Esta crítica fue respaldada por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), perteneciente a la FeSP, que manifiestó en un comunicado que "considera una burla a la ciudadanía y a los profesionales de los medios de comunicación los nombramientos adelantados ayer por todas las formaciones políticas para cubrir los puestos de representación en el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Las expectativas creadas con el desbloqueo en la renovación de estos órganos no han sido correspondidas con las personas elegidas para sustituir a los anteriores representantes ya que, una vez más, los intereses políticos han pesado más que la salvaguarda de un derecho fundamental como el de la información.
Además, en el caso del Consejo de la RTVA ni siquiera se cumple la paridad. Es inadmisible que sólo cuatro de los nueve miembros del Consejo de Administración de la RTVA tengan relación con los medios de comunicación mientras que los cinco restantes presentan como mérito principal pertenecer a los aparatos de sus partidos políticos o no haber logrado su acta para formar parte del Congreso de los Diputados o el Parlamento de Andalucía. Los mismos perfiles presentan algunos de los integrantes del Consejo Audiovisual donde, a pesar de que su Ley recientemente reformada menciona expresamente que deben tener relación con el ámbito audiovisual, esta condición no se cumple, aunque sus currículos recogen una larga trayectoria política.”
Una larga interinidad
Para entender cómo hemos llegado a esto, vamos a hacer una breve reseña histórica. La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) lleva desde 2013 instalada en una provisionalidad que ha acabado de la manera más esperada y temida. Su consejo de administración tenía que haberse renovado hace cinco años, una vez que el mandato de sus miembros caducó en 2014. Su composición respondía al reparto de poder que había en el Parlamento autonómico de 2008, cuando ni Podemos ni Ciudadanos estaban presentes.
El 12 de marzo de 2013, el director general de RTVA –y antiguo directivo de RTVE-, Pablo Carrasco, escribió en su cuenta personal de Twitter: «Hace unos minutos he comunicado a la consejera de Presidencia (Susana Díaz) mi dimisión motivada por el deseo de abordar nuevos proyectos profesionales».
Tres días después, el Consejo de administración de la RTVA aprobó, con los votos a favor del PSOE e IU-CA, el nombramiento de Joaquín Durán como subdirector general para facilitar la gobernabilidad de la agencia pública. En la práctica realizó funciones de director general durante los siguientes seis años. Un Consejo de Administración que pronto tuvo el mandato vencido como decíamos a partir de mayo de 2014.
En “La deformación del servicio público en las televisiones autonómicas. Gestión empresarial y supervivencia de la RTVA”, Aurora Labio Bernal, María José García Orta y Lorena R. Romero-Domínguez, doctoras de Periodismo de la Universidad de Sevilla, han estudiado a fondo la situación del ente y la función de servicio que tiene encomendada. En sus ya más de 25 años se ha evidenciado según ellas “un fuerte carácter comercial y una crítica constante por su gestión partidista, con un claro dominio estructural del PSOE andaluz”.
La situación evidentemente ha estado está marcada durante estos años por el bloqueo que han venido ejerciendo PSOE y PP para perpetuar un statu quo que les beneficiaba a ambos. Los nombramientos tuvieron lugar bajo el mandato de Manuel Chaves con una ley que establecía que el órgano de dirección lo integrasen 15 personas (un presidente y 14 consejeros) por extracción parlamentaria.
Mientras tanto, hubo un Contrato-Programa que se firmó a finales de 2016 y entró en vigor en 2017 para un período que se extiende hasta este año 2019. En la coyuntura de crisis económica que afectó a todas las televisiones autonómicas, la Junta aprobó “la fusión por absorción de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio” como medida de ajuste en noviembre de 2015, integradas en una nueva sociedad para reducir costos y altos cargos.
