable, un mayor pluralismo interno con instituciones que reconozcan que los derechos profesionales de los periodistas pueden limitar el onmimodo poder del propietario y su libertad de empresa.
Los servicios públicos audiovisuales europeos (Public System Media, PSM), una de la señas de la identidad del viejo continente, han tenido, como todos los medios, un enorme crecicimiento en su audiencias y, lo que es más importante, en su alcance, esto es, al conjunto de los ciudadanos que prestan un servicio. Según un estudio realizado a mediados de marzo por la Unión Europa de Radiodifusión (UER-EBU) (ver en Lecturas), sus socios, las rtvs. públicas su alcance en los países más afectados por el Covid-19 se ha multiplicado por 2,5, las audiencias de sus informativos nocturnos han subido un 20%, con un muy significativo aumento entre los jóvenes de un 42%. Y todavía más se ha multiplicado (x 1,7) la consulta de sus noticias en línea y el acceso a sus aplicaciones móviles se ha doblado. (PS. datos actualizados, después de que EBU actulizara su informe.
Todos los servicios ha hecho un enorme esfuerzo, con gran despliegue informativo, adapatando sus recorsos y programación a la emergencia (aquí el caso de la BBC). Pero lo más importante, como pone de relieve el informe de la UER es que a las clásicas misiones de formar, informar y entretener se ha añadido una si acaso más esencial en estos días, la de apoyo: fomento de actividades solidarias, soporte psicológico, apoyo de iniciativas ce creatividad espontánea, recopilación de puntos de atención sanitaria.
A RTVE le ha cogido la emergencia en su crisis perpetua, con una dirección provisional que lleva camino de ser eterna, un concurso para su cúpula paralizado, muy debilitada por falta de recursos y objetivos estratégicos.
Como todo el mundo ha improvisado. Ha doblado estudios fuera de Torrespaña, creados dobles equipos, producido remotamente toda la programación de RNE, utilizado dispositivos móviles para la producción de las noticias de los telediarios. En algún momento se ha notado en pantalla el cansancio de los reporteros. Organizativamente ignoro las dificultades internas, aunque conozco las quejas sindicales sobre medidas de protección, pero hacia fuera todo para haber funcionado.
En el campo informativo lo ha hecho brillantemente, aunque sus telediarios, pese al crecimiento de la audiencia, no consigan conquistar el liderazgo, solo empatar con Antena 3, y eso sumando las audiencias simultáneas de La Uno y el Canal 24 Horas. Como siempre, la cobertura internacional ha sido un factor diferencial frente a la competencia.
Intentó el camino de los especiales el 4 de marzo con “Coronavirus. Combatir el miedo”. A toro pasado podemos decir que fue un gran error, que espacios como este creaban una falsa confianza. Pero allí estaban todos los asesores científicos del Gobierno y el tono didáctico era el adecuado. Que el Gobierno y sus asesores se equivocaron es hoy claro, pero en aquel momento el servicio público exigía ese especial, frente a los magazines sensacionalistas de la competencia. Sea como sea, TVE abandonó los especiales y se ha limitado a dar un carácter monotemático a sus magazines de mañana y tarde.
Uno de los puntos fuertes de TVE es su programación regional, que lamentablemente al mediodía se ha sacrificado a la cobertura de las ruedas de prensa de la “autoridad competente”, que muy bien podrían haberse retransmitido exclusivamente en el Canal 24 Horas.
Los telediarios de TVE y espacios informativos de RNE como Las Mañanas son sobresalientes por la calidad de las entrevistas y, en el caso de TVE, por el esfuerzo realizado en reportajes sobre el terreno y no solo usando recursos de Internet y video llamadas.
Los telediarios de TVE no han ocultado un tema ni una imagen. Pero han sido el objetivo de las campañas de la derecha (las cartas de Díaz Ayuso cada vez que un “sindicalista” criticaba los recortes sanitarios) y la ultraderecha, con el notable apoyo en las redes de antiguos directivos manipuladores.
Lamentablemente han tenido que ser los propios informadores los que se hayan defendido (Xavier Fortes / Carlos Franganillo, en este caso la crítica a la que se responde era matizada y profesional, pero los ejemplos de la respuesta neutralizan las mentiras de las campañas de descrédito). Se ha echado en falta un contrataque institucional, a diferencia de la respuesta corporativa de Atresmedia a las declaciones de la diputada de Vox que comparaba a La Sexta con la Gestapo.
El servicio público no se agota en los informativos. Se cumple de ordinario de modo destacado en programas escondidos en La Dos o en RNE, como El Cazador de Cerebros, que ha conseguido hacer “viral” la entrevista con el virólogo Luis Enjuanes.
En esta emergencia el servicio público ha sido formación con Educlan, que, a pesar de sus carencias de partida está logrando atender a los alumnos más desfavoridos que no pueden seguir el curso en línea. Es entretenimiento diferente, con Crónicas de la Cuarentena. Y es apoyo con sesiones de gimnasia o iniciativas como el Memorial virtual del Lab de RTVE, la primera iniciativa institucional de duelo.
Como bien dicen Concha Mateos y María Lamuedra, TVE ha sido el botón de calma de esta crisis.
(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace)
El futuro de la especie
Medidas para salir del confinamiento
El capitalismo es culpable
Estudios sobre consumos informativos
¿Sobrevirán los diarios?
Medios audiovisuales
Desinformación
Tendremos la fase de Llorar a las victimas.
