Desde entonces, EFE es una sociedad mercantil estatal, cuyo único accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El 27 de julio pasado, el periodista Fernando Garea fue nombrado presidente de la Agencia, después de que el Consejo de Administración de la empresa pública de noticias aprobara por unanimidad su nombramiento. El nuevo presidente fue propuesto por el Gobierno y recibió el visto bueno del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, Garea defendió un periodismo crítico con el poder, hizo un alegato por la dignidad de la profesión y mostró su intención de rejuvenecer la plantilla de la Agencia Efe. "Creo en un periodismo crítico y así lo he intentado ejercer siempre y, si al acabar mi mandato alguien se siente molesto, me gustaría que fuera antes el poder quien esté molesto con mi gestión que la oposición. Creo que es la esencia de un medio público", dijo. Entre las prioridades de su gestión al frente de Efe están la recuperación "lo antes posible" del Consejo de Redacción y la promoción de un Plan de Igualdad "ambicioso y actualizado" que fomente la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad y facilite la conciliación.
La composición del Consejo de Administración es puramente gubernamental: Asesora del Gabinete de la ministra de Trabajo; Director de Comunicación SEPI; Directora de Comunicación de la vicepresidenta del Gobierno; Director de Comunicación del Ministerio de Fomento; Asesor-Director de Comunicación de la ministra de Hacienda; Directora del Gabinete del secretario de Estado de Comunicación; Jefa de la Unidad de Sanidad y Políticas Sociales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Contabilidad y Control de la IGAE del Ministerio de Hacienda; Directora del Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Aquí hace falta una reforma en profundidad con integrantes con dedicación exclusiva, caracterizados por sus relevantes méritos en el ámbito de la comunicación (experiencia profesional o de gestión, docente o investigadora). Igualmente es necesario crear mecanismos de coordinación con la sociedad civil española, especialmente con las instituciones culturales y educativas, y la aplicación sistemática del derecho constitucional de acceso, por ejemplo mediante la formación de un Consejo Asesor.
Garea anunció una serie de medidas recogidas en el llamado Plan EFE 2020, en el que se pretende revisar protocolos y funcionamientos del medio. El plan consta de ocho puntos, el primero de ellos centrado en los fondos comunitarios que corresponden a EFE por la prestación del Servicio de Interés Económico General (SIEG). Recordemos que la Comisión Europea, en su Decisión (2016) C 4711, de 25 de julio, reconoció a EFE, la condición de Servicio de Interés Económico General (SIEG), por el servicio que presta al Estado. Decisión que fue ratificada por Decisión C (2016) 8146, de 9 de diciembre.
Sin embargo, los fondos no acaban de llegar y esperemos que con este real decreto se cumplan las promesas anteriores. EFE cerró el último ejercicio con unos números rojos de 12,4 millones de euros, frente a los 9,8 millones del 2016. En su informe de gestión la agencia de titularidad pública justifica este resultado negativo y de los últimos años por “algunos factores exógenos”, como el “no haber podido registrar el ingreso derivado de la subcompensación devengada en el año por el SIEG”. La Agencia obtuvo una cifra de negocio de 77,1 millones de euros el año pasado, pero los resultados de su actividad no alcanzaron para cubrir los 61,5 millones de euros que destinó a gastos de personal y los 30,2 millones en gastos de explotación, por lo que la SEPI tuvo que aportar un total de 17,9 millones de euros.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su Disposición adicional quinguagésima tercera: “Servicio público de noticias de titularidad estatal”, confirmó la consideración de EFE como servicio público y Servicio de Interés Económico General, y se comprometía, en su punto número 4, a que: “El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, informará a las Cortes Generales, y dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y, en particular, para establecer las obligaciones asociadas a la función de servicio público y las modalidades para el cálculo de la correspondiente compensación.”
Este real decreto viene a cubrir este vacío pero ello no impide señalar la falta de una normativa con rango de ley que organice acorde con los tiempos toda la organización y control interno y externo de la Agencia, como ya denunciaba el Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado del año 2005. De dicho informe recuperamos este párrafo significativo: La historia de esta importante laguna legal puede ser resumida en pocas líneas. Durante todo este tiempo, los partidos en la oposición han reclamado periódicamente una normativa, mientras los sucesivos Gobiernos, en varias ocasiones formados por los partidos antes reclamantes, han rechazado adoptarla o han dado largas a la resolución del problema. Así, en 1981, el Grupo Socialista pidió, en una proposición no de ley, al Gobierno de UCD que remitiera al Congreso –en el plazo de un año- una propuesta de ley reguladora del estatuto de la Agencia. De forma similar, en octubre de 1985, el Grupo Popular presentaba una moción e interpelación urgente al Gobierno socialista, en la que se instaba a dotar a EFE de una norma legal congruente con las exigencias del artículo 20.3 de nuestra Constitución”, alegando que “está configurada como un ámbito exento que imposibilita no ya el control, sino aun el conocimiento suficiente de la realidad actual de EFE”. La moción, aprobada de forma abrumadora, incluso con apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, exigía al Gobierno que en el plazo de tres meses elaborara un dictamen y un proyecto de Estatuto, pero nunca tuvo efectividad práctica. Finalmente, en octubre de 2000, el Grupo Mixto (BNG), al impulso de reivindicaciones de la profesión periodística, presentó una proposición no de ley en la que recordaba que EFE “carece de una norma legal congruente con las exigencias del artículo 20.3 de la Constitución”. Pero el Gobierno del PP respondió por escrito (14- 11-2000) que “la naturaleza social de la Agencia EFE permite, sin ninguna duda, su continuidad como prestadora de un servicio público, como ha venido haciéndolo desde hace muchos años, con la vigente configuración jurídica. Por lo tanto, en el contexto actual no se percibe como necesaria la modificación del estatuto jurídico de la Agencia”.
EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con más de setenta años de trayectoria. A día de hoy podemos decir que se trata de una empresa informativa multimedia con una red de periodistas mundial, donde más de 3.000 profesionales trabajan en 120 países para ofrecer sus productos a clientes en los cinco continentes, con cuatro mesas de edición: Madrid, Bogotá, El Cairo y Río de Janeiro.
