La publicación en el BOE (18-12-2018) de las calificaciones detalladas del Comité de Expertos y de sus correspondientes valoraciones cualitativas sobre los 95 candidatos presentados a consejeros o presidente de RTVE, es el último desaguisado cometido por la Comisión mixta de RTVE y las Mesas del Congreso y el Senado en esta materia. La difusión en tan señalada edición del listado de los 20 candidatos de mayor puntuación, de todas las ideologías y tendencias, a disposición de los grupos parlamentarios para su obligada elección negociada de 10 consejeros y su posterior designación de entre ellos del Presidente de la Corporación de RTVE, debería haber sido un momento señero de este proceso de cinco meses, insólito en la España democrática. Pero esta cumbre se ha visto ensombrecida por la inclusión innecesaria de las notas pormenorizadas y los comentarios cualitativos del proyecto de gestión de cada candidato, que ha podido ofender gratuitamente a no pocos profesionales de prestigio.
En efecto, haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias y reclamaciones del Comité, las autoridades parlamentarias han incluido en la publicación estas notas parciales y los análisis cualitativos que exigieron del proyecto de gestión, para basar las notas cuantitativas, que nunca estuvieron destinadas a su difusión. Una decisión supuestamente basada en la normativa legal (resolución de las mesas del Congreso y el Senado del 10 de Julio, 2018), que venía a unirse a otras múltiples medidas de dudosa transparencia y eficacia para un concurso público: aceptación del recurso, contra las propias normas publicadas, de candidatos que no tenían titulación universitaria; publicación de los baremos aplicables el mismo día que se difundía el listado de candidatos admitidos; sucesivos plazos de subsanación de la documentación presentada para el curriculum vitae y los proyectos de gestión a posteriori de la difusión de estos baremos... Además, se predicaba la paridad en el Comité sin respetarla, y se prometía su cumplimiento en los resultados, sin herramienta alguna de discriminación positiva.
Más trascendental aun para la selección fue el condicionamiento extremo ejercido por los apartados legales del baremo, que premiaban excesivamente (e incluso duplicadamente) a la experiencia en el periodismo, en medios de comunicación, en RTVE y en cargos directivos de empresas de comunicación social, sin tener en cuenta ni siquiera titulaciones y experiencias en campos conexos (como la economía, la empresa, la sociología o la tecnología) de gran valor para la gestión o el control de una entidad de servicio público como RTVE. Porque, más allá de la indiscutible especificidad del saber hacer en comunicación social, amenazaban con imprimir una selección excesivamente corporativista. Y en donde todo intento del Comité de paliar esas limitaciones era respondida por los servicios jurídicos del Parlamento con la amenaza de impugnaciones en cadena e incluso de anulación de las actuaciones del propio Comité.
Un precedente esencial para la democratización de RTVE
Pese a todas estas torpezas, preferiblemente achacables a la bisoñez más que a la mala fe (a pesar de la mayoría del PP y Ciudadanos), el Comité de Expertos de RTVE ha creado un antecedente trascendental para el futuro de RTVE, de todo el servicio público de radiotelevisión (radiotelevisiones autónómicas, municipales); e incluso del servicio público en todo tipo de sectores y actuaciones en general.
Frente a la empecinada tradición española (38 años en democracia, en RTVE) de elegir a los consejeros y al director general de entre los militantes más fieles de los partidos en el Gobierno y en la oposición, con preferencia para los más lábiles, generalmente coincidentes con los que menos sabían de ese campo, el Comité de Expertos significa el respeto a la indiscutible soberanía parlamentaria para seleccionar a los mejores para esa función por méritos y capacidad. Un principio que solo se había ido admitiendo, a regañadientes, en los Museos, y que sigue resultando ajeno a los nombramientos en las grandes empresas públicas. Pero que implica asimismo en las buenas prácticas de los centros de arte, el compromiso con la reducción a mínima de los puestos de confianza, la profesionalización y la carrera profesional objetivada de la casi totalidad de los puestos profesionales, otra de las graves carencias históricas de RTVE.
Ciertamente, frente a esta experiencia o a la ya prolongada de la BBC, la ley vigente de reforma de la reforma de RTVE, quizás precisamente por su aprobación por consenso general, (Ley 5/2017 de 29 de Septiembre) al ordenar la elección del Presidente entre los consejeros nombrados (una especie de primus inter pares) obligó a fallos contrarios a la doctrina europea del servicio público, de separación tajante de la gestión ejecutiva respecto a sus órganos su control, que hubiera obligado en este caso a dos concursos públicos paralelos: uno para el Presidente o director general ejecutivo, para el que resulta lógico exigir un proyecto de futuro, y otro para el puesto de consejero, para el que esta condición no tiene sentido alguno.
