"Podremos discutir el concepto, precisar técnicamente el tipo, la manera en que esto se recauda, pero son precisiones técnicas a un contenido al que el Gobierno no quiere renunciar", añadió el ministro español, que negocia la introducción de cambios en la legislación sobre la financiación de RTVE para evitar una denuncia ante la Justicia europea.
Concretamente, la Comisión considera que el modelo de financiación de RTVE aprobado en julio es contrario a la legislación europea debido a que incluye una tasa del 0,9% de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones para sufragar los costes de la cadena pública, que ha renunciado a la publicidad.
Según Bruselas, las tasas cobradas a los operadores deben estar "relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones" y, además en este caso, constituyen una doble imposición.
Sin embargo, Jáuregui replicó que la tasa no graba de manera duplicada por el uso del espectro radioeléctrico sino por "otro hecho imponible", relacionado con el hecho de que las "telecos" emitan publicidad en sus portales audiovisuales y sean, por tanto, beneficiarias de la renuncia que RTVE ha hecho de los ingresos por publicidad.
En este sentido, el ministro explicó hoy que el Gobierno no se plantea introducir cambios que afecten a los ingresos percibidos por el impuesto ni a su objeto, que en todo caso será destinado a financiar al ente público.
El ministro no quiso precisar más detalles sobre esos "ajustes técnicos" que el Gobierno podría introducir para satisfacer a la comisaria, a la que se ha comprometido a responder en el plazo de un mes.
En todo caso, adelantó que "si esa solución técnica no es posible, la tendrá que adoptar la corte de Justicia".
"Si el acuerdo no se produce, tendríamos que asumir una conflictividad ante la corte de Justicia que, por supuesto, estamos dispuestos a defender convencidos como estamos de lo que hemos hecho es legal y compatible por las normas europeas", insistió. EFECOM
El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha defendido este martes en una reunión con la vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, la tasa que el Gobierno ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Televisión Española (TVE) y compensar así la supresión de publicidad. Jáuregui ha rechazado la petición de Bruselas de suprimir este gravamen y ha ofrecido únicamente ajustes técnicos para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).
El Ejecutivo comunitario había exigido a España el pasado 30 de septiembre la supresión de esa tasa por considerarla incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones. Se estima que iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
Jáuregui ha defendido ante Kroes que el nuevo sistema de financiación de TVE "no violenta los Tratados ni las directivas" y que el Gobierno quiere "sostenerlo". No obstante, para responder a las preocupaciones de Bruselas, España estaría dispuesta a introducir "algunas precisiones técnicas" durante este mes de febrero con el objetivo de evitar una denuncia ante el TUE.
En cualquier caso, el ministro de Presidencia ha dejado claro que estos ajustes técnicos no pondrán en cuestión la tasa a los operadores de telecomunicaciones ni tampoco su importe global. La tasa a los operadores de telecomunicaciones "es imprescindible" porque son "beneficiarios" de la supresión de publicidad en TVE.
"Son precisiones técnicas a un contenido al que el Gobierno no quiere renunciar", ha resaltado Jáuregui. Se trataría de dejar claro que la tasa no supone una doble imposición para las telecos, precisando que no se les grava de nuevo por el uso del espectro sino por "otro hecho imponible".
Si finalmente no se logra un acuerdo con la Comisión, el Gobierno seguirá defendiendo la legalidad del sistema de financiación de TVE ante el Tribunal de Luxemburgo.
"Si ese acuerdo no se produce, tendremos que asumir una conflictividad ante el Tribunal de Justicia que por supuesto estamos dispuestos a defender, convencidos como estamos de que lo que hemos hecho es legal y es compatible con las normas europeas", ha concluido.
Según las normas europeas sobre telecomunicaciones, las tasas específicas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas.
Sin embargo, según el análisis de Bruselas, la tasa a las telecos para financiar TVE no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios de la televisión pública.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo y aseguró en aquel momento que la tasa "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
El nuevo modelo suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.
El Ejecutivo comunitario archivó el pasado 20 de julio una segunda investigación que había lanzado contra el nuevo modelo de financiación de RTVE tras concluir que éste respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión". El cierre del caso ha sido recurrido ante el TUE por una televisión privada, según Jáuregui.
