Se trata de una cantidad que viene aderezada además con una deuda bancaria de 1.504 millones, según el último informe de Deloitte encargado por Uteca, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas de España. En este estudio, además, se recogen las subvenciones públicas recibidas por estos organismos durante el año pasado: 1.389 millones de euros. Ese ejercicio, para más inri, los gobiernos autonómicos tuvieron que desembolsar la ígnea cantidad adicional de 396 millones para compensar las pérdidas que estas operadoras arrastran desde hace varios años. Todo un despropósito al que se le une el cada vez peor comportamiento de estas televisiones en el mercado publicitario, donde su facturación ha pasado de 900 millones en 2008 a apenas 250 millones en 2010. Y la tendencia se agrava. Al cierre del tercer trimestre de este año, según Infoadex, los ingresos en este campo apenas superaban los 153 millones.
Precisamente, el declive del perfil publicitario de estos canales ha redundado en un aumento de las subvenciones públicas entre 2008 y 2009, para tratar de estabilizar la situación. La coyuntura empujó entonces a las comunidades autónomas a ampliar la cantidad de sus aportaciones, desde 1.081 millones a 1.563 millones de euros, un 44% más, coincidiendo por otro lado con uno de los peores ejercicios de la crisis. Con todo, estos esfuerzos apenas han ayudado a reducir la deuda de las operadoras autonómicas, la cual se ha contraído casi 100 millones de euros desde los 1.606 millones que todas ellas acumulaban en 2008. Eso sí, más de un 90 por ciento de estas obligaciones corresponden a Canal 9 (1.100 millones) y Telemadrid (250 millones), ambas comunidades presididas por el Partido Popular.
Caída de la audiencia
Desde el punto de vista de la audiencia, las previsiones tampoco son halagüeñas. En 2005 la cuota de pantalla de todos los canales que pertenecían a las operadoras públicas regionales era del 17,3 por ciento. Seis años después, pese al aumento del número de canales que ha traído consigo la TDT, su audiencia ni tan siquiera llega al 12 por ciento. Y es que los 28 canales que gestionan los 13 organismos públicos autonómicos desde la llevada de la televisión digital se han convertido en demasiados como para poder mantener un nivel de calidad suficiente para mantener el interés de la audiencia en su parrilla.
Revisión del modelo
Con las cadenas autonómicas en barrena, muchas son las voces que se han alzado en su contra y pocas las soluciones puestas sobre la mesa. Algunos abogan por cortar por lo sano suprimiendo la titularidad pública de estas cadenas, como es el caso de Telemadrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, ya ha anunciado en varias ocasiones su intención de desprenderse del organismo autonómico por medio de su privatización.
Para que esto pudiera llevarse a cabo deberían darse dos condiciones concretas. La primera, que el PP cambie la ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada hace casi dos años, para permitir la privatización de estos canales. La segunda, encontrar interesados a quienes traspasar estas corporaciones. Este segundo aspecto, a priori, es mucho más complicado de alcanzar que el primero.
Otro de los caminos que podría explorar el nuevo Gobierno para tratar de dar un nuevo aire al modelo de televisión pública autonómica apunta a la unificación de todos los canales autonómicos en uno solo que emitiría dentro del ámbito nacional. Eso sí, cada comunidad podría hacer las desconexiones pertinentes para emitir dentro de su área geográfica los contenidos que considere oportunos y cuando le parezca. El problema aquí radicaría en que ese canal unificado sería en castellano, lo que, para las regionas con una lengua propia, sería dar un paso atrás.
Así, sacar adelante un modelo con estas características tendría la oposición en firme de los partidos nacionalistas.
De momento, la externalización de los servicios de estas cadenas está siendo la única medida emprendida por algunos gobiernos regionales, aunque esta tendencia, según explican varios expertos, se intensificará en los próximos meses.
