Por una vez, las alarmas no han venido tanto de las voces críticas como de los propios organismos oficiales. Y de una forma extemporánea y contradictoria, porque aunque González Echenique reiteró varias veces ante la Comisión de control parlamentario a RTVE que el modelo financiero era insostenible, su sucesor José Antonio Sánchez no ha cesado de alardear de haber logrado el “equilibrio financiero”.
Así, el filtrado informe de la SEPI a varios medios de derecha en julio de 2016, declara que el sistema actual de RTVE tiene “serios problemas” de estabilidad, falta de transparencia e imprevisibilidad, además de ser “rígido, inestable y poco operativo”, para exigir un “plan estratégico”. Y el primer informe de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia sobre la CRTVE (sobre 2014, con dos años y medio de retraso) asegura coincidentemente que el modelo no proporciona la estabilidad económica necesaria y que el sistema no es ni seguro, ni predecible, ni suficiente, ni “un instrumento adecuado” (CNMC, 2016. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la Corporación de Radio y Televisión Española y su financiación. Año 2014. 27 de julio de 2016).
Todo parece indicar así que las propias autoridades gubernamentales estaban preparando el terreno para un cambio importante del sistema financiero de RTVE, de cara al nuevo Parlamento elegido tras las elecciones del 26-J y el nuevo gobierno cuando se conformara.
Lo llamativo es que ambos informes, de la SEPI y de la CNMC, reconocen la gravedad de la pérdida de peso específico de RTVE en cuanto a audiencias on line y off line, pero la atribuyen sólo a la inestabilidad del modelo financiero, ocultando el entramado de dependencia y manipulación gubernamental y de duros recortes presupuestarios que han marcado la trayectoria de la Corporación desde 2011.
Especialmente grave es la tergiversación operada por el informe de la SEPI, al atribuir la culpa a “la enorme estructura operativa de CRTVE, heredada del ente público” que resulta “ya claramente desajustada” en comparación con la de los operadores privados, porque este planteamiento niega la importante reforma de 2006 y parece apelar de nuevo a una reducción drástica del personal y de los presupuestos de gastos, mientras olvida la contrarreforma legal realizada, los importantes recortes de subvenciones efectuados, y hasta los consiguientes graves fallos de gestión al apelar únicamente a la necesidad de un “plan estratégico o de futuro”.
Pero el informe de la CNMC evidencia asimismo las hipotecas de este aparente super-regulador al refugiarse en la inexistencia de contrato programa para obviar su falta de medios propios de seguimiento y control, a fin de dar por buenos los datos auto-referenciales de la propia RTVE y caucionar el discurso oficial ilusorio sobre su benéfica misión de servicio público y su gestión entre 2012 y 2014. De esta forma, se limita a verificar el “equilibrio” en los informativos de los agentes políticos “por piezas informativas” – sin computar tiempos – aún constatando las 35 incidencias denunciadas por el Consejo de Informativos en ese año (21 por censura); y a afirmar el “cumplimiento” general del servicio público en cuanto a la promoción y producción del audiovisual europeo y español, y la promoción de las artes, ciencias, historia y cultura; Eso sí, con la extraordinaria salvedad de reconocer que se basa solo en los datos de la propia CRTVE, y que la ausencia de contrato programa “no impide, aunque dificulta” su verificación.
En fin, ambos dictámenes y, paradójicamente, no hacen más que poner de relieve las carencias clamorosas de la estructura de gestión y control del servicio público edificados por el Gobierno de Rajoy. Pero no conseguirán sacar de la agenda pública española el clamor por la regeneración democrática urgente del servicio público despertado en las fuerzas sociales y políticas al filo de las elecciones del 20-D y el 26-J.