Las elecciones anticipadas al Parlamento de Andalucía fueron celebradas el 22 de marzo de 2015, ya que la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que alegó "desconfianza" hacia los socios de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y la situación de "inestabilidad" que atravesaba el Ejecutivo de coalición. El resultado no fue muy favorable para los intereses de la presidenta y entraron por primera vez en el Parlamento de Andalucía Podemos y Ciudadanos, además de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Pronto uno de estos nuevos actores puso el foco en RTVA y así el pleno del Parlamento andaluz aprobó, en su sesión del 22 de octubre 2015, una moción de Ciudadanos para reducir a la mitad el número de miembros del consejo de administración de la RTVA. Por entonces, el Consejo estaba compuesto por 15 miembros, aunque tras varios ceses y bajas por enfermedad solo asistían a las reuniones 12. La composición seguía siendo la nacida del resultado electoral de 2008: ocho miembros del PSOE, seis del PP y uno de IU.
En mayo de 2018, el Pleno del Parlamento rechazó, con los votos en contra de PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA, junto a la abstención del PP-A, la toma en consideración de una proposición de Ley planteada por Ciudadanos para reformar la Radio Televisión de Andalucía.
La propuesta de Ciudadanos pedía que el Consejo de Administración de la RTVA bajara a nueve miembros y con una composición equilibrada entre hombres y mujeres. Serían elegidos por el Parlamento, previa audiencia en esta Cámara y requerirá una mayoría de tres quintos. Los mandatos de los consejeros y de la presidencia serían de cinco años, solo renovables una sola vez.
En esos momentos la RTVA era la cadena autonómica que menos costaba al ciudadano de todas las comunidades históricas: 16,61 euros, frente a los 55 de País Vasco o 35 de Galicia. Canal Sur tuvo en diez años el mayor descenso presupuestario entre todas las televisiones públicas de España: de 251 millones a 162, un descenso de 90 millones. Esto trajo un recorte de personal de unos 250 trabajadores en estos diez años y que el Comité Intercentros de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur organizara «un referéndum reprobatorio con el fin de exigir la total renovación de los órganos de dirección y del Consejo de Administración, en prórroga desde hace más de cuatro años». Comenzaba así la campaña #RecuperarLaNuestra dirigida a entidades sociales y políticas, con el fin de dar a conocer las reivindicaciones a la sociedad con distintivos propios como pegatinas, chapas o camisetas además de una campaña en redes sociales.
El cambio en Andalucía
El adelanto electoral en Andalucía dejó en el aire un proyecto legislativo de modificación de los medios públicos de radio y televisión.
El decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria de elecciones fue firmado por la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz el 8 de octubre de 2018 tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, estableciéndose como fecha electoral el domingo 2 de diciembre.
Hartos del control partidista y del deterioro de los medios públicos, los profesionales seguían exigiendo la dimisión del máximo responsable de la RTVA, Joaquín Durán, y emulando los Viernes Negros de RTVE pusieron en marcha los “Miércoles al Sur”. La plantilla iba de negro para buscar la adhesión de los agentes sociopolíticos con la finalidad de regenerar la RTVA y recuperar la función de servicio público: “Los profesionales reivindicamos una RTVA independiente, de calidad y con una parrilla que abarque la diversidad de Andalucía”.
El cierre de la televisión pública andaluza, Canal Sur, fue uno de los temas más ovacionados en los mítines de Vox durante la campaña electoral.
El acuerdo de PP y Vox para conseguir un acuerdo de formación del nuevo Gobierno andaluz no incluyó la petición del partido de Santiago Abascal de suprimir Canal Sur y se limitó a incluir el compromiso de “reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa”.
El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, afirmó que “si no se puede cerrar Canal Sur, hay que reducir al máximo su gasto público”, reconociendo que su promesa electoral era difícil de cumplir ya que para cerrar el canal autonómico haría falta una reforma del Estatuto de Autonomía.
Finalmente, el Gobierno de PP y Cs busca ya un perfil profesional vinculado a la gestión, no a un periodista, para conseguir consenso con el resto de partidos y poner fin a seis años de interinidad en la dirección de la cadena.
