Sin embargo su mera posibilidad debería hacernos reflexionar sobre al menos tres asuntos de trascendental importancia para el futuro del servicio público de radio y televisión en España.
Libertad de expresión e independencia y autonomía informativas
Frente a lo que el Consejo de Informativos de RTVE denunció como intento de control político y censura previa del Consejo de Administración, deben oponerse los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tales como los derechos de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; o el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (art. 20).
Obligan al conjunto del sistema de medios privados o públicos a actuar dentro de estos parámetros, pero la radio y la televisión de servicio público han de ser exquisitos y ejemplarizantes al respecto.
Financiación sostenible y rentabilidad social
Como se preveía, las mismas voces que propugnaron la expulsión de RTVE y de las cadenas autonómicas del mercado publicitario para su financiación exclusiva mediante subvenciones, son las que ahora sostienen que el sistema público es insostenible económicamente y, en lugar de proponer la revisión del sistema de financiación en orden a su viabilidad, propugnan la pura liquidación del servicio público. Debe insistirse en la pertinencia de las opciones mixtas avaladas por la legislación comunitaria que permiten combinar la subvención pública, siempre que sea transparente y proporcional, con los ingresos derivados de una actividad comercial sujeta a principios de mercado.
El futuro de la financiación del servicio público debe garantizarse y su justificación defenderse en clave de la gran rentabilidad social que genera, con efectos positivos y multiplicadores sobre otros ámbitos como el de la educación o la salud.
Regulación transparente y Consejo Audiovisual
Ante la falta de aplicación de la Ley 7/2010 en lo que respecta a la creación de una autoridad independiente supervisora y reguladora del audiovisual, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, es preciso insistir en su urgencia para que vele por la transparencia y el pluralismo del sector, haciendo efectivos, por ejemplo, los derechos de acceso y rectificación o protegiendo un horario de protección de menores ninguneado por una falaz autorregulación.
Ese regulador, independiente del Consejo de Administración de RTVE y de los operadores comerciales, es imprescindible para mejorar la más que dudosa calidad del sistema comunicativo vigente, construir una auténtica comunicación de servicio público y amparar las iniciativas no comerciales de corte comunitario y local.
Junta Directiva ULEPICC-España
28 de septiembre de 2011
Descargar Ulepicc - comunicado RTVE (