La lamentable forma en que ha adoptado la muerte con el COVID-19 nos ha dejado una profunda huella emocional. No hay duelo. Es una desaparición entre muros. Todos los rituales funerarios, los laicos y los religiosos, desaparecieron.
El tercer país con mayor esperanza de vida del mundo se la dejó escapar en los asilos de viejos, mal llamadas residencias de ancianos. Así se llamaron cuando aparecieron las privadas. Antes eran los asilos de las monjitas. La gran mayoría de personas mayores acaban allí aparcadas por la vida febril del sistema y así esa actividad económica tiene un floreciente y seguro negocio más. Otros mayores resistieron en su soledad hasta que las fuerzas se lo permitieron. Pero no miramos de frente el problema. En el pueblo, de chico, los viejos estaban sentados en las puertas de su casa, que era la de los hijos. ¿Se pueden comparar ambas situaciones y encontrar la explicación de porqué llegamos a estas residencias, aparcamientos de vía muerta?
La sanidad publica se dejó morir poco a poco, en el tono del austericidio y en beneficio del negocio privado. Así hoy nada había previsto.
En otro tiempo eran las guerras las que reventaban las crisis, La muerte con su guadaña dejaba nuevos equilibrios y nuevas expectativas de negocio. Así ha sido siempre. Hoy ha sido un virus.
Veremos la fase de los Homenajes a los héroes.
Entre los muertos que se nos acumulan están todos los que dieron su vida, especialmente sanitarios, empleados públicos que atendieron a los enfermos y otros que ayudaron en ello. El día de después, tendremos que llorarlos también y entonces. Llegarán los homenajes y las medallas...¿aparecerán las victimas de unos y otros? ¿de un color u otro? ¿aparecerán esos en las campañas electores bajo siglas? Y habrá que reconocerles su valor y entrega, pero ellos siempre lo hacen por los seres humanos.
El debate se hará cansino y el ruido tan grande que apagará las razones.
Cada vez será mayor, sin ningún escrúpulo ya, la ultraderecha comenzó con el ruido mediático y en las redes especialmente. El bulo-virus no dejará de trabajar escondiendo sus objetivos primarios. Dentro de unos años sabremos quienes desataron la pandemia del bulo, porque aunque es difícil seguirlo el virus informático deja su huella lo mismo que el COVID-19. Tendremos la obligación de no dejar impune esa actuación. Si el árbol estuviera solo, como ahora lo vemos, sería fácil de identificar, pero lo mejor es esconderlo en el bosque. Para eso hay que montar un buen decorado. De este modo las emociones que piden justicia se apagarán en la impotencia de no encontrar el responsable.
Mientras, Las conclusiones comenzaran a desdibujarse.
Las conclusiones que se refieren a los porqués, esas que científicos y sanitarios deben explicar y que desde hace tiempo conocen pasarán a segundo plano. Ya no ocuparán portada ni titulares.
Porque los medios ya no alcanzarán las audiencias que hoy tienen en plena crisis sanitaria. Y habrá que buscar nuevas fuentes y noticias para asegurar esa publicidad que todos los días da de comer al sector privado. Las TVs son una gran caldera que todo lo consume para no bajar de la temperatura crítica, y cada día hay que echarle mas y mas combustible, un día y otro, sin parar. Los científicos, los sanitarios estarán un tiempo, después serán noticias viejas. No venderán. Los conozco como si los hubiera parido. Permitirme que lo diga desde el otro sexo.
¿Simplificación? No, claridad.
Nosotros los periodistas, los que manejamos los medios un día y otro somos responsables de todo esto. Estamos en el vértice de la comunicación y sin nosotros no es posible el engaño.
¿Que podemos aportar para ayudar a nuestros compatriotas hoy y en el día de después? Es una pregunta que hay que responder desde nuestros adentros. Sabemos mucho, mucho de la verdad y de la mentira aun más.
La honestidad con la verdad y luchar contra la mentira es la esencia de nuestro trabajo. En nosotros depositan su confianza los ciudadanos. Además debemos buscar y encontrar las razones y los “porqués”, más allá de contar lo que cada día sucede.
El negocio mediático no necesita los “porqués”, necesita solo las grandes audiencias. Hay que reflexionar cada uno y todos juntos.
Luego hacer un plan para que, como todos queremos, esto no vuelva a suceder.
Los medios no han superado la prueba de esta gran amenaza. Los trabajadores de los medios dan y darán todo lo que se les pida en esta situación. Pero ellos no decidirán los contenidos, ni los “por qués” que poco a poco se abandonan. Nuestro plan es ser infatigables para llegar a la verdad que nos trajo aquí.
El nuevo mundo que se dibuja acelerará las nuevas obligaciones, las nuevas formas de trabajar que ya nos afectan y con las nuevas formas de trabajar, si quien las determina es el negocio mediático y la dependencia de las audiencias y publicidad, ese periodista que defiende la verdad y lucha contra la mentira, puede desaparecer definitivamente.
De esta crisis es más necesario que nunca fortalecer los medios públicos con la responsabilidad de ser los garantes de esa tarea.
Pero la otra opción es “que nada cambie”, aunque nos vistamos con otra moda. Y aquí si que hay que saberlo, hay amenazas que el sistema económico no controla y que la naturaleza si domina, en esa perpetua elección del caos dentro del universo.
Seria un grave error no avanzar y no concluir la desmoralización de los medios públicos. El día de después el Parlamento debería reanudar sus compromisos para la elección de los órganos de dirección de RTVE. Lo que hemos visto y oído en esta pandemia nos indica que es indispensable.
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