La rectificación posterior de los consejeros que votaron a favor o se abstuvieron ante esa decisión aberrante, que atentaba contra sus propias responsabilidades legales, no puede borrar la impresión de un autoritarismo partidista que desmiente toda su exigible profesionalidad.

De modo que, aunque la prudencia me impida pedir una dimisión inmediata que agravaría la crisis institucional de RTVE en un período preelectoral trascendental, habría que exigir que esos consejeros se comprometieran públicamente a no volver a ocupar nunca ese puesto tras las elecciones del 20-N.

En todo caso, lo más importante de este episodio es que el Consejo de Informativos de RTVE y su Estatuto legal han funcionado con firmeza en defensa de la independencia y la autonomía de la información al servicio de los ciudadanos; como ya lo hicieron cuando el Partido Popular, al margen de los cauces institucionales, orquestó una campaña de acusaciones y presiones en plena campaña electoral autonómica y municipal. No en vano, el legislador previó que el Consejo de Informativos debía defender esta autonomía profesional, incluso "ante la dirección de cada sociedad" (TVE y RNE). Lo más trascendental ha sido la unánime reacción de la sociedad civil en contra de una regresión a las malas prácticas que todos los Gobiernos desarrollaron durante tres décadas desde la transición democrática, cuando manipulaban descaradamente los contenidos de RTVE mientras mantenían para ello una gestión débil y dependiente y un endeudamiento que propiciaba esa subordinación. La coherencia y profesionalidad de los informadores audiovisuales de RTVE se han articulado estos años con los afanes de democracia de la sociedad española para mantener largamente un liderazgo de audiencias que demuestra la necesidad imperiosa del servicio público para nuestra sociedad.

Pero las amenazas para esta función esencial del servicio público, informativa, educativa, cultural, que reconoce constitucionalmente la Unión Europea, vienen también de otros lugares. El nuevo modelo financiero de RTVE se ha verificado ya como no sostenible; la presidencia vacante de RTVE y la provisionalidad del Consejo de Administración denuncian las carencias democráticas de los partidos mayoritarios. Aprovechando la crisis económica, y enmascarando sus propósitos ideológicos, algunos políticos y economistas -a derecha e izquierda- se atreven a arremeter contra el servicio público, con argumentos populistas de dedicar esos recursos a la educación, o a la sanidad, o a la vivienda... Muestran así no solo su desprecio de las normas fundamentales europeas, que no se atreverían a contravenir en ningún otro campo, sino también su ignorancia sobre la enorme rentabilidad social de un servicio público, cuyos efectos sobre la educación pública, sobre la formación sanitaria de la población, sobre la información ciudadana y la participación democrática serían imposibles de evaluar y afrontar en tarifas publicitarias. Parecen ignorar incluso sus propias retóricas sobre la sociedad de la información para todos, sobre la importancia de la economía del conocimiento, de las industrias culturales o creativas para nuestro crecimiento futuro, terrenos todos ellos en los que el servicio público juega un papel irreemplazable, que jamás el mercado podrá desempeñar.

En tiempos preelectorales, cualesquiera que sean sus resultados, la sociedad civil española debería exigir en voz alta a sus partidos y sus políticos que explicitaran sin ambages sus programas y propósitos en este campo; aunque solo fuera para que los electores tuviéramos mayor capacidad de elegir sobre la calidad de nuestros gobernantes futuros.