El nuevo gobierno se encontró con que la ley vigente obligaba a una mayoría de tres quintos, 66 de los 109 diputados de la Cámara, para renovar el consejo y de dos tercios (73) para elegir nuevo director general en Canal Sur o tres quintos en segunda vuelta. Sería necesario entonces un pacto más allá de PP, Cs y Vox. El acuerdo que se empezó a fraguar en marzo de este año supondría reformar la ley para recortar el consejo de administración a nueve miembros: tres del PSOE, dos del PP, dos de Cs, uno de Adelante Andalucía y uno de Vox.
Reforma exprés
A mediados de marzo, el Gobierno de Juan Manuel Moreno propuso a los grupos parlamentarios el nombre de la economista Carmen Estero para dirigir la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), una experta en gestión empresarial que ya era jefa de Control Interno y Auditoría de Canal Sur.
La propuesta incluía también sendos nombres para presidir, por un lado, el Consejo de Administración y, por otro, el Consejo Audiovisual de la RTVA. Los periodistas Rafael Porras (antiguo miembro del Consejo de Administración) y Antonio Checa (antiguo decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla), de dilatada carrera ambos en diversos medios de comunicación andaluces, eran los preseleccionados.
El gobierno manejaba una reforma de la ley por la que el Consejo de Administración de la RTVA vería reducidos de 15 a 9 el número de miembros y se incorporaría un representante de los trabajadores, con voz pero sin voto.
Además, tanto los miembros del Consejo de Administración como los del Consejo Audiovisual se verían vinculados a la norma que regula los sueldos de altos cargos de la administración autonómica, no pudiendo por tanto recibir retribuciones superiores a las del presidente de la Junta.
El Consejo de la RTVA se disolverá al final de cada legislatura, por lo que los nombramientos lo serán por hasta cuatro años. Además, en el caso de cese o dimisión del director general, el consejo de administración podrá nombrar un sustituto por delegación del Parlamento. En lo que atañe al Consejo Audiovisual, la propuesta de PP y Cs planteaba reducir a nueve el número de miembros (eran once), concluyendo su mandato igualmente al finalizar la legislatura.
Llegamos así al mes de junio cuando todos los grupos de la Cámara autonómica admiten un procedimiento exprés que permita aprobar las reformas legislativas acordadas a través de lectura única, sin plazo para enmiendas.
La incorporación más sorprendente fue la de Adelante Andalucía, que fue posible tras negociarse, en paralelo a los cambios en la dirección de Canal Sur, una renovación también de la figura del defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas. Y también se producirán inmediatamente después las designaciones de los periodistas que asumirán los principales cargos directivos de la RTVA. Juan de Dios Mellado (director general de Comunicación Social ) fue el nombre de consenso para ser el nuevo director general de Canal Sur en sustitución de Joaquín Durán, imponiéndose a Carmen Estero, gerente de RTVA, que fue la primera propuesta realizada por el Ejecutivo. Quedaba pues cerrado el nuevo triunvirato de la comunicación de servicio público en Andalucía: Juande Mellado como director general, Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración y Antonio Checa como presidente del Consejo Audiovisual.
El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, explicó que la negociación permitió arrancar el compromiso de dotar un millón de euros para este ejercicio y seis para el siguiente de cara a conseguir «la estabilidad en el empleo de la plantilla de Canal Sur» y a desarrollar un plan de renovación de los equipos tecnológicos de la emisora pública. A petición de Adelante, la reforma de la RTVA incluiría también incorporar a un representante de los trabajadores en el Consejo de Administración, blindando su presencia por ley.
Una nueva ley que empieza con críticas
El pleno del Parlamento andaluz aprobó el 26 de junio, con el respaldo de todos los grupos, la proposición de ley que reforma la RTVA y el Consejo Audiovisual y que permite la renovación de sus máximos responsables, así como la reducción del número de miembros de las direcciones de ambos organismos.