El efecto de esta normativa legal, y del baremo que le dio aplicación pueden asimismo enviar un mensaje confuso a la sociedad, el de que los medios de comunicación (los servicios públicos en general) pueden o deben ser gestionados y controlados por los profesionales del campo afectado, en una versión tecnocrática que alcanzó su máxima expresión en el estatuto de la “nueva” TeleMadrid, en donde las “asociaciones de periodistas” proponían a parte de los candidatos del Consejo de Administración: una especie de democracia “de las tertulias”, en la que se presupone que los periodistas (sus medios de comunicación) representan a la sociedad entera. Pero, como hemos reclamado reiteradamente desde Teledetodos, la gobernanza democrática del servicio público exige la participación intensiva (también en los nombramientos de consejeros) de la sociedad civil y de sus entidades sin afán de lucro, que como certificó el Tribunal Constitucional alemán en 2014 deben incluso ostentar la mayoría frente a los elegidos por los partidos políticos (máximo del 33 por ciento) para que estos no suplanten a la ciudadanía.
Recomendaciones para el futuro
El Comité, en la presentación final ante la prensa de sus resultados, hizo públicas una serie de recomendaciones para mejorar en el futuro este tipo de experiencias de concursos públicos. En contraste con el cotilleo intensivo de ciertos medios de la derecha extrema alentando la ruptura del Comité (pese a un alto grado de consenso de personas de orígenes parlamentarios muy diversos), y de las continuas e inmediatas filtraciones de sus deliberaciones en estos meses que han dificultado seriamente nuestra tarea, escasos medios de comunicación se han hecho eco de esas recomendaciones frente al “estrellato” de los mejor calificados y más notorios. Pero se incluyen en ellas consejos nacidos de la experiencia sobre el concurso público y la selección de los expertos, sobre el calendario y la convocatoria, y sobre la autonomía del propio Comité que pocos han respetado en esta ocasión pese a su definición legal.
En fin, ahora resta nada menos que el Gobierno y los grupos parlamentarios negocien y se pongan de acuerdo pronto sobre la elección del Consejo de Administración y de su Presidente, sobre la base de los 20 candidatos considerados “idóneos” (terminología de la normativa legal). Antes de cualquier proceso electoral hipotético próximo, por encima de toda tentación de llegar al poder para reproducir las prácticas autoritarias del pasado de nombramientos discrecionales y digitales, de manipulaciones y censuras consiguientes sobre los medios de comunicación de toda la sociedad. Porque la sociedad española no se dejará engañar por nuevas argumentaciones de austeridad, crisis y excepcionalidad presunta. Y ningún Gobierno futuro podrá ignorar este proceso para designar, como tantas veces en el pasado, a sus militantes más seguidistas y ciegos.
Sería solo la primera piedra de la reforma democrática de RTVE después de cinco años largos de retroceso, a la que tendrían que seguir otras muchas: reformulación del mandato marco (vencido ya y anticuado); aprobación del contrato programa a tres años con concreción de las futuras misiones; financiación suficiente y sostenible, incluida una transición rápida y consistente hacia el servicio público multimedia y multiplataforma. Todos ellos componentes esenciales de un nuevo pacto social por la necesidad imperiosa del servicio público para la sociedad española.
En el interín, me gustaría felicitar a todos los candidatos elegidos, y desearles suerte en el empeño. Pero también agradecer el esfuerzo de todos aquellos candidatos que se presentaron a puestos tan nobles, aunque no salieran con altas valoraciones sin detrimento alguno de su valía personal. Por su esfuerzo, por su ambición de funciones que ni tan siquiera (por gracia de la reforma del Gobierno de Rajoy de 2012) cuentan ahora con una remuneración acorde con las responsabilidades requeridas. A unos y otros hay que recordarles que todos tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos tiempos de concursos públicos, de evaluación por méritos en cada ocasión, alejados cada vez más de las viejas prácticas de los nombramientos a dedo por fidelidad a los partidos y sus gobiernos.
Enrique Bustamante, miembro fundador de Teledetodos, es catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense y actualmente “investigador distinguido” en la Universidad de Málaga. Ha sido miembro del Comité de Expertos de RTVE y secretario electo de dicho comité.
