La información de que el PP valenciano -a través de su secretario regional, Antonio Clemente- había denunciado a cuatro televisiones ante la Junta Electoral sorprendió a primera hora de la mañana al vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, en una entrevista en Telecinco. Allí, González Pons intentó no entrar en contradicción con el PP valenciano, pero finalmente admitió: "La libertad de prensa es sagrada. Está al mismo nivel que el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a las elecciones".

Pero a esas horas de la mañana las críticas del resto de partidos ya arreciaban y acusaban al PP de "intentar abrir una causa general" contra quienes informan sobre la corrupción. Es más, los socialistas exigían a Mariano Rajoy que desautorizase "de inmediato" al PP valenciano. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España también rechazó la denuncia de los populares.

El malestar generado en Génova y el aluvión de críticas obligó al PP valenciano a convocar a su sanedrín, liderado por el secretario general, Antonio Clemente, y la directora de campaña y consejera, Paula Sánchez de León. Allí, los mismos que decidieron presentar la denuncia con ayuda de asesores jurídicos y responsables de prensa, decidieron retirarla para no poner en apuros a Rajoy.

Desde Valencia se intentó que la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, retrasase su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid para pactar una salida a la situación generada. Como Mato ya estaba ante los micrófonos y repetía que "la libertad de expresión es lo más importante", el PP valenciano insistió para que le hiciesen llegar una nota en la que anunciaban que retiraban la denuncia.

En el escrito ante la Junta Electoral, el PP valenciano desiste de su reclamación porque considera que se ha malinterpretado su denuncia. Según Clemente, no se quería "plantear un debate sobre la libertad de información". Es más, el equipo de campaña de Camps solo pretendía plantear una cuestión estrictamente jurídica sobre "si el uso del concepto imputado y corrupción pueden considerarse extrajurídicos y, por ello, ajenos al principio de neutralidad informativa" que exige la Ley Electoral a los medios de comunicación. Fuentes del equipo de Camps, que se halla convaleciente de una operación quirúrgica, insistieron en que el propósito de la reclamación era defender la honorabilidad de las candidaturas que lidera el presidente valenciano. Las mismas fuentes se escudaron también en que los socialistas han presentado reclamaciones ante la Junta Electoral contra los programas informativos de Canal 9 sin que se haya producido ningún revuelo.

El PP valenciano ya intentó sin éxito, a finales de marzo, prohibir una manifestación contra la corrupción en Valencia. Entonces, Clemente presentó una denuncia en comisaría contra los organizadores del acto por entender que el lema de la convocatoria No queremos un ladrón de presidente era constitutivo de un supuesto delito de "manifestación ilícita e injurias graves con publicidad contra la autoridad en el ejercicio de su cargo".