El flamante Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha perdido el tiempo en comenzar a cumplir los peores pronósticos sobre su actitud ante el servicio público radiotelevisivo. En su primer Consejo de Ministros, celebrado en Diciembre pasado, con la cobertura de numerosos recortes presupuestarios y el pretexto del déficit, anunció una disminución inmediata para 2012 del presupuesto de gastos de RTVE en 204 millones de euros, un 17 por 100 del presupuesto total, más de un 37 por ciento de la subvención comprometida por el Estado. En una Corporación presa de una gravísima crisis institucional, sin Presidente y con un Consejo de Administración en precario por mandatos vencidos, factores ambos debidos en buena medida al prolongado boicot del PP a todo acuerdo parlamentario, RTVE ha entrado en un período de absoluta incertidumbre respecto a su futuro y su propia supervivencia.
Como ha señalado parte de la prensa, la fulgurante decisión gubernamental no puede ampararse en la crisis ni en la “herencia” recibida. Porque mucho antes de ganar las elecciones, de afrontar responsabilidades de poder y de toda estimación del déficit, el PP inició una aparentemente incomprensible ofensiva contra el servicio público. Así lo acreditan la proposición no de ley de Noviembre y la posterior proposición de ley de principios de Diciembre de 2011 presentadas ambas en el Congreso por Soraya Sáenz de Santamaría, que tenían como objetivo modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 para mutilar a RTVE de un múltiple o cuatro programas; Una pretensión inexplicada, que el grupo parlamentario popular complementó con la propuesta, insólita en un partido en la oposición, de recortar el presupuesto de RTVE justamente en 200 millones de euros. Más aun, las campañas electorales regionales y generales de 2011 contaron con auténticas ofensivas de los máximos mandatarios del PP contra una presunta falta de neutralidad de los informativos de TVE, al margen de cualquier cauce institucional, que el Consejo de Informativos rechazó contundentemente como una presión ilegítima, reflejo del pasado, cuando los partidos utilizaban este arma para sacar ventaja en tiempos y temas. Y consejeros del PP iniciaron con sus propuestas el vergonzoso episodio de censura que representó el intento de controlar desde el Consejo de Administración el sistema iNews y, con él, la confección misma de los informativos.
Diversos expertos y medios de comunicación han subrayado por ello el carácter “ideológico” de estas decisiones, para distanciarlos de cualquier interpretación meramente económica. Pero las ideas y las ideologías son legítimas en un sistema democrático cuando benefician al interés general. Una supuesta bondad que no puede predicarse de ninguna manera de las actuaciones llevadas a cabo en este terreno.
En efecto, este brutal recorte no puede ser asimilado a otros adoptados en el sector público. Primero, porque la televisión es una actividad de largos ciclos, en donde las decisiones de producción y de compra han de ser adoptadas con mucha antelación, de forma que era fácil prever que RTVE tenía ya comprometida la casi totalidad de sus gastos y que la medida la conducía a una práctica quiebra. Segundo, porque demostraba así ser un Gobierno irresponsable, que viola incluso acuerdos parlamentarios de rango legal como el mandato-marco en vigor, aprobado en Diciembre de 2007 por nueve años. En última instancia, todas las “soluciones” barajadas para hacer frente a la inmediata ruina, -suspensión de los rodajes de las series de mayor éxito, cierre de varios canales, nueva reducción drástica de la plantilla-, conducirían siempre a RTVE a una caída brusca e irreversible de sus audiencias, de su peso e influencia en la sociedad española. Anunciar sin mayor concreción, como ha hecho el nuevo Secretario de Estado de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, un “nuevo” modelo financiero de RTVE para el futuro, mientras se propicia su quiebra, no deja de subrayar la irracionalidad oficial del PP, que la lluvia de declaraciones contradictorias desatada por los dirigentes del PP sobre televisión sólo puede confirmar.
