La entrega reciente al Parlamento del listado de los 20 candidatos “idóneos” para el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE ha culminado, por el momento –a la espera de su selección y nombramiento- la tarea del Comité de Expertos de RTVE. Precedente sustancial para la regeneración democrática de la radiotelevisión pública, y ejemplo para todo el servicio público, esta inédita experiencia en España no deja de estar rodeada de luces y sombras. Muchas de estas últimas vinculadas a la confusa actuación de la burocracia parlamentaria.
El Comité de Expertos acaba de hacer pública la lista de los veinte aspirantes con mayor puntuación para dirigir RTVE. El listado de finalistas llega después de más tres meses de trabajo en los que han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 candidatos aceptados en el concurso público. Los veinte candidatos seleccionados tendrán que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, como paso previo a que el parlamento designe a los diez integrantes del Consejo de Administración y, entre ellos, la futura presidencia de la Corporación.
En las últimas semanas, al calor de las recientes elecciones andaluzas, hemos podido escuchar, con asombro y preocupación, cómo la formación política Vox reclama el cierre de Canal Sur y de todas las televisiones públicas autonómicas. Se trata de una reivindicación que no ha sido contradicha frontalmente por PP y Ciudadanos. El Partido Popular ha manifestado, a través de su secretario general, Teodoro García Egea: “...prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería”. Una afirmación que recuerda poderosamente las razones esgrimidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, cuando justificó el cierre de RTVV, “para evitar el cierre de hospitales y colegios”. Por su parte, la formación Ciudadanos no parece sentirse incómoda ante el ataque a los medios de comunicación públicos, defendiendo así un cambio de modelo de la radiotelevisión pública que, en el caso de À Punt, la RTV pública de la Comunidad Valenciana, sea reducido su tamaño a 300 trabajadores (actualmente tiene alrededor de 450) y cuente con un presupuesto entre 80 y 90 millones de euros (¡ahora mismo tiene 55 millones!), para sostener el sector audiovisual valenciano.
En vísperas de la campaña electoral andaluza una amiga de Facebook publicaba una foto dónde se veía una pila de comida envasada encima de un contenedor de basura y se aducía que había sido depositada por “una familia musulmana mientras los de aquí pasan hambre”. Otra amiga acusaba a un partido político de boicotear un acto de otra formación. En ninguno de los dos casos se ofrecía ninguna prueba o indicio de que esto hubiese sucedido así realmente. Se trata de dos personas a las que aprecio, y a las que me niego a etiquetar con ningún término peyorativo. No creo que lo hagan con la intención de hacer daño, es más probable que puedan sentir (con razón o sin ella) que sus valores están en riesgo y sin ser tal vez del todo conscientes, estén contribuyendo a difundir “noticias falsas” que aúpan una agenda política de extrema derecha y que como sabemos, ha tenido consecuencias en las urnas.
Lo habían anunciado y lo han hecho. Los principales partidos políticos de Cataluña, con la máxima desvergüenza imaginable, han acordado repartirse los sillones del Consejo de Gobierno y los principales cargos de la radio y la televisión públicas -TV3 y Cataluya Ràdio-. Incluso Ciudadanos y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que tanto habían acusado a esa televisión de manipular la información en favor de la Generalitat y de los independentistas, no han tenido reparo alguno en alcanzar este escandaloso pacto. Así demuestran su absoluta falta respeto a la independencia y el pluralismo que debe existir en los medios de comunicación públicos.
El 2 de octubre de 2018 el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura su posición sobre la modificación de la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado.
El periodismo de servicio público está regulado por la retroalimentación entre políticos, modelos (marco legal y normativo), preceptos académicos y practicas sociales. Se ha prestado poca atención hasta la fecha al impacto que estos modelos tienen en los discursos de los ciudadanos, que es especialmente relevante en "coyunturas críticas", es decir, períodos en los que las viejas instituciones viejas están colapsándose y requieren renovación. Por lo tanto, este documento aborda el tema en el contexto español con el fin de explorar las similitudes y diferencias entre lo académico / marco legal-normativo y discursos del público. Para ello se ha estudiado utilizando documentos, informes y legislación, y por medio de grupos de discusión con espectadores de los telediarios de Televisión Española (TVE).
El estudio es obra de María Lamuedra, Concha Mateos Martín y Manuel A. Broullón-Lozano.
En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.
En Bélgica, dos polémicas recientes y entrecruzadas -ambas surgidas en las radiotelevisiones públicas- han atizado el debate social sobre el racismo y sus orígenes. Primero, Cécile Djunga, joven presentadora de la información meteorológica en la RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française, la radiotelevisión pública francófona), denunció el racismo habitual, dañino, repetitivo, del que es víctima. Lo hizo en un vídeo sencillo y bastante emotivo que hizo público en Facebook.
