INFORME PARA LA REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD DEL ESTADO

Elaborado por el Consejo creado al efecto, según Real Decreto 744/2004, de 23 de abril.

3.4.2. Nuevo marco jurídico.

La reforma del actual marco legal de la radiotelevisión pública estatal en España deberá, pues, cumplir una serie de notas fundamentales para poder superar las inadecuaciones y lagunas detectadas en el Estatuto de 1980, a la vez que combina el rigor en el control del servicio público con la agilidad necesaria en la gestión audiovisual. Estas bases esenciales son:

· Una encomienda legal del servicio público radiotelevisivo de ámbito estatal, con una definición precisa de tal misión global (79).

· Una plena autonomía gerencial y editorial respecto del poder ejecutivo, de forma que la radiotelevisión pública se convierta efectivamente en garante del pluralismo político y social. Todo ello sin perjuicio de la necesaria relación con la Administración Pública a efectos presupuestarios y del control, en ese sentido inherente a todo organismo estatal (Intervención delegada de Hacienda y Tribunal de Cuentas).

· La elección de un Director General por parte del Consejo de Administración, irrevocable al margen de las previsiones legales, designado por un mandato superior al de una legislatura, y no reelegible de forma consecutiva.

· Un auténtico Consejo de Administración, con dedicación exclusiva, que comparta con el Director General el peso de la gestión, mediante la atribución de poderes reales de control, elegido por amplio consenso político y por mandatos no prorrogables e igualmente superiores a la legislatura, aunque procurando mantener la continuidad en esa labor de control.

· Organismos asesores que propicien la coordinación con la Administración pública, así como la participación de la sociedad civil, tanto en las actividades de ámbito estatal como en las emisiones regionales de la radiodifusión pública.

· Una instancia de control externa e independiente, un Consejo Audiovisual, que asegure el control continuado de las funciones del servicio público, tanto a corto plazo (contratos-programa), como a medio plazo (mandato-marco)

· La vigilancia final, presupuestaria y de las misiones del servicio público, por parte de una Comisión de control parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad del Estado, obligada por la propia Constitución.

(79) Como se concreta en el Capítulo 3.2., tal definición sintética deberá ser: "entendiendo por tal una producción y oferta diversas de programaciones equilibradas en todos los géneros y para todos los públicos, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española, a defender su identidad cultural y su pluralismo, a promover los valores constitucionales así como a estimular la participación democrática". Esta función integral de servicio público incluye especialmente, además de canales generalistas, la emisión de canales temáticos y la oferta de servicios en línea, universales y accesibles, orientados a los mismos fines antes mencionados, como elemento motor de una Sociedad de la Información para todos los españoles. Y presupone el impulso de la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas".