Roberto Mèndes y Pedro Soler .
Hace más de 20 años, en enero de 2001, Enrique Bustamante escribía un artículo que tituló "El caos como sistema". Por supuesto, se refería a la situación de RTVE. Comenzaba diciendo que "el anunciado ingreso de RTVE en la UCI de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un acontecimiento político de enorme gravedad, la última vuelta de tuerca del caos generado en el sistema televisivo español".
Desde que Enrique escribiera este artículo, la gestión de RTVE no solo no ha salido del sistema caótico, sino que se ha instalado cómodamente en él, dando muchas más vueltas de tuerca de las que nadie podía esperar y, en este momento, parece que es capaz de profundizar indefinidamente en las simas de la incoherencia y la confusión porque, visto con la distancia de dos décadas, el hecho de que RTVE ingresara en la SEPI nos parece, hoy en día, el menor de los despropósitos cometidos.
Durante los 16 últimos años se ha incumplido sistemáticamente el Mandato-Marco y no se ha elaborado el Contrato-programa que la ley obligaba a elaborar en unas semanas, se le ha quitado la financiación publicitaria a RTVE cuando ha sido capaz de alcanzar el equilibrio presupuestario y se ha entregado esta tarta publicitaria a grupos privados, se la ha utilizado estérilmente como moneda de cambio para alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ y se ha tergiversado un concurso público. Por si fuera poco, en este tiempo se ha nombrado una administradora provisional que duró más en el cargo que la mayoría de los presidentes "permanentes", y la ley que regula el Sector Público desde 2015 dice que lo que antes era un organismo independiente, ahora depende del Ministerio de Hacienda…
El caos es tan sistémico y dura tanto tiempo, en lo que se refiere a RTVE, que no es posible aportar sensatez alguna a estas alturas del despropósito. Sólo cabe exigir una vez más al Parlamento que controle lo que la Constitución le obliga a controlar
Por si hay dudas de que el sistema es el caos y el caos el sistema de comportamiento en lo que se refiere a RTVE, aunque la ley dice que es el Parlamento el que nombra a sus presidentes, de hecho los nombra el Gobierno cuando le conviene, mediante el procedimiento de denominarlos provisionales y mantenerlos años en el cargo. Por cierto: un Parlamento que es legal, política y moralmente responsable del desaguisado. La Constitución lo dice muy claro en su artículo 20, en el que encomienda, precisamente al Parlamento, el control de los medios de comunicación dependientes del Estado.
El caos es tan sistémico y dura tanto tiempo, en lo que se refiere a RTVE, que no es posible aportar sensatez alguna a estas alturas del despropósito. Sólo cabe indignarse y exigir una vez más al Parlamento que controle lo que la Constitución le obliga a controlar, aunque, si el resultado de esta exigencia es el mismo que ha sido en las dos últimas décadas, es más que probable que sea ingenua y a muchos les pueda parecer hasta cansina y ridícula. Sin embargo, lo terrible es que los medios públicos de comunicación, en esta época en que nos ha tocado vivir, son imprescindibles para los españoles y las españolas, siempre y cuando sean eso: medios, públicos y de comunicación, no herramientas gubernamentales y de propaganda, aunque mucho nos tememos que, después de veinte años de despropósitos, haya acabado por consolidarse el uso habitual, interesado y partidista de lo que es de todos y para el que el caos, como sistema, es la mejor de las herramientas.
Sin embargo, hay que decir que hubo una ocasión de revertir esta situación caótica, una ocasión por la que muchos hemos estado trabajando en los últimos años, una ocasión que pasaba por el reconocimiento de los méritos de quienes se elijan para la gestión de lo público en vez de premiar a quienes se declaren leales a los intereses partidistas. Esta oportunidad perdida de un concurso público para una elección verdaderamente democrática del Presidente y el Consejo de administración de RTVE necesitaba del comportamiento generoso de quienes se dicen representantes de la sociedad, y debía materializarse en una acción política que salvaguardara de una forma decidida el bien común que es la necesidad de una información veraz y confiable, puesta a disposición de todos de una manera gratuita.
Y es necesario decir que hubo, porque ya no hay al menos durante muchos años, posibilidad de rescatar un concurso público para la gestión de la Corporación RTVE, que han conseguido enfangar y destruir los mismos que han pregonado con cinismo a los cuatro vientos que lo que habían elaborado era una ley "para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos". Tampoco queda margen para suponer que exista ni pueda existir generosidad en el comportamiento partidista que sufrimos, especialmente en lo que se refiere a decisiones que afectan a los medios públicos de comunicación y, en fin, que, a estas alturas, nadie espera ya que se ejerza ninguna acción política que salvaguarde el bien común de la información veraz. De aquellos polvos legislativos vienen estos lodos partidistas, pero, desgraciadamente, los perjudicados, los vencidos, no son los representantes de uno u otro partido político, no: los perdedores somos todos. Lo diremos en latín, porque parece que decirlo en español no surte ningún efecto: hace veinte años todavía nos preguntábamos con asombro Quo vadis RTVE. Hoy, con una audiencia en desbandada y una situación empresarial confusa y desnortada, solo nos queda decir: Vae victis RTVE ¡Ay de los vencidos!
