El gobierno Zapatero aprobó en abril de 2010 (con la LGCA ya publicada en el BOE, pero antes de su entrada en vigor el 1 de mayo) un decreto que atribuía un multiplex a cada una de las 6 compañias privadas de televisión. Sin embargo, las previsiones de este decreto se hicieron efectivas por acuerdo del Consejo de Ministros de julio, cuando la LGCA ya estaba plenamente en vigor. Dicho acuerdo fue recurrido por Infraestructuras y Gestion 2002 (INGEST), una pequeña empresa dedicada a la distribución de la señal. El Tribunal Supremo declaró nula la atribución de licencias y la consecuente concesión de espectro radioeléctrico. Otra demanda que solicita el cierre de otros 8 canales está a la espera de sentencia en el Supremo. Y los operadore ahora perjudicados anuncian demandas por daños y perjuicios.

El gobierno Rajoy no sacó las licencias a concurso pretextando la próxima reordenación del espectro y en trámite de ejecución de sentencia el Supremo ordenó el cierre de los canales. El secretario de Estado De Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, anuncia para antes de este verano un nuevo plan de ordenación del espectro radioeléctrico para acomodar los canales 4G que el Estado concedió a las telefónicas en la banda de 800 Mz, hoy ocupadas por las televisiones. Por cierto que si el 1 de enero de 2015 las telecos no tienen a disposición estos canales (por los que pujaron altas sumas) el Estado tendría que pagar una penalización diaria. Y como los ingresos fiscales ya están consumidos, corresponderá a los particulares correr con los cargos de reorientar las antenas. ¡Menudo dividendo digital!

Intereses en presencia

Los intereses en juego explican este caos.

El gobierno Zapatero mimó a las cadenas privadas de televisión. Primero, en nombre del pluralismo, abrió el espectro analógico a la Cuatro y la Sexta. Luego, con la LGCA, creó el marco jurídico que ha permitido la concentración en dos grandes grupos mediáticos (y, por tanto, la reducción del pluralismo) y trasladó a la Televisión Digital Terrestre el modelo de canales generalistas en un marco jurídico ultraliberal, que convierte en la práctica la adjudicación de una licencia en un derecho a perpetuidad que se puede ceder para emitir cualquier tipo de contenidos. Y como regalo de despedida, el pastel de la publicidad de TVE a repartir entre las cadenas privadas.

Los dos grandes beneficiados han sido Atresmedia y Mediaset. Su modelo es el de la segmentación de contenidos a través de varios canales buscando el adaptarlos a targets (mujeres, hombres, jóvenes). No es una televisión especializada, aunque así se venda, sino una puesta al día de la televisión generalista para maximizar los ingresos publicitarios. Pero es una televisión abierta por la que el espectador no paga nada directamente (lo hace indirectamente como consumidor a través de los costes publicitarios de los productos). En principio, un modelo de televisión más integrador que el de la televisión de pago.

Los otros actores son las telecos. Su negocio y su campo de competición preferente es la banda ancha móvil (4G). El gobierno Rajoy tiene que atribuirles las frecuencias que ganaron en subasta, de manera que tiene que desalojar a las televisiones de la banda de 800 Mz. Pero no se trata sólo de un reajuste técnico. Si en la reordenación las televisiones privadas pierden canales, la televisión de pago se hace más atractiva. Y para las telefónicas un paquete de canales de pago no sólo es una oportunidad de negocio, sino sobre todo, un elemento diferencial es su oferta combinada de triple play (teléfono, banda ancha y televisión).

¿A quién quiere más Rajoy, a las televisiones o las telefónicas? A las dos. No puede molestar demasiado a ninguno de estos dos grandes poderes fácticos, así que buscará alguna solución que no dañe intereses vitales de unos u otros. Pero por de pronto en el apagón de mañana quien más pierde es Atresmedia ¿Un aviso para que Lara meta mano en la línea editorial de La Sexta?

Y existe un tercer actor, que son las compañías de distribución por satélite, que siempre han acusado de falta de neutralidad tecnológica a la ordenación de la televisión digital. Supongo que estarán presionando para que en esa nueva ordenación del espectro se les tome en cuenta como una alternativa a la televisión digital terrestre.

¿Sufre el pluralismo?

El cierre de canales, de entrada, a quién más perjudica es a sus titulares, pero no es una buena cosa la reducción de ofertas aunque el real pluralismo de contenidos que representan sea muy limitado.

Las frecuencias de Net Tv (Vocento) y Veo Tv (Unidad Editorial) habían ido perdiendo sus canales por distintas razones hasta quedar reducidos a teletiendas. Atresmedia y Mediaset utilizan estos canales para reemitir los contenidos de sus canales generalistas, empaquetados de nuevo para conquistar la fidelidad de targets específicos. Ciertamente, un 6´7% de la audiencia tendrá que buscar nuevos canales, pero no le será difícil encontrar los mismos contenidos.

Si entendemos el pluralismo como la libertad de elegir del espectador el cierre de una canal de telenovelas daña el pluralismo, pero no por ello creo que sufra la calidad de la vida democrática, ni se reduzca la capacidad real de elegir.

Es imprescindible una nueva ordenación de la televisión privada

La LGCA definió la prestación del servicio de la televisión por operadores privados como una actividad no de servicio sino de interés general y la impuso una serie de obligaciones, la mayor parte derivadas del derecho comunitario. Si las licencias no se otorgaran por concurso sería lógico que cada cual hiciera con ella lo que quisiera, siempre que respetara esas obligaciones generales. Pero si las licencias son limitadas por razones técnicas y los prestadores son seleccionados mediante concurso, esa selección no debiera hacer por la simple aplicación de las reglas de la Ley de Contratos del Estado.

El Estado debe establecer unos criterios generales para promover una real diversidad de contenidos de calidad que sirvan verdaderamente al público: contenidos especializados y originales, promoción de la cultura, de la información, de los servicios al ciudadano, de la participación social y política. Criterios generales y transparentes, recogidos en la ley y no fabricados ad hoc en los pliegos de los concursos para que gane la compañía fín, como han hecho las comunidades autónomas.