El contexto del sistema televisivo español resalta más todavía la perversidad de este comportamiento gubernamental y de sus consecuencias. Porque, por vez primera desde la transición democrática, RTVE gozaba desde 2006 de una autonomía y una independencia respecto a los Gobiernos que ha contribuido poderosamente a sostener su prolongado liderazgo de audiencias, de los informativos y de la programación general. La aventurera reforma financiera impulsada por María Teresa de la Vega desde 2009 había conseguido ceder a las cadenas privadas notables recursos publicitarios en estos dos últimos años. Pero cualquier mínimo conocedor del mercado publicitario sabía que esos extra-beneficios eran insostenibles para las grandes televisiones comerciales sin arrebatar también al servicio público buena parte de sus shares de audiencia. De forma que resulta inverosímil pensar que el Gobierno del PP no persiga, al mismo tiempo, jibarizar a RTVE para regalar sus espectadores al mercado privado, con la agravante de que este se resume ahora en un estrecho duopolio entre Telecinco y Antena 3 TV, que planea graves amenazas sobre la publicidad, la producción audiovisual y la democracia española misma.
El asunto tiene una profunda significación en el marco de la Unión Europea en la que nos integramos y que tanto parece respetar el Gobierno de Rajoy en el campo económico. Porque el servicio público está reconocido oficialmente en los tratados y la constitución europea, con múltiples pronunciamientos oficiales de la Comisión, el Parlamento Europeo (la última de éste en 2011) y el Consejo de Europa, en donde participa activamente el PP. Todos ellos recalcan la trascendencia del servicio público para las “necesidades sociales, culturales y democráticas” de nuestros países, y exigen una financiación suficiente para cumplir sus misiones, incluyendo su papel esencial en la Sociedad de la Información para todos, y su función de dinamizador de un nuevo modelo económico. Irremediablemente pues, es forzoso concluir que el Partido Popular demuestra ser profundamente antieuropeo, en absoluto homologable con sus correligionarios de la derecha alemana, británica o francesa.
Junto al ahorro, algunos dirigentes del PP se han atrevido a alegar la calidad como meta de sus ajustes y prometidas reformas. Pero en las radiotelevisiones regionales que controlan desde hace años, como TV Madrid o Canal Nou, han impuesto gestiones partidistas, corruptelas intensivas, programaciones banales, informativos ostentosamente manipulados, castigados todos ellos con su rechazo por la mayoría de la población en forma de caídas espectaculares de sus índices de audiencia. Y en las nuevas autonomías bajo su control (Castilla la Mancha, Baleares, Aragón), copian rápidamente este modelo con nombramientos sectarios o externalizan la gestión, incluso de los informativos, en manos de empresas clientelares y opacas, que corrompen hasta el extremo toda idea de servicio público. Aunque estos antecedentes dejan pocas esperanzas sobre la reforma legal anunciada, que permitirá privatizar o externalizar a los terceros canales, -un tema que merece una reflexión detallada aparte- evidencian ostentosamente el reflejo autoritario que predomina en el PP en lo tocante a la radiotelevisión pública: manipular hasta la extenuación a los medios estatales mientras los conduce a la quiebra y la privatización, o a la cesión a “emprendedores” privados subvencionados. Un pensamiento que la inefable presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desarrollaba recientemente al asimilar las televisiones públicas a las panaderías, sintetizando así magistralmente la doble y perversa mixtura de las dos almas contemporáneas “populares”: su naturaleza carpetovetónica y su extremismo neocom.
En fin, sin posibilidad alguna de aplicar en este caso el período de gracia habitual ante los nuevos ejecutivos, debería recordarse que el Gobierno de Rajoy ha abierto, tardía pero felizmente, una vía de responsabilidad pública, con su intención expresa de inhabilitar a los gobernantes que gasten por encima de los recursos disponibles. En beneficio de esta saludable orientación, podemos proponer también que los responsables públicos que destruyan, deterioren gravemente o despilfarren los recursos fundamentales de una sociedad democrática, privando de ellos a las actuales y futuras generaciones, sean expedientados, juzgados e inhabilitados. El servicio público, en la radio y televisión y en las redes digitales, pertenece sin duda a esta categoría de infraestructuras vitales, culturales, democráticas, económicas incluso, para un país moderno. La sociedad civil debería exigir la implantación de tales responsabilidades legalmente contempladas frente a gobernantes irresponsables, que aprovechan la crisis para imponer modelos que atentan contra el interés general.