[El Mundo 26/8/18]
El concurso público convocado por vez primera para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE no ha empezado con buen pie. Todavía se está a tiempo de enmendar los errores y conseguir que este procedimiento sea transparente de verdad y basado exclusivamente en criterios de mérito de las candidaturas que se han presentado. Si no lo hacen quienes tienen este proceso en sus manos -el Comité de Expertos, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control de RTVE y los Grupos parlamentarios de las Cortes-, existe el peligro real de que una oportunidad histórica como ésta se convierta en una pantomima en la que prevalecerán los intereses partidistas camuflados más que la defensa de una radio televisión pública estatal independiente, que cumpla su papel de servicio público como se merece la ciudadanía.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
Los objetivos de este trabajo son: entender cómo opera la ideología a través del lenguaje con los recursos expresivos propios del canal Twitter; explicar cuál es el uso que el político Puigdemont hace de la red social durante este periodo clave; y comprobar el rol del periodismo como elemento de objetividad en el discurso. El análisis de este caso práctico sirve de base para elaborar finalmente una reflexión pragmática sobre el concepto de posverdad en la actualidad, la implicación del lenguaje público en su reproducción y la novedad del fenómeno respecto a la retórica anterior, más allá de la denominada como ‘mentira emocional’. Para ello, se diseña una metodología que da cuenta de las características formales del discurso analizado a partir de un sistema de variables que permite establecer correlaciones cualitativas en el objeto de estudio, utilizando la técnica del análisis de contenido.
POR UNA RTVE AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Madrid, 11 de junio de 2018
Las organizaciones firmantes de este comunicado expresamos nuestro apoyo al acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso y el Senado de convocar a la mayor brevedad el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración, y, entre ellos, a la persona que ocupe la Presidencia de la Corporación RTVE, tal y como establece la ley.
[Periodismo Global: la otra mirada]
Les ha costado, pero finalmente ayer las mesas del Congreso y el Senado aprobaron las bases que regulan la renovación por concurso del Consejo de Administración de RTVE (pdf).
La nueva situación creada por el RDL. 4/2018 ha levantado todos los bloqueos. Ahora todos parecen tener la máxima urgencia en que el concurso se celebre y el Consejo de Administración y el Presidente que se están eligiendo estos días el Congreso y el Senado conforme a las reglas del RDL. sea no ya provisionales, sino provisionalísimos.
La gestión futura de RTVE se ha convertido en días pasados en la estrella de la agenda política y mediática española, en parte por su trascendencia directa pero también porque aparecía como la piedra de toque del desempeño del nuevo Gobierno tras la moción de censura. Cada partido y cada medio de comunicación lo ha interpretado en clave propietaria y sesgada. Pero su visión general muestra la visión instrumental y clientelar del servicio público de todos los partidos, y su resistencia a aceptar la independencia y pluralismo que exige el modelo europeo.
Tras un arduo proceso promovido por diversos organismos de la sociedad civil que luego incorporó a los partidos políticos, la reforma diseñada para promover la independencia partidista de la radiotelevisión pública estatal española, vuelve a situarse bajo amenaza. Lo contamos y describimos los retos de futuro.
El BOE de 23 de julio de 2018 ha publicado el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, aprobado en Consejo de Ministros el día anterior.
La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia supervivencia de la radiotelevisión pública.
En Australia, también tienen que defender su radiotelevisión pública (ABC, Australian Broadcasting Corporation). Fundada en 1923, con cierta participación privada y destinada a asumir el servicio radiofónico, la ABC desarrolló años después (1956) un sistema que sumó la televisión pública a la radio. Su modelo inicial, como no podía ser de otro modo por razones culturales y políticas, fue la BBC.
El cambio en RTVE es urgente y podría ser rápido, pero ante todo debe ser democrático. Este artículo de Teledetodos explica las opciones.
Profesionales de la comunicación y el periodismo que integran la plataforma 'Teledetodos' reclaman la recuperación de la RTVE independiente y plural
En sus 62 años de existencia RTVE ha sobrevivido a los más crudos avatares. Curiosamente, ni la irrupción de las televisiones privadas, ni la asfixia financiera, ni la dirección errática de numerosos gestores, ni siquiera la manipulación sistemática a la que la han sometido la mayoría de sus gobiernos de turno durante décadas, han llegado a cercenar un servicio público que, a pesar de sus preocupantes fluctuaciones de audiencia, sigue entrando cada día en millones de hogares. Ya sea por tradición, por apego a contenidos de notable aceptación, o quizás para no tener que digerir los cortes publicitarios de sus competidores privados, multitud de oyentes y espectadores, incluso aquellos que lamentamos la deriva de manipulación y deterioro que ha tomado RTVE en los últimos años, seguimos pulsando a diario los primeros dígitos almacenados durante años en su mando a distancia.
Tras varios meses de bloqueo por la falta de voluntad política, finalmente hemos asistido a la presentación pública de un acuerdo entre los grupos de Podemos, PSOE y Ciudadanos, para desarrollar el procedimiento de concurso público en la elección del Presidente y del Consejo de Administración de RTVE, lo que supone, a nuestro juicio, un avance considerable, en el camino hacia la democratización e independencia de la Radio Televisión Pública Estatal.
Breve resumen de las comparecencias de los portavoces de los grupos firmantes del acuerdo
El derribo de la radiotelevisión pública en Suiza habría sido un mazazo para el pluralismo y también contra la democracia en Europa. Afortunadamente, en el referéndum celebrado el 4 de marzo, los suizos –por una mayoría notable, 71,6%- han rechazado anular el canon o impuesto que pagan para el mantenimiento de los servicios públicos de radio y televisión.
Billag es el nombre del ente que organiza la percepción y el cobro del canon audiovisual en Suiza (al menos hasta 2019), de modo que la campaña para liquidar la radiotelevisión pública fue lanzada con el lema NO BILLAG.
PSOE, Podemos y Ciudadanos parecen haber encallado en el desarrollo del reglamento para la elección de presidente y cúpula directiva de RTVE por concurso público. Se trata del paso posterior a la ley 5/2017 acordada el año pasado por los mismos partidos, a la que el Partido Popular se terminó sumando, para solucionar la escandalosa situación que atraviesa RTVE.
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