Con esta modificación, el Consejo de Administración de la RTVA como ya hemos dicho pasa de quince a nueve miembros (con un representante de los trabajadores), mientras que el Consejo Audiovisual tendrá nueve componentes en lugar de los once con los que contaba.
El representante de Adelante Andalucía, Nacho Molina, explicó que se sumaban al acuerdo porque "tocaba descongestionar una situación provisional que duraba ya demasiado" y afirmó que la reforma "impide anomalías democráticas y adelgaza el gasto público", aunque "no tanto" como su grupo habría deseado.
La nueva Ley 2/2019, de 26 de junio, relativa a modificación de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía ha empezado a concretarse hoy y ya ha cosechado múltiples críticas al conocerse los nombres propuestos para cubrir los puestos del Consejo de Administración y Audiovisual como decíamos al principio del artículo.
El Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre los perfiles que reúnen los candidatos propuestos por los cinco grupos parlamentarios para los nueve puestos del consejo de administración de la RTVA, ha sostenido que la noticia más "importante" en este tema es "el desbloqueo, después de cinco años", de la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, entre los que se cuenta la RTVA, que va a permitir que empiece a funcionar "un nuevo modelo de televisión pública más plural y abierta".
El grupo parlamentario de PP-A ha propuesto como miembros del Consejo de Administración al periodista Rafael Porras, que será presidente de este órgano, y a Mariví Romero, exparlamentaria y concejal popular, mientras que en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) situarán a los periodistas Mateo Rísquez y Pilar Jimeno, que hasta ahora formaban parte del Consejo de la cadena pública.
Por el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) se proponen como miembros del Consejo de Administración de la RTVA a Inmaculada Trenado, directora de Comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y a Iván Tarín, director de la agencia de publicidad Arena.
Además, para el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) han registrado los nombres de Antonio Checa, periodista, exdecano de la Facultad de Comunicación de Sevilla e investigador en comunicación, quien previsiblemente será el presidente de este órgano de extracción parlamentaria; y a Paulino García, periodista con una amplia trayectoria en el ámbito político dado que ha coordinado los gabinetes de varios consejeros en el Gobierno andaluz.
El grupo parlamentario del PSOE-A ha propuesto como miembros del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) al exdiputado nacional y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional Antonio Pradas; al secretario de Organización del partido en Almería, Antonio Martínez Rodríguez, y a la exdiputada autonómica Olga Manzano, mientras que para el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) propone al actual subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán (que ha ejercido de director en funciones los últimos cinco años); a la periodista María Luisa Suero, y a la exdiputada en el Congreso y funcionaria de la Junta Amalia Rodríguez Hernández.
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha propuesto como miembro del Consejo de Administración al secretario de Organización de IULV-CA, exalcalde de Bollullos del Condado y ex miembro del Consejo Consultivo, Javier Camacho, mientras que en el Consejo Audiovisual de Andalucía situará a Pilar Távora, directora, productora y guionista de cine, televisión y teatro y cabeza visible de Izquierda Andalucista, una de las organizaciones de la confluencia.
Por parte del grupo parlamentario de Vox en Andalucía se ha propuesto como miembro del Consejo de Administración a su director de Comunicación, el periodista sevillano Carlos Morillas, mientras que en el Consejo Audiovisual de Andalucía situará a Ana Millán, hasta la fecha directora de Comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
El Pleno del Parlamento andaluz elige este miércoles 3 de julio al director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y a los miembros de su Consejo de Administración, como a los nuevos componentes del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), y suponemos no habrá muchas sorpresas.
Todo está atado y bien atado. Ahora falta por ver si los nuevos cargos proponen la creación e inclusión de contenidos más diversos que representen al total de la población andaluza; puesta en valor de los espacios informativos que contribuyan a informar de manera plural y diversa; la colaboración en la producción externa con pequeñas productoras sin intereses espurios; y cumplimiento de un nuevo Contrato-Programa (el actual vence este año) sin riesgo de mercantilización del servicio público.
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