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A la atención de los miembros de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus sociedades
En mi condición de parte del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, tras conocer el contenido de la “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, fechada el 12 de marzo de 2020, en el Palacio del Senado, me permito transmitirles diversas consideraciones y peticiones.
En primer lugar, celebro que al fin se desencalle un concurso que lleva demasiado tiempo pendiente de resolución, dejando a la Corporación RTVE en una situación realmente anómala, máxime cuando el Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio —una modalidad normativa prevista constitucionalmente para casos de extraordinaria y urgente necesidad—, se justificó por la necesidad de desbloquear el proceso de nombramiento del nuevo Consejo de Administración de RTVE.
En segundo lugar, centrándome ya en los argumentos que se exponen en la referida nota, quiero subrayar que pienso —así lo expresé en un voto particular que consta en el acta de la reunión de 3 de agosto de 2018— que del mandato recibido por el Comité de Expertos no se deriva la posibilidad de declarar idóneos solo a 20 candidatos. También creo que ese mandato debería haber sido más claro.
Sin embargo, la letrada que nos asistía no puso objeciones al sentir mayoritario del Comité y este criterio —declarar idóneos a los 20 candidatos mejor puntuados siempre que obtuvieran 65 puntos— quedó finalmente recogido en la Resolución del Comité de Expertos de 10 de agosto de 2018 por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos. A la vez, esta resolución, publicada en el BOE de 17 de agosto, establecía un plazo de diez días para ser recurrida, cosa que entiendo que no ha sucedido.
Así las cosas y considerando la relevancia del principio de seguridad jurídica, en mi opinión, no se deberían admitir alegaciones sobre esta cuestión varios meses después de haberse cerrado el plazo para hacerlo. Es decir, entiendo que la interpretación que realiza el Comité de Expertos sobre el concepto de candidato idóneo deviene firme al no haber sido recurrida en tiempo y forma.
En tercer lugar, al hilo de las cuotas de género, me pregunto si, junto a las previsiones de la legislación en esta materia y tratándose de un concurso público, no se han de considerar otros principios que creo irrenunciables, como son los de mérito y capacidad.
Pienso que el sistema diseñado para el nombramiento del Consejo de Administración pone en colisión diferentes derechos y no veo con qué argumento jurídico las cuotas de género han de primar sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad, máxime cuando estas cuotas no se han respetado en el nombramiento del Comité de Expertos donde esto era mucho más sencillo puesto que no había concurso público de por medio.
A partir de lo expuesto, y convencida del rol absolutamente nuclear de los medios públicos como punto de encuentro de diferentes sensibilidades en un contexto de una preocupante polarización política, someto a su consideración dos peticiones.
Por un lado, les ruego que respeten la Resolución de 10 de diciembre —con los matices que deban realizarse por posibles errores en la puntuación de algunos candidatos—, por cuanto el trabajo del Comité de Expertos se realizó atendiendo siempre a las recomendaciones de los asesores legales que esta Comisión puso a nuestra disposición. Además, la propia nota de 12 de marzo —aún sin considerar los plazos de recurso a que aludo en mi segunda consideración— apunta que esta solución es factible. Resulta perentorio cerrar este proceso y sería idóneo hacerlo con un amplio consenso, que a buen seguro agradecerían los excelentes profesionales de RTVE y la ciudadanía en general.
Por otro lado, absolutamente convencida de que la fórmula del concurso público implica una mejora en el modelo de gobierno de RTVE, les pido que, en cuanto se cierre el proceso de nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración, promuevan un debate para la reforma del procedimiento seguido en esta ocasión a fin de evitar que las fallas advertidas se reproduzcan. Si así fuera, me pongo a su disposición para colaborar en todo aquello que crean oportuno.
Atentamente.
Isabel Fernández Alonso
Profesora Titular de Comunicación
Universidad Autónoma de Barcelona
