La decisión del Parlamento Europeo podría ser considerada una más de sus numerosas reafirmaciones en este sentido desde hace veinte años- como del Consejo de Europa y de la misma Comisión de Bruselas-, si no fuera porque, aparte el valor de su reciente adopción, contiene advertencias inusitadas y tajantes, ajustadas a los tiempos actuales: “Demanda a los Estados miembro que pongan fin a las injerencias políticas en lo tocante a los contenidos ofrecidos por las organizaciones de servicio público”.
Los puntos esenciales de esta declaración parecen en efecto aplicarse punto por punto –pero en sentido negativo- a las medidas audiovisuales de los seis primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy, además de a otros casos europeos sangrantes como los de varios antiguos países socialistas, caracterizados por su involución democrática, y los de la Grecia y el Portugal rescatados:
-Financiación apropiada, proporcionada y estable: El recorte de 204 millones de euros, casi 240 en la práctica (un 40 % de la subvención estatal), impuesto por el Gobierno de Rajoy a la semana de llegar a la Moncloa, supera con mucho la media de los ajustes de los Ministerios para situarse en el lugar predestinado a los enemigos políticos (como el cine español) y deja a RTVE en situación de quiebra técnica. Todas las soluciones adoptadas para hacer frente a ese brutal e imprevisto ajuste, desde la congelación de las series de éxito a la pérdida de las últimas exclusivas deportivas, tienen como corolario inevitable un descenso rápido de audiencias que ya se está produciendo.
-Servicio público fuerte y vivo: TVE no sólo ha perdido el liderazgo de audiencias en estos últimos meses sino que ha retrocedido al puesto tercero, tras las dos potentes cadenas privadas, sin que sea previsible su suelo para los próximos tiempos. La hegemonía provocada del duopolio privado puede además acrecentarse si se confirman las amenazas de privar al servicio público de tres o cuatro programas digitales temáticos, con el pretexto de diseñar una nueva arquitectura de las frecuencias para aumentar el dividendo digital. Se verificaría en todo caso, con carácter irreversible, un cambio radical de modelo televisivo, más cercano cada vez al estadounidense de la PBS, con un servicio público minorizado y casi irrelevante frente a un poderoso duopolio privado de grupos mediáticos de derecha.
-Injerencias políticas: Desde hace varios años, el Partido Popular en la oposición ha intentado arrojar de nuevo la acusación de manipulación sobre los informativos de RTVE, como forma de presión y censura sobre sus profesionales, que culminó en la propuesta de sus consejeros de controlar el sistema iNews de elaboración de los telediarios. Con esos antecedentes, el Real Decreto de 20 de Abril pasado que permite los nombramientos de Presidente y consejeros de RTVE por mayoría simple gubernamental, elimina a los representantes propuestos por los sindicatos y determina la desprofesionalización y el control absoluto del Consejo de Administración por parte del ejecutivo, no es simplemente una involución democrática más, sino la marca de una concepción autoritaria del poder, que tendrá graves consecuencias en la degradación de todo el espacio democrático español. Además, con el nuevo Presidente nombrado sin consenso alguno, la sospecha de manipulación gubernamental se instalará inevitablemente en todos los contenidos radiotelevisivos, perjudicando la imagen de independencia lograda por RTVE en estos cinco años, y contribuyendo así más aún a la disminución de sus audiencias y de su peso social.
-Competencia y conocimiento de los directivos: El curriculum alegado por el nuevo Presidente de la Corporación, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, evidencia una nula relación con el campo de la comunicación o del audiovisual además de una competencia indemostrada de gestión, pública o privada, pero ostenta un sello de patente partidista que se extiende a varios de los consejeros nombrados (propuestos por el PP o por CIU). Por su parte, en el historial del nuevo Director de Informativos destaca la experiencia en comunicación pero sus tareas profesionales en TV Madrid y su pertenencia a un grupo clandestino de manipulación mediática partidista le contamina fuertemente en términos de independencia o neutralidad periodística. El rechazo abrumador de su idoneidad por la votación de los trabajadores de los informativos, aunque no vinculante legalmente, debería resultar muy duro para alguien que fue profesional de la casa. Pero además, en una estructura construida de nuevo de forma piramidal y autoritaria, es de temer que los futuros nombramientos expandan la sospecha de autocensuras y de supeditación gubernamental.
-Reguladores independientes: España es el único país de la U.E. y uno de los pocos de la OCDE que sigue sin contar con un regulador audiovisual independiente. El PP votó a favor en el Senado en 1995 de la propuesta casi unánime de constitución de un Consejo Audiovisual Independiente y, aparentemente, volvió a apoyarlo en el Congreso ante la Ley General Audiovisual de 2010, aunque luego se hiciera imposible el acuerdo para su nombramiento por consenso con el PSOE, como en muchos otros órganismos. El anteproyecto barajado ahora por el Gobierno supone un retroceso histórico, ya que significaría su desaparición absoluta porque ni siquiera se integraría en la CMT, ella misma absorbida por una Comisión inédita del Mercado y la Competencia. El título no es inocente, ya que muestra hasta qué punto el PP contempla la comunicación y la cultura como simple mercado, mientras se arroga el papel de gran controlador de la radiotelevisión pública y desregula completamente los contenidos de las cadenas privadas.
En fin, confrontando las decisiones gubernamentales en España en estos seis meses con la doctrina y las proclamas de los organismos europeos, en las que los europarlamentarios populares españoles participan, se encuentran tales y tan graves contradicciones que deberían forzar a la Comisión europea a actuar, a pedir explicaciones y, probablemente, advertir o expedientar al Gobierno español si no rectifica. Los parlamentarios del PSOE y de IU deberían plantear este tema en el Parlamento y a la Comisión por su especial trascendencia. Parafraseando recientes borradores de resolución europea, como la dirigida al Gobierno húngaro, Bruselas podría señalar así que las actuaciones del Gobierno español “plantean serias duras sobre el compromiso de respeto al Estado de Derecho, o a la comprensión de su significado en un sistema pluralista democrático”.
(*)Enrique Bustamante es Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Fue vocal y ponente del Consejo para la Reforma de los medios públicos estatales entre 2004 y 2005.
